26 junio 2009
Arabia Saudí: Las medidas contra el terrorismo empeoran su calamitoso historial de derechos humanos

Las autoridades saudíes han lanzado un ataque sostenido contra los derechos humanos en nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo. Miles de personas han sido arrestadas y detenidas prácticamente en secreto; otras han muerto en circunstancias poco claras en lo que las autoridades afirman que fueron enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Centenares se enfrentan a juicios secretos y sumarios así como a su posible ejecución.

Las medidas antiterroristas adoptadas por el gobierno después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos han exacerbado la constante de abusos contra los derechos humanos, que data de hace largo tiempo.

La detención arbitraria y la reclusión prolongada de personas sospechosas de haber cometido delitos políticos o relacionados con la seguridad, sin juicio y sin acceso a representación letrada, son motivos de preocupación de derechos humanos desde hace tiempo en Arabia Saudí. Sin embargo, desde 2001 hasta la actualidad el número de víctimas de detención arbitraria ha pasado de cientos a miles. Entre las personas detenidas hay ciudadanos saudíes y de otros países. En julio de 2007, el ministro del Interior informó de que entre 2003 y 2007 se había detenido a 9.000 personas sospechosas de haber cometido algún delito contra la seguridad y que 3.106 de ellas continuaban bajo custodia.
Los detenidos no tienen la menor idea de lo que les espera. La mayoría han permanecido detenidos sin juicio durante años y no se les ha permitido acceder a un abogado ni a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención. Invariablemente han permanecido detenidos en régimen de incomunicación después de su arresto y durante el periodo de interrogatorio, que puede durar años, antes de ser autorizados a recibir visitas de sus familiares.

Según los informes, muchos han sufrido tortura u otros malos tratos con el objeto de hacerlos “confesar” o como castigo después de ser condenados. Entre los métodos de tortura y otros malos tratos denunciados se encuentran golpes con palos, puñetazos, suspensión del techo, aplicación de descargas eléctricas, privación del sueño y flagelación, un castigo que se impone solo o añadido a la pena de cárcel, pudiendo tratarse de condenas de hasta miles de latigazos.

Según los informes, el Dr. Saud al-Hashimi, preso de conciencia, ha sido sometido a tortura y otros malos tratos en varias ocasiones desde que fue detenido en febrero de 2007. Al parecer, la última vez tuvo lugar hace dos semanas, después de iniciar una huelga de hambre contra su detención indefinida sin juicio. Según los informes, lo dejaron en ropa interior, le pusieron grilletes y lo sacaron a rastras de su celda para ponerlo en otra donde hacía mucho frío durante alrededor de cinco horas.

Él y al menos otros seis presos de conciencia recluidos con él en la prisión de Dhahban, cerca de Yidda, fueron perseguidos por las autoridades por postular la reforma política, hablar sobre una propuesta para establecer una organización de derechos humanos independiente en Arabia Saudí y reclamar el fin de la impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades del Ministerio del Interior.

Por su parte, el Ministerio afirma que fueron detenidos por recaudar dinero para apoyar el terrorismo, algo que los detenidos niegan categóricamente. Desde su detención, han permanecido recluidos en régimen de aislamiento sin cargos ni juicio y corren riesgo de sufrir tortura y otros malos tratos.

En octubre de 2008 el gobierno anunció el establecimiento de un tribunal penal especial para juzgar a unos 991 detenidos acusados de delitos punibles con la pena capital, pero no reveló la identidad ni ningún otro dato sobre los acusados y tampoco indicó si tendrían acceso a representación letrada para su defensa. Esto es especialmente preocupante porque los juicios de detenidos políticos o de seguridad en Arabia Saudí vulneran sistemáticamente las normas internacionales de justicia procesal. Las vistas se celebran a menudo en secreto y los acusados rara vez disponen de asistencia letrada o representación legal. En marzo de 2009, el gobierno afirmó que los juicios habían comenzado, pero no facilitó más información. En  muchos casos no se informa a los acusados ni a sus familias de la marcha de los procedimientos. Los juicios de los 991 detenidos parecen seguir la ya conocida y antigua pauta de secreto absoluto, juicios sumarios y denegación de cualquier clase de asistencia letrada en ninguna etapa del proceso.

Abdul Rahman al-Sudais, saudí de 48 años y profesor en la Universidad de Um al-Qura en La Meca, fue detenido en 2003. El gobierno afirmó que lo había detenido con una célula de “terroristas”, pero su juicio se celebró en secreto y el detenido no tuvo acceso a asistencia letrada o representación legal. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria afirmó que la detención de Abdul Rahman al-Sudais contravenía la Declaración Universal de Derechos Humanos y que “la lucha contra la amenaza del terrorismo no puede justificar el debilitamiento del derecho al debido proceso de todos los acusados […]”. En al menos otro caso los acusados fueron ejecutados y sus cuerpos crucificados.

El gobierno de Arabia Saudí no escatima esfuerzos para intentar ocultar estas graves violaciones de derechos humanos. Lo hace de diversas formas, dos de ellas especialmente importantes: el secreto y la influencia política. El secreto, como ya se ha mostrado más arriba, es una práctica habitual con los detenidos durante todo el periodo de detención o encarcelamiento, pero no termina ahí. A menudo se pide a los detenidos cuando son liberados que prometan que no hablarán de su dura experiencia durante la detención so pena de volver a ser detenidos.

También es una práctica habitual que sufren los familiares de los detenidos, quienes a menudo no reciben ninguna información sobre el destino de sus seres queridos. Los que intentan desvelar ese secreto pueden esperar recibir amenazas como “si no te quedas callado nunca volverás a ver a tu pariente”, o “corres el riesgo de que te detengan a ti también”.

Esas amenazas pueden evocar aterradoras imágenes de televisión de cuerpos de presuntos terroristas muertos por las fuerzas de seguridad, cuerpos crucificados de personas ejecutadas tras juicios secretos y sumarios por presuntos delitos de terrorismo, así como imágenes de personas confesando que habían sido terroristas y pidiendo perdón durante su detención en régimen de incomunicación. Los familiares de los detenidos a menudo instan a Amnistía internacional y a otras organizaciones de derechos humanos a que no se interesen por los casos de sus familiares, temiendo por sus vidas. 

Las enormes reservas de petróleo del país y el privilegio que le confiere ser un punto de referencia para más de mil millones de musulmanes de todo el mundo como el lugar de nacimiento del profeta del Islam, otorga al gobierno un poder e influencia significativos en los asuntos mundiales, que no ha dejado de utilizar para suprimir los intentos de someter a examen su historial de derechos humanos. Así ha ocurrido especialmente en relación con las violaciones de derechos humanos contra opositores políticos y presuntos terroristas.

El último ejemplo es el fracaso del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a la hora de comprometer de modo importante al gobierno del Arabia Saudí para que ponga fin a los graves abusos contra los derechos humanos que está cometiendo en nombre de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo. Amnistía Internacional transmitió al Consejo sus motivos de preocupación a este respecto en noviembre de 2008, señalando cómo Arabia Saudí no había respetado el marco de derechos humanos de la ONU para la lucha contra el terrorismo.

 

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