Libera a quienes se manifestaron pacíficamente en Myanmar

Las manifestaciones pacíficas de Myanmar (antes Birmania) comenzaron en agosto en respuesta a las fuertes subidas del precio de los carburantes. Las protestas de los monjes fueron creciendo tanto en afluencia de personas como en número. Los manifestantes pedían la bajada de los precios de productos básicos, la puesta en libertad de los presos políticos y el inicio de un proceso de reconciliación nacional para resolver las hondas divisiones políticas.

La noche del 25 de septiembre, las autoridades comenzaron una ola de represión de los manifestantes, que incluyó el asalto a monasterios, la detención de monjes y otras personas y la imposición del toque de queda, obligando a algunos activistas a ocultarse.

Se cree que han sido detenidas miles de personas y Amnistía Internacional calcula que actualmente hay unas 700 que siguen recluidas, frente a lo que afirman las autoridades myanmaras, según las cuales sólo siguen en detención 80 personas, contra las que se emprenderán acciones judiciales. Estas personas han sufrido malos tratos y, en algunos casos, tortura.

Se cree que al menos 20 personas han sido condenadas a penas de hasta nueve años y medio en relación con las manifestaciones, en actuaciones probablemente secretas y muy deficientes.

Si bien el número de detenciones ha descendido desde el 29 de septiembre, el personal de seguridad del Estado ha seguido buscando y deteniendo a personas concretas sospechosas de participar en las protestas prodemocráticas, fundamentalmente asaltando sus domicilios por la noche. Estas acciones contradicen el compromiso de que no habría más detenciones,  formulado a primeros de noviembre por el gobierno de Myanmar al representante especial de la ONU Ibrahim Gambari.

Asimismo Myanmar está infringiendo la nueva Carta de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que sus Estados miembros –incluido Myanmar– firmaron el 20 de noviembre en una cumbre histórica y que los compromete a "promover y proteger los derechos humanos".

Desde el inicio de la represión, las autoridades también han recurrido a la detención arbitraria e ilegal de familiares o amigos cercanos y de presuntos simpatizantes de manifestantes que han optado por ocultarse. Esto –la presión explícita o implícita sobre los presuntos manifestantes para que se entreguen como condición para liberar o no dañar a un rehén– también constituye “toma de rehenes”, y es una violación patente de las normas fundamentales del derecho internacional.

Amnistía Internacional también siente preocupación por que no hayan cambiado las circunstancias en las que se dieron las protestas de septiembre. Durante muchos años, las violaciones de derechos humanos en Myanmar han sido numerosas y sistemáticas. Entre los abusos se cuentan el trabajo forzoso y el uso de niños soldados. Hay leyes que criminalizan la expresión pacífica de la disidencia política. La mayoría de las figuras destacadas de la oposición están detenidas o encarceladas, entre ellas más de 1.150 presos políticos recluidos en condiciones penitenciarias cada vez peores.

Con frecuencia se detiene a la gente sin la correspondiente orden judicial y se la recluye en régimen de incomunicación. La tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes son habituales, especialmente durante los interrogatorios y durante la prisión preventiva en espera de juicio. Los procedimientos judiciales contra los detenidos por motivos políticos distan mucho de cumplir las normas internacionales sobre juicios justos. A los acusados se les suele negar el derecho a recibir asistencia letrada y los fiscales se basan en confesiones conseguidas bajo tortura.

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Dieciocho años de persecución en Myanmar (Birmania) (Artículo, 24 de octubre de 2007)