19 noviembre 2010
Protege los derechos de la población indígena en Brasil

Treinta y cinco familias guaraníes kaiowá de la comunidad de Laranjeira Ñanderu, incluidos unos 85 menores, viven en chozas improvisadas junto a la transitada carretera BR-163, en Mato Grosso do Sul. Sus condiciones de vida son deplorables y sufren las amenazas y el hostigamiento de los guardas de seguridad armados contratados por el terrateniente y los agricultores locales.

Las familias fueron desalojadas de las tierras tradicionales en septiembre de 2009. La Policía Federal, que supervisó el desalojo, comunicó al terrateniente que la comunidad regresaría para recoger el resto de sus pertenencias. Sin embargo, el terrateniente quemó las casas de las familias y todas sus pertenencias. La comunidad vive ahora en chozas cubiertas de planchas de plástico negro a temperaturas de más de 30º C. La zona se inunda con frecuencia y el campamento está plagado de insectos y sanguijuelas. Según algunos miembros de la comunidad, los agricultores locales pasan con sus autos a gran velocidad junto a la comunidad durante la noche y enfocan las luces hacia las chozas para intentar intimidarles.

Alrededor de 30.000 guaraníes kaiowá viven en el estado de Mato Grosso do Sul, en el centro-oeste del país. Desde hace más de un siglo, la expansión de la agricultura en gran escala expulsa a sus comunidades de sus tierras, proceso que continúa en la actualidad. Las consecuencias para las comunidades afectadas son, a menudo, devastadoras.

El hecho de que las autoridades brasileñas no hayan garantizado el derecho a la tierra de los pueblos indígenas de Mato Grosso do Sul ha intensificado las privaciones económicas y los trastornos sociales que padecen las comunidades guaraníes kaiowá. Al negarles el acceso a sus tierras tradicionales, los guaraníes kaiowá no tienen más remedio que trabajar en el mosaico de fincas que cubre el estado. Más de la mitad de los varones jóvenes guaraníes kaiowá recorren grandes distancias dentro del estado para trabajar como cortadores de caña en las plantaciones, a menudo en duras condiciones de explotación.

Como consecuencia de estas condiciones extremas, los guaraníes kaiowá han adoptado una estrategia conocida como retomada –la reocupación pacífica de pequeñas parcelas de tierra en sus territorios tradicionales– para intentar acelerar el proceso de devolución de sus tierras. Estas acciones se topan con amenazas, violencia y desalojos a manos de grupos armados contratados por los terratenientes. Varios líderes indígenas han sido asesinados. Los largos retrasos en los procedimientos judiciales para devolver tierras a comunidades y la ausencia generalizada de castigo a quienes han atacado y matado a indígenas han sentado las bases de una violencia continua.

Con la mecanización, que se extiende en el estado, y el estancamiento del proceso de demarcación de las tierras, la lucha de los guaraníes kaiowá por sus derechos es más urgente que nunca. El gobierno federal debe tomarse en serio los compromisos adquiridos en materia de derechos humanos.

Y, lo más importante, debe resolver todas las reclamaciones de tierras pendientes y garantizar que se pide y obtiene el consentimiento libre, previo e informado para cualquier decisión que afecte a las tierras tradicionales indígenas.

Foto: La comunidad de Laranjeira Ñanderu fue desalojada de sus tierras ancestrales en septiembre de 2009. Tras el desalojo, el terrateniente quemó las casas de las familias y todas sus pertenencias. Ahora viven en condiciones precarias junto a una carretera. © Egon Heck/arquivo CIMI

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