Todos los años, millares de personas de países como Afganistán, Irak e Irán llegan a Turquía en busca de protección contra la persecución. Muchas de ellas son detenidas por las fuerzas de seguridad turcas y permanecen recluidas hasta su expulsión, que a menudo se lleva a cabo sin seguir ningún procedimiento legal.

Aunque es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Turquía se niega a admitir a los refugiados que llegan de países no europeos. Además, como miembro del Consejo de Europa, Turquía es Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción turca cualquiera que sea su país de origen.

El 22 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se pronunció sobre el caso de dos refugiados iraníes, Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia. El Tribunal consideró los hechos ocurridos desde junio de 2008, cuando ambos hombres fueron detenidos en Turquía, se vieron privados arbitrariamente del acceso a los procedimientos turcos de asilo y quedaron expuestos a ser expulsados de inmediato.

El Tribunal determinó que los dos hombres, que se encuentran actualmente bajo custodia en Turquía, llevaban más de un año detenidos ilegalmente en el país y que las autoridades no habían cumplido con su obligación de protegerlos contra el riesgo real de ejecución o maltrato que corrían si eran devueltos a Irán o a Irak. El Tribunal señaló que le sorprendía que las autoridades administrativas y judiciales turcas hubieran permanecido totalmente pasivas ante las serias alegaciones de los demandantes sobre el riesgo que corrían de sufrir malos tratos si los devolvían a Irán o a Irak.

Amnistía Internacional escribió en agosto al ministro del Interior de Turquía para expresar su preocupación por el hecho de que estos dos hombres y siete refugiados más se hallaran recluidos en el centro de internamiento para extranjeros de Kirklareli a pesar de que se había suspendido su expulsión de Turquía por decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En su carta, la organización ponía de relieve que la detención de estos refugiados era ilegal y expresaba el temor de que se estuviera utilizando de hecho como medida punitiva con que disuadir a otras personas de presentar demandas ante el Tribunal.

El fallo pronunciado en este caso representa una importante decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría afectar a decenas de personas más que se encuentran también recluidas en centros de internamiento para extranjeros de Turquía.

Imagen: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia ©APGraphicsBank