30 abril 2010
Debe ponerse fin a la obstrucción del sistema de justicia en Serbia

Durante la guerra que se libró en Kosovo en 1999, más de 3.000 personas de etnia albanesa fueron víctimas de desaparición forzada a manos de fuerzas militares, paramilitares y policiales serbias. Se calcula que el Ejército de Liberación de Kosovo secuestró a 800 serbios, romaníes y miembros de otras minorías durante y después de la guerra.

A lo largo de los últimos 10 años se han exhumado y devuelto a sus familias los cadáveres de más de la mitad de las personas albanesas víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, apenas ha habido avances en hacer que los responsables sean procesados en Serbia y Kosovo. Sigue sin conocerse el paradero de más de 1.300 personas de etnia albanesa ni qué les ocurrió.

Policía y fiscales internacionales han abierto algunas investigaciones criminales en Kosovo. No obstante, Amnistía Internacional considera que es en los fiscales y la policía serbios en quienes recae la principal responsabilidad de investigar los casos de desapariciones forzadas de personas de etnia albanesa a manos de fuerzas militares, paramilitares y policiales serbias. Aproximadamente la mitad de los cadáveres de esas personas, que en 1999 se creía que habían sido víctimas de desaparición forzada, se han recuperado posteriormente.

Amnistía Internacional considera que en Serbia existen importantes barreras institucionales, incluida la falta de voluntad política, para poner fin a la impunidad por las desapariciones forzadas. Personas que ocuparon puestos en los ministerios del Interior o de Defensa durante la guerra prefieren que las personas desaparecidas y secuestradas sigan enterradas en el pasado, y siguen ejerciendo su influencia para poner obstáculos al sistema de justicia en Serbia.

En marzo de 2009, agentes de policía de Leskovac organizaron protestas por la detención de cuatro ex miembros del Batallón 37 de la Unidad Especial de la Policía serbia por crímenes de guerra en Kosovo. Los manifestantes pidieron que los policías detenidos quedasen en libertad y que se diesen a conocer públicamente los nombres de los testigos. Según informes, los policías amenazaron con matar a los testigos.

En 2009, en un proceso contra jefes de policía celebrado ante la Sala Especial de Crímenes de Guerra en Serbia en relación con el caso de dos albano-estadounidenses que desaparecieron después de la guerra (los hermanos Bytyqi), se oyó la declaración de un total de 96 testigos, todos ellos policías. La totalidad de los testigos protegió a los acusados, que eran sus superiores.

Escribe al ministro del Interior, Ivica Dačić:

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