Han transcurrido más de cuatro meses desde el comienzo en Siria de las manifestaciones mayoritariamente pacíficas para pedir reformas políticas y la dimisión del presidente sirio. Hasta el momento la respuesta de las autoridades sirias a las demandas de la población ha sido, como mínimo, brutal.

Según la investigación llevada a cabo por Amnistía Internacional, entre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas y de seguridad sirias desde el comienzo a mediados de marzo de las protestas mutitudinarias se incluyen homicidios ilegítimos y tortura. Según parece se han cometido en el contexto de un ataque generalizado —y sistemático— a la población civil y, en algunos casos, constituyen crímenes de lesa humanidad

Es por este motivo que Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU que remita la situación en Siria a la Corte Penal Internacional, le imponga un embargo de armas y congele los bienes que el presidente sirio y sus principales colaboradores tienen en otros países.

Hasta el momento el Consejo de Seguridad de la ONU ha guardado silencio sobre lo que sucede en Siria —no ha adoptado medidas que ayuden a proteger a la disidencia pacífica del país—.

Algunos miembros del Consejo han presentado una resolución sobre Siria que podría ser un primer paso hacia la remisión del caso a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, actualmente otros seis miembros bloquean la votación sobre esta resolución. En nuestra opinión, con suficiente presión internacional se podría convencer a tres de estos seis, Brasil, Sudáfrica e India, para que cambien su postura.

Brasil, Sudáfrica e India aspiran a convertirse en miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y, por este motivo, creemos que tienen la responsabilidad creciente de intentar poner fin a la violenta represión en Siria. Ayuda a garantizar que Brasil, Sudáfrica e India no eluden sus responsabilidades.