“Empezaron a disparar desde varios edificios a la vez y siguieron disparando durante más de media hora.”
 Descripción de un testigo presencial a Amnistía Internacional del ataque perpetrado contra un campamento de protesta en Saná el 18 de marzo de 2011 que al parecer se saldó con 52 personas muertas.

La situación de los derechos humanos se ha deteriorado con gran rapidez en Yemen en lo que va de año. Y la expresión más terrible de este deterioro ha sido la brutal represión de las manifestaciones que pedían reformas (y, con creciente insistencia, la dimisión del presidente Ali Abdullah Saleh), avivadas por la frustración ante la corrupción, el desempleo y la represión de las libertades en el país. Decenas de manifestantes han resultado muertos y centenares heridos al haber empleado las fuerzas de seguridad, de forma reiterada, munición real para dispersar las manifestaciones.

El ataque más mortal contra los manifestantes se produjo el 18 de marzo, cuando francotiradores aparentemente coordinados atacaron un campamento de manifestantes en Saná que, según los informes, se saldó con aproximadamente 52 personas muertas y más de 200 heridas. El suceso tuvo lugar tras la oración del viernes, cuando los manifestantes se congregaban en las inmediaciones de la Universidad de Saná coreando lemas antigubernamentales y, según los informes,  en torno a la 1.30pm hora local, hombres armados vestidos de civil, que se cree eran miembros de las fuerzas de seguridad, comenzaron a disparar con fuego real desde las azoteas de edificios próximos. 

De acuerdo con la información disponible hasta el 1 de abril, en torno a 94 personas habían resultado muertas en las manifestaciones desde el mes de febrero, aunque la cifra de muertes no ha cesado de crecer en lo que va de mes.

La respuesta de las autoridades ha sido deplorablemente inadecuada. Se han anunciado investigaciones sobre las muertes, pero la confianza que inspiran es escasa. La aparente impunidad de que gozan las fuerzas de seguridad por sus actos es reflejo de una pauta más extendida de ausencia de toda investigación de violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de la respuesta del gobierno a otros desafíos que se le han planteado: el movimiento secesionista en el sur, el conflicto intermitente en el norte y la presencia de Al Qaeda en el país.

Yemen se enfrenta en estos momentos a su hora de la verdad. Las autoridades tienen que reconocer que necesitan la ayuda de la comunidad internacional para poder emprender las investigaciones necesarias que saquen a la luz la verdad y la totalidad de lo ocurrido en torno a las recientes muertes en las manifestaciones que han tenido lugar en el país, y la comunidad internacional debe suministrar esa asistencia en cuanto se le pida. Esta investigación sería el primer paso de un proceso mucho más amplio para abordar el pesado historial de impunidad respecto a las violaciones sistemáticas de los últimos años.

Firma esta petición en la que se pide a las autoridades yemeníes que:
• transmitan a todas las fuerzas de seguridad la orden, de efecto inmediato, de no usar munición real contra manifestantes que no presenten peligro para sus vidas o para la vida de otras personas;
• establezcan sin demora una comisión independiente e imparcial para la total investigación de los hechos que han causado la muerte y heridas a manifestantes y otras personas desde febrero de 2011, y que soliciten la ayuda internacional que necesitan para garantizar su efectividad;
• garanticen que no se detiene y recluye de forma arbitraria a manifestantes pacíficos, y que tampoco son objeto de torturas ni malos tratos.

Esta acción termina el 18 de abril, un mes después del ataque más mortal del 18 de marzo.

Fotografía: Manifestación en Saná, 3 de febrero de 2011 (la universidad de Saná aparece a la izquierda). © Benjamin Wiacek