México es un lugar peligroso para los y las activistas de derechos humanos, pues son víctimas de amenazas, hostigamiento e intimidación, así como de enjuiciamientos injustos e incluso la muerte como represalia por su labor a favor de los derechos humanos.

Estos activistas ponen de relieve violaciones de derechos humanos que cometen las fuerzas armadas, la policía y agentes no estatales; también hacen campaña por los derechos de los pueblos indígenas, los migrantes, las mujeres y los de aquellas personas cuyos derechos medioambientales se ven amenazados. Esta labor para mejorar los derechos de otros les lleva a menudo a entrar en conflicto con la policía, leñadores ilegales, terratenientes… cualquier persona que les vea como una amenaza para sus intereses creados.

En los últimos tres años, Amnistía Internacional ha documentado por lo menos seis casos de homicidio de defensores o defensoras de derechos humanos. Estas personas también han sufrido amenazas, agresiones y enjuiciamientos injustos basados en cargos falsos. Prácticamente ninguno de estos abusos ha sido investigado efectivamente ni por las autoridades federales ni por las de los estados. En algunos casos, las investigaciones se han realizado con total negligencia.

Puesto que las autoridades mexicanas suelen ser lentas e inefectivas a la hora de gestionar las peticiones de protección, los defensores y defensoras en peligro en México tienen que depender casi por completo de las solicitudes que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envía a las autoridades de México para que les dé protección.

La intervención del sistema interamericano debería ser el último recurso, no el primero. Amnistía Internacional ha pedido al gobierno de México que desarrolle un programa nacional de protección, eficaz y completo, para los defensores y defensoras de derechos humanos que incluya la investigación efectiva de los abusos que se cometen contra ellos.

Pie de foto: Obtilia Eugenio Manuel, de la Organización del Pueblo Indígena Me'Phaa, en una protesta ante la prisión de Auytla, estado de Guerrero, para pedir la liberación de cinco presos de conciencia.
Derechos de la foto: Javier Verdin/La Jornada