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Protege a los habitantes de las "zonas inseguras" de El Cairo

Tue, 17 Nov 2009 12:24:36 +0000

Tras el mortífero corrimiento de tierras ocurrido en Al Duwayqa en septiembre de 2008, las autoridades egipcias han detectado en El Cairo 26 “zonas inseguras”, donde sus habitantes viven en condiciones que suponen un peligro constante para su vida y su salud.

A principios de año, Amnistía Internacional visitó dos comunidades de Al Duwayqa que siguen viviendo bajo la amenaza de que se produzcan otros corrimientos de tierra. Sus habitantes declaran que no pueden permitirse el traslado a un lugar más seguro y que las autoridades no les han ofrecido ninguna alternativa a su lugar actual de residencia.

Las autoridades egipcias están elaborando planes para solucionar los problemas de las “zonas inseguras” del área metropolitana de El Cairo, pero sin consultar debidamente a las comunidades afectadas.

Asimismo, las autoridades han desalojado por la fuerza a personas de Al Duwayqa sin avisarlas con la debida antelación y sin consultarlas sobre las opciones de reasentamiento.

Muchas familias de Al Duwayqa se han quedado sin hogar y otras muchas corren peligro de sufrir desalojos forzosos.

Pie de foto: Hussein Mahmoud Morsy, a la derecha, con sus vecinos de Al Shohba, Egipto, 3 de agosto de 2009..

Corea del Sur debe dictar una suspensión oficial de las ejecuciones

Mon, 02 Nov 2009 12:26:20 +0000

Tras el nombramiento de Lee Kwi-nam como nuevo ministro de Justicia de Corea del Sur, Amnistía Internacional lo insta a dictar de inmediato una suspensión de las ejecuciones y a conmutar todas las condenas a muerte en Corea del Sur.

Desde comienzos de 2009, Amnistía Internacional ve con preocupación cómo el gobierno surcoreano está dando pasos hacia la reanudación de las ejecuciones.

El 12 de febrero tuvo lugar una reunión consultiva en la que participaron miembros del Gran Partido Nacional, en el gobierno, así como representantes de la Policía Nacional Coreana y de los Ministerios de Justicia y Administración y Seguridad Pública, en la que se debatió si había que ejecutar a los 60 presos actualmente condenados a muerte y si debía aprobarse la pena de cadena perpetua sin posibilidad de conmutación. La reunión se produjo en un contexto de indignación popular tras la detención del presunto asesino de siete mujeres.

A pesar de que Corea del Sur mantiene la pena de muerte en su legislación, las últimas ejecuciones consumadas en el país se llevaron a cabo en diciembre de 1997, cuando se ejecutó a 23 personas.

Desde noviembre de 1999 cuatro proyectos de ley para abolir la pena capital han sido presentados ante sucesivas Asambleas Nacionales de Corea del Sur.

En las cuatro ocasiones, el Comité Permanente para Asuntos Legales y Judiciales de la Asamblea Nacional no concluyó el examen de los proyectos de ley para la abolición de la pena capital antes del fin de los periodos de sesiones de la Asamblea Nacional y, por tanto, los proyectos de ley prescribieron.

Desde 2007, dos nuevos proyectos de ley para abolir la pena capital han sido presentados en la Asamblea Nacional y actualmente se encuentran en fase de deliberación.

En 2008 se impusieron tres nuevas condenas a muerte y en la actualidad hay 60 presos condenados a la pena capital. Amnistía Internacional insta al ministro de Justicia de Corea del Sur a que dicte de inmediato una suspensión de las ejecuciones con vistas a abolir la pena de muerte, según establecen las resoluciones 62/149 y 63/168 de la Asamblea General de la ONU, y a que conmute todas las penas de muerte en el país.

Pie de foto: Día Mundial contra la Pena de Muerte, Corea del Sur, 10 de octubre de 2009. Copyright: Amnistía Internacional

Protección denegada en Turquía: Se detiene ilegalmente a personas refugiadas

Thu, 29 Oct 2009 09:31:06 +0000

Cada año llegan a Turquía, en busca de protección frente a la persecución, miles de personas procedentes de países como Afganistán, Irán e Irak. Muchas son detenidas por las fuerzas de seguridad turcas, recluidas y luego expulsadas, a menudo sin que se siga ningún procedimiento judicial.

Pese a ser parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Turquía se niega a aceptar a refugiados procedentes de países de fuera de Europa. Además, Turquía, como miembro del Consejo de Europa, es parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción turca, independientemente de su país de origen.

El 22 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia, refugiados iraníes, habían sido recluidos ilegalmente en Turquía. Tras la resolución judicial, los dos hombres fueron puestos finalmente en libertad el 23 de octubre.

Sin embargo, cientos de personas permanecen detenidas en virtud de disposiciones judiciales turcas que, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, son ilegales.

Amnistía Internacional ha pedido que se ponga en libertad a todas las demás personas recluidas en virtud de disposiciones que el Tribunal ha decretado ilegales. La organización ha pedido que se revisen las normas que rigen la detención de personas en centros de internamiento para extranjeros, con el fin de prevenir futuras detenciones ilegales.

Imagen: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia. ©APGraphicsBank

Exige justicia por el homicidio de un periodista en Oaxaca

Fri, 23 Oct 2009 16:52:10 +0000

El 27 de octubre de 2006, el reportero videográfico estadounidense Brad Will murió por disparos en la ciudad de Oaxaca, en el sur de México, cuando filmaba un enfrentamiento entre los integrantes de un movimiento local de protesta (Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, APPO) y simpatizantes y agentes del partido local en el poder.

Transcurridos tres años, Amnistía Internacional cree que todavía no ha salido a la luz la verdad sobre la muerte de Brad Will. Juan Manuel Martínez, simpatizante del APPO, lleva recluido en espera de juicio desde octubre de 2008 por el asesinato del reportero. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que las pruebas que pesan contra él no tienen fundamento y que lo están usando como chivo expiatorio.

Brad Will estaba en México para filmar las protestas y la violencia política generalizadas que habían estallado en la ciudad de Oaxaca en junio de 2006 y que continuaron en 2007. Al menos otras 12 personas murieron allí durante los disturbios y decenas más fueron detenidas ilegalmente y sufrieron malos tratos.

Las investigaciones realizadas por las oficinas de la Procuraduría General del Estado de Oaxaca y la Procuraduría General de la República hacen hincapié en que Brad Will recibió disparos a corta distancia y en que un testigo vio a Juan Manuel Martínez cerca de la víctima en el momento del tiroteo.

Sin embargo, en un principio este testigo clave no identificó a Juan Manuel Martínez y en realidad no vio cómo disparaban a Brad Will.

Expertos independientes de Physicians for Human Rights (PHR) y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos han revisado las pruebas periciales y han determinado que la conclusión forense oficial –a saber, que los disparos se efectuaron a corta distancia– no tiene base científica.

Tras ganar un recurso contra su auto de prisión, Juan Manuel permanece encarcelado, ya que el juez dictó un segundo auto de prisión. Amnistía Internacional cree que la detención y el procesamiento de Juan Manuel Martínez no están basados en indicios fiables y que parecen obedecer a la necesidad de demostrar que se estaba avanzando en el caso de Brad Will.

Demostrar progresos en la investigación del caso cobró importancia cuando el Congreso de Estados Unidos estableció este requisito como condición para desbloquear parte de la financiación estadounidense de la Iniciativa Mérida, importante programa regional de asistencia y cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos, México y América Central.

La tragedia y la injusticia que supuso la muerte de Brad Will y el procesamiento infundado de Juan Manuel Martínez reflejan que no se ha investigado ni se ha hecho rendir cuentas a los responsables de las violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas en Oaxaca en 2006 y 2007.

En octubre de 2009, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México concluyó que en el estado de Oaxaca se habían perpetrado violaciones graves de derechos humanos; atribuyó la responsabilidad de numerosos abusos a varios altos cargos públicos, incluido el gobernador del estado de Oaxaca; y exhortó a que se hiciera rendir cuentas a los responsables, pero las autoridades todavía no han respondido a esta resolución.

Es hora de investigar y enjuiciar imparcialmente el homicidio de Brad Will, sobre la base de indicios fiables y de acuerdo con las normas internacionales sobre juicios justos.

El gobierno de la India debe poner fin a los 25 años de injusticia que lleva padeciendo Bhopal

Fri, 23 Oct 2009 14:31:43 +0000

Poco antes de la medianoche del 2 de diciembre de 1984 se produjo un escape de miles de toneladas de sustancias químicas mortales procedentes de la fábrica de pesticidas de Union Carbide en Bhopal, en el centro de India. El escape afectó a alrededor de medio millón de personas. Entre 7.000 y 10.000 murieron en los días inmediatamente posteriores y otras 15.000 a lo largo de los 20 años siguientes.

El 2 de diciembre de 2009, los habitantes de Bhopal celebrarán el 25 aniversario del escape de consecuencias devastadoras. Amnistía Internacional se les unirá para poner de relieve el impacto que sobre los derechos humanos sigue teniendo el escape de 1984.

Pese a que ha transcurrido ya un cuarto de siglo, el emplazamiento de la fábrica sigue sin haberse limpiado y más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud. Las iniciativas para ofrecer rehabilitación –atención médica y medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del escape– no han llegado a cubrir las necesidades de estas personas.

Muchas de las personas afectadas continúan esperando una indemnización justa, y nunca se han investigado adecuadamente todas las circunstancias relativas al escape y sus consecuencias. Nadie ha rendido cuentas por lo sucedido en Bhopal, y los intentos de las organizaciones de supervivientes de utilizar los sistemas judiciales de India y Estados Unidos para que se haga justicia y se les ofrezca un resarcimiento adecuado han sido infructuosos.

Bhopal no es sólo una tragedia para los derechos humanos que se produjo el siglo pasado: es una burla para los derechos humanos en la actualidad. El legado de Bhopal pervive porque sus habitantes nunca han podido reivindicar sus derechos. Es más, los efectos negativos del escape afectan a las nuevas generaciones.

El gobierno indio lleva 25 años fallándole a la población de Bhopal. Las promesas se han incumplido reiteradamente y nunca se han tomado las medidas necesarias para abordar las consecuencias del escape de gas. Mientras los habitantes de Bhopal han luchado por obtener siquiera una asistencia humanitaria básica como es el agua sin contaminar, las empresas involucradas han eludido responsabilidades y han obstaculizado las iniciativas de las víctimas para garantizar la reparación.

Más información
Gira europea del autobús de Bhopal (blog Livewire, en inglés)

Pide al fabricante de químicos que tome cartas en la situación de Bhopal

Tue, 20 Oct 2009 10:00:04 +0000

El 2 de diciembre de 2009, los habitantes de Bhopal celebrarán el 25 aniversario del escape de consecuencias devastadoras. Amnistía Internacional se les unirá para poner de relieve el impacto que sobre los derechos humanos sigue teniendo el escape de 1984.

Union Carbide –empresa que actualmente es propiedad de The Dow Chemical Company– abandonó Bhopal sin tan siquiera descontaminar adecuadamente el emplazamiento.

Pese a que ha transcurrido ya un cuarto de siglo, el emplazamiento de la fábrica sigue sin haberse limpiado limpiar y más de 100.000 personas siguen sufriendo problemas de salud. Las iniciativas para ofrecer rehabilitación –atención médica y medidas para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas del escape– no han llegado a cubrir las necesidades de estas personas.

Muchas de las personas afectadas continúan esperando una indemnización justa, y nunca se han investigado adecuadamente todas las circunstancias relativas al escape y sus consecuencias. Nadie ha rendido cuentas por lo sucedido en Bhopal, y los intentos de las organizaciones de supervivientes de utilizar los sistemas judiciales de India y Estados Unidos para que se haga justicia y se les ofrezca un resarcimiento adecuado han sido infructuosos.

Bhopal no es sólo una tragedia de derechos humanos del siglo pasado; es también una burla para los derechos humanos en la actualidad.

Más información
Gira europea del autobús de Bhopal (blog Livewire, en inglés)

Defender los derechos humanos mientras se hace frente al cambio climático

Tue, 29 Sep 2009 11:46:42 +0000

A menos que los Estados emprendan sin demora acciones adecuadas para abordar sus efectos, el cambio climático puede convertirse en una grave amenaza para la realización de los derechos humanos, siendo las personas que ya viven en la pobreza las que antes y de modo más agudo sentirán su impacto.

Cuando la atención mundial se centra en la próxima cumbre sobre el cambio climático que se celebrará en diciembre en Copenhague, urge más que nunca poner los derechos humanos sobre la mesa.

Entre los cambios observados y previstos atribuibles al cambio climático se encuentran la reducción de la cubierta de nieve; la disminución del hielo marino y el deshielo de los casquetes polares; la elevación del nivel del mar; el aumento de la frecuencia de los fenómenos de calor extremo y de las olas de calor; el incremento de las zonas afectadas por la sequía; y el aumento de la intensidad de los ciclones tropicales.

Existe una relación intrínseca entre esos impactos medioambientales y la capacidad de realizar una serie de derechos humanos. Si los Estados no actúan con eficacia para frenar el cambio climático, se producirán violaciones generalizadas del derecho a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación y a la vivienda. El desabastecimiento grave de agua y la reducción de la productividad de los cultivos en la región más pobre del mundo, sólo por poner dos ejemplos, socavarán los derechos de millones de personas.

Las respuestas de los Estados a la amenaza del cambio climático deben garantizar la protección de los derechos humanos. Las estrategias de adaptación (preparación para los efectos adversos previsibles del cambio climático) y de mitigación (desaceleración del cambio climático y reducción de sus efectos adversos) deben estar firmemente enraizadas en un análisis de derechos humanos de las obligaciones jurídicas de los Estados. Amnistía Internacional cree que los siguientes principios y derechos deben constituir una parte integral de los esfuerzos para abordar el cambio climático:

No discriminación: Los efectos del cambio climático se dejarán sentir desproporcionadamente en las personas que también son vulnerables a los abusos contra los derechos humanos debido a factores como la pobreza, la edad, el género, la raza, el origen étnico, la discapacidad o cualquier otra condición. Las políticas relativas al cambio climático no deben ser discriminatorias y deben garantizar la protección contra la discriminación, en especial de los grupos más vulnerables.
Libertad de información: El acceso a la información es fundamental para abordar el cambio climático. Los Estados deben promover y facilitar el flujo de información sobre el cambio climático y las medidas adoptadas para abordarlo. También tienen el deber de difundir información sobre los riesgos medioambientales.
Derecho a la participación activa: Los Estados deben llevar a cabo consultas adecuadas y significativas con las personas afectadas, implicándolas en los procesos de toma de decisiones sobre las políticas que van a conformar sus vidas. También deben garantizar la participación de la sociedad civil, incluidos los representantes de los grupos vulnerables, en el diseño de las estrategias nacionales de adaptación y mitigación.
Derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión: El derecho a protestar pacíficamente contra la acción u omisión del gobierno en relación con el cambio climático es una salvaguardia fundamental que debe ser respetada y protegida. Las personas deben disfrutar del derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas, y no deben sufrir persecución ni acoso de ninguna índole por ejercer estos derechos humanos.
Rendición de cuentas y derecho a un recurso efectivo: Si la acción u omisión del Estado en relación con el impacto del cambio climático diese lugar a violaciones de derechos humanos, las víctimas deben tener acceso a un recurso efectivo.

Protección denegada en Turquía: detención ilegal de refugiados

Mon, 28 Sep 2009 17:19:59 +0000

Todos los años, millares de personas de países como Afganistán, Irak e Irán llegan a Turquía en busca de protección contra la persecución. Muchas de ellas son detenidas por las fuerzas de seguridad turcas y permanecen recluidas hasta su expulsión, que a menudo se lleva a cabo sin seguir ningún procedimiento legal.

Aunque es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Turquía se niega a admitir a los refugiados que llegan de países no europeos. Además, como miembro del Consejo de Europa, Turquía es Parte en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que protege los derechos de todas las personas que se encuentren dentro de la jurisdicción turca cualquiera que sea su país de origen.

El 22 de septiembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, establecido en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos, se pronunció sobre el caso de dos refugiados iraníes, Mohsen Abdolkhani y Hamid Karimnia. El Tribunal consideró los hechos ocurridos desde junio de 2008, cuando ambos hombres fueron detenidos en Turquía, se vieron privados arbitrariamente del acceso a los procedimientos turcos de asilo y quedaron expuestos a ser expulsados de inmediato.

El Tribunal determinó que los dos hombres, que se encuentran actualmente bajo custodia en Turquía, llevaban más de un año detenidos ilegalmente en el país y que las autoridades no habían cumplido con su obligación de protegerlos contra el riesgo real de ejecución o maltrato que corrían si eran devueltos a Irán o a Irak. El Tribunal señaló que le sorprendía que las autoridades administrativas y judiciales turcas hubieran permanecido totalmente pasivas ante las serias alegaciones de los demandantes sobre el riesgo que corrían de sufrir malos tratos si los devolvían a Irán o a Irak.

Amnistía Internacional escribió en agosto al ministro del Interior de Turquía para expresar su preocupación por el hecho de que estos dos hombres y siete refugiados más se hallaran recluidos en el centro de internamiento para extranjeros de Kirklareli a pesar de que se había suspendido su expulsión de Turquía por decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

En su carta, la organización ponía de relieve que la detención de estos refugiados era ilegal y expresaba el temor de que se estuviera utilizando de hecho como medida punitiva con que disuadir a otras personas de presentar demandas ante el Tribunal.

El fallo pronunciado en este caso representa una importante decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría afectar a decenas de personas más que se encuentran también recluidas en centros de internamiento para extranjeros de Turquía.

Imagen: El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Estrasburgo, Francia ©APGraphicsBank

Se necesitan siete ratificaciones más para que entre en vigor la Convención contra las Desapariciones Forzadas

Wed, 26 Aug 2009 10:30:37 +0000

El 30 de agosto de 2009 se celebra el vigésimo sexto Día Internacional de los Desaparecidos. Todos los años, Amnistía Internacional, junto con asociaciones de familiares de personas desaparecidas y otras ONG, recuerda a los desaparecidos y exige justicia para las víctimas de desapariciones forzadas.

Los gobiernos se sirven de las desapariciones forzadas como herramienta de represión para acallar la disidencia y para eliminar cualquier oposición política, así como para perseguir a grupos étnicos, religiosos y políticos. Con objeto de combatir esta grave violación de derechos humanos, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 20 de diciembre de 2006 la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La Convención obliga a los Estados a responsabilizar legalmente a toda persona implicada en una desaparición forzada. Asimismo reconoce el derecho de los familiares a conocer la verdad sobre la suerte que ha corrido una persona desaparecida y a obtener reparaciones. También exige a los Estados instaurar firmes salvaguardias para las personas privadas de libertad, buscar a las personas desaparecidas y, en el caso de que hayan fallecido, localizar, respetar y restituir sus restos.

La Convención entrará en vigor cuando la hayan ratificado 20 países. El 27 de julio de 2009, Nigeria se convirtió en el decimotercer país que la ha ratificado. Se necesitan siete ratificaciones más. Amnistía Internacional está realizando una campaña para que la Convención entre en vigor lo antes posible y considera que este objetivo se puede lograr antes de que finalice 2009.

En la actualidad, Amnistía Internacional está centrando su campaña en favor de la ratificación en los diez países siguientes: Burundi, Cabo Verde, Costa Rica, Líbano, Marruecos, Pakistán, Paraguay, Portugal, Serbia y Timor Oriental. ¡Únete a nuestra campaña! Escribe a los gobiernos de estos países para pedirles que ratifiquen la Convención.

Imagen supra: Dibujo de Aishah, 13 años, hija de Masood Janjua, desaparecido cuando se dirigía en autobús a Peshawar, Pakistán, 30 de julio de 2005. Copyright: Amnistía Internacional

Las autoridades sudanesas deben abolir la pena de flagelación y derogar leyes discriminatorias

Mon, 24 Aug 2009 12:10:49 +0000

El 5 de julio la policía irrumpió en un restaurante de Jartum y detuvo a 13 niñas y mujeres por llevar pantalones en público. Tras dos días detenidas, 10 de las mujeres, que no contaron con representación letrada, fueron declaradas culpables de indecencia. Fueron condenadas a 10 latigazos y a una multa de unos 100 dólares estadounidenses. Una de las niñas tiene 16 años y otras dos, 17. Amnistía Internacional se opone a la flagelación al considerarlo una pena cruel, inhumana y degradante y ha censurado públicamente su uso en Sudán en anteriores ocasiones.

Lubna Ahmed Al Hussein y otras dos mujeres solicitaron asistencia letrada. Mientras que las otras dos mujeres recibieron y aceptaron un indulto presidencial, Lubna Ahmed Al Hussein lo ha rechazado. Ha declarado que piensa dimitir de su trabajo en la Misión de Naciones Unidas en Sudán para no beneficiarse de la inmunidad que poseen todos los trabajadores de Naciones Unidas. Quiere ser juzgada como ciudadana sudanesa.

Lubna Ahmed Al Hussein, periodista, ha escrito sobre el uso de la ley para hostigar a mujeres que, en la mayoría de los casos, no lo denuncia por miedo a ser estigmatizadas. En un intento de llamar la atención sobre este problema, del que se publica muy poco aunque está muy extendido, la Sra. Hussein solicita disponer de su tiempo ante el tribunal y de ese modo poder presionar para que se derogue una ley que permite que las mujeres sean flageladas por llevar “ropas indecentes e inmorales…[que] pueden molestar los sentimientos de las personas”. La ley actual sobre la “indecencia”, que prevé una pena de hasta 40 latigazos y una multa, está abierta a la interpretación lata de la policía, lo que conduce al hostigamiento y a detenciones arbitrarias.

Lubna Ahmed Al Hussein ha comparecido dos veces ante el tribunal y ha contado con el apoyo de unos 50 manifestantes, principalmente mujeres. Muchas llevaban pantalones para demostrarle su apoyo y su rechazo a la ley. Se ha fijado una nueva vista para el 7 de septiembre.

La violación sistemática de los derechos de niñas y mujeres bajo el amparo de la ley se ha hecho pública gracias a la actitud de Lubna Ahmed Al Hussein, a quien Amnistía Internacional considera una defensora de los derechos humanos.

Picture caption: Lubna Hussein, ex periodista, abandona la cafetería en la que fue detenida en Jartum por llevar pantalones (Copyright: Particular)