Detenidos en peligro si son trasladados a custodia iraquí

El acuerdo firmado entre el presidente de Estados Unidos y el primer ministro de Irak el 14 de diciembre de 2008 abre la posibilidad de que se traslade a miles de detenidos de custodia estadounidense a custodia iraquí.

El Parlamento de Irak ratificó el 27 de noviembre de 2008, tras meses de negociaciones, un Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas que entró en vigor el 31 de diciembre de 2008. En el convenio se prevé, entre otras cosas, la retirada de las tropas estadounidenses de territorio iraquí para fines de 2011.

La información más reciente indica que, a partir del 1 de febrero de 2009, el ejército estadounidense empezará a trasladar a los detenidos que tiene bajo su custodia a la de las autoridades iraquíes. Amnistía Internacional teme que el Convenio sobre el Estatuto de las Fuerzas no establece salvaguardia alguna para los presos que sean trasladados a custodia iraquí.

Hay en la actualidad bajo custodia de las fuerzas estadounidenses en Irak unos 15.500 detenidos en tres centros principales de detención, el mayor de ellos Camp Bucca, al sur del país, en las proximidades de la frontera con Kuwait. La mayor parte de esas personas está encarcelada sin que en su contra se haya formulado cargo alguno y sin haber sido juzgadas; algunas llevan ya más de cinco años privadas de libertad.

Entre los detenidos se encuentran ex miembros del Partido Baaz, así como autoridades de seguridad y militares, que podrían estar especialmente en peligro, como por ejemplo ‘Ali Hassan al-Majeed, Sultan Hashim Ahmad al-Ta’i, Hussain Rashid al-Tikriti y ‘Abdul Ghani ‘Abdul Ghafour, condenados a muerte por delitos como el genocidio y crímenes contra la humanidad. Se teme que sean ejecutados si se los entrega a las autoridades iraquíes.

Bajo custodia de las autoridades iraquíes hay ya miles de personas recluidas, muchas de ellas sin cargos ni juicio y a menudo en condiciones terribles y sin acceso a abogados. Además, se han dictado sentencias de muerte tras juicios que han distado mucho de cumplir los mínimos estándares internacionales de justicia procesal, y a las personas sospechosas por motivos políticos o de seguridad se las somete habitualmente a tortura o malos tratos en las prisiones y centros de detención que están bajo control de las autoridades iraquíes.