“No puedo creer que en la Eslovaquia actual, en un país que pertenece a la Unión Europea, se le permita [al alcalde de Plavecký Štvrtok] dejar a 600 personas sin hogar”. Aneta, mujer romaní que vive en el asentamiento.

Casi 90 familias romaníes que viven a las afueras de Plavecký Štvrtok, una población a unos 20 kilómetros al norte de Bratislava, la capital de Eslovaquia, se enfrentan a la amenaza de ser desalojadas de sus hogares forzosamente por las autoridades locales en las próximas semanas.

Los ciudadanos romaníes han estado viviendo en las mismas tierras de Plavecký Štvrtok durante varias generaciones, pero no ha sido hasta los últimos meses cuando las autoridades municipales les han pedido que demuestren la legalidad de sus hogares, facilitando pruebas de los permisos de obra, certificado de propiedad y otros documentos importantes.

Les dijeron que si no podían facilitar la documentación necesaria, les notificarían órdenes de demolición. En la mayoría de los casos, los ciudadanos romaníes no poseen documentos de ese tipo, pues no son los dueños de la tierra en la que viven.

Desde enero, las autoridades municipales han comunicado a 18 familias que deben ellos mismos demoler sus hogares en un plazo de tres meses puesto que no han proporcionado la documentación necesaria. Si no lo hacen, las autoridades municipales derruirán sus casas con buldóceres.

Darina, una de las personas que viven en el asentamiento declaró a Amnistía Internacional: “No tenemos ningún sitio al que ir. Éste es nuestro hogar. Todas y cada una de las casas las levantaron las personas por sí solas, sin ninguna ayuda. No es el Estado quien nos da las llaves de nuestros nuevos hogares. Cada una de las personas que está aquí tuvo que construirse su hogar con su propio esfuerzo”.

“Este desalojo se llevará a cabo sin ningún respeto hacia los cientos de personas, incluidas familias con menores de edad, a los que no se les ha consultado para identificar una alternativa al desalojo ni sobre las opciones de realojo, y a los que tampoco se ha informado adecuadamente sobre el posible desalojo”, ha señalado David Díaz-Jogeix, director adjunto del Programa Regional para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.

Las autoridades han dicho que una de las razones para el desalojo forzoso planeado era la preocupación por la salud pública, dado que siete casas están construidas dentro de los 8 metros de la zona de protección de un gaseoducto subterráneo, y que la mayoría de las casas restantes están dentro de los 50 metros de la zona de protección ampliada.

Pero parece que se aplican diferentes criterios para la población romaní y la no romaní. Ninguna familia no romaní, cuyas casas también están construidas sobre la misma “zona de protección” ha recibido avisos de demolición o ha estado en el punto de mira de las autoridades municipales de uno u otro modo. Esto hace temer un posible trato discriminatorio.

Además, las autoridades no están ni siquiera considerando las posibilidades de alojamientos alternativos, violando los compromisos internacionales suscritos por Eslovaquia en materia de derechos humanos.

El periódico Slovak Spectator publicó el 19 de abril que el alcalde de Plavecký Štvrtok había dicho que las autoridades municipales habían descartado la idea de construir alojamientos de baja calidad como solución “porque la población tendría que invertir mucho y los pisos serían vivienda municipal. Su administración costaría mucho dinero y todos sabemos muy bien cómo estos ciudadanos valoran los hogares –en unos años estaría todo estropeado–”.

“Una declaración como esa muestra la total indiferencia ante la obligación de Eslovaquia de garantizar el derecho a una vivienda adecuada a todas las personas, sin discriminación”, ha manifestado David Díaz-Jogeix.

“Las autoridades deben garantizar que ninguna familia se queda sin hogar o en una situación de vulnerabilidad ante la violación de otros derechos humanos como consecuencia del desalojo. Esto incluye proporcionar recursos legales, entre ellos el pago de indemnizaciones por la destrucción de sus hogares y posesiones.”

“El gobierno eslovaco tiene la obligación de garantizar que las autoridades de Plavecký Štvrtok acatan el derecho internacional de los derechos humanos.”

Imagen: Asentamiento romaní de Plavecky Stvrtok. Derechos de reproducción: Amnistía Internacional