El campo de Ashraf, en Irak, acoge desde 1986 a unos 3.500 miembros o simpatizantes del grupo iraní de oposición Organización Muyahidín del Pueblo de Irán.

En los últimos 12 meses más o menos, varias autoridades del gobierno iraquí han manifestado públicamente que las personas residentes allí deben evacuar el campo y abandonar el país.

Nueve personas residentes en el campo de Ashraf murieron y centenares más resultaron heridas al asaltar las fuerzas de seguridad iraquíes el lugar el 28 de julio. Otras 36 fueron detenidas y sometidas a palizas y torturas.

Las fuerzas de seguridad iraquíes utilizaron gas lacrimógeno, cañones de agua y porras contra personas residentes en el campo que trataron de detenerlas. En unas imágenes de vídeo grabadas durante el asalto se las ve golpear reiteradamente a la gente en distintas partes del cuerpo y avanzar con vehículos militares, parece que deliberadamente, sobre la multitud al congregarse los residentes para protestar. También se utilizó munición real, por lo que algunos de éstos murieron o sufrieron heridas graves.

Las 36 personas detenidas se encuentran recluidas actualmente en una comisaría de policía de la localidad de Al Jalis, situada unos 25 kilómetros al sur de Ashraf. Algunas necesitan recibir atención médica por lesiones sufridas, a causa incluso de torturas y heridas de bala.

Según informes, les han dicho que firmen unos documentos en árabe, pero se han negado a hacerlo. No se les permite el acceso a abogados de su elección, y se han declarado en huelga de hambre para protestar por su detención y por los malos tratos sufridos. Una de las 36 personas detenidas, a quien dispararon en las piernas y en un brazo, ha sido ingresada en un hospital de la localidad de Baquba, al norte de Bagdad. Se trata de un hombre a quien se ha sometido a tres operaciones quirúrgicas.

Amnistía Internacional teme que las 36 personas del campo de Ashraf detenidas sean devueltas a Irán, donde podrían sufrir tortura y ser ejecutadas. La organización pide que todas ellas sean puestas en libertad si no van a ser sometidas con prontitud a un juicio justo por delitos comunes reconocibles.

La organización ha pedido a las autoridades iraquíes que investiguen el evidente uso excesivo de la fuerza por parte de sus fuerzas de seguridad, así como todas las denuncias de torturas y palizas, y que pongan a los responsables a disposición judicial.