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Israel debe colaborar con la misión enviada a Gaza

Wed, 01 Jul 2009 15:52:50 +0000

A las 11.30 de la mañana del 27 de diciembre de 2008, sin advertencia previa, las fuerzas israelíes iniciaron una campaña de bombardeos devastadores contra la Franja de Gaza.

El objetivo declarado de la operación, denominada “Plomo Fundido”, era poner fin a las ataques con cohetes lanzados contra Israel por grupos armados vinculados con Hamás y otras facciones palestinas. Dichos grupos siguieron efectuando numerosos ataques indiscriminados contra centros civiles israelíes durante toda la campaña.

El 18 de enero de 2009, cuando Israel anunció un alto el fuego unilateral y Hamás adoptó idéntica decisión, alrededor de 1.400 palestinos habían resultado muertos, incluidos unos 300 niños y niñas y centenares más de civiles desarmados. También habían quedado arrasadas extensas zonas de Gaza, lo que dejó sin hogar a muchos miles de personas y en ruinas una economía cuya situación era ya de por si calamitosa. En el bando israelí, habían resultado muertos tres civiles y dañadas decenas de casas en el sur del país.

Buena parte de la destrucción sufrida por la Franja de Gaza fue en gran medida injustificada y consecuencia de ataques directos contra bienes civiles y ataques indiscriminados que no distinguieron entre bienes civiles y objetivos militares legítimos. Estos ataques vulneraron disposiciones básicas del derecho internacional humanitario, en especial las prohibiciones de ataques directos contra civiles y bienes civiles (principio de distinción), de ataques indiscriminados o desproporcionados y de castigos colectivos.

Han pasado ya cinco meses desde el fin de la operación “Plomo Fundido” y las autoridades israelíes no sólo no han emprendido una investigación imparcial e independiente sobre el comportamiento de sus fuerzas, sino que se han opuesto de manera activa a que se ponga en marcha.

Han rechazado también las conclusiones de una comisión de la ONU encargada de investigar nueve ataques efectuados contra personal e instalaciones de las Naciones Unidas durante la operación “Plomo Fundido”. Se han negado asimismo a colaborar con una misión de investigación internacional e independiente organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y presidida por el juez Richard Goldstone y tampoco se han mostrado dispuestas a permitir su acceso al país, socavando así su capacidad para desarrollar su trabajo.

Hamás ha permitido a la misión de investigación trabajar en la Franja de Gaza y se ha reunido con sus miembros, que accedieron al territorio desde Egipto.

Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que colaboren plenamente con la misión de investigación internacional e independiente organizada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y encabezada por Richard Goldstone, y con otras investigaciones internacionales sobre las violaciones del derecho internacional perpetradas por todas las partes en el conflicto.

Nepal debe comprometerse a poner fin a la impunidad

Thu, 04 Jun 2009 11:32:26 +0000

En el marco de una campaña nacional para lograr justicia, verdad y reparación en Nepal, Amnistía Internacional ha exhortado al gobierno a comprometerse a acabar con la impunidad por el genocidio, los crímenes contra la humanidad y los crímenes de guerra cometidos en Nepal ratificando el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.

En 2006, el Parlamento de Nepal aprobó por unanimidad una resolución en la que se instaba al gobierno a ratificar el Estatuto de Roma, pero el llamamiento fue infructuoso.

El 11 de febrero de 2009, el ministro de Asuntos Exteriores planteó al Consejo de Ministros la cuestión de la ratificación. Las organizaciones de la sociedad civil aplaudieron la decisión e instaron al gobierno a apoyar la ratificación remitiendo el asunto al Parlamento para su aprobación. No obstante, el entonces ministro del Interior manifestó a Amnistía Internacional, de forma decepcionante, que el Consejo de Ministros no aprobaría la ratificación mientras no hubiera llevado a cabo un proceso de consulta formal con todos los partidos políticos.

Posteriormente, el primer ministro, de tendencia maoísta, renunció a su cargo y, tras elegir el Parlamento como nuevo primer ministro a Madhav Kumar Nepal, líder del Partido Marxista Leninista Unificado, se está estableciendo un nuevo gobierno.

Amnistía Internacional ve con preocupación que la negativa del gobierno anterior a permitir un debate transparente en el Parlamento, sumada a los cambios políticos recientes, retrasará la ratificación del Estatuto de Roma, que ya lleva tres años pendiente.

Amnistía Internacional exhorta al nuevo gobierno a apoyar la ratificación y remitir el asunto al Parlamento lo antes posible.

Apoyo a una periodista irano-estadounidense encarcelada

Fri, 24 Apr 2009 12:41:08 +0000

Roxana Saberi cumplirá 32 años en una prisión iraní. La periodista –nacida en Estados Unidos, pero que ha vivido en Irán durante los últimos seis años– fue condenada este mes a ocho años de cárcel por espionaje.

Amnistía Internacional considera que es presa de conciencia y ha pedido su excarcelación inmediata e incondicional. El padre de Roxana, Reza, señaló que a su hija la habían engañado para que confesara, pues los encargados de la investigación le habían dicho que quedaría en libertad si cooperaba.

Tras ser detenida el 31 de enero, Roxana Saberi fue acusada en un principio de un delito menos grave: adquirir alcohol. El 18 de abril se la declaró culpable de “espionaje” en un juicio a puerta cerrada.

La detención y el juicio de Roxana Saberi y la severa pena que se le ha impuesto indican que se la mantiene recluida como moneda de cambio en la actual situación política entre Irán y Estados Unidos.

Francia debe hacer más por las víctimas de malos tratos policiales

Wed, 01 Apr 2009 14:37:37 +0000

Entre las violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía francesa que se vienen denunciando figuran abusos de motivación racista, uso excesivo de la fuerza, palizas y homicidios ilegítimos. Sin embargo, las causas derivadas de denuncias por malos tratos policiales se archivan con excesiva frecuencia sin que se lleven a cabo las investigaciones pertinentes.

Al trabajar con la policía a diario, la judicatura y la fiscalía se muestran proclives a dar crédito a sus testimonios. Las personas que presentan una denuncia se ven acusadas a menudo de difamación o de insultar a la policía. Como las investigaciones disciplinarias internas no son independientes ni imparciales, los denunciantes no tienen prácticamente ninguna posibilidad de que prosperen.

Amnistía Internacional ha pedido que se adopten medidas para establecer un sistema más justo y que la Comisión Nacional de Deontología de la Seguridad (Commission Nationale de Déontologie de la Sécurité, CNDS) o la futura Defensoría de los Derechos – en el caso de que asuma esta función– tengan las atribuciones necesarias para garantizar investigaciones imparciales y efectivas.

Zimbabue debe retirar los cargos contra ex presos de conciencia

Tue, 10 Mar 2009 11:37:03 +0000

Los presos de conciencia Jestina Mukoko y Broderick Takawira recuperaron la libertad el 2 de marzo y el 28 de febrero respectivamente, después de pasar meses detenidos tras ser sometidos a desaparición forzada a comienzos de diciembre de 2008.

Ambos fueron víctimas de desaparición forzada, detención y reclusión ilegítimas y tortura a manos de agentes de seguridad del Estado. Jestina Mukoko y Broderick Takawira quedaron en libertad tras pagar cada uno una fianza de 600 dólares estadounidenses, entregar sus pasaportes y depositar sendas garantías de al menos 20.000 dólares estadounidenses en títulos de propiedad. Ambos deberán presentarse dos veces por semana en la comisaría más cercana.

Aunque ve con alivio que estos defensores de los derechos humanos hayan quedado en libertad, Amnistía Internacional sigue sintiendo preocupación por el hecho de que Jestina Mukoko y Broderick Takawira hayan sido aprehendidos y detenidos únicamente a causa de su legítima labor en defensa de los derechos humanos.

Tras la puesta en libertad de Jestina Mukoko y Broderick Takawira, Amnistía Internacional ha instado al fiscal general de Zimbabue a eliminar todas las condiciones que afectan a la liberación de estos presos de conciencia y a retirar los cargos que pesan en su contra.

Jestina Mukoko y Broderick Takawira formaban parte de un grupo de unas 30 personas, defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas políticos, que fueron víctimas de desaparición forzada y privación ilegítima de la libertad. A algunas personas la fiscalía las acusa de reclutar a otras para impartirles instrucción militar en Botswana. A otras se las acusa de colocar bombas en comisarías de Harare y en una línea ferroviaria. Los detenidos negaron los cargos.

Pie de foto: Jestina Mukoko, del Proyecto Paz de Zimbabue, quedó en libertad en marzo tras meses de detención. Copyright: Proyecto Paz de Zimbabue

Grecia: debe investigarse el ataque a una dirigente sindical

Fri, 27 Feb 2009 17:36:56 +0000

Konstantina Kuneva, trabajadora migrante búlgara y dirigente sindical, resultó gravemente herida tras ser atacada en 22 de diciembre de 2008 en Atenas, capital de Grecia. Al parecer, el ataque está relacionado con sus actividades como sindicalista, en las que reclamaba derechos básicos para los trabajadores migrantes, y, según informes, se produjo tras un aumento de la tensión entre Kuneva y sus empleadores.

A consecuencia del ataque, en el que dos hombres le arrojaron ácido sulfúrico a la cara, Konstantina Kuneva ha perdido por completo la visión de un ojo y se ha quedado con visión parcial en el otro. También sufrió graves daños en las cuerdas vocales. Estuvo en coma durante varios días y continúa hospitalizada.

Konstantina Kuneva, que trabajaba como historiadora en Bulgaria, llegó a Grecia en 2001 para ganar el dinero que necesitaba a fin de pagar el tratamiento médico de su hijo. Mientras trabajaba como limpiadora, participó en actividades sindicales que exigían derechos básicos para los trabajadores migrantes, y finalmente se convirtió en secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Domésticos y de la Limpieza de Ática.

Konstantina Kuneva había criticado en diversas ocasiones las prácticas que, según informes, utilizaban los empleadores para explotar a los trabajadores, como retrasos en el pago de los salarios e impago de la seguridad social de sus empleados, muchos de los cuales son migrantes. Tras asumir el cargo como dirigente del sindicato recibió una serie de amenazas telefónicas anónimas. El sindicato ha denunciado que a los trabajadores que reclaman sus derechos se les amenaza y se les asignan trabajos en condiciones aún más desfavorables.

En la actualidad la policía está llevando a cabo una investigación criminal, aunque sus conclusiones iniciales indican que no es exhaustiva ni objetiva. Amnistía Internacional considera motivo de preocupación que la fase inicial de la investigación se centrase en información irrelevante sobre la vida privada de Konstantina y no tuviese en cuenta sus actividades sindicales como un posible motivo del ataque.

El gobierno griego debe garantizar que se investiga de modo exhaustivo e imparcial el ataque contra Konstantina Kuneva.

Libertad para todos los presos de conciencia de Zimbabue

Tue, 24 Feb 2009 16:11:49 +0000

El viernes 13 de enero, en el aeropuerto de Harare, agentes de policía de la Brigada de Orden Público de la Policía de la República de Zimbabue detuvieron a Roy Bennett, destacado político del Movimiento por el Cambio Democrático (Movement for Democratic Change, MDC). Roy Bennett está recluido en la cárcel de Mutare.

Amnistía Internacional cree que Roy Bennett fue aprehendido y detenido únicamente a causa de haber ejercido su derecho a la libertad de asociación, consagrado por el derecho internacional, y lo considera preso de conciencia. Por lo tanto, la organización ha hecho un llamamiento para que sea puesto en libertad de forma inmediata e incondicional.

El arresto y detención de Roy Bennett ocurre tras el secuestro y posterior detención de al menos otros 27 activistas de derechos humanos y del MDC, entre quienes se encuentran Jestina Mukoko y Broderick Takawira, que permanecen en la prisión de máxima seguridad de Chirubiki meses después de su secuestro. El MDC-T (Movimiento por el Cambio Democrático - Tsvangirai) afirma que alrededor de 11 de sus miembros también han desaparecido.

Amnistía Internacional considera que Jestina Mukoko y Broderick Takawira fueron aprehendidos y detenidos únicamente a causa de su legítima labor en favor de los derechos humanos, y los considera presos de conciencia. La organización ha hecho repetidos llamamientos para que sean puestos en libertad de inmediato e incondicionalmente.

Se cree que los demás activistas recluidos en la prisión de máxima seguridad de Chirubiki son posibles presos de conciencia. Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades de Zimbabue que garanticen que a todos los detenidos políticos de los que la organización tiene conocimiento y también de los que se desconoce el paradero, se les acuse sin dilación de delitos comunes reconocibles, con arreglo a las normas internacionales que rigen los juicios justos, o se los ponga en libertad de inmediato.

También el 14 de febrero la policía de Bulawayo detuvo a 10 activistas que habían participado en una protesta pacífica. En la jefatura de policía de Bulawayo recluyeron a siete mujeres de la organización activista Mujeres de Zimbabue, ¡en pie! (Women of Zimbabwe Arise!, WOZA) y a tres hombres de Radio Dialogue, una emisora de radio comunitaria sin fines de lucro. Una de las mujeres bajo custodia era una madre en período de lactancia, que fue separada de su hijo.

En un principio se negó el acceso de los asesores letrados a los detenidos. Aunque todos los detenidos habían quedado en libertad para el 17 de febrero, Amnistía Internacional cree que los diez activistas fueron detenidos por ejercer su derecho a la protesta pacífica, garantizado por el derecho internacional, y considera que fueron presos de conciencia.

El arresto y detención de defensores de los derechos humanos y de activistas políticos, además de violar los tratados internacionales de derechos humanos en los que Zimbabue es Estado Parte, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, infringe el Acuerdo Político Global firmado por los partidos políticos en septiembre de 2008. El Acuerdo reconoce de forma explícita los derechos de libre actividad política, reunión y asociación.

Tras la firma de un acuerdo de reparto del poder en septiembre de 2008, el Parlamento enmendó la Constitución de Zimbabue el 5 de febrero a fin de preparar el terreno para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional.

En febrero los partidos crearon también el Comité Conjunto de Seguimiento e Implementación (Joint Monitoring and Implementation Committee, JOMIC), que tiene la responsabilidad de aplicar y vigilar el cumplimiento del Acuerdo Político Global. Integran el Comité Conjunto cuatro miembros de alto rango de la Unión Nacional Africana de Zimbabue -Frente Patriótico (Zimbabwe African Nacional Union-Patriotic Front, ZANU-PF) y cuatro miembros de alto rango de cada una de las dos formaciones del MDC. La presidencia del Comité Conjunto es compartida por miembros de cada uno de los partidos. Como parte de sus funciones, el Comité debe recibir informes y quejas al respecto de cualquier asunto relacionado con la aplicación, el cumplimiento y la ejecución del Acuerdo Político Global, y estudiar las medidas que pudiera ser necesario tomar para garantizar su aplicación pronta y completa.

Foto superior: Jestina Mukoko, del Proyecto Paz de Zimbabue, ha estado detenida desde que fue secuestrada hace unos meses.

Foto inferior: El primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, y el presidente Robert Mugabe en la ceremonia de la firma del acuerdo de reparto del poder en Harare, 15 de septiembre de 2008.

¡Pidan al gobierno de Venezuela que proteja los derechos de las mujeres!

Fri, 27 Feb 2009 13:27:15 +0000

En Venezuela, miles de mujeres sufren abusos físicos, sexuales o psicológicos a manos de familiares. Sólo en 2007, 4.484 mujeres utilizaron la línea de atención telefónica creada por el Instituto Nacional de la Mujer para pedir ayuda. Sin embargo, muchas otras tienen demasiado miedo como para denunciar la violencia.

Las autoridades venezolanas han tomado medidas positivas para erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar con la promulgación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007. La ley es una valiosa herramienta que fortalece el acceso de las mujeres a sus derechos, y ofrece a miles de ellas la posibilidad de mejorar realmente sus vidas.

Sin embargo, aunque la promulgación de la ley se acogió con satisfacción, su aplicación dista mucho de ser satisfactoria. Como consecuencia, muchas mujeres siguen siendo víctimas de la violencia y no pueden huir de la situación en la que se encuentran ni tampoco denunciarla. Los abusos permanecen ocultos y con frecuencia sus autores no reciben ningún castigo.

Un importante obstáculo que dificulta la erradicación de la violencia doméstica es la escasez de casas de abrigo, ya que las mujeres víctimas de la violencia pueden encontrarse con que no tienen dónde refugiarse. La ley de 2007 reconoce que las autoridades venezolanas son responsables de velar por la seguridad de las mujeres que huyen de relaciones violentas. Sin embargo, para una población de más de 10 millones de mujeres, en todo el país sólo hay dos casas de abrigo gestionadas por las autoridades nacionales para víctimas de la violencia. Se necesitan más casas de abrigo urgentemente.

Por otra parte, para acabar con la violencia doméstica es preciso que las mujeres puedan denunciar los abusos con seguridad y sin temor. Deberían contar con unas fuerzas policiales que ayudan y aconsejan a las supervivientes, que hacen cumplir las medidas de protección y que investigan las denuncias de violencia doméstica. Desgraciadamente, esto no es así en Venezuela, y según las mujeres que hablaron con Amnistía Internacional, las preguntas impertinentes, sentenciosas y fuera de lugar que les hace policía las hacen sentir que sus denuncias carecen de importancia y las desaniman a denunciar.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben recibir formación en materia legislativa y en cómo tratar a las víctimas de violencia doméstica. La ley de 2007 hace responsable al gobierno, y sobre todo al Ministerio del Interior y Justicia, de impartir dicha formación. Sin embargo, el número de programas de formación que se han creado hasta ahora es insuficiente y no llega a la mayoría de los agentes de policía encargados de gestionar las denuncias de violencia doméstica.

¡Firmen la petición y exijan al gobierno de Venezuela que tome medidas urgentes para proteger los derechos de las mujeres!

Hora de rendir cuentas por abusos contra los derechos humanos en Gaza y el sur de Israel

Tue, 17 Feb 2009 14:52:22 +0000

“Los soldados israelíes bombardearon la casa y mataron a mi madre, a mi padre, a mi bebé y otros 25 miembros de mi familia. ¿Por qué? No somos Hamás, no somos combatientes. ¿Por qué nos hacen esto?”

Salah Sammouni, Gaza – Enero de 2009

"Mi hijo de cinco años me pregunta dónde está el refugio antibombas más cercano. No es esto lo que debería preocupar a los pequeños, sino a qué van a jugar luego."

Geut Aragon, cuya casa en Sderot fue alcanzada por un cohete palestino – Diciembre de 2008

Durante el reciente conflicto de tres semanas de duración en la Franja de Gaza y el sur de Israel, resultaron muertos unos 1.300 palestinos, en su mayoría civiles, entre ellos más de 300 niños y niñas, y 13 israelíes, tres de ellos civiles. Las operaciones militares israelíes devastaron también las infraestructuras de Gaza y generaron una catástrofe humanitaria.

La delegación de investigación de Amnistía Internacional que visitó Gaza y el sur de Israel durante los combates e inmediatamente después encontró indicios claros de la comisión de crímenes de guerra y de otras violaciones graves del derecho internacional humanitario, como los ataques directos realizados por fuerzas israelíes contra civiles palestinos y objetos civiles en Gaza, ataques que infringen la prohibición de ataques desproporcionados y de uso de armas, como el fósforo blanco, de efecto indiscriminado en áreas civiles densamente pobladas. En el mismo periodo, Hamás y otros grupos armados palestinos dispararon de forma indiscriminada centenares de cohetes contra centros de población civil en el sur de Israel.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, anunció el 12 de febrero de 2009 que una Comisión de Investigación de la ONU había comenzado sus labores de revisión e investigación de varios incidentes concretos que habían tenido lugar en la Franja de Gaza entre el 27 de diciembre de 2008 y el 19 de enero de 2009, y en los que se habían producido muertes o lesiones, y/o daños, en dependencias de Naciones Unidas o en el curso de operaciones de Naciones Unidas.

Amnistía Internacional ha calificado la iniciativa de "bienvenida, pero insuficiente", dado que la mayoría de los ataques ilegítimos de los que se dispone de indicios quedarán al margen del mandato de esa Comisión de Investigación de la ONU y, por consiguiente, pide a Naciones Unidas, y en particular a su Consejo de Seguridad, que aborden exhaustivamente todos los casos de violación del derecho internacional durante el conflicto.

Irene Khan, secretaria general de Amnistía Internacional, declaró el 10 de febrero de 2009: “La investigación de la ONU no debe limitarse a examinar únicamente los recientes ataques de fuerzas israelíes contra escuelas, personal y bienes de la ONU en Gaza. Las víctimas de los ataques contra la ONU no son las únicas que tienen derecho a saber por qué se han violado sus derechos y quién es el responsable de ello, y a obtener justicia y reparación. Lo que se necesita es una investigación internacional exhaustiva que examine todas las presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por Israel, por Hamás y por otros grupos armados palestinos implicados en el conflicto.”

Hora de rendir cuentas en Gaza y el sur de Israel

Mon, 26 Jan 2009 17:18:50 +0000

“Los soldados israelíes bombardearon la casa y mataron a mi madre, a mi padre, a mi bebé y otros 25 miembros de mi familia. ¿Por qué? No somos Hamás, no somos combatientes.

¿Por qué nos hacen esto?”

(Salah Sammouni, Gaza, enero de 2009)

"Mi hijo de cinco años me pregunta dónde está el refugio antibombas más cercano. No es esto lo que debería preocupar a los pequeños, sino a qué van a jugar luego."

(Geut Aragon, cuya casa en Sderot fue alcanzada por un cohete palestino, diciembre de 2008)

En el frágil alto el fuego en Gaza y el sur de Israel se va aclarando progresivamente en toda su magnitud la devastación causada en las últimas semanas.

El equipo de investigación de Amnistía Internacional que trabaja en Gaza y el sur de Israel ha encontrado indicios de que todas las partes en conflicto han cometido crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional.

Las operaciones militares israelíes en Gaza han matado a centenares de civiles palestinos, devastado las infraestructuras del territorio y creado una catástrofe humanitaria. Algunos de los ataques se dirigieron contra civiles o edificios civiles de la Franja de Gaza, o su naturaleza fue desproporcionada.

La delegación de Amnistía Internacional ha hallado indicios irrefutables sobre la utilización generalizada del agente químico fósforo blanco contra población civil palestina en zonas residenciales densamente pobladas de Gaza. El jefe de la unidad de quemados del principal hospital de Gaza dijo a la delegación que se estaba ingresando a pacientes, niños entre ellos, con quemaduras de fósforo blanco que no cicatrizaban.

El uso reiterado de fósforo blanco de forma inherentemente indiscriminada es un crimen de guerra.

Durante el mismo periodo, los cohetes lanzados de forma indiscriminada por Hamás y otros grupos armados palestinos han matado a varios civiles israelíes.

El lanzamiento de armas de efecto indiscriminado contra centros de población también es un crimen de guerra.

Amnistía Internacional pide a las Naciones Unidas, y en concreto al Consejo de Seguridad, que adopte decisiones inmediatas para que todas las partes implicadas en el conflicto rindan cuentas por las infracciones del derecho internacional que hayan cometido.