Oriente Medio y Norte de África

Los derechos humanos región a región

Líbano, 2010. Amineh Abd al Husri con una foto de su hijo, Ahmed Zuhdi al Sharqawi, desaparecido en 1986.

© Dalia Khamissy


Queremos las dos cosas: libertad para trabajar y libertad para hablar. Pero yo lo único que he conseguido ha sido una paliza.

Walid Malahi, golpeado por la policía antidisturbios tunecina durante una manifestación antigubernamental, en una conversación mantenida en Túnez con representantes de Amnistía Internacional

El año 2010 se inició con Yemen ocupando de manera inusitada el centro de la atención internacional debido a un presunto incidente terrorista y se despidió con todos los ojos puestos en el incipiente poder del pueblo tunecino y en la reacción en cadena que estaba provocando en otras partes de la región. Ambos hechos –un presunto intento de atentado suicida contra un avión de pasajeros y la autoinmolación de un joven desesperado por la falta de trabajo y oportunidades y cansado de la represión política– se desarrollaron bajo el signo del suicidio.

Estos sucesos no sólo marcaron el inicio y el final del año, sino que también pusieron de relieve algunas tendencias clave en los Estados de Oriente Medio y el Norte de África, como la preocupación de los gobiernos por preservar su seguridad política, pero su falta de interés por la seguridad humana de la población y su inacción a la hora de hacer respetar los derechos humanos de los que dependía dicha seguridad.

En enero, Yemen sufría un conflicto sangriento en la empobrecida región septentrional de Sada, mientras que en el sur el gobierno se enfrentaba a un creciente movimiento secesionista. Sin embargo, a pesar de los abusos contra los derechos humanos que estas dos situaciones generaban, no fue ninguna de ellas la que provocó que Yemen ocupara un lugar más destacado en la agenda política internacional. La causa fue un incidente ocurrido el 25 de diciembre de 2009, a miles de kilómetros de distancia: al parecer, un nigeriano, que afirmó después haber recibido adiestramiento de Al Qaeda en Yemen, había intentado hacer estallar un avión de pasajeros sobre la ciudad estadounidense de Detroit. Este suceso centró de inmediato la atención sobre Yemen como posible base de Al Qaeda entre la frontera meridional de Arabia Saudí y, con sólo cruzar el mar Rojo, el conflictivo Estado de Somalia, particularmente tras haberse tenido noticia de la formación de Al Qaeda en la península Arábiga con objeto de fusionar las fuerzas de Al Qaeda en Yemen y Arabia Saudí.

Yemen, el país más pobre de la región, ya venía sufriendo agudos problemas sociales, económicos y políticos: una población mayoritariamente joven abocada a una pobreza y un desempleo crecientes, unas reservas de agua y petróleo próximas a agotarse y un gobierno encabezado por un presidente en el poder desde 1978 y cada vez más intolerante con la disidencia. Estos hechos, unidos al conflicto de Sada y a la intensificación de los llamamientos a la secesión del sur, anunciaban que Yemen no tardaría en llamar una vez más la atención internacional, pues se temía cada vez más que un nuevo deterioro de la situación en un país tribal tan fuertemente armado alterara por completo el orden público.

Durante una visita de investigación realizada al país en marzo por una delegación de Amnistía Internacional se evidenció que ya estaba ocurriendo esto. La delegación vio fragmentos de proyectiles que se habían utilizado en un ataque lanzado contra un presunto campamento de Al Qaeda en diciembre de 2009. En dicho ataque, efectuado poco más de una semana antes del incidente aéreo de Detroit, murieron 41 civiles yemeníes, en su mayoría mujeres y niños. Unas marcas visibles en los fragmentos de proyectil indicaban que éstos eran restos de un misil de crucero Tomahawk cargado con bombas de racimo y que probablemente el ataque hubiera sido lanzado por fuerzas de Estados Unidos, tal vez desde un buque de guerra estadounidense fondeado frente a la costa yemení, y no por las fuerzas de seguridad de Yemen. Archivos oficiales estadounidenses confirmaron posteriormente este extremo: en una nota sobre una reunión mantenida por un alto funcionario estadounidense con el presidente de Yemen se señalaba que éste había reconocido con arrepentimiento haber mentido a su pueblo al decirle que el ataque lo habían perpetrado fuerzas yemeníes con el fin de ocultarle una verdad que le resultaba incómoda desde un punto de vista político, a saber, que la muerte de civiles yemeníes había sido consecuencia directa de un ataque estadounidense.

En Túnez, el acto de desesperación llevado a cabo el 17 de diciembre por Mohamed Bouazizi, de 24 años, al prenderse fuego después de que un funcionario de la localidad de Sidi Bouzid le impidiera vender las verduras que transportaba en una carretilla y, al parecer, lo agrediera, fue una expresión de protesta aislada y en último término mortal que emocionó a millares de tunecinos y a centenares de miles de personas más en Egipto, Argelia y otros Estados de la región. Desencadenó una oleada de protestas que se extendieron como un reguero de pólvora por todo el país. En el acto de Mohamed Bouazizi se plasmó la frustración de muchos jóvenes de su generación ante la naturaleza abusiva de los gobiernos de Oriente Medio y el Norte de África, región en la que unos pocos monopolizaban prácticamente todo el poder político y económico sin rendir cuentas a nadie, con una actitud represiva e intolerante con la disidencia y, como llevaban decenios haciendo en muchos casos, atentos sólo a perpetuar su control del Estado y los recursos mediante unos brutales, omnipotentes y ubicuos servicios de seguridad e inteligencia. Frente a las protestas populares, el gobierno de Ben Alí, fiel a su trayectoria, recurrió a la fuerza y disparó contra manifestantes, como ya había hecho en 2009 en Gafsa. Esta vez, sin embargo, los manifestantes no sólo no se echaron atrás, sino que se reafirmaron en su propósito de librar al país del presidente Ben Alí.

Conflictos e inseguridad

En Yemen, el poco conocido conflicto de Sada, que había provocado el desplazamiento de unas 350.000 personas y en el que aviones saudíes habían bombardeado ciudades y pueblos, concluyó en febrero con un alto el fuego. El conflicto de Irak, en cambio, siguió su curso mientras disminuían los efectivos estadounidenses en el país y se completaba el traspaso al gobierno iraquí de las prisiones bajo control de Estados Unidos y de los miles de personas que se hallaban recluidas en ellas sin juicio. El gobierno estadounidense adoptó esta decisión a pesar de las persistentes noticias sobre utilización de prisiones secretas por parte del gobierno iraquí y uso generalizado de la tortura por sus fuerzas de seguridad. Prefirió mirar para otro lado y no cumplir con su obligación de proteger a las personas detenidas expuestas a sufrir tortura. Asimismo, condenó a un destino inseguro e incierto a unos 3.400 exiliados iraníes residentes en el campo de Ashraf, al norte de Bagdad, al traspasar el control del campo a las autoridades iraquíes.

También en Irak, los grupos armados continuaron cometiendo implacablemente atentados con explosivos, que mataron y mutilaron a civiles. Los cristianos y los peregrinos chiíes, entre otros, estaban en el punto de mira de grupos armados suníes decididos a mostrar su fuerza y a aumentar las disensiones entre las distintas confesiones. Estos grupos intensificaron sus ataques durante los meses de incertidumbre política que siguieron a los imprecisos resultados de las elecciones generales celebradas en marzo.

La reacción del gobierno iraquí consistió en detener a sospechosos, torturarlos para obligarlos a “confesar”, llevarlos ante los tribunales y condenar a muerte a decenas de ellos tras juicios manifiestamente injustos. El hecho de que se siguieran perpetrando atentados suicidas puso en entredicho el supuesto efecto disuasorio de la pena de muerte.

El continuo enfrentamiento entre palestinos e israelíes siguió siendo el otro foco conflictivo de la región. Por primera vez, un episodio de este conflicto tuvo lugar en alta mar, al interceptar las fuerzas israelíes en mayo una flotilla de seis barcos que trataba de burlar el bloqueo militar israelí de Gaza para llevar ayuda humanitaria al millón y medio de palestinos residentes allí. Nueve personas que iban en el barco turco Mavi Marmara perdieron la vida al ser abordado éste por tropas israelíes, lo que provocó una protesta internacional tan fuerte que Israel se vio obligado a aliviar ligeramente el bloqueo de Gaza. En una investigación efectuada por la ONU se llegó a la conclusión de que al menos seis de las nueve muertes se habían producido al parecer como consecuencia de “ejecuciones extralegales, sumarias y arbitrarias” llevadas a cabo por fuerzas israelíes. Al finalizar el año no se conocía todavía el resultado de la investigación interna emprendida por Israel, que por lo demás carecía de independencia.

En diciembre se cumplió el segundo aniversario del comienzo de la operación “Plomo Fundido”, ataque militar israelí contra Gaza que se había prolongado durante 22 días y se había cobrado la vida de casi 1.400 palestinos, entre ellos más de 300 niños y niñas. En 2009, en una investigación de la ONU dirigida por el juez Richard Goldstone, se había acusado a israelíes y a palestinos de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad y se había pedido que se efectuaran investigaciones y se llevara ante la justicia a los responsables. Al finalizar 2010, sin embargo, todavía no se había hecho justicia a las víctimas ni se les había proporcionado reparación. Las investigaciones internas efectuadas por Israel eran deficientes, carecían de independencia y ni siquiera reconocían el elevado número de víctimas civiles causado por sus fuerzas, mientras que Hamás, por su parte, no había iniciado ni por asomo una investigación, pues mantenía contra toda evidencia que había atacado sólo instalaciones militares al disparar cohetes y otros proyectiles de efecto indiscriminado contra zonas civiles israelíes. Estaba previsto que en marzo de 2011 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU tratara la cuestión con el fin de decidir si se permitía a ambas partes ignorar por más tiempo las reclamaciones de sus víctimas o se ponía el asunto en manos de los mecanismos de justicia internacionales.

Represión de la disidencia

Los gobiernos de la región restringían por doquier la libertad de expresión, derecho fundamental en sí mismo y como medio de acceder a otros derechos humanos. Y hacían otro tanto con el derecho –estrechamente relacionado con el anterior– a la libertad de asociación y reunión, impidiendo el desarrollo de ONG de derechos humanos y de una sociedad civil dinámica y tratando de impedir a menudo las expresiones públicas de disidencia.

En países como Arabia Saudí, Irán, Libia o Siria, las personas que se atrevían a alzar la voz en favor de mayores libertades, en contra del gobierno o en defensa de los derechos humanos corrían peligro. En estos Estados, entre otros, las fuerzas represivas –la siniestra, omnipotente e impune policía secreta– estaban siempre prestas a intervenir. A los detractores del gobierno se los hostigaba e intimidaba; se los detenía y, en ocasiones, se los torturaba, o, después de juzgarlos, se los encarcelaba sobre la base de cargos falsos con el fin de silenciarlos y disuadir a otros que pudieran sentir la tentación de protestar. En Irán se ahorcó de manera sumaria a varios activistas de minorías étnicas en represalia por un ataque armado perpetrado cuando ellos estaban ya en la cárcel. En Siria, al parecer se utilizó el Colegio de Abogados para perseguir e impedir ejercer su profesión a un destacado abogado de derechos humanos que había informado sobre juicios celebrados ante el injusto tribunal especial de seguridad del país. En Cisjordania, la Autoridad Palestina, controlada por Fatah, persiguió a presuntos simpatizantes de Hamás, mientras que en Gaza la administración de facto de Hamás hizo lo propio con simpatizantes de Fatah. En el Sáhara Occidental, bajo administración marroquí desde 1975, las autoridades de Marruecos persiguieron a defensores saharauis de los derechos humanos y a activistas que propugnaban la autodeterminación del territorio. En Bahréin, el gobierno asumió el control efectivo de una destacada ONG de derechos humanos después de que ésta denunciara presuntas torturas infligidas a importantes miembros de la comunidad chií detenidos en agosto y septiembre.

Libertad de expresión y medios de comunicación

Las autoridades estatales se esforzaban por seguir controlando el libre flujo de información empleando métodos a la vez familiares y obsoletos, pero se enfrentaban de manera creciente al problema que suponían el auge y la accesibilidad de los medios de comunicación social y la determinación cada vez mayor de la población a hacer oír su voz. En Egipto, Siria y otros Estados se detuvo y recluyó a autores de blogs. Los gobiernos de Irán, Túnez y otros países bloquearon el acceso a Internet y cortaron las comunicaciones de telefonía móvil en un intento de contener las protestas. En Yemen encarcelaron a un destacado periodista tras secuestrarlo en la calle, y un tribunal especial de prensa perseguía a los directores de periódico y periodistas que no acataban las directrices del gobierno. Al igual que las de otros países de la región, las autoridades yemeníes entablaron procedimientos penales por difamación con el fin de impedir el debate y disuadir a los periodistas de denunciar abusos contra los derechos humanos y casos de corrupción en las altas esferas.

Sin embargo, como se puso de manifiesto con las manifestaciones de Túnez, los gobiernos que obstruían el acceso a Internet o cortaban las redes de telefonía móvil se comportaban como quien trata de curar un cáncer con aspirinas. Los activistas recurrían cada vez más a las redes sociales para mantenerse un paso por delante de las autoridades y divulgar pruebas incriminatorias de sus abusos. Un signo muy positivo que apareció en 2010 fue que la batalla por el control del acceso a la información empezó a inclinarse por fin del lado del activismo ciudadano.

“Seguridad” pública

La tortura y otros malos tratos a detenidos siguieron siendo una práctica pertinaz en toda la región. Las víctimas solían ser personas detenidas por motivos políticos, que se hallaban a menudo recluidas en lugares secretos donde se las interrogaba y se las mantenía incomunicadas durante semanas o periodos incluso más largos. Asimismo, en Egipto y otros países era también endémica la violencia policial contra presuntos delincuentes comunes. Cuando llegaba a celebrarse un juicio, se hacía sistemáticamente caso omiso de las normas de justicia procesal, sobre todo en los casos de disidencia y oposición frontal a quienes detentaban el poder.

En Irán, la continuación de los juicios mediáticos contra personas que habían protestado por el resultado de las elecciones presidenciales de 2009 comportó al menos dos ejecuciones. En Arabia Saudí se siguió juzgando a presuntos responsables de delitos contra la seguridad a puerta cerrada y con las más estrictas medidas de seguridad. En Egipto se continuó juzgando a activistas políticos y otros sospechosos civiles ante tribunales militares o de excepción bajo la dirección del presidente del país.

En Egipto, un Parlamento dócil renovó en mayo el estado de excepción declarado en todo el país hacía 30 años. De manera análoga, los gobiernos de Argelia y Siria mantuvieron sendos estados de excepción vigentes desde hacía mucho tiempo y en virtud de los cuales sus fuerzas de seguridad, al igual que las de Egipto, gozaban de poderes extraordinarios en materia de detención y reclusión, que utilizaban para reprimir actividades políticas legítimas y el ejercicio de los derechos humanos.

Varios gobiernos mantuvieron y utilizaron ampliamente la pena de muerte y otros castigos crueles, como la amputación y la flagelación. Dada la antipatía mutua que se profesaban los gobiernos y los dirigentes de ambos países, resultaba irónico que las dos superpotencias del golfo Pérsico, Irán y Arabia Saudí, siguieran mostrando idéntica devoción por la pena de muerte y otros castigos crueles, que justificaban en virtud de la sharia (ley islámica), pero que usaban de un modo indicativo a menudo de motivos más cínicos, de carácter político. Tal era el caso especialmente en Irán, donde las autoridades llevaron a cabo más ejecuciones que ningún otro país del mundo, salvo China, con el evidente propósito de infundir miedo. En Irán, según los informes, se registraron alrededor de 252 ejecuciones, aunque el número total probablemente fuera mucho mayor. Sin embargo, la proyectada muerte por lapidación de Sakineh Mohammadi Ashtiani provocó un repudio internacional tan grande, que la mujer continuaba con vida al finalizar el año, si bien su futuro seguía siendo incierto habida cuenta de los retorcidos argumentos utilizados por diversas autoridades iraníes para tratar de justificar su ejecución. La indignación que suscitó el caso en Irán y en el extranjero fue una señal elocuente de la influencia que podía tener la opinión pública internacional a la hora de evitar una grave violación de derechos humanos.

En Arabia Saudí se ejecutó al menos a 27 personas, cifra notablemente inferior a la de los dos años anteriores y que cabía esperar que augurara una tendencia positiva a largo plazo, aunque en modo alguno existían garantías al respecto. Gobiernos autoritarios siguieron también llevando a cabo ejecuciones en Egipto, Irak, Libia, Siria y Yemen, y Hamás efectuó cinco en Gaza; sin embargo, esta actitud parecía cada vez más incompatible con la tendencia internacional a la supresión total de la más cruel de las expresiones de violencia estatal, tendencia que se reflejaba en el mantenimiento de la suspensión de las ejecuciones en los países del Magreb y en Jordania y Líbano.

Motivos de preocupación económicos: vivienda y medios de vida

Un año más, el millón y medio de palestinos que vivían hacinados en la Franja de Gaza pasaron grandes privaciones como consecuencia del bloqueo militar israelí, que constituía un castigo colectivo y una vulneración, por tanto, del derecho internacional y confinaba de hecho a la población en un reducido enclave asolado por la guerra. Israel anunció en dos ocasiones una ligera relajación del bloqueo, pero apenas se notó. Alrededor del 80 por ciento de la población de Gaza seguía dependiendo de la ayuda alimentaria y la asistencia humanitaria internacional para sobrevivir.

En otros lugares de la región, muchas comunidades sufrieron un grave empobrecimiento al hacer sentir fuertemente sus efectos la recesión mundial, agravada por la falta de infraestructuras y otros medios de desarrollo, la corrupción de las autoridades y, a todas luces, el mal gobierno. Esta situación se reflejaba en unas elevadas tasas de desempleo, sobre todo entre los jóvenes, lo que generaba sensación de marginación y demandas de cambio, factores que fueron las fuerzas propulsoras del levantamiento ocurrido en diciembre en Túnez. Con demasiada frecuencia, eran las personas desplazadas a los márgenes de la sociedad las que sufrían en toda su fuerza la brutalidad policial o la falta de atención de las autoridades.

En Egipto, los trabajadores y otros sectores siguieron manifestándose para protestar por el aumento del coste de la vida y exigir mejores salarios y condiciones de trabajo. De los millones de personas que vivían en todo el país en asentamientos informales de crecimiento incontrolado, varios miles fueron desalojadas por la fuerza en El Cairo de zonas declaradas “inseguras” o de “barrios marginales” destinados a proyectos de desarrollo o reurbanización. Con demasiada frecuencia no se consultaba antes de los desalojos a las personas afectadas ni se escuchaba su opinión a la hora de adoptar las decisiones oficiales sobre su nuevo lugar de residencia. En algunos casos las personas desalojadas se quedaban en la calle. Las mismas autoridades que tenían la obligación de respetar y defender sus derechos humanos les hacían sentir que no tenían ningún derecho.

Discriminación

En 2010 no se registraron avances significativos en la mejora de la condición de las mujeres y las niñas, que siguieron sufriendo en toda la región discriminación y violencia, incluida violencia intrafamiliar. En virtud de las leyes sobre la familia y la condición personal, los hombres continuaban gozando de privilegios en cuestiones como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos y la herencia, y el derecho penal seguía asignando a la mujer una condición inferior a la del hombre. Sobre todo en las zonas más tradicionales, las niñas eran víctimas de matrimonio forzado y matrimonio a edad temprana, y las mujeres que desafiaban los estrictos códigos indumentarios imperantes o cuyo comportamiento no se ajustaba al particular concepto de “honor” familiar de sus parientes varones corrían el peligro de sufrir violentas represalias o incluso asesinato a manos de sus padres, hermanos, esposos u otros varones de la familia. En demasiados casos no se castigaba en absoluto o de manera adecuada a los hombres que alegaban el “honor” como circunstancia atenuante al rendir cuentas por delitos violentos perpetrados contra mujeres de su familia.

Prácticamente todas las mujeres estaban expuestas a sufrir violencia de género, pero las empleadas domésticas migrantes corrían especial peligro. Estas mujeres procedían en su mayoría de países asiáticos y africanos pobres o en vías de desarrollo y trabajaban en países del golfo Pérsico o en Jordania y Líbano. Por lo general, estaban excluidas por completo de las leyes laborales nacionales, en el caso de que las hubiera, y estaban expuestas por partida triple –como extranjeras, como migrantes y como mujeres– a sufrir explotación y abusos, incluidos actos de violencia sexual y de otros tipos, a manos de las personas para quienes trabajaban. Dos de los casos más preocupantes que salieron a la luz en 2010 fueron los de sendas empleadas domésticas de un país rico en petróleo, Arabia Saudí: una de ellas, ciudadana de Sri Lanka, afirmaba que la persona para la que trabajaba le había introducido más de 20 clavos en las manos, en una pierna y en la frente al quejarse ella de que tenía mucho trabajo; la otra, ciudadana de Indonesia, tuvo que ser hospitalizada después de que la golpearan, la quemaran con una plancha y le hicieran cortes en la cara con unas tijeras.

Los migrantes del África subsahariana que trataban de encontrar trabajo en los países del Norte de África o cruzarlos para llegar a Europa corrían el riesgo de ser recluidos o expulsados tras ser detenidos de forma sumaria. Entre los migrantes en situación de riesgo figuraban refugiados y solicitantes de asilo. En Egipto, los guardas de fronteras continuaron con su política de disparar contra quienes intentaban pasar a Israel y mataron al menos a 30 personas. En Libia, miles de presuntos migrantes irregulares, entre ellos refugiados y solicitantes de asilo, permanecían recluidos en centros de detención donde soportaban condiciones insalubres y de hacinamiento extremo y sufrían de manera habitual abusos que en ocasiones equivalían a tortura.

Los miembros de minorías étnicas y religiosas sufrían también discriminación, como en Irán, o ataques dirigidos específicamente contra ellos por grupos armados, como en Irak. En Egipto se atacaba a los cristianos coptos. En Líbano, los refugiados palestinos seguían sin poder acceder a varias profesiones y a otros derechos básicos. En Siria, los kurdos continuaban sufriendo discriminación y restricciones en el uso de su lengua y la expresión de su cultura. La vida en la región era dura, sobre todo para los migrantes, los refugiados y los miembros de minorías.

Responder del pasado

El largo proceso de la verdad y la reconciliación puesto en marcha con bastante bombo en Marruecos y el Sáhara Occidental en 2004 siguió avanzando con gran lentitud y cosechando resultados decepcionantes. Desde el principio se había omitido en él de manera explícita toda consideración de la justicia como medio de reparar las flagrantes violaciones de derechos humanos perpetradas por fuerzas del gobierno entre 1956 y 1999, y en la práctica ni siquiera se había conseguido esclarecer apenas la suerte de las personas desaparecidas o víctimas de otros graves abusos. Además, las autoridades marroquíes dieron escasas muestras de querer poner en marcha las importantes reformas jurídicas e institucionales que deberían haberse derivado del proceso para pedir cuentas a las fuerzas de seguridad con arreglo a la ley y erradicar el uso de la detención secreta y la tortura. En 2010 quedó de relieve este extremo al conocerse nuevos informes sobre tortura de sospechosos a manos de la policía secreta marroquí.

Entretanto, la actuación del Tribunal Especial para el Líbano, instituido bajo los auspicios de la ONU tras el asesinato del ex primer ministro libanés Rafiq Hariri en 2005, provocó una tormenta política que puso en peligro el gobierno de coalición presidido por el hijo del difunto primer ministro. La tensión aumentó al recibirse informes de que el Tribunal tenía la intención de presentar cargos contra varios miembros de Hezbolá, principal fuerza política del país e integrante del gobierno de coalición, lo que llevó a este grupo a acusarlo de actuar por móviles políticos. Al finalizar 2010 no se conocían todavía los datos, pero resultaba difícil no sacar la conclusión de que el Tribunal había sido desde un principio un ejercicio de justicia selectiva. Su mandato y su jurisdicción eran limitados, pues cubrían sólo el asesinato de Hariri y algunos atentados conexos. A pesar de las súplicas de los, en muchos casos, ya casi ancianos familiares de las personas desaparecidas, los sucesivos gobiernos libaneses habían tomado muy pocas o ninguna medida para investigar los miles de desapariciones, secuestros, homicidios y otros abusos perpetrados durante los 15 años que duró la sangrienta guerra civil concluida en 1990 o para proteger siquiera de forma adecuada las fosas comunes. Quedaba por abordar todavía el legado de este periodo, el más oscuro de la historia reciente de Líbano. A modo de recordatorio, un solemne grupo de personas seguía reuniéndose en silencio todos los días en un parque de Beirut para mostrar las entrañables y ya amarillentas fotografías de unos seres queridos a los que habían perdido hacía mucho tiempo pero a los que nunca habían olvidado y pedir que se investigara qué había sido de ellos y dónde yacían sus restos. Era un espectáculo conmovedor. Por desgracia, 20 años después de concluida la guerra, no había una petición del Consejo de Seguridad de la ONU ni una presión internacional suficiente para que se facilitaran a estas personas las respuestas a las que tenían derecho.

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