Prólogo

El año 2010 bien podría recordarse como un año decisivo en el que activistas y periodistas usaron las nuevas tecnologías para alzar su voz contra el poder y, con ello, ejercieron presión para lograr un mayor respeto hacia los derechos humanos. También fue el año en el que los gobiernos represivos afrontaron la posibilidad real de que sus días estuvieran contados.

La información es una fuente de poder, y para quienes se enfrentan al abuso de poder de los Estados y otras instituciones, éste es un momento apasionante. Desde que nació Amnistía Internacional, hace medio siglo, hemos asistido y dado forma a cambios importantes similares en el pulso que libran quienes cometen abusos con quienes, con valentía e imaginación, denuncian sus desafueros. Como movimiento dedicado a orientar la indignación mundial hacia la defensa de personas que sufren abusos, estamos comprometidos con el apoyo a la comunidad de activistas que imagina un mundo donde la información sea realmente libre y donde puedan ejercer su derecho a disentir pacíficamente, fuera del control de las autoridades.

Amnistía Internacional lleva 50 años explorando tecnologías de vanguardia que pueden dar voz a quienes carecen de poder y sufren abusos. Desde los teletipos, las fotocopiadoras y las máquinas de fax hasta la radio, la televisión, las comunicaciones vía satélite, los teléfonos, el correo electrónico e Internet, las hemos utilizado todas para apoyar la movilización de masas. Son herramientas que han contribuido a la lucha por los derechos humanos, pese a los sofisticados esfuerzos de los gobiernos para limitar el flujo de información y censurar la comunicación.

Este año, Wikileaks, sitio web dedicado a hacer públicos documentos de muy diversas fuentes, comenzó a publicar los primeros entre cientos de miles de documentos presuntamente descargados por un analista de 22 años de los servicios de inteligencia del ejército estadounidense, Bradley Manning, que actualmente está en prisión preventiva y podría ser condenado a más de 50 años de cárcel por espionaje y otros cargos.

Wikileaks creó un repositorio de fácil acceso para personas que denuncian irregularidades en todo el mundo y mostró la pujanza de su plataforma mediante la difusión y publicación de documentos oficiales clasificados y confidenciales. Amnistía Internacional ya había reconocido en 2009 la contribución de esta organización al activismo en favor de los derechos humanos cuando Wikileaks publicó información sobre violaciones cometidas en Kenia.

Pero hizo falta que unos reporteros de prensa y analistas políticos tradicionales bucearan en el caudal de datos, los analizaran y encontraran en ellos indicios de delitos y violaciones. Aprovechando esta información, los activistas políticos utilizaron otras nuevas herramientas de comunicación fácilmente disponibles ahora en teléfonos celulares y redes sociales para sacar a la gente a la calle y exigir responsabilidades.

Un ejemplo llamativo y trágico del poder de la acción individual cuando se amplifica por medio de las nuevas herramientas del mundo virtual es la historia de Mohamed Bouazizi. Vendedor ambulante residente en Sidi Bouzid, Túnez, Mohamed Bouazizi se prendió fuego en diciembre de 2010 delante de un ayuntamiento para protestar por el acoso de la policía, la humillación, las dificultades económicas y la sensación de impotencia que sentían los jóvenes como él en Túnez.

Su acto de desesperación y rebeldía, al difundirse por todo Túnez a través de los teléfonos celulares e Internet, galvanizó el descontento que se gestaba desde hacía tiempo contra el gobierno opresor del país y tuvo repercusiones imprevistas. Mohamed Bouazizi murió debido a sus quemaduras, pero su ira perduró en forma de protestas callejeras en todo el país. La comunidad de activistas de Túnez –grupo integrado por sindicalistas, miembros de la oposición política y jóvenes, algunos de los cuales se organizaron a través de las redes sociales– tomó las calles para manifestar su apoyo a las reclamaciones de Mohamed Bouazizi. Y hubo manos experimentadas que se unieron a los jóvenes manifestantes en el uso de las nuevas herramientas para desafiar a un gobierno represivo.

El gobierno tunecino intentó imponer una férrea mordaza a los medios de comunicación y bloqueó el acceso individual a Internet, pero las noticias se difundieron con rapidez gracias a las nuevas tecnologías. Los manifestantes dejaron claro que su ira se dirigía tanto hacia la represión brutal ejercida por el gobierno contra quienes se atrevían a desafiar su autoritarismo como hacia la falta de oportunidades económicas provocada en parte por la corrupción gubernamental.

En enero, menos de un mes después del acto desesperado de Mohamed Bouazizi, el gobierno del presidente Zin el Abidín ben Alí se derrumbó y éste huyó del país para pedir refugio en Yidda, Arabia Saudí. El pueblo de Túnez celebró el final de más de veinte años de un gobierno que no rendía cuentas de sus actos preparando el terreno para el restablecimiento de otro elegido en las urnas, participativo y respetuoso con los derechos.

La caída del gobierno de Ben Alí tuvo repercusiones en toda la región y en todo el mundo. Los gobiernos que utilizan la tortura y la represión para sofocar la disidencia y que se enriquecen mediante la corrupción y la explotación económica se sintieron vigilados. Las élites locales y los gobiernos extranjeros que sostenían estos regímenes ilegítimos al mismo tiempo que pontificaban sobre la democracia y los derechos humanos también se pusieron nerviosos.

En muy poco tiempo, la agitación de Túnez desencadenó temblores en otros países. La gente se echó a la calle en Jordania, Argelia, Yemen, Bahréin, Libia y Egipto.

Las herramientas de 2010 eran nuevas, pero las demandas eran las mismas: la búsqueda de una vida digna, con toda la gama de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. Activistas de todo el mundo que sufren desde hace demasiado tiempo la amenaza y la realidad de la cárcel, la tortura y la brutalidad debido a sus opiniones políticas y a sus creencias o su identidad, imaginaron un mundo de posibilidades en el que pudieran vivir sin miedo y lograr una participación política significativa. Lo que mostraron claramente los postings es que la falta de oportunidades económicas que experimentaban muchas personas en la región tenía una profunda resonancia entre quienes apoyaban a los activistas de Túnez.

No hay que profundizar mucho para que salga a la superficie la frustración de quienes viven bajo gobiernos represivos. Por ejemplo, en Egipto, Khaled Said murió tras ser agredido por dos agentes de policía en un cibercafé de Alejandría, en junio de 2010. Su muerte suscitó la indignación pública, lo que, visto ahora, parece un presagio de las multitudinarias manifestaciones de 2011. Los policías fueron acusados de detención ilegal y tortura, pero no de ser responsables directos de su muerte. En Irán, las autoridades restringieron el acceso a las fuentes externas de información, como Internet, mientras el descontento desencadenado por las polémicas elecciones de 2009 continuaba y se enconaban las heridas causadas por la brutal represión contra los manifestantes.

En China, el gobierno intentó echar tierra encima sobre la historia de un joven que, cuando la policía le dio el alto después de que matara a una mujer e hiriera a otra por conducir en estado de embriaguez, rechazó a los agentes proclamando su relación con un alto cargo de la policía. El grito “¡Mi padre es Li Gang!” se convirtió en sinónimo de ausencia de rendición de cuentas, y el suceso que lo originó fue publicado y reproducido una y otra vez en Internet en toda China, a pesar de que las autoridades trataron de impedirlo.

Para los políticos que esgrimen la supremacía de los derechos civiles y políticos sobre los derechos económicos, sociales y culturales –o viceversa–, la claridad con la que los activistas han definido su frustración en relación con la ausencia de oportunidades políticas y económicas demuestra que ésta es una dicotomía falsa que ignora las experiencias de millones –cuando no de miles de millones– de personas de todo el mundo que viven sin ninguno de los dos tipos de derechos.

Amnistía Internacional, que comenzó como organización dedicada a los derechos de los presos y presas de conciencia, entiende desde hace mucho que tan importante es poner de relieve las violaciones subyacentes que empujan a los activistas a escribir y a echarse a la calle como garantizar que no se los detenga ni se los someta a abusos. Aunque las redes sociales sean nuevas, son importantes porque constituyen una poderosa herramienta que puede facilitar la camaradería y el apoyo entre personas críticas en todo el mundo con parecidos gobiernos abusivos.

 

Filtraciones y revelaciones

En julio, Wikileaks y varios diarios importantes comenzaron a hacer públicos casi 100.000 documentos relativos a la guerra de Afganistán. Estalló la polémica sobre el contenido, la legalidad y las consecuencias de la filtración. Los documentos proporcionaban una valiosa corroboración de violaciones de derechos humanos documentadas por activistas y periodistas, violaciones estas que tanto los gobiernos afgano y estadounidense como la OTAN habían negado. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos se alarmaron cuando los talibanes anunciaron que estaban estudiando los documentos de Wikileaks e iban a castigar a los afganos que habían colaborado con el gobierno afgano o con sus aliados internacionales. Las nuevas tecnologías, como todas las herramientas, tienen riesgos además de ventajas; Wikileaks adoptó medidas para garantizar que en el futuro la filtración de los documentos siguiera el antiguo principio de “no causar daño”, piedra angular de la labor de Amnistía Internacional en los últimos 50 años.

La reacción de los gobiernos implicados en los abusos fue alegar la vieja excusa de que los documentos filtrados que ponían de manifiesto sus errores y las violaciones que habían cometido eran una amenaza para la seguridad nacional y, por tanto, ilegales. En general, se limitaron a hacer caso omiso de que se hubieran hecho públicas pruebas de crímenes de derecho internacional y que se hubiera desvelado que no habían investigado estos delitos ni enjuiciado a los responsables.

En octubre, Wikileaks publicó casi 400.000 documentos relacionados con la guerra de Irak. De nuevo, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos señalaron que mientras los gobiernos implicados invocaban la seguridad nacional, no estaban asumiendo su responsabilidad de investigar y enjuiciar a las personas responsables de crímenes de guerra y otros crímenes de derecho internacional. Los documentos confirmaron también que, al mismo tiempo que estos gobiernos rechazaban los informes de Amnistía Internacional y de otras organizaciones de derechos humanos sobre estas violaciones, estaban en posesión de documentos que corroboraban sin duda la exactitud de dichos informes.

Pero estas filtraciones fueron eclipsadas por el último capítulo de 2010, cuando Wikileaks y cinco importantes diarios comenzaron a publicar simultáneamente los primeros 220 cables diplomáticos confidenciales –aunque no secretos– de un total de 251.287 filtrados de 274 embajadas, consulados y misiones diplomáticas estadounidenses en todo el mundo, fechados entre el 28 de diciembre de 1966 y el 28 de febrero de 2010. Los nuevos datos disponibles, analizados por veteranos periodistas, pero también por nuevos y apasionados blogueros, alimentaron los movimientos existentes e inspiraron a nuevos actores.

 

El mundo se estremece

Existen puntos de vista divergentes sobre los dramáticos sucesos ocurridos en torno a Wikileaks: algunos comentaristas afirmaron que el sitio web operaba en un “vacío moral”, mientras que otros consideraron que era el equivalente moderno de la publicación de los papeles del Pentágono. Lo que está claro, sin embargo, es el impacto que han tenido las filtraciones.

Si bien la “Revolución de los Jazmines” de Túnez no podría haberse producido sin la larga lucha librada en las dos últimas décadas por valientes defensores y defensoras de los derechos humanos, es posible que el apoyo a los activistas desde el exterior del país se haya reforzado a medida que la gente analizaba los documentos de Wikileaks sobre Túnez y comprendía las causas de la ira. En concreto, algunos de los documentos filtrados dejaban claro que países de todo el mundo conocían tanto la represión política como la falta de oportunidades económicas existentes en Túnez, pero la mayoría no hizo nada para pedir el cambio. Uno de los cables filtrados demostraba que el entonces enviado canadiense, el embajador estadounidense y el embajador británico reconocían que las fuerzas de seguridad de Túnez torturaban a detenidos; que las garantías diplomáticas de que el gobierno no iba a torturar a los detenidos devueltos a Túnez eran “valiosas”, pero no fiables; y que el Comité Internacional de la Cruz Roja no tenía acceso a los centros de detención del Ministerio del Interior.

En otro cable filtrado, el embajador estadounidense detallaba cómo la economía tunecina estaba hecha trizas debido a la omnipresencia de la corrupción, que iba desde la extorsión policial a la alargada sombra de “la Familia”, es decir, de los parientes –cercanos y lejanos– de Ben Alí, que usaban su poder para amasar riqueza.

Y esto nos vuelve a llevar a Mohamed Bouazizi y a tantos otros tunecinos que parecían haber perdido toda esperanza en medio de la tortura, las penurias económicas, la corrupción del gobierno, la brutalidad policial y la implacable represión de la oposición política y de cualquiera que expresara su discrepancia. Mohamed no dispuso de ningún cauce político para exigir oportunidades económicas y cuando intentó crear las suyas propias vendiendo frutas y verduras con un carro en la calle, la policía confiscó

sus productos. Al acudir a las autoridades policiales para denunciar el abuso policial, éstas rehusaron tramitar o investigar su denuncia.

Las quejas de Mohamed Bouazizi no eran en absoluto excepcionales. Pero su acto de autoinmolación se produjo casi en el mismo momento en que Wikileaks publicaba unos documentos que demostraban que los gobiernos occidentales que se habían aliado con el gobierno de Ben Alí eran conscientes de todos estos problemas, pero aparentemente no estaban dispuestos a ejercer presión alguna para que el gobierno tunecino respetara los derechos humanos. Parece que la combinación de estos dos hechos desencadenó el apoyo general a los manifestantes de Túnez. Los ciudadanos de los países vecinos se mostraron particularmente solidarios: algunos de ellos padecían los mismos obstáculos para disfrutar de sus derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.

 

Una respuesta elocuente

La respuesta de los gobiernos occidentales a la situación en Túnez y Egipto es reveladora: Estados Unidos rompió su larga relación con el presidente tunecino Ben Alí. El ministro de Asuntos Exteriores francés propuso inicialmente ayudar al gobierno de Ben Alí a controlar la protesta, pero en Francia esta postura produjo indignación, y después de que el presidente Ben Alí huyera de Túnez, los franceses mostraron por fin su apoyo a los manifestantes. Las protestas similares en Egipto parecieron tomar por sorpresa a Estados Unidos y a muchos gobiernos europeos, que se mostraron poco dispuestos a apoyar la petición inicial de los manifestantes de que el presidente Hosni Mubarak abandonara

el poder. Estados Unidos concretamente ha invertido mucho en la estabilidad del gobierno de

Mubarak a pesar de las numerosas evidencias de su brutalidad en los últimos 30 años. De hecho, en todo el mundo, muchos gobiernos que proclaman valorar los derechos humanos y la democracia apoyaron expresamente a dirigentes políticos como Mubarak en Egipto y Ben Alí en Túnez, sabiendo que eran corruptos, represivos e indiferentes hacia los derechos de sus propios conciudadanos. En realidad, las primeras entregas (subcontratas de la tortura) se produjeron cuando el entonces gobierno del presidente Clinton envió a unos detenidos a Egipto, conocido por el uso sistemático de la tortura. Las pruebas de esta hipocresía –reforzadas por los numerosos cables diplomáticos disponibles en Wikileaks– desenmascaran a estos gobiernos y siembran dudas sobre su compromiso con los derechos humanos. Al final, la valentía de las personas que se manifestaron de forma pacífica y pusieron en peligro su vida en las calles de El Cairo y de otras ciudades venció al presidente Mubarak y a sus aliados.

Tras la filtración de los cables diplomáticos, los gobiernos tratan de averiguar por todos los medios qué delitos podrían haber cometido Wikileaks (y Bradley Manning). Esta actitud resulta inquietante. El gobierno estadounidense, que se ha mostrado tan vehemente al atacar a Wikileaks, no opinaba lo mismo cuando apoyaba los nuevos avances en la difusión de la información sobre otros países. En enero de 2010, la secretaria de Estado estadounidense pronunció un discurso para animar a los gobiernos del mundo a que garantizaran que la ciudadanía tuviera acceso a Internet, comparando la censura online con el Muro de Berlín. “Nunca antes había sido la información tan libre –declaró Hillary Clinton–. Incluso en regímenes autoritarios, las redes de información están ayudando a las personas a descubrir nuevos datos y a hacer que los gobiernos rindan más cuentas”.

Luego la secretaria de Estado pasó a referir que, durante su visita a China en noviembre de 2009, Barack Obama había “defendido el derecho de las personas a acceder libremente a la información. Dijo que cuanto más libremente fluye la información, más fuertes se hacen las sociedades. Habló sobre cómo el acceso a la información ayuda a los ciudadanos a exigir cuentas a sus gobiernos, genera nuevas ideas y fomenta la creatividad”.

Pero Estados Unidos no es el único país que desea una Internet obediente o que está dispuesto a usar la cibertecnología para violar el derecho a la intimidad. Internet hace más evidente el deseo de los gobiernos de controlar el acceso a la información. Cuando quienes tienen el poder perciben los contenidos como una amenaza, tratan de censurar a los usuarios y al mismo tiempo recurren a la piratería y la vigilancia informáticas.

Sin embargo, es evidente que los gobiernos no controlan necesariamente la situación, por mucho que lo deseen. En China, la llamada “Gran Muralla Cortafuegos” desempeña un papel importante y perjudicial en el intento de sofocar el debate libre en Internet, y quienes han infringido las normas han sido acosados o encarcelados. Por ejemplo, en julio de 2010, Hairat Niyaz, periodista uigur y editor de un sitio web, fue condenado a 15 años de prisión por “poner en peligro la seguridad del Estado”. Como prueba, el tribunal citó entrevistas que había concedido a medios de comunicación extranjeros, así como su traducción online del llamamiento de una organización uigur en el extranjero a protestar contra el modo en que el gobierno estaba tratando un incidente en el que unos trabajadores chinos de etnia han habían atacado a unos trabajadores uigures en Shaoguan, provincia de Guangdong, en el sur de China, causando la muerte de al menos dos de ellos. Sin embargo, una y otra vez, a pesar de la tecnología más sofisticada, las autoridades chinas se han visto sorprendidas o burladas por los usuarios de Internet que –parafraseando a la bloguera cubana Yoani Sánchez– es un potro salvaje que no se puede domar.

Tomemos, por ejemplo, el caso de Liu Xiaobo, intelectual y coautor del manifiesto disidente Carta 08, a quien inspiró la actividad de los intelectuales de Europa oriental que lucharon contra el autoritarismo comunista en las décadas de 1970 y 1980. Ellos también se beneficiaron de las nuevas tecnologías –fotocopiadoras y máquinas de fax– para difundir sus ideas, desafiar y, en última instancia, derribar a gobiernos que cometían abusos.

Liu Xiaobo era poco conocido para la mayoría de los ciudadanos chinos de a pie incluso después de ser condenado a 11 años de prisión el día de Navidad de 2009. Y sin embargo, cuando le concedieron el premio Nobel de la Paz en octubre de 2010, ciberactivistas de todo el mundo se pusieron manos a la obra para que se reconociera su papel.

Las autoridades chinas estaban ansiosas por acallar el debate. El apoyo generalizado al hombre a quien habían calificado oficialmente de “traidor” les tomó por sorpresa y bloquearon las búsquedas de la expresión “silla vacía”, que muchos chinos habían empezado a usar en referencia al modo en que Liu Xiaobo había sido homenajeado en la ceremonia de entrega del premio en Oslo.

Hasta la aparición de Wikileaks, parecía que los gobiernos estaban convencidos de que conservaban el control. Pero cuando las empresas necesarias para el funcionamiento de Wikileaks le retiraron su apoyo –y sigue sin estar claro si esto fue consecuencia de la presión directa de los gobiernos–, hackers de todo el mundo atacaron a las empresas y a los gobiernos que condenaban a Wikileaks.

Este aumento de las acciones de los hackers y la difusión ininterrumpida de documentos a pesar de las amenazas y la indignación de diversos gobiernos muestran cómo Wikileaks ha cambiado la naturaleza del juego respecto a quién controla la información. También ha puesto de manifiesto la actitud de “llevarse por delante a quien sea” de algunos hackers que amenazaron la intimidad y la seguridad de las personas.

 

Lograr el equilibrio adecuado: una advertencia

Como hemos visto, el deseo de difundir información, si no se tienen en cuenta los derechos individuales, puede, a su vez, provocar problemas. En agosto, dos mujeres denunciaron penalmente a Julian Assange, fundador de Wikileaks, en aplicación de la ley de delitos sexuales de Suecia. Los hackers publicaron el nombre y la identidad de estas mujeres, que fueron vilipendiadas en los medios de comunicación como títeres de los gobiernos estadounidense y sueco. Esto demuestra que, en el nuevo universo virtual, las mujeres siguen siendo tratadas como moneda de cambio o, lo que es peor, como daños colaterales aceptables. Sin duda, estas dos mujeres merecen que sus denuncias sean investigadas exhaustivamente y, si hay pruebas suficientes, que el presunto autor de los delitos sea enjuiciado. Julian Assange debe gozar de la presunción de inocencia y recibir las garantías del debido proceso y un juicio justo.

Las normas de derechos humanos son claras a este respecto. Los gobiernos deben ser transparentes y sólo pueden restringir la libertad de expresión (y el derecho a recibir y difundir información) para promover el respeto a los derechos o la reputación de terceros y proteger la seguridad nacional, el orden público y la salud o la moral públicas. Las afirmaciones de los gobiernos de que la seguridad nacional es una carta blanca para restringir la información nunca están justificadas, sobre todo cuando la restricción parece encubrir violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos. Pero la hipocresía y el engaño de los gobiernos tampoco justifican los ataques informáticos

a la Fiscalía y la violación de la intimidad de las denunciantes.

 

Un futuro digital para los derechos humanos

Ni Internet ni las demás tecnologías de la comunicación tienen nada de mágico o de determinista. La tecnología ni respeta ni menoscaba los derechos humanos, sino que es, y seguirá siendo, una herramienta usada tanto por quienes desean plantar cara a las injusticias en todo el mundo como por quienes quieren controlar el acceso a la información y sofocar las voces disidentes. Posiblemente, la radio en frecuencia modulada y los teléfonos celulares han hecho más para promover y proteger los derechos humanos en África que la mayoría de los métodos convencionales. El uso innovador del crowdsourcing (participación masiva) por el sitio web Ushahidi.com en Kenia ha abierto toda una serie de nuevas posibilidades para la prevención de conflictos.

La tecnología servirá a los fines de quienes la controlen, tanto si su meta es la promoción de derechos como si es su menoscabo. Debemos ser conscientes de que, en un mundo de poder asimétrico, la capacidad de los gobiernos y de otros actores institucionales para explotar la tecnología y abusar de ella siempre será superior a la de los activistas de base, los defensores y defensoras de los derechos humanos perseguidos, las personas que valientemente denuncian irregularidades y aquellas cuyo sentido de la justicia les exige buscar información o describir y documentar una injusticia por medio de estas tecnologías.

En el debate en torno a Wikileaks, la difusión de documentos sin tener debidamente en cuenta la seguridad de las personas afectadas, así como la polémica generada por el caso de delitos sexuales contra Julian Assange, hicieron difícil la claridad moral. No es un caso que permita la claridad moral que –al menos retrospectivamente– asociamos a la publicación de los “papeles del Pentágono”. Una observación importante para quienes consideran que Wikileaks es amoral: cuando quienes deberían alzar su voz contra el poder no lo hacen, es comprensible que quienes conviven cada día con los abusos de poder celebren Wikileaks. Su última esperanza de rendición de cuentas es la revelación, por turbia, incómoda y aparentemente contraproducente que sea.

No obstante, éstos son tiempos asombrosos para Amnistía Internacional y otros activistas pro derechos humanos que ven las posibilidades que ofrece la tecnología para revelar la verdad y mantener debates que pueden eludir la censura del Estado y conectarnos más allá de las fronteras. Imaginamos la promesa de vivir en un mundo auténticamente sin barreras en el que todas las personas tienen un acceso significativo a la información, en el que todas las personas pueden participar plenamente en decisiones que afectan a sus vidas y en el que ninguna injusticia queda sin respuesta.

En 2011 Amnistía Internacional celebra su cincuentenario. Calificada por un crítico contemporáneo como “una de las mayores locuras de nuestra época”, el movimiento fue iniciado por un simple llamamiento a la acción del abogado británico Peter Benenson, que pidió a la sociedad que recordara a “los presos olvidados” al enterarse del caso de dos jóvenes portugueses que habían sido encarcelados por alzar sus copas en un brindis por la libertad.

Por fortuna para miles de presos olvidados desde entonces, esa “locura” no sólo se impuso, sino que continúa, y nosotros y nuestros aliados seguimos resueltos a promover el derecho a la información y a la libertad de expresión. Juntos hemos hecho campaña con éxito por la libertad de miles de personas encarceladas por motivos de conciencia, algunas de las cuales, como Ellen Johnson-Sirleaf, son hoy día jefes de Estado. Juntos hemos ayudado a conseguir la liberación, en noviembre de 2010, de Aung San Suu Kyi, demostrando una vez más que la perseverancia y la constancia pueden traer consigo un cambio positivo. Juntos hemos salvado innumerables vidas; hace poco, las de dos activistas que desafiaron a las fuerzas de seguridad de una explotación minera cuando éstas estaban a punto de iniciar un enfrentamiento para librarse de activistas dispuestos a arriesgar su vida alzando su voz contra el poder.

Cincuenta años después, el mundo ha cambiado espectacularmente, pero no así el imperativo de que las personas se alcen unidas para combatir la injusticia y proteger los derechos de los seres humanos, dondequiera que estén.

Este aniversario es un momento para imaginar todo lo que pueden lograr las personas cuando trabajan unidas. Si cada una de los más de tres millones de personas que componen la membresía de Amnistía Internacional convenciera a otra para que se uniera a nuestra labor en favor de la justicia, duplicaríamos nuestro impacto. Como hemos visto en Túnez y en otros países de Oriente Medio, las acciones colectivas de unas personas unidas en su búsqueda de la justicia fundamental pueden tener el poder de derrocar a un gobierno represivo.

Sigue siendo muy necesario que las personas que valoran los derechos y las libertades trabajen al unísono en sus países y más allá de las fronteras, pues los gobiernos insisten en perseguir a quienes cuestionan los abusos de poder. Mientras personas valientes y decididas reivindican sus derechos y libertades, gobiernos, grupos armados, grandes empresas e instituciones internacionales tratan de eludir el escrutinio y la rendición de cuentas.

Nos inspiran la liberación de Daw Aung San Suu Kyi, la valentía de Liu Xiaobo, la resistencia de miles de presos y presas de conciencia, el coraje de innumerables defensores y defensoras de los derechos humanos, y la tenacidad, contra viento y marea, de cientos de miles de tunecinos y tunecinas de a pie que, ante la trágica historia de Mohamed Bouazizi, decidieron salvar su legado organizándose para combatir el abuso de poder que desencadenó su muerte. En Amnistía Internacional nos comprometemos a redoblar nuestros esfuerzos para fortalecer el movimiento global a favor de los derechos humanos y a luchar para asegurar que nadie más se sienta jamás tan solo en su desesperación que no vea una salida.

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