Fotograma de una película sobre un niño que busca justicia tras la demolición de su pueblo.
© Amnistía Internacional
El Protocolo “permitirá dar una plataforma para exponer abusos que con frecuencia están vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono”.
Louise Arbour, ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos
Los activistas ayudaron a garantizar que las personas que viven en la pobreza cuenten con un nuevo modo de obtener justicia.
Imagina que tu gobierno decide demoler tu casa sin avisarte. No tienes capacidad para impedirlo, y nadie te escucha cuando pides que se detengan. Simple y llanamente: te quedas en la calle.
Ésta es la realidad para miles de personas que cada año sufren el desalojo forzoso de sus casas en los asentamientos precarios. Y es sólo un ejemplo de los abusos que se cometen contra los derechos humanos de las personas que viven en la pobreza.
En virtud del derecho internacional, los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos económicos, sociales y culturales para su población. Pero millones de personas se ven obligadas a subsistir sin una vivienda adecuada ni comida suficiente. Muchas también carecen de agua potable, saneamiento, atención a la salud, trabajo, educación, seguridad social… y la lista continúa. La mayoría apenas tiene posibilidades de conseguir que se las escuche ni de acceder a la justicia. Hasta ahora.
Activistas de Amnistía Internacional en más de 40 países recurrieron a peticiones, llamamientos globales, presencia en los medios de comunicación y captación de apoyos con el fin de conseguir apoyo internacional para el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que permite la presentación de denuncias de particulares ante un órgano de la ONU si un Estado incumple sus obligaciones de proteger estos derechos. El Protocolo fue adoptado por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 2008.
Hasta la fecha, Ecuador, España y Mongolia han aceptado quedar vinculados legalmente por el Protocolo mediante la ratificación. Basta con que otros siete Estados sigan su ejemplo para que el Protocolo entre en vigor. En agosto de 2011, aunque otros 33 Estados habían firmado las nuevas medidas, ninguno había ratificado todavía el Protocolo.
Actualmente estamos presionando para que todos los Estados acepten el Protocolo y que la justicia esté al alcance de las personas más pobres del mundo. Tal y como expresó la ex alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Louise Arbour, el Protocolo “permitirá dar una plataforma para exponer abusos que con frecuencia están vinculados a la pobreza, la discriminación y el abandono, que las víctimas sufren en silencio”.
Si deseas más información sobre nuestra campaña por la justicia internacional, entra en: http://www.amnesty.org/es/international-justice.
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