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24 February 2009

Colombia: Miles de civiles castigados por no participar en el conflicto

Las fuerzas de seguridad y paramilitares y los grupos guerrilleros de Colombia están castigando a quienes se niegan a participar en el conflicto que vive Colombia, según ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 24 de febrero.

La organización de derechos humanos hace esta afirmación con motivo del lanzamiento de una nueva campaña en favor de varias “comunidades en resistencia”, que son comunidades que han adoptado una postura activa y a menudo peligrosa en defensa de su derecho como civiles a no verse involucradas en el largo y sangriento conflicto armado de Colombia.

Las Zonas Humanitarias de las comunidades afrodescendientes en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó, en el departamento de Chocó, y la Comunidad de Paz de campesinos de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, sólo son dos ejemplos de esas “comunidades en resistencia” que durante años han sufrido los ataques de ambas partes en el conflicto simplemente por defender su derecho como civiles a no tomar parte en el conflicto.

“Las comunidades de indígenas, campesinos y afrodescendientes están entre las más afectadas por el conflicto –manifestó Marcelo Pollack, investigador de Amnistía Internacional sobre Colombia–. Para algunas, los ataques tienen como fin atemorizar a otras comunidades para disuadirlas de organizarse o castigar a quienes ya han tomado una postura, mientras que en otros casos, el objetivo de los ataques es conseguir que esas comunidades se desplacen de unos terrenos ricos en recursos naturales o de importancia estratégica para uno u otro bando.”

“El conflicto de Colombia, que dura ya 40 años, es el relato de incontables comunidades destruidas y tragedias humanas –afirmó Marcelo Pollack–. Las fuerzas de seguridad y paramilitares y los grupos guerrilleros deberían respetar y no castigar a quienes defienden su derecho a no participar en un conflicto.”

El conflicto de Colombia ha dejado comunidades enteras aisladas y a sus habitantes atrapados, sin poder acceder a alimentos ni medicamentos debido a los combates o a las restricciones de transporte que les han impuesto las partes en conflicto, que a menudo aducen que las mercancías iban destinadas a sus enemigos.

Entre tres y cuatro millones de personas se han visto forzosamente desplazadas por la violencia en Colombia; han tenido que dejar sus casas debido a las amenazas de las partes en conflicto. Esta cifra de desplazamientos forzosos sitúa a Colombia en segundo lugar después de Sudán.

Las comunidades afrodescendientes de las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó han establecido Zonas Humanitarias en el lugar para tratar de proteger a sus habitantes de los ataques y sus tierras frente a las invasivas e ilegales plantaciones de aceite de palma, así como para transmitir a las partes en conflicto el potente mensaje de que deben respetarse sus derechos como civiles.

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó se constituyó en 1997 y desde entonces se ha comprometido a no participar en el conflicto ni ha dejarse involucrar en él. Sus miembros se niegan a portar armas y a facilitar información o apoyo logístico a cualquiera de las partes en conflicto. Las fuerzas de seguridad y paramilitares siguen sosteniendo que es una comunidad subversiva, mientras que los grupos guerrilleros la acusan de ponerse de parte de sus enemigos.

Desde el establecimiento de esta Comunidad de Paz se ha dado muerte o sometido a desaparición forzada a más de 170 de sus miembros. La semana pasada, la Comunidad de Paz conmemoró el cuarto aniversario del homicidio de ocho de sus miembros el 21 de febrero de 2005. Las investigaciones judiciales han implicado a miembros de las fuerzas de seguridad y paramilitares en la masacre.

Amnistía Internacional pide a las autoridades colombianas que investiguen y lleven ante la justicia a todos los autores de abusos contra los derechos humanos de los miembros de estas “comunidades en resistencia”, y les pide asimismo que adopten con carácter urgente todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad como las propias comunidades crean conveniente.

Todas las partes en conflicto deben respetar también el derecho a la vida de estas comunidades y de cualquier otra comunidad de civiles, y garantizar que no son arrastradas a participar en el conflicto.

Si desean copia de la petición de Amnistía Internacional en favor de las comunidades de Curvaradó, Jiguamiandó y San José de Apartadó, visiten www.amnesty.org.

 

Region Americas
Country Colombia
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