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26 January 2009

Camboya: Cientos de personas se quedan sin hogar tras desalojo forzoso

Las autoridades camboyanas deben abstenerse de negar a las personas el derecho a la vivienda y deben garantizar restitución y una indemnización adecuada a las más de 150 familias pobres que fueron desalojadas a la fuerza del centro urbano de Phnom Penh el fin de semana pasado, ha manifestado Amnistía Internacional hoy, 26 de enero.

La madrugada del 24 de enero de 2009, las fuerzas de seguridad camboyanas y los obreros encargados de la demolición desalojaron forzosamente a 152 familias de la comunidad de Dey Kraham, dejando sin hogar a la inmensa mayoría. Hacia las tres de la madrugada, unos 250 agentes de policía civil y militar y trabajadores contratados por la empresa que reclama la propiedad de la tierra bloquearon el acceso a la comunidad antes de dispersar a la población con gas lacrimógeno y amenazas de violencia. A las seis de la mañana entraron las excavadoras y allanaron el terreno. Algunas de las familias no pudieron retirar sus enseres antes de la demolición de sus viviendas. Funcionarios del ayuntamiento de Phnom Penh estuvieron presentes en la destrucción.

“La tarea más urgente que se le presenta ahora al gobierno es abordar de inmediato las necesidades humanitarias de estas personas, que han perdido su hogar y se enfrentan a una carestía inminente de agua y alimentos –afirmó Brittis Edman, investigadora de Amnistía Internacional sobre Camboya–. Además, van a necesitar ayuda durante bastante tiempo.”

Camboya es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y tiene la obligación de proteger a la población frente a los desalojos forzosos. Los acontecimientos del sábado demuestran con demasiada claridad el escaso respeto que esta obligación merece a las autoridades.

El municipio de Phnom Penh ha proporcionado refugio a menos de 30 de las 152 familias en un lugar de reasentamiento ubicado en la comuna de Cham Chao, distrito de Dangkor, a unos 16 kilómetros del centro urbano. La mayoría de las restantes estructuras en aquel emplazamiento están aún en construcción y no tienen tejado. No hay agua potable ni tampoco electricidad, alcantarillado o servicios básicos. La mayoría de la comunidad afectada se había negado anteriormente a su reasentamiento allí porque el lugar estaba demasiado lejos de Phnom Penh, donde casi todos sus miembros trabajan como vendedores ambulantes.

Después de tener lugar el desalojo forzoso, la comunidad de Dey Kraham ha sido informada de que la empresa que presuntamente ha adquirido esas tierras ha retirado las ofertas de indemnización que hizo anteriormente, por lo que familias que han vivido sumidas en la incertidumbre y la inseguridad durante más de dos años ahora tendrán que reconstruir sus vidas partiendo de cero.

Representantes de las autoridades locales vendieron el terreno a la empresa 7NG en 2005 sin el conocimiento, la participación y la consulta de la comunidad afectada. Unas 300 familias fueron coaccionadas para trasladarse con amenazas, hostigamiento e intimidación, mientras que 152 familias siguieron cuestionando la validez de la venta y se negaron a entregar la tierra sin recibir una indemnización.

Poco más de una semana antes del desalojo, la comunidad afectada dijo a las autoridades y a la empresa que estaba dispuesta a trasladarse si recibía una indemnización adecuada por los terrenos, en los que muchos de sus miembros habían vivido sin objeciones durante décadas y sobre los cuales ejercen una firme reivindicación en virtud de la Ley de Tierras de 2001. La empresa elevó entonces la cantidad ofrecida, pero ambas partes todavía no habían llegado a un acuerdo.

“Es indignante que las autoridades camboyanas hayan seguido adelante con el desalojo forzoso cuando se estaba avanzando hacia un acuerdo. Ahora cientos de niños, niñas, mujeres y hombres se han quedado sin hogar” afirmó Edman.

Información complementaria

El desalojo forzoso constituye una de las violaciones de derechos humanos más extendida en Camboya, y los afectados son casi exclusivamente personas marginadas que viven en la pobreza, tanto en zonas urbanas como rurales. En 2008, medios de comunicación y organizaciones locales informaron de al menos 27 desalojos forzosos que habían afectado a más de 20.000 personas.

Cientos de activistas en pro del derecho a la tierra se enfrentan a cargos falsos y varias decenas están en la cárcel, mientras que la población rica y poderosa abusa cada vez más del sistema de justicia penal para adquirir tierras y desalojar a quienes las habitan. Al menos nueve representantes de la comunidad de Dey Kraham han sido acusados de delitos como consecuencia de su labor pacífica de defensa de su derecho a la vivienda.
 
Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Camboya tiene la obligación de garantizar, con anterioridad a cualquier desalojo previsto, que se han estudiado todas las alternativas posibles en consulta con las personas afectadas por él. Únicamente pueden llevarse a cabo desalojos de conformidad con la legislación y con las normas internacionales, lo que incluye consultar genuinamente a las personas afectadas, avisar e informar debidamente sobre el desalojo previsto y disponer recursos legales para los afectados. El desalojo podrá llevarse a cabo sólo si no deje a personas sin hogar o expuestas a violaciones de otros derechos humanos.

En mayo de 2009, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estudiará el primer informe de Camboya sobre su cumplimiento del tratado, que el país ha entregado con bastante retraso.

Region Asia And The Pacific
Country Cambodia
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