Annual Report 2013
The state of the world's human rights

5 December 2008

Después de 26 años, sin justicia para las víctimas de la masacre de Guatemala

Después de 26 años, sin justicia para las víctimas de la masacre de Guatemala
El 5 de diciembre de 1982, un escuadrón de las “fuerzas especiales” del ejército guatemalteco entró en el poblado de Dos Erres, La Libertad, en el departamento septentrional de Petén. Cuando, tres días después, se marchó, más de 250 hombres, mujeres, niños y niñas habían sido masacrados.

A las mujeres y a las niñas las violaron en grupo antes de matarlas. Muchos de los cadáveres fueron arrojados al pozo del poblado, y otros fueron abandonados en los bosques cercanos. El poblado fue arrasado por completo.

Veintiséis años después, quienes ejecutaron y planearon la masacre siguen sin ser condenados. El caso se ha visto paralizado en los tribunales nacionales por las constantes apelaciones, y no da señales de progresar.

El viernes 5 de diciembre, en la ciudad de Guatemala, familiares de las víctimas y miembros de la Asociación de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) organizaron una protesta ante la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público para pedir justicia.

Amnistía Internacional entrevistó en 1997 a un testigo que estaba oculto y obtuvo una copia de otra declaración previa al juicio. Ambos decían que un alto mando de los servicios de inteligencia del ejército de la base militar de Santa Elena había ordenado la masacre, al parecer para encubrir la violación de una mujer del poblado, perpetrada ese mismo día por otro militar.

Los testigos describían lo sucedido del siguiente modo:
En cuanto a los hechos de la masacre, después de la reunión que sostuvieron los oficiales y en la cual se decidió dar muerte a todos los habitantes del caserío, a eso de las catorce horas se inició la ejecución. Se principió con un niño de tres o cuatro meses, se tiró vivo dentro del pozo, así se continuó con todos los niños.

Los adultos todavía se encontraban encerrados en la iglesia evangélica, gente que se encomendaba a Dios. Dentro de las mujeres, había niñas de catorce y trece años, los subinstructores procedieron a violarlas.

Las paraban en la orilla del pozo y les daban un garrotazo y se iban al mismo, así se procedió con hombres y ancianos.
.

En abril de 2000, el gobierno guatemalteco anunció un “acuerdo de solución amistosa” con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Uno de sus elementos principales era el compromiso del Estado guatemalteco de llevar a cabo una investigación para llevar ante la justicia tanto a los autores materiales de la masacre como a quienes la habían planeado y ordenado.

En julio de 2008, ante la ausencia de progresos en la investigación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos remitió de nuevo el caso a la Corte Interamericana.

La Comisión ha pedido que se ordene al Estado de Guatemala que lleve a cabo una investigación exhaustiva, imparcial y efectiva sobre la masacre, con el fin de procesar a quienes la perpetraron y quienes la ordenaron. También ha pedido que se ordene al Estado que elimine todos los obstáculos jurídicos que han impedido que el caso llegue a su conclusión en los tribunales. La Corte Interamericana está estudiando en estos momentos las peticiones de la Comisión.

El caso se inició en Guatemala en 1994, y fue presentado inicialmente ante la Comisión Interamericana por FAMDEGUA en 1996.

En una respuesta a la Comisión en 1997, el gobierno del presidente Arzú reconoció que era imposible negar lo que había sucedido en Dos Erres, que un sistema legal no podía tolerar ni encubrir actos contrarios a la justicia y que la ley debía imponerse sin distinción alguna a los responsables de tales actos.

El “acuerdo de solución amistosa” establecido en abril de 2000 debía incluir verdad, justicia y reparación. La “verdad” requería una disculpa del Estado, y el Estado estaba obligado a garantizar la “justicia” dentro de los términos del acuerdo, en un plazo especificado. La “reparación” significaba una compensación económica y moral: para Dos Erres, un monumento a las personas fallecidas y un vídeo sobre la masacre que se presentaría en todo el país, y, para los testigos y supervivientes, ayuda psiquiátrica.

En agosto de 2002, el sucesor de Arzú, el presidente Portillo, asumió públicamente la responsabilidad por las muertes de Dos Erres, y aseguró que las familias de las víctimas recibirían compensación.

En mayo de 2001 se había anunciado un acuerdo de compensación, pero no fue hasta diciembre de 2001, 19 años después de la masacre, cuando el gobierno pagó 14 millones de quetzales a las familias de las víctimas. Las familias agradecieron la indemnización, pero siguieron insistiendo en que los responsables debían ser procesados.

Desde que se inició oficialmente en Guatemala, en 1994, la investigación sobre la masacre, la defensa ha presentado al menos 30 apelaciones, y ha solicitado otros remedios judiciales en aproximadamente 49 ocasiones. De hecho, la investigación lleva ya abierta casi 15 años sin que se haya obtenido ni una sola condena.

“El hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya remitido el caso de Dos Erres de vuelta a la Corte Interamericana es testimonio de la evidente falta de voluntad política de hacer rendir cuentas a nadie por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años del conflicto armado interno de Guatemala”, ha manifestado Kerrie Howard, directora adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.

“Veintiséis años después de la masacre, y casi 60 años después de que Guatemala firmara la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, los supervivientes de la masacre de Dos Erres y los familiares de quienes murieron en ella siguen sin ver comparecer a nadie ante la justicia por estos atroces crímenes”, ha manifestado Kerrie Howard.

Issue

Armed Groups 
Children 
Crimes Against Humanity And War Crimes 
Extrajudicial Executions And Other Unlawful Killings 
Trials And Legal Systems 
Women 

Country

Guatemala 

Region

Americas 

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