Annual Report 2013
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21 November 2008

República Democrática del Congo: Crisis en Kivu Septentrional

¿ Qué esta ocurriendo exáctamente en Kivu  Septentrional?

A finales de octubre de 2008, el grupo armado de oposición Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) lanzó una importante ofensiva contra posiciones de las fuerzas armadas gubernamentales en la provincia de Kivu Septentrional. En cuestión de días las fuerzas gubernamentales prácticamente se desmoronaron. El CNDP tomó la importante ciudad de Rutshuru y avanzó hasta el extrarradio de Goma, capital de la provincia y uno de los núcleos de población más importantes de la República Democrática del Congo.

El 29 de octubre, cuando sus fuerzas se encontraban a unos 15 kilómetros de Goma, el CNDP declaró el cese unilateral de las hostilidades. Por su parte, ni el gobierno y ni otros grupos armados que suelen apoyarlo han hecho anuncios similares.

Los enfrentamientos entre el CNDP y las fuerzas progubernamentales han continuado en algunos frentes, aunque no en el de Goma. Goma está bajo el control militar efectivo de las fuerzas de la ONU para el mantenimiento de la paz, la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo (MONUC), que se han comprometido a defender la ciudad frente a los ataques de los grupos armados. Los combates amenazan con extenderse.


¿Quiénes son los principales actores?

El CNDP (Congrès National pour la Défense du Peuple / Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo) es un grupo armado y organización político-militar dirigido por Laurent Nkunda, general tutsi renegado. Se calcula que cuenta con entre 4.000 y 6.000 efectivos. Laurent Nkunda afirma que combate para proteger a su comunidad tutsi frente a los ataques del grupo armado ruandés Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), un grupo de etnia hutu que huyó a la República Democrática del Congo tras el genocidio que tuvo lugar en Ruanda en 1994. La comunidad tutsi de la zona oriental de la República Democrática del Congo tiene importantes vínculos étnicos, culturales, políticos y comerciales con la vecina Ruanda y, en un menor grado, con Uganda. Según los informes, parte de los integrantes del CNDP proceden de esos países.


Las FARDC (Forces Armées de la Republique du Congo / Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo) son las fuerzas armadas nacionales; se calcula que cuentan con 20.000 efectivos en la provincia, pero en la actualidad están sumidos en el caos. Tras el desmoronamiento de la disciplina en las FARDC se han cometido abusos generalizados contra los derechos humanos.

Los mayi-mayi son las milicias partidarias del gobierno; la mayoría están agrupadas en una coalición político-militar conocida como PARECO (Patriotes Résistants Congolais / Coalición de Resistencia Patriota Congoleña). En ausencia de las FARDC, se han convertido en la principal fuerza combatiente contra el CNDP.

Las FDLR (Forces Démocratiques de Liberation du Rwanda / Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda) cuentan con varios miles de efectivos, principalmente insurgentes ruandeses de etnia hutu que se encuentran en la zona oriental de la República Democrática del Congo desde su retirada de Ruanda en 1994. Entre sus miembros hay antiguos integrantes de las milicias interahamwe y de las anteriores fuerzas armadas ruandesas responsables del genocidio cometido en Ruanda.

Todas estas fuerzas han sido responsables de graves abusos y violaciones de derechos humanos en la República Democrática del Congo. Para más información, véase el informe República Democrática del Congo. Kivu Septentrional: guerra sin fin contra las mujeres y los menores (Índice AI: AFR 62/005/2008), de septiembre de 2008.

Las fuerzas de mantenimiento de la paz de la MONUC cuentan con unos 17.000 efectivos, de los que más del 90 por ciento están desplegados en la zona oriental. En la actualidad, la Brigada de Kivu Septentrional cuenta con entre 5.000 y 6.000 efectivos diseminados por 34 emplazamientos; en torno a 1.500 están desplegados en Goma. Cuenta con un firme mandato en virtud del Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, que la autoriza a utilizar “todos los medios necesarios” –incluidos medios letales– para proteger a la población civil y al personal de ayuda humanitaria que se encuentren en peligro inminente de sufrir violencia física. El mandato de protección incluye la capacidad de anticiparse e “Impedir todo intento de cualquier grupo armado, extranjero o congoleño, de emplear la fuerza para poner en peligro el proceso político, especialmente en la parte oriental de la República Democrática del Congo, incluso utilizando tácticas de acordonamiento y registro para evitar ataques contra civiles y desbaratar la capacidad militar de los grupos armados ilegales que siguen recurriendo a la violencia en esas zonas” (Resolución 1756del Consejo de Seguridad de la ONU).


¿Cuál es la gravedad de la situación? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir?

Según algunas opiniones, la República Democrática del Congo corre peligro de caer de nuevo en una situación similar a los devastadores y encarnizados conflictos internacionales que se prolongaron desde 1996 hasta 2003.

Laurent Nkunda ha jurado llevar su guerra a Kinshasa si el gobierno de la República Democrática del Congo no negocia directamente con él, algo que el gobierno se niega a hacer. A menos que consiga formar una alianza militar mucho más amplia, es poco probable que Nkunda logre lo que se propone. Algunos indicios apuntan a que en Ituri y Kivu Meridional existen vínculos entre sus fuerzas rebeldes y otros grupos armados más pequeños. Nada parece indicar que Ruanda y Uganda, principales partes beligerantes en la guerra librada entre 1996 y 2003, estén dispuestos a intervención militar directa.

Sin embargo, la situación es tan tensa que cualquier incidente podría desencadenar una violencia mucho mayor. La proximidad de los combates a la frontera con Ruanda ha hecho que ya se hayan producido intercambios limitados de disparos entre ambos lados de la frontera. Informes sin confirmar coinciden en que hay tropas de Angola, Zimbabue y Ruanda en los frentes.

Con el desmoronamiento casi total de las fuerzas armadas nacionales (FARDC), la posición del presidente Kabila y de su gobierno se ha debilitado considerablemente, tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Esto podría desencadenar un mayor malestar social o hacer que aumente la disidencia militar en el país, lo que fácilmente podría desembocar en violencia política en toda la República Democrática del Congo.


¿No había un proceso de paz? ¿Qué salió mal?

El conflicto actual es la fase más reciente de los enfrentamientos que comenzaron en Kivu Septentrional en agosto de 2007, tras el fracaso del plan que pretendía integrar las fuerzas de Nkunda en las fuerzas armadas nacionales. En un intento de poner fin a los combates, la comunidad internacional (la Unión Europea, la Unión Africana, Estados Unidos y la ONU) puso en marcha dos importantes iniciativas, al reconocer que existía la posibilidad de que se produjese otro grave recrudecimiento del conflicto en la región.

La primera iniciativa consistió en una reunión de los gobiernos de Ruanda y la República Democrática del Congo, que se celebró en Nairobi en noviembre de 2007 y finalizó con un “comunicado conjunto” en el que ambos gobiernos acordaron no apoyar a grupos armados que actuasen en la República Democrática del Congo, impedir el movimiento transfronterizo ilícito de armas y soldados y no difundir propaganda negativa mutua. Un componente clave de este acuerdo fue el compromiso del gobierno de la República Democrática del Congo de desmantelar “con carácter de urgencia” las FDLR en el este del país, recurriendo a la fuerza en caso necesario.

Posteriormente, en enero de 2008, se celebró en Goma una conferencia de paz en la que participaron el gobierno y grupos armados congoleños como el CNDP, pero en la que no estuvieron las FDLR. De la conferencia surgieron “Actas de Compromiso” (una para Kivu Septentrional y otra para Kivu Meridional) en las que todas las partes acordaban el cese inmediato de las hostilidades y los grupos armados se comprometían a poner fin a todas las violaciones del derecho internacional humanitario. A cambio, el gobierno ofreció una amnistía por los “actos de guerra” cometidos por combatientes de grupos armados, de la que quedaron excluidos los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad

En virtud del acuerdo de paz, todas las partes debían haber procedido rápidamente a la retirada de sus fuerzas, después al desarme de los combatientes de los grupos armados y posteriormente a su desmovilización o su integración en las fuerzas armadas nacionales. Sin embargo, resultó crucial el hecho de que los tipos de desarme quedaron en manos de una comisión técnica cuya labor, en medio de disputas políticas, nunca llegó a comenzar realmente. En abril de 2008, el CNDP se retiró del proceso. El plan para la retirada de fuerzas también empezó a perder impulso, y el cese de hostilidades se incumplía a diario. diariamente

Un importante impedimento para el avance del proceso de paz fue la ausencia de progresos en el desmantelamiento de las FDLR. En mayo de 2008, el gobierno de la República Democrática del Congo y la ONU organizaron en Kinsagani negociaciones con dirigentes de las FDLR, que finalizaron con la denominada “hoja de ruta hacia el desarme de las FDLR”. Sin embargo, los representantes de las FDLR apenas asistieron a las negociaciones, cuyo resultado fue que sólo unos centenares de combatientes depusieron las armas y se entregaron para ser repatriados a Ruanda. En un determinado momento parecía probable que se produjese una ofensiva militar del gobierno contra las FDLR, pero finalmente no se materializó, al empeorar las relaciones entre el gobierno y el CNDP.

El fracaso a la hora de abordar la cuestión de las FDLR ha servido de motivo para que el CNDP y Ruanda afirmen que ni el gobierno ni la comunidad internacional han tomado medidas para proteger a la comunidad tutsi de la República Democrática del Congo. Las FDLR han manifestado anteriormente que estaban dispuestas al desarme y la repatriación a Ruanda, pero con la condición de que se entable un diálogo político con el gobierno ruandés, algo que Kigali se niega a aceptar.

Al CNDP también le molestó la evidente utilización que hizo el gobierno de los múltiples partidos mayi-mayi que participaron en el acuerdo de paz, con el fin de menguar la influencia y la función del CNDP en dicho acuerdo. El CNDP considera que es la principal fuerza de oposición político-militar en la provincia, y fue adoptando gradualmente una nueva postura al exigir negociaciones directas con Kinshasa, que, a su vez, el gobierno de la República Democrática del Congo ha rechazado.

Sin embargo, lo que se oculta tras todo esto es el fracaso nacional e internacional a la hora de abordar las causas subyacentes al conflicto, como, por ejemplo, la cuestión del control de los recursos naturales en Kivu Septentrional.

La mayor parte de los minerales extraídos en Kivu Septentrional se localizan en el territorio de Walikale, en el oeste de la provincia, una zona que de momento no se ha visto afectada por el conflicto. Al menos una parte de esos minerales se transportan hacia Ruanda a través de Goma. El sector minero de Walikale queda al margen del control efectivo del Estado y muchas minas de están bajo el control real fuerzas o grupos armados, como las FDLR, que no se ha integrado en las fuerzas armadas nacionales. Según informes, aunque de forma velada, personalidades destacadas de los círculos gubernamentales y empresarios congoleños de etnia tutsi tienen intereses comerciales en esas minas. Se rumorea que son esos empresarios congoleños quienes respaldan económicamente la rebelión de Nkunda.

A comienzos de 2008, el gobierno de la República Democrática del Congo firmó con un grupo de empresas chinas contratos por valor de miles de millones de dólares, otorgando así a esas empresas importantes derechos de explotación minera en el país a cambio de inversiones en proyectos de infraestructuras. Más o menos en la misma época, el gobierno pasó a ejercer un mayor control sobre las minas de Walikale. Estos hechos crearon alarma entre quienes tenían intereses en el comercio minero no regulado existente en Walikale y pueden ser una de las causas fundamentales del enfrentamiento. Según informes, una de las exigencias de Laurent Nkunda es la renegociación de los contratos con China.

¿Qué papel desempeña Ruanda en la crisis actual?

Ruanda niega toda participación en el conflicto y hasta ahora ha reaccionado con frialdad a las iniciativas diplomáticas internacionales encaminadas a resolver la crisis, afirmando que no tiene influencia ni en la situación ni en el CNDP, algo que Amnistía Internacional considera que indudablemente no es así. Los esfuerzos diplomáticos dieron lugar a un diálogo directo entre Kinshasa y Kigali.

El 10 de octubre de 2008, las fuerzas armadas de la República Democrática del Congo mostraron material y efectos personales, recuperados de cadáveres de fuerzas enemigas cerca de Goma, que, según afirmaron, eran una prueba de la presencia de soldados ruandeses en Kivu Septentrional y del apoyo militar directo de Ruanda a las fuerzas de Nkunda. Entre el material había embalajes de armas con la insignia de Ruanda, documentación militar ruandesa, uniformes y dinero. Sin embargo, los objetos no ofrecían pruebas irrefutables de presencia militar ruandesa ni de apoyo directo del gobierno de Ruanda al CNDP.

¿Integran las fuerzas armadas congoleñas y las FDLR una alianza militar?

Esta es una acusación que el CNDP y Ruanda lanzan con regularidad. Basándose en la información recogida sobre el terreno, Amnistía Internacional tiene constancia de que en determinadas zonas de Kivu Septentrional existe como mínimo colaboración básica entre las FDLR y unidades y jefes de las FARDC. La principal razón de esta colaboración es el interés económico (por ejemplo, el tráfico de cannabis en el territorio de Lubero). No hay pruebas de una alianza estratégica o de mando entre las FARDC y las FDLR, aunque los informes acerca de las acciones militares conjuntas de los mayi-mayi y las FDLR pueden indicar que existe organización, o un cierto grado de implicación, por parte del gobierno de Kinshasa.
 

¿Cómo ha repercutido la crisis en los derechos humanos?

Según los informes, en toda la provincia se han producido violaciones de derechos humanos cometidas por todas las fuerzas combatientes, como constante reclutamiento forzado de niños y niñas, violaciones, homicidios deliberados de civiles y numerosos saqueos (más información a continuación).

Amnistía Internacional ha recibido los siguientes informes concretos, a los que cada día se suman otros. Dado lo caótico de la situación en la provincia, algunos informes no se pueden corroborar o confirmar de forma inmediata.

  • informes de violaciones y homicidios cometidos el 8 y el 9 de noviembre de 2008 en los alrededores de Ngungu, durante enfrentamientos entre fuerzas del CNDP y la PARECO;
  • informes de constante, y en algunos casos sistemático, reclutamiento forzado de niños y niñas por parte de grupos armados en los territorios de Rutshuru y Masisi;
  • informes de saqueos generalizados y ataques a civiles por parte de elementos de las FARDC que tuvieron lugar el 10 de noviembre en Kanyabayonga;
  • homicidios deliberados de hombres civiles en Kiwanja, al norte de Rutshuru, por parte de fuerzas del CNDP en la noche del 5 al 6 de noviembre, tras los combates para lograr el control de la ciudad que se produjeron el 5 de noviembre entre fuerzas del CNDP y los mayi-mayi . Estos informes ya se han confirmado en su mayor parte y la División de Derechos Humanos de la MONUC está llevando a cabo una investigación;
  • homicidios y otras violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de las FARDC mientras se batían en retirada a través de Goma la noche del 29 al 30 de octubre.

Hasta el momento la violencia ha causado el desplazamiento de aproximadamente 250.000 personas, lo que ha elevado el número total de desplazados internos en la provincia, a raíz de este estallido del conflicto y de otros anteriores, a no menos de 1,2 millones de personas. La mayoría viven en condiciones lamentables en campos de desplazados ubicados en la estrecha franja de territorio en torno a Goma. La ayuda destinada a estas personas está aumentando gradualmente, pero no es suficiente.

En la mayor parte de la provincia, en zonas controladas por grupos armados o en las que los organismos de ayuda humanitaria no pueden entrar debido a la inseguridad, hay decenas de miles de personas desplazadas de las que no se tienen noticias y que están viviendo sin ningún tipo de asistencia organizada. Unas 10.000 han cruzado la frontera con Uganda. Muchas de ellas ya vivían en campos para personas desplazadas en torno a la ciudad de Rutshuru que quedaron arrasados durante enfrentamientos que se produjeron en circunstancias aún sin aclarar.


¿Se están cometiendo crímenes de guerra en Kiwanja?

Sí. La información de que dispone Amnistía Internacional y los informes de otras organizaciones indican que en Kiwanja se han cometido crímenes de guerra.

El 6 de noviembre, Amnistía Internacional contactó en Kiwanja con un testigo que contó cómo combatientes del CNPD habían ido casa por casa –especialmente en el barrio de Mabongo II, donde reside un gran número de hutus– buscando a personas de las que sospechaban que podían pertenecer a los mayi-mayi o apoyar a este grupo.

Según el testigo, los combatientes del CNDP sacaron de sus casas a un gran número de hombres, en su mayoría entre los 18 y los 30 años de edad, “padres jóvenes y recién casados”, y los mataron a tiros o a cuchilladas.

Según los informes, los combatientes mayi-mayi también mataron a unas seis personas y cometieron otros abusos contra civiles en Kiwanja y sus alrededores durante los combates que tuvieron lugar con anterioridad. Hasta este momento se ha enterrado a 72 personas en la ciudad, y es probable que la cifra de muertos aumente. Aunque algunas de estas personas murieron a consecuencia del fuego cruzado durante los enfrentamientos, muchas fueron víctimas de homicidios ilegales.

Según los informes, los efectivos de la MONUC encargados del mantenimiento de la paz presentes en Kiwanja, si bien hicieron lo posible por proteger a los miles de civiles que buscaron refugio en la base de la MONUC, no intervinieron para detener los homicidios del CNDP, aunque al parecer la búsqueda casa por casa se prolongó durante varias horas hasta que un coronel del CNDP ordenó el fin de la operación en la mañana del 6 de noviembre.

¿Cómo están gestionando la crisis las fuerzas de la ONU (MONUC)?

La MONUC está intentando contener la crisis en Kivu Septentrional así como el deterioro de la situación en los distritos de Haut-Uélé e Ituri de la Provincia Oriental. La fuerza de la ONU se halla bajo una presión enorme.

La credibilidad de la MONUC entre los congoleños de a pie es en estos momentos particularmente baja. La caída de Rutshuru, que la MONUC se había comprometido a defender, seguida de los homicidios en Kiwanja, que las tropas de la MONUC no hicieron nada por impedir, han perjudicado aún más su reputación. Se han producido manifestaciones populares contra las fuerzas de la ONU, algunas de ellas violentas.

Sin embargo, la situación en la República Democrática del Congo sería mucho peor sin la presencia de la MONUC. Las fuerzas de la ONU intervienen diariamente para proteger a la población civil, y los escasos progresos realizados en el país para mejorar la seguridad y la estabilidad tras el conflicto de 1998-2003 –progresos que los enfrentamientos actuales amenazan con destruir– se deben en gran medida a la MONUC.

La MONUC se ha visto perjudicada por un mandato discutible que incluye, como principal prioridad, proteger a la población civil actuando con neutralidad, pero también apoyar a las Fuerzas Armadas de la República Democrática del Congo (FARDC) en las operaciones militares contra los grupos armados en el este del país. Las FARDC han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y, en general, son una fuerza militar poco profesional, corrupta y mal comandada. Esta doble función ha motivado que el CNDP haya acusado a la MONUC de no ser una fuerza neutral.

La MONUC se encuentra, según su propia valoración, “al límite de su capacidad” y sin reservas. El 3 de octubre, Alan Doss, representante especial del secretario general de la ONU para la República Democrática del Congo y jefe de la MONUC, pidió al Consejo de Seguridad el envío de dos batallones de infantería, dos unidades de policía, dos compañías de fuerzas especiales, así como aeronaves, equipos de ingeniería militar y medios para recopilar información. El representante calificó estos refuerzos como “el mínimo incuestionable” necesario. El 20 de noviembre, el Consejo de Seguridad de la ONU autorizó por fin, mediante la Resolución 1843, un aumento temporal de la dotación militar de la MONUC con un “máximo de 2.785 efectivos y de la dotación de sus unidades de policía constituidas de un máximo de 300 agentes”. Se espera que el despliegue tarde en producirse semanas, si no meses.

La Unión Europea (UE) ha recibido presiones para desplegar una fuerza militar “provisional” con el fin de prestar apoyo a la MONUC y darle tiempo para reagruparse.

Amnistía Internacional insta a que se ejecute rápidamente la Resolución 1843. La MONUC necesita recibir refuerzos con carácter de urgencia, para que pueda ofrecer la máxima protección posible a la población civil y abrir corredores seguros por los que pueda transitar la ayuda humanitaria. Es posible que el envío de refuerzos deba ir acompañado del fortalecimiento y la clarificación del mandato de la MONUC, de modo que se incremente su capacidad para proteger a la población civil y facilitar el acceso a la ayuda (aunque no la preste directamente) y, posiblemente, para desligar con mayor nitidez a la MONUC de las FARDC.

¿Cuáles son los motivos de preocupación inmediatos y las recomendaciones de Amnistía Internacional?

En este momento, la prioridad es el refuerzo de la protección a la población civil y de la ayuda humanitaria en Kivu Septentrional.

En consecuencia, nuestro objetivo inmediato es conseguir que la comunidad internacional, a través del Consejo de Seguridad de la ONU, preste una protección efectiva a la población civil del modo siguiente:

  •  reforzando la MONUC con las tropas adicionales, el personal y los equipos especializados que necesita, para permitirle proteger mejor a la población civil;
  •  mediante el establecimiento por parte de la MONUC de corredores seguros para el tránsito de la ayuda humanitaria a través de Kivu Septentrional;
  • ejerciendo una presión internacional concertada sobre los grupos armados y los Estados que tienen influencia sobre ellos, especialmente Ruanda y la República Democrática del Congo, para que pongan fin a todos los abusos contra la población civil, y sobre el gobierno de la República Democrática del Congo en especial para que garantice que las fuerzas armadas congoleñas dejan de cometer violaciones de derechos humanos.

A más largo plazo, esta fase de protección urgente debe ir seguida de un esfuerzo internacional para abordar las raíces de esta crisis de una vez por todas y poner fin a las arraigadas violaciones de derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo.

¿Qué debe hacer el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para abordar la crisis?

El Consejo de Derechos Humanos debe celebrar una sesión especial sobre la “situación de los derechos humanos en el este de la República Democrática del Congo”. Junto a la organización Human Rights Watch y más de 40 ONG activas en África, Amnistía Internacional ha enviado una carta al presidente del Consejo de Derechos Humanos pidiendo que este órgano dedique una sesión especial a promover medidas efectivas para proteger a los miles de civiles que sufren y se encuentran en situación de riesgo en la región.

El Consejo de Derechos Humanos debe enviar un mensaje enérgico al Consejo de Seguridad dejando constancia de su preocupación extrema ante la situación en el este de la República Democrática del Congo e instándolo a adoptar todas las medidas adicionales que sean necesarias para proteger a la población civil. El Consejo de Derechos Humanos también debe nombrar a un experto independiente (enviado/relator especial) para el este de la República Democrática del Congo, con el fin de que informe sobre las dimensiones de derechos humanos de la crisis y recomiende medidas para responder a ella. La persona que ocupe el puesto de experto independiente no debe limitarse a informar sólo al Consejo de Derechos Humanos.


¿Qué condiciones cree Amnistía Internacional que deben darse para que el conflicto pueda resolverse de forma duradera?

Es necesario que la gran atención con la que la comunidad internacional está siguiendo la situación en el este de la República Democrática del Congo se traduzca en acciones para abordar las causas subyacentes de la crisis, que en los últimos 10 años, e incluso antes, han quedado de manifiesto. No se ha emprendido ningún esfuerzo diplomático concertado para resolver los factores que alimentaron los conflictos de 1996-2003 y que convirtieron a Kivu Septentrional, y en menor medida Kivu Meridional e Ituri, en focos de rebelión.

Gran parte de la responsabilidad de esta situación puede atribuirse al gobierno de la República Democrática del Congo, que no ha emprendido una reforma significativa de sus sectores minero, de justicia y de seguridad. También los donantes internacionales, que no han insistido para que se realizaran esas reformas, deben asumir su responsabilidad. Asimismo, se debe presionar a los Estados vecinos para que se impliquen en la búsqueda de soluciones duraderas al problema de la presencia continuada de grupos armados extranjeros en el este de la República del Congo.

  • Con el fin de ofrecer una solución a largo plazo para el conflicto, la comunidad internacional y el gobierno de la República Democrática del Congo deben:
  • establecer medias efectivas para desarmar, desmovilizar y reintegrar o repatriar a los combatientes de los grupos armados;
  • poner fin a la proliferación de armas;
  • impedir la violencia sexual de un modo más efectivo, promover la participación de las mujeres en las iniciativas de paz y hacer de la protección a las mujeres uno de los objetivos clave de la misión de mantenimiento de la paz de la ONU;
  • poner fin a la impunidad mediante la reforma del sistema de justicia, estableciendo un mecanismo de justicia transicional adecuado que aborde las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde, por lo menos, 1993;
  • desarrollar la explotación transparente y responsable de los recursos naturales de la República del Congo;
  • garantizar la reconciliación efectiva de las comunidades divididas resolviendo, entre otros, los problemas de la propiedad de la tierra y del regreso de los refugiados congoleños de etnia tutsi;
  • garantizar la reforma efectiva de las fuerzas armadas y de la policía nacional, expulsando de sus filas a los presuntos autores de violaciones de derechos humanos, de modo que sean capaces de proteger a los civiles de todos los grupos étnicos de una forma profesional y con pleno respeto a los derechos humanos.
AI Index: PRE01/298/2008
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