El gobierno afgano debe anular inmediatamente las condenas a muerte impuestas a 111 personas que están en espera de la ejecución, ha declarado hoy (12 de noviembre de 2008) Amnistía Internacional, tras recibir informes sobre la ejecución de nueve personas desde la semana pasada, lo que podría indicar que van a producirse nuevas ejecuciones.

“El  repentino aumento de las ejecuciones constituye un serio motivo de preocupación, pues el sistema de justicia en ciernes de Afganistán es en gran medida incapaz de realizar juicios justos y con las debidas garantías —ha declarado Sam Zarifi, director del programa de Asia y Oceanía de Amnistía Internacional—. Las autoridades deben decretar una suspensión inmediata de todas las ejecuciones en Afganistán, con el fin de abolir el uso de este espantoso castigo.”

El presidente Hamid Karzai, que es quien firma las órdenes finales de ejecución, ha aprobado recientemente las condenas a muerte de al menos 111 personas. Muchos consideran que esta medida representa una iniciativa de Karzai para reforzar su popularidad entre los ciudadanos afganos, que se quejan cada vez más del aumento de la delincuencia y de la inacción del gobierno a la hora de imponer el Estado de derecho.

“No hay datos que demuestren que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio en la delincuencia en ningún país del mundo, y en concreto, en Afganistán —afirma Sam
Zarifi—. Si el presidente Karzai quiere transmitir un mensaje serio sobre poner fin a la delincuencia y ampliar el Estado de derecho, debería empezar ocupándose de los miembros de las altas esferas del gobierno que afrontan acusaciones creíbles de abusos graves contra los derechos humanos y de implicación en actividades delictivas, así como del gigantesco negocio de las drogas en Afganistán.”

Estas últimas ejecuciones son las primeras que se realizan en el país desde octubre de 2007, fecha en que fueron ejecutadas 15 personas.

Durante el régimen talibán, que finalizó en 2001, se hizo un uso amplio de la pena de muerte, pero tras su caída, el nuevo gobierno respetó una suspensión autoimpuesta de las ejecuciones que finalizó tres años después con la ejecución de Abdullah Shah, en abril de 2004. Según la legislación afgana, todas las condenas a la pena capital han de ser respaldadas por tres tribunales (uno de primera instancia, uno de apelación y el Tribunal Supremo) antes de ser remitidas al presidente, que es quien firma la orden de ejecución o indulta al condenado.

“Este podría ser sólo el comienzo de una campaña de algunas autoridades para reintroducir las políticas duras de los talibanes —dice Sam Zarifi—. El gobierno afgano tiene el derecho y la responsabilidad de llevar ante la justicia a los presuntos autores de delitos, pero para que prevalezca la justicia, las actuaciones deben respetar las normas internacionales básicas sobre imparcialidad y cumplir las normas de derechos humanos. La pena de muerte constituye el castigo cruel, inhumano y degradante por excelencia.”

En Afganistán, la pena de muerte se impone por delitos como el secuestro, el asesinato y la violación. Sin embargo, la mayoría de las actuaciones judiciales adolecen de graves irregularidades de fondo y procesales, como la no investigación adecuada de los casos por parte de la policía y del poder judicial, las injerencias políticas en los procesos de investigación y judiciales, y la imposibilidad para los detenidos de acceder a un abogado defensor.

El presidente Karzai ha afirmado recientemente, en un discurso público, que no va a ceder a la presión de la comunidad internacional y de las organizaciones de derechos humanos sobre su gobierno para que ponga fin al uso de la pena de muerte.

“Pedimos al presidente Karzai que reitere públicamente la promesa que hizo su jefe del Estado Mayor a Amnistía Internacional en 2003 de que se impondría una suspensión de las ejecuciones mientras se lleva a cabo la reforma judicial”, concluyó Sam Zarifi.