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El coste humano del conflicto armado en Filipinas

Habitantes de un pueblo de Cotabato del Norte huyen de la violencia

Habitantes de un pueblo de Cotabato del Norte huyen de la violencia

© Misioneros Oblatos de María Inmaculada (OMI)


29 October 2008

En agosto de 2008, Amnistía Internacional viajó hasta Mindanao para recabar información de primera mano sobre la última escalada de las hostilidades que se había producido en el sur de Filipinas.

Las conclusiones de la visita realizada a la zona aparecen recogidas en el informe publicado hoy, 29 de octubre, y titulado Shattered Peace in Mindanao: The Human Cost of Conflict in the Philippines, en el que se documentan las historias de hombres, mujeres, niños y niñas que se han visto afectados por la última escalada de violencia de un conflicto que dura ya 40 años.

Una investigadora de Amnistía Internacional, que viajó hasta Mindanao en agosto, recoge las reflexiones, sentimientos y experiencias de algunos civiles que han sobrevivido al conflicto. Un conflicto que, durante los últimos cuatro decenios, ha causado la muerte de unas 120.000 personas y el desplazamiento de más de dos millones.

Pocos días después de que fuerzas del Frente Moro de Liberación Islámica (MILF) abatieran a tiros a varios miembros de su familia, Crispin (no es su nombre real) decidió abandonar su pueblo con el resto de la familia para trasladarla a un sitio seguro. En el escondite que comparte con su familia, vive atemorizado.

Crispin, que trabaja como agricultor, es uno de los más de 600.000 civiles que se han visto afectados últimamente por el conflicto armado en Mindanao, una isla cuyo tamaño es dos veces superior al de los Países Bajos. En un edificio situado en la provincia de Cotabato del Norte, nos relató cómo las fuerzas del MILF les atacaron a él y a su familia:

"Era temprano por la mañana. Mi suegro y yo estábamos recogiendo maíz, mientras mi suegra y mi cuñado estaban en casa, que está situada cerca de los campos de maíz donde nos encontrábamos nosotros. No advertí la llegada [de los combatientes] del MILF. De repente, oí que alguien me llamaba. Levanté la vista y vi, no demasiado lejos de donde nos encontrábamos, a un grupo formado por más de 20 hombres armados.

Uno de ellos me dijo que fuera hacia donde se encontraban, rápidamente. No fui. Tenía miedo. Me apuntaban con sus armas. Cuando el hombre me volvió a llamar, me entró el pánico y eché a correr. Luego, comenzaron a dispararnos. Yo seguí corriendo y vi que habían disparado a mi suegro. Vi cómo se doblaba y caía. Corrí y me subí a mi motocicleta. Me dirigí directamente a casa para buscar a mi esposa. Temía que los hombres armados me siguieran y que, si nos encontraban a mí y a mi familia, nos mataran."

Mientras hablábamos con Crispin, pudimos oír en la distancia disparos aislados, procedentes, posiblemente, de otra escaramuza. Cerca de allí, había fuerzas parapoliciales y un destacamento del ejército. Un poco más lejos, por la carretera sin asfaltar que penetraba en el pueblo, miembros de las organizaciones civiles voluntarias, muchos de los cuales iban armados, patrullaban el pueblo para protegerlo de nuevos ataques.

Para conseguir información sobre otras zonas afectadas por el conflicto, Amnistía Internacional pidió ayuda a contactos locales, entre ellos, trabajadores y trabajadoras humanitarios y activistas de derechos humanos. Un trabajador humanitario nos describió lo que había vivido en un barrio que sufrió el ataque del MILF:

"Esta mañana vimos los cadáveres de una niña de tres años y de su padre tendidos [...] junto al borde de la carretera, sin que nadie los reclamara. Las casas habían sido incendiadas y los edificios de dos escuelas, arrasados. Entrevistamos a varias personas, entre otras, a las que ayer por la tarde fueron utilizadas como escudos humanos [...]. Anoche entrevistamos a una niña de 12 años, que nos contó cómo el MILF disparó a su padre. Éste llevaba a su otra hija, de tres años, que también murió en presencia de la hermana mayor".

Amnistía Internacional recibió, asimismo, informes de contactos locales sobre soldados y otros miembros de las fuerzas de seguridad que estaban cometiendo violaciones de derechos humanos con impunidad. Un grupo compuesto por más de 40 organizaciones locales hizo un viaje a las zonas en conflicto, tras el cual formuló las siguientes observaciones iniciales:

"En la ciudad de Piagapo, en Lanao del Sur, se confirmó que el ejército era responsable de casos de asesinato, de la destrucción e incendio de viviendas, maquinaria agrícola, la mezquita y la madrasa, y del saqueo de granjas para apoderarse de los animales. Los habitantes también denunciaron que el ejército había ocupado sus pueblos y los utilizaba para instalar sus campamentos, y que comían, destruían o incendiaban sus reservas de alimentos, como las de arroz. Se dio, incluso, el caso de un niño de 13 años al que mataron y arrojaron a una letrina [una fosa séptica en desuso]".

En uno de los centros de evacuación que visitó Amnistía Internacional, la madre de un niño de siete años nos entregó una carta que había escrito a la presidenta de Filipinas. Dijo que no estaba segura de si la gente comprendía realmente por lo que habían tenido que pasar en esta guerra intermitente que duraba ya más de 40 años. Escribió:

"Sabemos que no está usted ni tan ciega ni tan sorda como para no ver ni oír la violencia desatada en esta guerra [...]. Han muerto tantas personas [...]. Como víctima de esta guerra, me entristece profundamente, no sólo por mi familia, no sólo por los vecinos que permanecen con nosotros en este centro de evacuación, sino también por los soldados del gobierno y por los miembros del MILF que han muerto a causa de esta guerra. Me avergüenza que, en este lugar, hayamos recurrido a matarnos los unos a los otros."

Amnistía Internacional recogió el testimonio de una mujer de 63 años que se encontraba en un centro de evacuación de la ciudad de Pikit, en Cotabato del Norte:

"Ni siquiera me había casado aún cuando comenzó este conflicto. Todavía era joven cuando nos evacuaron por primera vez. Luego, cuando tenía niños pequeños, nos volvieron a evacuar. Ahora, tengo tres nietos, y no ha cambiado nada."

El 4 de agosto de 2008, la Corte Suprema de Filipinas dictó una orden que suspendía temporalmente el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales, al que las partes ya habían dado el visto bueno para la firma oficial. En los días posteriores, las fuerzas del MILF emprendieron ataques contra la población civil de las provincias de Cotabato del Norte, Lanao del Norte y Saranggani, a los que siguieron enfrentamientos aislados entre las fuerzas de seguridad y el MILF. El 14 de octubre, la Corte Suprema determinó que el Memorando de Entendimiento sobre Territorios Ancestrales era inconstitucional, lo que ha despertado el temor de que se produzca una nueva escalada del conflicto.
 
Las dos partes implicadas en el conflicto, las fuerzas gubernamentales y el Frente Moro de Liberación Islámica, no han logrado evitar que la población civil sufra daños. "Ambas partes deben garantizar que sus fuerzas no perseguirán a la población civil y que no robarán ni destruirán sus casas ni sus alimentos", ha declarado Donna Guest, directora adjunta del Programa Regional para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional. "Se debe permitir a las organizaciones humanitarias que accedan sin restricciones a la población civil".

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