Annual Report 2013
The state of the world's human rights

22 October 2008

Reino Unido verá dos causas sobre expulsiones

Reino Unido verá dos causas sobre expulsiones
El jueves, 23 de octubre, el más alto tribunal británico empezará a ver dos causas importantes que sentarán jurisprudencia en lo referente a los derechos humanos y a la política antiterrorista de Reino Unido. Las resoluciones que se adopten pueden tener una gran repercusión en los intentos de Reino Unido encaminados a expulsar a personas a países en los que correrían un auténtico peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas y otros malos tratos.

Las autoridades británicas llevan varios años tratando de expulsar a algunas personas que -en su opinión- suponen una amenaza para la seguridad nacional. Han reconocido que no se las podía expulsar por los cauces ordinarios, ya que correrían un verdadero peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos en los países a los que se las devolvería.

Por esta razón, en todos los casos, el gobierno británico ha tratado de obtener "garantías diplomáticas"  -así es como se las denomina- de los países a los que se habría de devolver a estas personas. Las "garantías diplomáticas" consisten en la promesa -imposible de hacer efectiva ante ningún tribunal- de que se tratará a las personas devueltas con arreglo a las normas internacionales de derechos humanos. Hasta la fecha, Reino Unido ha conseguido esta clase de garantías, en una forma u otra, de Argelia, Jordania, Líbano y Libia.

Las causas sometidas a la consideración del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores (el más alto tribunal de Reino Unido) guardan relación con el intento de expulsar a dos hombres, conocidos como "RB" y "U" en las actuaciones judiciales británicas, a Argelia, y a un tercero, llamado Omar Othman (conocido también como Abu Qatada), a Jordania.

Se pedirá al tribunal que considere el grado de fiabilidad que debe otorgarse a las garantías dadas a Reino Unido por los gobiernos de Argelia y Jordania respecto al trato que recibirán estos hombres si se las devuelve a esos países.

Al igual que numerosas personas y muchas otras organizaciones, Amnistía Internacional no cree que se pueda confiar en estas promesas entre gobiernos para expulsar a alguien a un país en el que correría un auténtico peligro de sufrir graves violaciones de derechos humanos.

"Este tipo de promesas sólo se tratan de obtener de países en los que no se respeta la obligación jurídica internacional de impedir las torturas y otras graves violaciones de derechos humanos -señaló Nicola Duckworth, directora del Programa para Europa y Asia Central de Amnistía Internacional-. Si estos países no respetan dicha obligación -vinculante en la medida que es una cuestión de derecho internacional- no existe ninguna razón para confiar en que respeten una promesa formulada en el marco de las relaciones diplomáticas bilaterales".

"La obligación de todos los Estados es clara e inequívoca: no expulsar a ninguna persona a un país donde exista un auténtico peligro de que sea objeto de graves violaciones de derechos humanos, incluidas torturas u otros malos tratos. Este principio fundamental es aplicable en cualquier circunstancia, con independencia de los actos que se atribuyan a dicho individuo o -como en estos casos- de la presunta amenaza que suponga para la seguridad nacional", agregó.

Además de la cuestión de la fiabilidad de las garantías diplomáticas, el Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores deberá considerar también si las vistas ante la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración se llevaron a cabo con las debidas garantías. Esta Comisión es el tribunal creado para ver los recursos de apelación de las personas cuya expulsión se ha ordenado alegando que suponen una amenaza para la seguridad nacional.

Entre los asuntos que el Comité habrá de considerar en estas causas figura la cuestión de hasta qué punto el Tribunal de Apelaciones debería estar facultado para revisar las  resoluciones de la Comisión Especial de Apelaciones sobre Inmigración y si la utilización por ésta de material secreto y de vistas a puerta cerrada se ajusta a derecho.

"Las vistas de los recursos de apelación ante la Comisión Especial son muy injustas -señaló Nicola Duckworth-, ya que en muchos casos se celebran a puerta cerrada y en ellas se tiene en cuenta información secreta, incluido material de los servicios de información, sin la presencia de las personas afectadas ni de los abogados elegidas por ellas."  

Está previsto que la vista de las causas dure cinco días; la sentencia no se dictará hasta varias semanas después de su conclusión. Una delegación de Amnistía Internacional asistirá a las vistas.

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La justicia cuestiona la política británica de expulsión (noticias, 9 de abril de 2008)
Actuaciones judiciales secretas exponen de nuevo a personas al riesgo de tortura o malos tratos tras su devolución a Argelia (declaración pública, 6 de noviembre de 2007)
UK must stop deportations to torture states (artículo, 1 de marzo de 2007)
UK/Jordan: 'National security suspect' facing prospect of torture in Jordan (declaración pública, 26 de febrero de 2007)

Country

Algeria 
Jordan 
UK 

Region

Europe And Central Asia 

Issue

Torture And Ill-treatment 
Trials And Legal Systems 

Campaigns

Security with Human Rights 

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