Sri Lanka - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Socialista Democrática de Sri Lanka

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Sri Lanka is now live »

Jefe del Estado : Mahinda Rajapaksa
Jefe del gobierno : Ratnasiri Wickremanayake
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 21,1 millones
Esperanza de vida : 71,6 años

El año 2007 se caracterizó por la impunidad en relación con las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Entre los abusos contra los derechos humanos, que aumentaron a un ritmo vertiginoso, hubo cientos de desapariciones forzadas, homicidios ilegítimos de personal de ayuda humanitaria, detenciones arbitrarias y torturas. La falta de protección de la población civil constituyó una preocupación clave, al reiniciarse los intensos enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

Información general

En enero, el ejército tomó el control de Vakarai, en el este del país, tras semanas de intensos combates. Decenas de miles de civiles huyeron de la zona. En marzo, un ataque aéreo de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil alcanzó una base militar cercana al principal aeropuerto y, en ese mismo mes, intensos enfrentamientos en el distrito de Batticaloa ocasionaron un repentino aumento de los desplazamientos internos. A finales de marzo, el número de personas desplazadas internamente debido a los combates en la zona llegaba a las 160.000, el doble de la cifra registrada el mes anterior. En julio, el gobierno afirmó que el este había sido «liberado» con éxito de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

La población civil del norte y el este sufrió enormes penurias, y un gran número de personas murieron en ataques indiscriminados. La falta de transporte a la península de Jaffna afectó al suministro de alimentos para las más de 500.000 personas que vivían allí. El único acceso por carretera a la zona continuaba cerrado, y la población civil necesitaba un permiso de las fuerzas armadas para entrar y salir.

En junio, las fuerzas de seguridad sacaron en vehículos a varios cientos de tamiles de Colombo. Una resolución del Tribunal Supremo puso fin a nuevos desalojos forzosos.

En octubre, el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura concluyó que la tortura estaba generalizada en toda Sri Lanka. El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) criticó al gobierno por no registrar, investigar y procesar de modo adecuado los casos de secuestros, desapariciones y homicidios.

En noviembre, el jefe político de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, S.P. Thamilchelvan, murió durante un ataque de las fuerzas aéreas de Sri Lanka. El 28 de noviembre, dos bombardeos en la capital, Colombo, causaron la muerte de 18 personas y heridas a más de 30. El ejército atribuyó el atentado a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

El gobierno rechazó reiteradamente los llamamientos realizados por grupos de defensa de los derechos para que se crease una delegación de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos con el fin de abordar la seguridad de la población civil en Sri Lanka.

En diciembre, Estados Unidos suspendió la asistencia militar a Sri Lanka debido a las preocupaciones existentes en materia de derechos humanos.

Desapariciones forzadas

Durante el primer semestre de 2007 se recibieron informes de varios cientos de casos de desapariciones forzadas. La península de Jaffna se vio especialmente afectada, ya que sólo en las tres primeras semanas de agosto se recibieron informes de 21 casos de desaparición forzada. En el norte y el este, este tipo de desapariciones parecía formar parte de una estrategia sistemática de contrainsurgencia diseñada por el gobierno. También se recibieron informes de algunos secuestros y posibles desapariciones forzadas en Colombo. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó preocupación ante el elevado número de casos de este tipo en Sri Lanka.

Personas desplazadas internamente

En 2007, el número de personas desplazadas desde abril de 2006 a causa del conflicto ascendía a más de 200.000. Además, muchas personas llevaban mucho tiempo desplazadas. En la ciudad nororiental de Puttalam, por ejemplo, familias musulmanas del norte llevaban 17 años en esa situación. La seguridad física de las personas desplazadas internamente corría peligro con frecuencia. En diversas ocasiones, el gobierno las obligó a regresar a sus casas en condiciones de inseguridad, lo que suponía una violación de las normas internacionales.

Niños y niñas soldados

En el norte y en el este continuó el reclutamiento de niños y niñas soldados por parte de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y del grupo armado tamil conocido como facción de Karuna. En mayo de 2007, el Grupo de Trabajo sobre los Niños y los Conflictos Armados, del Consejo de Seguridad de la ONU, amenazó con emprender acciones contra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil si continuaban reclutando a menores de edad. La representante del secretario general de la ONU para la infancia y los conflictos armados calificó a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil de «delincuentes reincidentes que lleva[ba]n cuatro años incluidos en la lista de violadores del Secretario General».

  • El 18 de junio, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil dejaron en libertad a 135 niños y niñas soldados y se comprometieron a que antes de finalizar el año no habría menores en sus filas. Según el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el reclutamiento de niños y niñas soldados por parte de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil disminuyó en 2007.
  • En abril, el UNICEF afirmó que entre los 285 menores reclutados por el grupo de Karuna había 195 casos pendientes.

Detención arbitraria

La policía de Sri Lanka llevó a cabo detenciones masivas de más de 1.000 tamiles, al parecer en respuesta a los ataques suicidas con bomba que se llevaron a cabo en Colombo el 28 de noviembre. Las detenciones se practicaron por motivos arbitrarios y discriminatorios gracias a los amplios poderes que otorgaba la normativa de excepción. Según los informes, «a los tamiles los cargaron en autobuses y se los llevaron para interrogarlos». Más de 400 de las personas detenidas, entre ellas 50 mujeres, fueron trasladadas al campo Boosa, cerca de la localidad meridional de Galle, un centro que, según los informes, estaba abarrotado y carecía de instalaciones higiénicas adecuadas y de agua potable.

Libertad de expresión

Aumentó el número de ataques contra periodistas, especialmente contra quienes se creía que formaban parte de los medios de comunicación tamiles.

  • El 29 de abril, Selvaraja Rajivaram, un joven periodista que trabajaba para Uthayan, murió abatido por disparos cerca de la redacción del periódico en Jaffna.
  • El 2 de agosto, Sahathevan Deluxshan, periodista a tiempo parcial de 22 años, murió en la ciudad de Jaffna como consecuencia de disparos efectuados por hombres no identificados.

Las autoridades no investigaron ni procesaron de modo efectivo a los responsables de estos homicidios ilegítimos. Periodistas de todas las comunidades fueron detenidos en relación con artículos críticos con el gobierno.

  • El 16 de agosto se retiró a Iqbal Athas el personal de seguridad que le había proporcionado el gobierno. Este periodista, especializado en temas de defensa, había recibido protección policial tras ser amenazado reiteradamente por miembros de las fuerzas de seguridad, irritados por su cobertura informativa sobre el comercio de armas.

Impunidad

La propuesta de crear una Comisión de Investigación no logró la confianza de todas las partes en conflicto. La protección de los testigos suscitó honda preocupación.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos perdió credibilidad debido a que el nombramiento de los comisionados obedeció a criterios políticos.

  • En diciembre, el Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos cambió la acreditación de la Comisión de Derechos Humanos por una de menor categoría. Para funcionar adecuadamente, la Comisión debía contar con todos los recursos necesarios y sus miembros tenían que ser designados de un modo independiente.

Continuó reinando un clima de impunidad al aumentar los abusos contra los derechos humanos en el contexto del conflicto. El gobierno prometió investigar sin dilación los homicidios ilegítimos de dos voluntarios de la Cruz Roja srilankesa cometidos en junio, pero la investigación se estancó. A lo largo de 2007, la policía de Sri Lanka recibió críticas por su inacción y por no identificar a los responsables de delitos violentos.

Informes de Amnistía Internacional