Somalia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Somalia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Somalia is now live »

Jefe de Estado del Gobierno Federal de Transición : Abdullahi Yusuf Ahmed
Jefe de gobierno del Gobierno Federal de Transición : Nur Hassan Hussein (sustituyó a Ali Mohamed Gedi en noviembre)
Jefe de la República de Somalilandia : Dahir Riyaale Kahin
Pena de muerte : retencionista
Población : 8,8 millones
Esperanza de vida : 47,1 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 192/182 por cada 1.000

La crisis humanitaria siguió empeorando en 2007. Somalia carecía de un gobierno central y de un sistema de justicia efectivos. Los reiterados estallidos del conflicto armado provocaron la muerte de miles de civiles más y obligaron a desplazarse internamente a una multitud de personas: al concluir 2007, sumaban más de un millón. La policía y las milicias detuvieron a varios miles de personas al margen de todo proceso legal reconocible. Las personas que defendían los derechos humanos y los profesionales del periodismo corrían peligro.

En el noroeste, la autoproclamada República de Somalilandia, cuya independencia no reconocían los organismos internacionales, gozaba de relativa estabilidad.

Información general

Aumentó la violencia después de que las fuerzas etíopes que apoyaban al Gobierno Federal de Transición derrotaran, a finales de diciembre de 2006, a las fuerzas del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia, que habían mantenido el control de Mogadiscio durante varios meses. En marzo y abril se lanzó una operación de contrainsurgencia, liderada por las fuerzas etíopes, para luchar contra la insurgencia en Mogadiscio, y durante los últimos tres meses de 2007 se libraron feroces combates. Más de 6.000 personas perdieron la vida en el conflicto y cientos de miles se vieron obligadas a desplazarse internamente, entre ellas 600.000 procedentes de Mogadiscio. Asimismo, miles de personas huyeron a otros países. Pese a ello, la frontera con Kenia siguió oficialmente cerrada durante todo 2007 para quienes huían del conflicto del suroeste y el centro de Somalia.

A principios de 2007, algunos dirigentes del Gobierno Federal de Transición se trasladaron a Mogadiscio, la capital, pero la mayoría de los ministros del gobierno y el Parlamento Federal de Transición continuaron en la localidad de Baidoa, a 80 kilómetros al oeste. El Gobierno Federal de Transición no consiguió restablecer la paz y la gobernabilidad en la capital. Entre agosto y octubre se celebró en Mogadiscio una Conferencia de Reconciliación Nacional, que tuvo que enfrentarse al boicot de quienes se oponían al Gobierno Federal de Transición y de ex líderes de los Tribunales Islámicos. En septiembre, algunos de estos opositores formaron en Eritrea la Alianza para una Nueva Liberación de Somalia y declararon su apoyo a la insurgencia, manifestando especial oposición a la presencia del ejército etíope en Somalia.

En enero, la ONU autorizó una misión de paz de la Unión Africana, denominada AMISOM. Uganda aportó un contingente de 1.600 efectivos, es decir, menos de una quinta parte de la fuerza de 8.000 soldados inicialmente prevista, al que se unió en diciembre una fuerza de Burundi de menor envergadura. Su impacto sobre los derechos humanos fue escaso. La Unión Africana y la ONU habían previsto una operación de mantenimiento de la paz liderada por la ONU, que habría sustituido a las tropas etíopes y a la AMISOM, pero en noviembre el Consejo de Seguridad de la ONU descartó su puesta en marcha a causa de la gravedad del conflicto. El embargo de armas de la ONU se violó de forma generalizada.

Hubo retrasos en la aplicación del marco de cinco años acordado para realizar la transición de la situación de Estado colapsado a un gobierno democráticamente elegido en 2009. En diciembre, el nuevo primer ministro estaba formando gobierno, después de que el presidente hubiera destituido al primer ministro anterior.

Somalilandia

La Repúblicade Somalilandia, autoproclamada independiente en 1991, siguió pidiendo el reconocimiento internacional. En octubre volvió a estallar brevemente el conflicto en las proximidades de la localidad de Las Anod, una zona reclamada tanto por Somalilandia como por Puntlandia (estado regional semiautónomo en el noreste de Somalia). Varias personas murieron en las hostilidades entre milicias de clanes locales, que desembocaron en un enfrentamiento entre ambas autoridades. El conflicto provocó el desplazamiento interno de decenas de miles de personas.

Conflicto armado

El conflicto de Mogadiscio entre la insurgencia y el Gobierno Federal de Transición, apoyado por tropas etíopes, se caracterizó por la comisión de numerosas violaciones del derecho internacional humanitario, entre ellas ataques desproporcionados e indiscriminados contra barrios civiles en respuesta a los ataques de la insurgencia.

En enero, la aviación estadounidense lanzó un ataque en el suroeste contra lo que quedaba de las fuerzas del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia, que habían huido de Mogadiscio. Según informes, decenas de civiles perdieron la vida en dicho ataque, y también murieron combatientes del Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia.

En marzo y abril, las fuerzas etíopes dieron muerte a cientos de civiles de Mogadiscio en ataques contra zonas civiles. Asimismo, se acusó a las fuerzas etíopes de la ejecución extrajudicial de civiles y de violaciones sexuales perpetradas durante las operaciones de contrainsurgencia lanzadas a partir de octubre, tras la fallida Conferencia de Reconciliación Nacional.

Justicia y Estado de derecho

El Parlamento Federal de Transición aprobó en enero la imposición durante un periodo de tres meses del estado de emergencia, que posteriormente no renovó. Asimismo, estableció un nuevo Departamento de Seguridad Nacional.

La ONU apoyó la reactivación del sistema de justicia y policial en Mogadiscio y otras áreas menos azotadas por el conflicto, pero en general seguían sin existir un Estado de derecho y un sistema de justicia reconocibles. Durante todo 2007 fueron frecuentes las detenciones de personas que se oponían al Gobierno Federal de Transición y de presuntos insurgentes, en particular durante las operaciones de contrainsurgencia. La policía y las milicias del Gobierno Federal de Transición detuvieron a varios miles de personas sin que mediara ningún proceso legal justo y reconocible.

En julio, el Gobierno Federal de Transición declaró una amnistía general para los insurgentes, pero a partir de octubre se volvieron a efectuar detenciones durante nuevas operaciones militares. La mayoría de las personas detenidas quedaban en libertad al cabo de unas semanas, con frecuencia a cambio del pago de sobornos. Muchas de ellas eran recluidas en celdas masificadas y antihigiénicas de la prisión central de Mogadiscio, mientras que otras eran confinadas en lugares de detención no autorizados, sin que sus familiares conocieran su paradero.

  • Ahmed Diriye Ali, uno de los líderes del consejo del clan hawiye, fue detenido en noviembre en Mogadiscio y recluido en detención secreta, sin cargos ni juicio, por motivos políticos. No se permitió a sus familiares enviarle medicamentos para la diabetes y la hipertensión que padecía.
  • En abril, Raha Janaqow, presidenta de la organización de mujeres Saacid, de Mogadiscio, pasó varios días recluida en una prisión secreta.
  • En octubre, las fuerzas de seguridad del Gobierno Federal de Transición detuvieron y recluyeron en régimen de incomunicación durante varios días, sin presentar cargos ni facilitar ninguna explicación, a Idris Osman, director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU en Mogadiscio.

Libertad de expresión

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos corrían grave peligro a manos de todos los bandos.

  • Isse Abdi Isse, director y fundador de Kisima, organización de derechos humanos de Kismayu, fue asesinado en Mogadiscio en marzo.
  • Yusuf Ali Harun, presidente del Tribunal Supremo, fue detenido en Baidoa en octubre tras haber declarado que la destitución del primer ministro Ali Mohamed Gedi por parte del presidente era inconstitucional. Posteriormente, las autoridades del Gobierno Federal de Transición presentaron cargos de corrupción en su contra, entre ellos el uso indebido de fondos de la ONU, que él negó.
  • En Somalilandia, tres dirigentes del nuevo partido de oposición Qaran (Mohamed Abdi Gabose, Mohamed Hashi Elmi y Jamal Aideed Ibrahim) fueron condenados en agosto a tres años y nueve meses de prisión y a cinco años de inhabilitación para el desarrollo de actividades políticas por cargos de reunión sediciosa. Su juicio fue injusto, y a los abogados de la defensa se les impuso una multa por desacato al tribunal y se suspendió durante un año su licencia para ejercer la abogacía. Los tres dirigentes eran considerados presos de conciencia. El presidente los indultó y quedaron en libertad en diciembre, pero continuaron inhabilitados para ejercer la política. 

Periodistas

Decenas de periodistas fueron recluidos durante periodos cortos, y se clausuraron brevemente varias agencias de noticias. Ocho periodistas fueron asesinados durante 2007. Algunos de estos asesinatos obedecían a motivos políticos, y ninguno de sus autores compareció ante la justicia. A finales de 2007, la violencia contra los medios de comunicación en Mogadiscio alcanzó cotas desconocidas desde 1991. En diciembre, el Parlamento Federal de Transición aprobó una ley sobre los medios de comunicación por la que se imponían restricciones a los periodistas y las agencias privadas de noticias.

  • En octubre, hombres armados no identificados mataron en su domicilio a Bashir Nur Gedi, director de Shabelle Media Network de Mogadiscio.
  • Yusuf Abdi Gabobe, jefe de redacción de los periódicos de Somalilandia Somaliland Times y Haatuf, fue detenido en enero por haber criticado la corrupción. Lo condenaron a dos años de reclusión en un juicio injusto. Quedó en libertad en marzo en virtud de un indulto presidencial.

Más de 50 periodistas de Mogadiscio huyeron a países vecinos. En diciembre, el gobierno de Somalilandia ordenó la salida del país de 24 periodistas que habían huido allí desde Mogadiscio, pero la orden no se llegó a aplicar gracias a los llamamientos emitidos en su favor.

Violencia contra las mujeres

Durante el conflicto de Mogadiscio, se informó de numerosos casos de violación protagonizados por las fuerzas etíopes, las milicias del Gobierno Federal de Transición y delincuentes armados. También fueron víctimas de violación las mujeres que se encontraban en campos de desplazados internos y las que huían de Mogadiscio en vehículos públicos, en particular las pertenecientes a comunidades minoritarias.

Las organizaciones de mujeres seguían luchando contra la mutilación genital femenina y la violencia en el ámbito familiar. En el Parlamento Federal de Transición, se seguía negando la plena representación de las mujeres, que había quedado garantizada en la Carta Federal de Transición de 2004.

Personas refugiadas y desplazadas internamente

El cierre de la frontera entre Kenia y Somalia en enero, ordenado por el gobierno keniano, violaba el derecho internacional relativo a los refugiados y obstaculizaba el acceso de ayuda humanitaria al suroeste de Somalia. En enero se rechazó en la frontera a miles de solicitantes de asilo que huían del conflicto de Mogadiscio y del suroeste (véase el apartado sobre Kenia).

El número de personas desplazadas internamente varió en función de la intensidad del conflicto en Mogadiscio, en el puerto suroccidental de Kismayu y en otras partes del país.

Al concluir el año, se calculaba que el número total de personas desplazadas internamente superaba el millón, de las cuales unas 400.000 (sobre todo pertenecientes a minorías) llevaban varios años viviendo en campos de desplazados. Las condiciones en las que vivían las personas desplazadas internamente eran muy duras: muchas carecían de agua, instalaciones higiénicas y asistencia médica, y la violencia era generalizada, incluidos la violación sexual y los saqueos a manos de ex miembros de las milicias.

Los organismos internacionales de ayuda humanitaria no podían llegar a muchas de las personas desplazadas; además, varios trabajadores de ONG locales asociadas fueron víctimas de homicidio, y los suministros de ayuda humanitaria, saqueados. Las autoridades del Gobierno Federal de Transición obstruían con frecuencia el reparto de ayuda humanitaria y algunas acusaron a los organismos de ayuda humanitaria de «alimentar a terroristas».

Más de 1.400 personas desplazadas, de nacionalidad somalí y etíope, murieron en el mar en operaciones de trata de seres humanos cuando intentaban llegar a Yemen desde Puntlandia.

«Guerra contra el terror»

Las autoridades kenianas detuvieron al menos a 140 personas que habían huido de Somalia en enero y habían conseguido entrar en Kenia. Ese mismo mes, se trasladó (entregó) a Somalia, de forma ilegal, al menos a 85 de esas personas, que habían sido recluidas en régimen de incomunicación sin cargos ni juicio por su presunta vinculación con el Consejo de Tribunales Islámicos de Somalia. Quedaron recluidas en Mogadiscio o en Baidoa, para ser posteriormente trasladadas a Etiopía junto con otras personas detenidas por las tropas etíopes en Somalia por motivos similares. Algunas de ellas quedaron en libertad, pero Etiopía reconoció que, al concluir 2007, aún quedaban 41 personas recluidas en régimen de incomunicación y en detención secreta.

Pena de muerte

Se impusieron condenas de muerte en los tribunales de todas las zonas. Algunas fueron conmutadas a cambio del pago de una diya (indemnización a los familiares de las víctimas), pero también hubo varias ejecuciones.

  • En julio se fusiló públicamente en Mogadiscio a un ex miembro de las milicias del Gobierno Federal de Transición, tras haberlo sometido a un juicio rápido e injusto por homicidio.

En Somalilandia, el Tribunal Supremo conmutó en apelación las condenas de muerte impuestas en 2004 a siete hombres, presuntamente vinculados a Al Qaeda y condenados por el homicidio de tres trabajadores internacionales de ayuda humanitaria. En 2007 se ejecutó a tres personas.

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