Arabia Saudí - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino de Arabia Saudí

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Saudi Arabia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : rey Abdulá bin Abdulaziz al Saud
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 25,8 millones
Esperanza de vida : 72,2 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 25/17 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 82,9 por ciento

La situación de los derechos humanos siguió siendo grave, aunque se anunciaron reformas jurídicas y hubo un continuo debate público sobre los derechos de las mujeres. Se detuvo y recluyó prácticamente en secreto a centenares de personas sospechosas de terrorismo, y millares más detenidas en años anteriores continuaron privadas de libertad. Entre ellas había presos de conciencia, incluidas personas que propugnaban pacíficamente reformas políticas. Las mujeres continuaron sufriendo grave discriminación en la legislación y en la práctica. La tortura y otros malos tratos bajo custodia eran comunes, y se impusieron penas de flagelación y amputación. Al menos 158 personas fueron ejecutadas, entre ellas una que era menor de edad en el momento del delito.

Información general

Hubo actos esporádicos de violencia protagonizados por las fuerzas de seguridad y hombres armados aparentemente contrarios al gobierno. Como consecuencia, murieron y resultaron heridos civiles, presuntos opositores políticos y, en raros casos, miembros de las fuerzas de seguridad, pero no se ofreció mucha información al respecto.

En febrero, el ataque de un grupo armado se cobró la vida de cuatro ciudadanos franceses que viajaban con un grupo de turistas por el desierto del oeste del país. En abril, el gobierno anunció que el principal sospechoso había resultado muerto al asaltar las fuerzas de seguridad su casa en la ciudad santa de Medina.

Novedades jurídicas

En octubre, el gobierno introdujo dos leyes para reestructurar los tribunales y reformar las normas que regulaban la profesión judicial; asignó 1.800 millones de dólares a su aplicación. Faltaba por ver qué efectos iba a tener esta positiva medida en los tres problemas principales que se planteaban: el secreto y la falta de transparencia del sistema de justicia penal; el incumplimiento de las normas internacionales sobre juicios justos, como las relativas al derecho de asistencia letrada y de apelación; y la falta de independencia del poder judicial. Estas deficiencias siguieron haciéndose patentes a lo largo del año y contribuyeron a hacer posibles violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, el poder judicial guardó silencio sobre violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las operaciones contra el terrorismo o fue cómplice en ellas, y también continuó aplicando leyes discriminatorias y dictando sentencias discriminatorias en causas que afectaban a mujeres.

Operaciones contra el terrorismo

Se detuvo a centenares de presuntos seguidores de grupos religiosos de oposición, denominados oficialmente «grupos equivocados», y miles más que habían sido detenidos en años anteriores continuaron recluidos sin juicio y privados de los derechos básicos de las personas detenidas.

Entre los detenidos en 2007 hubo presuntos terroristas devueltos por las autoridades de otros Estados, como Estados Unidos y Yemen. Sin embargo, la mayoría de las detenciones se practicaron en Arabia Saudí. En algunos casos, las fuerzas de seguridad armadas mataron a presuntos extremistas en circunstancias poco claras, cuando aparentemente intentaban detenerlos. Las autoridades dijeron que en abril se había detenido a 172 personas sospechosas de planear atentados y que en noviembre se había detenido a 208 más en distintas partes del país, pero no revelaron más información, por lo que no se sabía con exactitud cuántos sospechosos habían sido detenidos ni dónde se encontraban recluidos. Tampoco se sabía cuántos sospechosos detenidos en años anteriores continuaban encarcelados, aunque se creía que eran miles. En julio, el Ministerio del Interior dijo que había recluido a 9.000 personas por razones de seguridad entre 2003 y 2007, y que 3.106 continuaban privadas de libertad. Según informes, la mayoría de los detenidos estaban sujetos a un programa de «reforma» dirigido por expertos religiosos y psicólogos especializados. En noviembre, el gobierno anunció la puesta en libertad de 1.500 detenidos que, aparentemente, habían terminado el programa.

  • En mayo se mostró por televisión a unos detenidos confesando ser miembros de «grupos equivocados» y describiendo planes para volar instalaciones petroleras y otros objetivos. El gobierno dijo que iban a ser juzgados sobre la base de sus confesiones. Entre ellos figuraban Nimr Sahaj al Baqmi y Abdullah al Migrin, cuyas confesiones fueron ratificadas, según informes, por jueces. No estaba claro si se les había permitido el acceso a un abogado, pese a ser muy probable que se les imputaran delitos penados con la muerte. La suerte de todos los detenidos se mantuvo en secreto.

«Guerra contra el terror»

Un ciudadano saudí, Yasser Talal al Zahrani, murió bajo custodia estadounidense en Guantánamo, Cuba. Al menos 77 más fueron puestos en libertad por las autoridades estadounidenses y devueltos a Arabia Saudí, donde inmediatamente fueron detenidos, aunque se les permitió recibir visitas de sus familias. Algunos quedaron en libertad posteriormente, pero los demás continuaron recluidos, aparentemente sometidos al programa de «reforma» establecido por el gobierno para las personas detenidas por razones de seguridad.

Presos y presas de conciencia

Más de un centenar de personas detenidas por su filiación religiosa o su orientación sexual fueron consideradas presos o posibles presos de conciencia. Entre ellas había trabajadores extranjeros pertenecientes al movimiento ahmadi, considerado una secta del islam; había también miembros de la comunidad chií, reformistas sunníes y disidentes pacíficos. Algunas eran mujeres que en julio habían llevado a cabo protestas ante la prisión del Departamento General de Información (al-Mabahith al-‘Amma) de Buraida, al norte de Riad, para pedir que se juzgara o se dejara en libertad a hombres de sus familias que llevaban años detenidos sin juicio y sin acceso a abogados ni a un tribunal ante el que impugnar la legalidad de su detención. La mayoría de estas personas detenidas quedaron en libertad al cabo de un corto tiempo, pero las que tenían ciudadanía extranjera, como los ahmadis, fueron despedidas de sus trabajos y expulsadas del país sin permitirles impugnar la legalidad de tal medida.

No obstante, al final del año continuaban recluidas sin juicio ni acceso a un abogado 12 personas consideradas presos de conciencia, entre ellas el Dr. Abdul Rahman al Shumayri y nueve personas más, todas ellas profesores universitarios, escritores o abogados, que habían sido detenidas en febrero, tras organizar una petición en demanda de reformas políticas. Se hallaban recluidas en la prisión del Departamento General de Información Yida. Estuvieron sometidas a régimen de incomunicación durante casi seis meses, antes de que se les permitiera recibir visitas de sus familias. Según informes, al menos dos de ellas estaban recluidas en régimen de aislamiento.

En virtud de una inusitada decisión, el Dr. Abdullah al Hamid, considerado preso de conciencia, fue puesto en libertad bajo fianza tras estar brevemente detenido en relación con las protestas de las mujeres, y posteriormente fue sometido a un juicio parcialmente público ante un tribunal ordinario. Tanto él como su hermano, juzgado junto con él por cargos relacionados también con las protestas de las mujeres, fueron declarados culpables y condenados a seis y cuatro meses de prisión, respectivamente; además se les exigió el compromiso de no incitar a celebrar más protestas. Presentaron recurso de apelación, pero al final del año no se había pronunciado aún el fallo.

Se siguió prohibiendo viajar al extranjero a centenares de ex presos de conciencia, activistas de los derechos humanos y partidarios de un cambio político pacífico. Entre ellos se encontraba Matrouk al Falih, catedrático universitario que figuraba entre los reformistas encarcelados desde marzo de 2004 hasta agosto de 2005 y a quien el Ministerio del Interior dijo que no se permitiría viajar al extranjero hasta marzo de 2009. A otros les dijeron que se había renovado la prohibición de viajar dictada contra ellos.

Discriminación y violencia contra las mujeres

Se dieron dos casos que pusieron de relieve la grave naturaleza y magnitud de la discriminación jurídica y de otro tipo que sufrían las mujeres en Arabia Saudí y que provocaron un debate dentro y fuera del país.

  • El hermano de una mujer, madre de dos hijos, conocida como Fátima, hizo uso de la autoridad que le confería la ley como hombre encargado de su protección para conseguir que un tribunal determinara que Fátima debía divorciarse de su esposo en contra de la voluntad de éste y de la suya propia. El hermano adujo que la tribu del esposo era de baja condición y que éste no lo había revelado al pedir permiso para casarse con ella. Pese a la oposición de la pareja, el tribunal ordenó que se divorciaran, por considerar la norma tribal de la paridad de condición entre familias y tribus como requisito para la validez del matrimonio. Temiendo correr peligro si quedaba a merced de sus familiares, Fátima optó por vivir en la cárcel, en vez de ir a casa de su hermano, y posteriormente fue trasladada con sus dos hijos a un refugio para mujeres. No podía ver a su ex esposo, pues hacerlo suponía cometer un delito de khilwa (encuentro de un hombre y una mujer que no son parientes directos) y exponerse, por tanto, a ser procesada y condenada a flagelación y prisión.
  • Una mujer de 20 años, conocida como «la muchacha de Al Qatif» para proteger su identidad, había sido violada por siete hombres en 2006 en dicha ciudad. Cuando el caso llegó a los tribunales, tanto la mujer como un compañero suyo que había estado con ella antes de la violación, fueron condenados a recibir 90 latigazos cada uno por cometer khilwa. A los violadores les impusieron penas de entre uno y cinco años de cárcel, así como de flagelación. Todas las condenas se aumentaron posteriormente en apelación: la víctima de la violación y su compañero fueron condenados a seis meses de cárcel y a recibir 200 latigazos, y los violadores a entre dos y nueve años de prisión y a flagelación. El abogado de la mujer manifestó públicamente que su cliente, como víctima del delito, no tenía que haber sido condenada. En respuesta a esta declaración, el Ministerio de Justicia explicó que, al haber cometido khilwa, la joven era responsable en parte de la violación; además, el Ministerio inició acciones disciplinarias contra el abogado por considerar que había infringido la ley y revelado el caso a los medios de comunicación. En diciembre, el rey indultó a la víctima de la violación, y según informes se sobreseyó la causa contra ella y su compañero. También se suspendieron las acciones disciplinarias contra el abogado, a quien se permitió reanudar su trabajo.

En septiembre, activistas de los derechos de las mujeres elevaron una petición al monarca para que, al igual que en todos los demás países, se permitiera a las mujeres conducir vehículos. Se pidió también que se autorizara a las deportistas saudíes a participar en competiciones internacionales junto con sus colegas varones.

La discriminación fomentaba la violencia contra las mujeres, especialmente en el caso de las trabajadoras domésticas extranjeras, que estaban expuestas a sufrir abusos tales como palizas, violación e incluso asesinato, además de no recibir sus sueldos. Eran también motivo de preocupación las leyes discriminatorias relativas al matrimonio, debido a las cuales las mujeres podían verse atrapadas en relaciones de violencia y maltrato, sin ningún recurso jurídico que les permitiera escapar de ellas.

El gobierno presentó su primer informe al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, ante el que estaba previsto que compareciera en enero de 2008.

Tortura y otros malos tratos

La tortura y otros malos tratos eran prácticas generalizadas y se cometían por lo general con impunidad. Se denunció que las fuerzas de seguridad utilizaban métodos diversos, como golpear a los detenidos con palos, darles puñetazos, colgarlos de las muñecas, impedirles dormir e insultarlos. Un vídeo aparecido en abril mostró imágenes de torturas infligidas a reclusos de la prisión de Al Hair, en Riad. El gobierno dijo que iba a investigar el caso, y las autoridades de la prisión manifestaron posteriormente que se había castigado y retirado de su cargo durante un mes a un militar por tortura y se había retirado de su cargo a otro durante 20 días por no haber hecho nada para impedir las agresiones a los reclusos. No se sabía si se había iniciado alguna investigación independiente ni si se había llevado a los responsables ante la justicia.

En al menos seis casos de presunta tortura y muerte bajo custodia se abrieron causas contra la policía religiosa –el Comité para la Propagación de la Virtud y la Prohibición del Vicio– en varios tribunales, pero en todas las que se llegaron a ver se absolvió a los agentes acusados. No obstante, se informó cada vez más de estos casos en los medios de comunicación.

Penas crueles, inhumanas y degradantes

Los tribunales imponían de manera habitual castigos corporales. Se imponían a menudo condenas de flagelación, como pena principal o adicional por la mayoría de los delitos, y casi todos los días se ejecutaba alguna. El número más alto de azotes aplicados en los casos de que Amnistía Internacional tuvo noticia fue de 7.000, infligidos a dos hombres declarados culpables de sodomía por un tribunal de Al Baha en octubre. Entre las personas condenadas a flagelación hubo menores.

Se amputó la mano derecha a la altura de la muñeca al menos a tres personas que habían sido declaradas culpables de robo.

Pena de muerte

Se ejecutó al menos a 158 personas, de las cuales 82 eran saudíes y 76 extranjeras. Entre ellas había tres mujeres y al menos un hombre que era menor en el momento del delito, Dahian Rakan al Sibai, que tenía 15 años cuando se cometió el presunto asesinato del que fue declarado culpable y que fue ejecutado en Taif en julio. Las personas ejecutadas habían sido declaradas culpables de asesinato, violación, delitos de drogas, brujería, apostasía y otros delitos, pero no había prácticamente ninguna información sobre sus juicios y sus posibles apelaciones, ni se sabía tampoco si habían recibido asistencia letrada. La mayoría de las ejecuciones se llevaron a cabo en público.

Se creía que había varios centenares de personas condenadas a muerte, entre ellas algunas que eran menores en el momento del delito, como Rizana Nafeek, trabajadora doméstica de Sri Lanka que había sido condenada a muerte por asesinato en 2005, cuando tenía 17 años.

Visita de Amnistía Internacional

  • Amnistía Internacional solicitó otra vez permiso para visitar Arabia Saudí a fin de tratar cuestiones de derechos humanos, pero al final del año el gobierno no había fijado aún ninguna fecha para tal visita.