Filipinas - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Filipinas

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Philippines is now live »

Jefa del Estado y del gobierno : Gloria Macapagal Arroyo
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
Población : 85,9 millones
Esperanza de vida : 71 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 33/22 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 92,6 por ciento

Aunque la vida de las personas dedicadas al activismo y de otras muchas personas siguió viéndose afectada por el temor a las ejecuciones extrajudiciales y a las desapariciones forzadas, se denunciaron menos homicidios que en 2006. Instituciones nacionales e internacionales confirmaron el vínculo entre los militares y los homicidios políticos. La ampliación de las atribuciones concedidas a la policía y a las fuerzas armadas en virtud de una ley antiterrorista encontró una gran oposición. Avanzaron las negociaciones entre el gobierno y los separatistas musulmanes, pero las conversaciones con el Frente Democrático Nacional, de ideología comunista, siguieron estancadas.

Homicidios políticos y desapariciones forzadas

Aunque los informes eran contradictorios, al menos 33 personas fueron víctimas de presuntos homicidios políticos –número ligeramente inferior al del año anterior– y varias desaparecieron.

  • Siche Bustamante Gandinao, miembro del partido izquierdista Bayan Muna (El Pueblo Primero) y de la Asociación de Agricultores de Misamis Oriental, murió de forma violenta el 10 de marzo. Había testificado ante el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca del asesinato de su suegro, Dalmacio Gandinao, miembro también de dicho partido. Al igual que su suegro, Siche Gandinao se oponía de manera activa a las violaciones de derechos humanos cometidas por los militares contra vecinos de su pueblo que eran sospechosos de ser rebeldes o de apoyar a los rebeldes.
  • Unos hombres con atuendo militar secuestraron en abril a Nilo Arado y Luisa Posa-Dominado después de darles el alto cuando viajaban en un camión. A un compañero suyo, Jose Garachico, lo hirieron con un arma de fuego y lo dejaron atrás, mientras que a ellos se los llevaron en el camión. Al día siguiente se encontró calcinado el vehículo sin señales de ninguno de los dos. En las tres vistas que se celebraron para estudiar una petición de hábeas corpus se citaron los nombres de varios oficiales, pero éstos no comparecieron.

En febrero, la Comisión de Investigación presidida por el ex magistrado del Tribunal Supremo José Melo publicó su informe sobre los homicidios políticos. La Comisión llegaba a la conclusión de que existían pruebas circunstanciales que vinculaban a un grupo de militares con los homicidios. Afirmaba que eran necesarias más pruebas, en especial declaraciones de testigos y la cooperación de grupos de activistas políticos, para garantizar declaraciones de culpabilidad de carácter penal, pero opinaba también que, en virtud del principio de responsabilidad de mando, se podían pedir cuentas a altos mandos militares por no impedir, castigar o condenar los homicidios.

En 2007 aumentó la inquietud social por las desapariciones y los homicidios políticos. El Tribunal Supremo convocó en julio una reunión de alto nivel con representantes del gobierno y agentes de la sociedad civil. Entre las recomendaciones salidas de la reunión figuraba la modificación de la ley de hábeas corpus para que los tribunales pudieran facilitar a familiares o solicitantes el acceso a presuntos centros de detención. En septiembre, el Tribunal Supremo emitió la Directriz sobre el Mandamiento de Amparo que permitía a los tribunales ordenar medidas de protección temporal e inspección o la presentación de documentos o testigos cuando la vida, la libertad o la seguridad de una persona hubieran sido objeto de alguna violación o se encontraran amenazadas. Grupos de derechos humanos utilizaron después el procedimiento de amparo en casos de desaparición forzada. El 26 de diciembre, el Tribunal de Apelaciones dictó una resolución en la que se reconocía la participación del general Jovito Palparan y de otros militares en el secuestro y la desaparición de Raymond y Reynaldo Manalo en 2006.

En un informe publicado en noviembre por el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias se criticaba a algunas instituciones oficiales, en especial a las fuerzas armadas, por la continuación de los homicidios extrajudiciales. El relator subrayaba dos causas principales: el hecho de que el sistema judicial no abordara la impunidad, y la estrategia de contrainsurgencia de las fuerzas armadas, que se cebaba cada vez más con grupos de la sociedad civil considerados nidos de insurgentes comunistas. Entre otras cosas, en el informe se recomendaba que se garantizara la rendición de cuentas de los altos mandos militares, se reformara el programa de protección de testigos, se garantizara el respeto por los derechos humanos en el proceso de paz, se permitiera al Congreso controlar de manera efectiva el sector de la seguridad y se pidiera al Tribunal Supremo la adopción de todas las medidas posibles para garantizar acciones judiciales eficaces.

Se procesó a muy pocos responsables de desapariciones y homicidios políticos. En mayo, en un caso poco frecuente, se acusó a dos militares del asesinato en 2006 del pastor protestante Isaías Santa Rosa en Daraga, localidad de la provincia de Albay. Poco después, sin embargo, los cargos se retiraron por falta de pruebas.

Detención arbitraria

Se siguió deteniendo y hostigando a políticos y activistas. A raíz de una visita a Filipinas realizada en abril por la Unión Interparlamentaria para investigar detenciones por motivos políticos, se archivaron las causas penales seguidas contra seis parlamentarios de la oposición, entre ellos Satur Ocampo y Crispín Beltrán.

  • Satur Ocampo, congresista y cofundador de Bayan Muna, estuvo detenido 19 días acusado de un asesinato relacionado con actividades izquierdistas llevadas a cabo durante el gobierno del ex presidente Marcos. Quedó en libertad bajo fianza el 3 de abril.
  • Crispín Beltrán, representante en el Congreso del partido Anakpawis (Masas Trabajadoras) quedó en libertad en abril. Había sido detenido en febrero de 2006 y se enfrentaba a falsos cargos de rebelión.

Novedades jurídicas

La Ley de Seguridad Humana, aprobada en julio, permitía la detención de un sospechoso sin cargos ni mandamiento judicial durante un periodo de hasta 72 horas, la adopción de medidas de vigilancia y la incautación de bienes. El gobierno señaló que la ley se había aprobado por el persistente conflicto con grupos armados registrado en el sur, sobre todo el grupo separatista Abu Sayaff, que había secuestrado y matado a civiles.

La ley encontró una oposición generalizada que se materializó, por ejemplo, en una petición presentada por el Colegio General de Abogados de Filipinas, ex senadores, miembros de la Cámara de Representantes y otras personas e instituciones. Existía el temor de que se pudiera utilizar para reprimir actos legítimos de disidencia política.

Grupos armados

Después de numerosos aplazamientos se reanudaron las conversaciones entre el gobierno y el grupo separatista Frente Moro de Liberación Islámica, pero el diálogo avanzó muy poco debido a los constantes desacuerdos sobre la definición de tierras ancestrales en las regiones autónomas musulmanas del sur del país. Continuaron también las negociaciones sobre el reparto de los beneficios procedentes de los yacimientos mineros, los bosques y las tierras de cultivo de la zona.

La detención en agosto de Jose Maria Sison, fundador y ex dirigente máximo del Partido Comunista de Filipinas exiliado en Países Bajos, amenazó con paralizar de forma permanente las conversaciones de paz entre el gobierno y el Frente Democrático Nacional. Se lo acusaba de haber ordenado el asesinato en Filipinas de dos ex miembros del brazo armado de dicho partido, el Nuevo Ejército del Pueblo, en 2003 y 2004. Quedó en libertad en septiembre al determinar una jueza neerlandesa que las pruebas eran insuficientes.

Informes de Amnistía Internacional