Paraguay - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República del Paraguay

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Paraguay is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Nicanor Duarte Frutos
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 6,4 millones
Esperanza de vida : 71,3 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 46/36 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 93,5 por ciento

Las comunidades indígenas se manifestaron contra los extremos niveles de pobreza que seguían padeciendo y para protestar por el hecho de que el gobierno no se ocupaba de sus necesidades. Se acusó a miembros de patrullas civiles armadas y de la policía de infligir malos tratos a campesinos durante desalojos. Se recibieron informes sobre acoso a periodistas. La Cámara de Senadores del Paraguay rechazó un proyecto de ley sobre salud materna.

Información general

La Corte Suprema de Justicia anuló en octubre la pena de 10 años de prisión impuesta al general Lino César Oviedo Silva, entonces candidato presidencial, quien en 1998 había sido condenado por el intento de golpe de Estado de 1996 contra el entonces presidente Juan Carlos Wasmosy. La sentencia resolvió restituirle su derecho al voto y a postularse para ocupar cargo público.

Discriminación: derechos indígenas

A lo largo del año, las comunidades indígenas enxet, mbyá, aché y tobas, entre otras, se manifestaron ante dependencias del gobierno en la capital, Asunción, para pedir el acceso a la tierra, garantizado en la legislación a las comunidades indígenas. Protestaban también por la falta de programas educativos y por la extrema pobreza imperante en sus comunidades.

Entre los motivos de preocupación expresados en noviembre por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU figuraron los numerosos casos de desalojo forzoso de que habían sido objeto familias campesinas e indígenas. El Comité observó con preocupación que «cerca del 45% de los pueblos indígenas no cuentan con un título legal de sus tierras ancestrales y están por consiguiente expuestos a desalojos forzosos», y recomendó al gobierno, entre otras cosas, que tomase todas las medidas necesarias para reducir la extrema pobreza, y que incrementase sus esfuerzos para acelerar la demarcación y recuperación de las tierras y territorios ancestrales de los pueblos indígenas.

Detenciones arbitrarias y malos tratos

Dirigentes campesinos denunciaron ante la Comisión Permanente del Congreso que la policía y patrullas civiles armadas que operaban en el departamento de Itapúa eran responsables de detención arbitraria y malos tratos.

  • En abril, miembros de la policía y de patrullas civiles armadas llegaron a la comunidad de Paraguái Pyahu, en el departamento de San Pedro, y golpearon y detuvieron a cinco campesinos. Según parece, los acusaban de delitos medioambientales y de cultivo ilegal de marihuana. Al día siguiente, tres de los detenidos fueron puestos en libertad por el fiscal local, quien se disculpó por el incidente; otro quedó posteriormente en libertad y el quinto seguía detenido al finalizar el año.

Salud materna

La Cámara de Senadores del Paraguay rechazó en noviembre el proyecto de Ley sobre salud sexual, reproductiva y materno perinatal, cuyo propósito era la promoción de políticas gubernamentales para reducir la mortalidad materna y proporcionar una mejor atención a la salud para las mujeres durante el embarazo y el parto.

Libertad de expresión: periodistas

La Comisión Directiva del Sindicato de Periodistas del Paraguay protestó contra la oleada de represión y acoso contra periodistas y acusó a las autoridades de intentar intimidar y silenciar a quienes las criticaban.

  • En junio, Vladimir Jara y Víctor Benítez, periodistas de Radio Chaco Boreal, denunciaron que habían recibido amenazas de muerte y que les habían intervenido ilegalmente sus teléfonos después de informar sobre la presunta corrupción en la Secretaría Nacional Antidrogas. Los periodistas pidieron al fiscal del distrito que investigase los hechos. Al finalizar el año no se había tenido noticia de que se hubiera iniciado esa investigación.
  • En agosto de 2007, María Bartola Fernández, coordinadora de Radio Teko Porá, en Puerto Presidente Franco, departamento del Alto Paraná, denunció haber recibido de miembros del gobierno regional amenazas de muerte que ella creía estaban relacionadas con sus críticas a las autoridades por no proporcionar servicios básicos. María Bartola Fernández denunció los hechos ante el Congreso Nacional y el Departamento de Derechos Humanos del Senado y se inició una investigación.