Corea del Sur - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Corea

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
South Korea is now live »

Jefe del Estado : Roh Moo-hyun
Jefe del gobierno : Han Duck-soo (sustituyó a Han Myeong-sook en marzo)
Pena de muerte : abolicionista en la práctica
PoblaciÓn : 48,1 millones
Esperanza de vida : 77,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 5/5 por cada 1.000

En octubre, el ministro de Justicia, Chung Soung-jin, anunció su apoyo a la abolición de la pena de muerte. Sin embargo, en la Asamblea Nacional no progresó la votación final sobre el proyecto de ley de abolición. Los trabajadores y trabajadoras migrantes seguían sin disfrutar de una protección completa contra la discriminación o los abusos y tenían pocas posibilidades de obtener resarcimiento. Se produjo un preocupante aumento de las detenciones en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional, y al menos ocho presos de conciencia continuaban encarcelados en virtud de esa Ley.

Información general

Las elecciones presidenciales dominaron el debate político. Lee Myung-bak fue elegido presidente el 19 de diciembre, y su toma de posesión estaba prevista para febrero de 2008.

Se produjeron avances en las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur y se mantuvieron reuniones políticas de alto nivel. La cooperación económica fue un punto central del diálogo, y se realizó el primer viaje transfronterizo en tren desde 1950.

La presencia de tropas surcoreanas en Irak y el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos en abril fueron objeto de un intenso debate.

Pena de muerte

No hubo ejecuciones. Dos personas condenadas a muerte fallecieron; una de ellas murió por causas naturales y la otra se suicidó. Al concluir el año había 64 personas en espera de ejecución. Corea del Sur se convirtió en abolicionista en la práctica en diciembre, tras un decenio de suspensión no oficial de las ejecuciones.

Ley de Seguridad Nacional

El gobierno no modificó ni derogó la Ley de Seguridad Nacional de 1948. En diciembre había al menos ocho personas detenidas por cargos imprecisos relacionados con dicha ley, mientras que en 2006 sólo había una persona en esa situación.

  • Un periodista independiente, Lee Si-woo, fue acusado de violar los artículos 4, 7 y 8 de la Ley de Seguridad Nacional; tras quedar en libertad bajo fianza fue sometido a una estricta vigilancia. Se lo había acusado de revelar secretos militares tras publicar información sobre la presencia militar de Estados Unidos en Corea del Sur. Su reportaje se había basado en información obtenida legalmente del gobierno y de militares en virtud de las leyes sobre libertad de información, así como en datos que había recopilado en 2002 como dirigente de la Campaña de Corea para la Prohibición de las Minas Terrestres. En aquel momento no se plantearon problemas jurídicos, y muchas de las fuentes utilizadas podían consultarse libremente en Internet.

Libertad de expresión

Hubo huelgas generalizadas en protesta por el empleo en condiciones irregulares y por el Tratado de Libre Comercio firmado con Estados Unidos. En julio, Oh Jung-ryul y Jung Gwang-hoon, copresidentes de la Alianza Coreana contra el Acuerdo de Libre Comercio entre Corea y Estados Unidos, fueron detenidos por realizar protestas «ilegales» y «no permitidas». Quedaron en libertad en noviembre. Según los informes, la Alianza había cumplido el requisito de avisar al gobierno de que se iba a celebrar una protesta, y la Constitución no exigía autorización para celebrar concentraciones.

Objeción de conciencia

En diciembre había al menos 733 objetores de conciencia, en su mayoría testigos de Jehová, encarcelados tras ser condenados en 2006 y 2007 por negarse a realizar el servicio militar obligatorio. En octubre, fuentes periodísticas citaron la intención del gobierno de reformar el servicio militar obligatorio antes de 2009 ofreciendo más alternativas a este servicio, aunque posiblemente de mayor duración.

Migración

Según los informes, en noviembre había 502.082 trabajadores y trabajadoras migrantes, de los que al menos 230.000 eran irregulares. La Ley relativa al Permiso de Trabajo para Trabajadores Migrantes, de 2003, no ofrecía salvaguardias adecuadas contra la discriminación y los abusos. En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación Racial expresó preocupación por el hecho de que los trabajadores migrantes sólo pudieran conseguir contratos no renovables de tres años, tuvieran gravemente restringida la movilidad laboral y se encontrasen con obstáculos a la hora de obtener protección jurídica y un resarcimiento frente al trato discriminatorio y otros abusos en el lugar de trabajo.

Miles de trabajadores y trabajadoras migrantes irregulares fueron aprehendidos, recluidos y expulsados de inmediato. Algunos permanecieron recluidos durante meses por razones administrativas o mientras intentaban recuperar salarios no abonados. Según los informes, el Ministerio de Justicia propuso modificaciones de la Ley de Inmigración para que los funcionarios que llevasen a cabo inspecciones para detectar la presencia de trabajadores migrantes no tuviesen que presentar documentos identificativos ni conseguir órdenes previas de aprehensión o reclusión.

Según informes, las condiciones de los centros de detención para migrantes eran deficientes. En febrero, 10 migrantes detenidos en espera de ser expulsados murieron y otros 17 resultaron heridos durante un incendio que se desencadenó en el centro de detención de Yeosu. Los familiares de las personas muertas en el incendio recibieron una indemnización. El resto de las personas detenidas fueron devueltas rápidamente a sus países de origen, y muchas de ellas no recibieron indemnización ni pudieron recurrir para que les pagasen los salarios pendientes.

En julio y agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó preocupación por la trata de personas relacionada con matrimonios internacionales. El Comité y el relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes observaron que las mujeres extranjeras casadas con ciudadanos coreanos no gozaban de una protección adecuada frente a los abusos perpetrados por sus esposos o por agencias matrimoniales internacionales.

Detención y expulsión de dirigentes del Sindicato de Trabajadores Migrantes

En diciembre, tres altos cargos del Sindicato de Trabajadores Migrantes, el presidente Kajiman Khapung, el vicepresidente Raju Kumar Gurung y el secretario general Abul Basher M. Moniruzzaman (Masum), fueron devueltos a sus países de origen sin el debido procedimiento legal. Habían sido detenidos en noviembre por planificar actividades contra unas propuestas de modificación de la Ley de Inmigración. Según los informes, las detenciones se habían producido porque se encontraban en situación irregular o sin la documentación pertinente. Desde agosto de 2007 se había detenido a no menos de 20 miembros del sindicato en actuaciones represivas similares.

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