Corea del Norte - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Popular Democrática de Corea

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
North Korea is now live »

Jefe del Estado : Kim Jong-il
Jefe del gobierno : Kim Yong-il (sustituyó a Pak Pong-ju en abril)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 22,7 millones
Esperanza de vida : 66,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 56/49 por cada 1.000

Continuaron produciéndose violaciones sistemáticas de los derechos humanos, como la imposición de la pena capital, la tortura, la reclusión arbitraria y el encarcelamiento por motivos políticos. La disidencia de todo tipo, como la salida del país sin permiso o las reuniones o asociaciones no autorizadas, se castigaba con dureza, y los medios de comunicación nacionales e internacionales estaban sometidos a un férreo control. Continuó negándose el acceso al país a observadores independientes de derechos humanos.

Información general

En febrero, el gobierno se comprometió a cerrar y desmantelar la central nuclear de Yongbyon a cambio de ayuda económica y concesiones políticas.

Varias inundaciones que se produjeron en agosto afectaron a más de 960.000 personas; decenas de miles quedaron desplazadas internamente y, según los informes, se desconocía el paradero de 450, que se suponía que habían muerto. La carencia de alimentos, que ya llegaba al 20 por ciento antes de las inundaciones, se vio agravada al ser atacados los cultivos por pestes y plagas de insectos. El gobierno dependía de la ayuda internacional, y solicitó oficialmente al Programa Mundial de Alimentos de la ONU que proporcionase asistencia alimentaria inmediata a algunos condados durante tres meses.

En octubre, el líder norcoreano Kim Jong-il se reunió con el presidente surcoreano, Roh Moo-hyun, y en noviembre se reunieron los primeros ministros de ambos países.

En diciembre, la Asamblea General de la ONU aprobó una resolución en la que se expresaba honda preocupación ante las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que se cometían en Corea del Norte.

Personas refugiadas y solicitantes de asilo

Cada mes se producían cientos de repatriaciones forzosas de norcoreanos desde China; según los informes, aproximadamente 50.000 norcoreanos vivían ocultos en China, con el temor constante de ser expulsados.

En Tailandia se continuó recluyendo a cientos de norcoreanos durante varios meses antes de permitirles entrar en Corea del Sur, en donde se concedió la ciudadanía a no menos de 10.000. Las personas procedentes de Corea del Norte tenían dificultades para adaptarse a la forma de vida de Corea del Sur; más de un tercio carecía de empleo y, según los informes, muchas de ellas sufrían trastorno de estrés postraumático.

Desapariciones forzadas

Se desconocía el paradero de cientos de norcoreanos que habían sido devueltos desde China. Desaparecieron las familias de varias personas que habían abandonado el país sin autorización. Se creía que habían sido víctimas de desaparición forzada, una forma de castigo colectivo que se imponía a quienes estaban relacionados con personas consideradas hostiles al régimen («culpables por asociación»). Las autoridades norcoreanas también secuestraron a ciudadanos de otros países, como Corea del Sur y Japón. El gobierno no reconoció ninguna de las desapariciones forzadas.

  • Son Jong-nam fue detenido en enero de 2006 y acusado de traición, al parecer debido a que entre mayo y junio de 2004 había visitado a su hermano, Son Jong-hun, en China. Desde su detención había estado en peligro inminente de ser ejecutado. En marzo de 2007 fue trasladado a un centro de detención de Pyongyang; según los informes, su estado era grave debido a las torturas que le habían infligido miembros del Departamento de Seguridad Nacional. No había indicios de que se hubiera celebrado un juicio, pero, según los informes, el Departamento de Seguridad Nacional dictó condena.

Denegación de acceso al país

Pese a reiteradas peticiones, el gobierno siguió negando el acceso a observadores independientes de derechos humanos, como los relatores especiales de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en la República Popular Democrática de Corea y sobre el derecho a la alimentación. En diciembre, la Asamblea General de la ONU expresó honda preocupación ante la negativa de Corea del Norte a reconocer el mandato del relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos.

Tras las inundaciones de agosto se permitió un mayor acceso al país de los organismos de ayuda humanitaria de la ONU. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU mantenía desde hacía tiempo el principio de «sin acceso no hay alimentos».

Libertad de expresión

No se toleró ningún tipo de oposición. Según los informes, el Partido de los Trabajadores Coreanos denunció en abril que los medios de comunicación extranjeros pretendían desestabilizar al gobierno y ordenó a las fuerzas de seguridad que impidiesen la entrada en el país de cintas de vídeo, material escrito, teléfonos móviles y discos compactos.

Los medios de comunicación nacionales continuaban sometidos a una estricta censura, y el acceso a las emisiones de los medios de comunicación internacionales seguía estando sumamente restringido.

Las reuniones o asociaciones no autorizadas se consideraban «disturbios colectivos» y podían ser causa de castigo. Aunque la libertad de religión se garantizaba en la Constitución, en la práctica estaba gravemente limitada. Las personas que participaban en actividades religiosas públicas o privadas se exponían a ser encarceladas, torturadas y ejecutadas.

Pena de muerte

Las ejecuciones se llevaban a cabo mediante ahorcamiento o fusilamiento. Se recibieron informes de ejecuciones de opositores políticos en prisiones para presos políticos y de personas acusadas de delitos económicos.

  • En agosto se informó de la ejecución pública del presidente de la empresa de exportación de la fábrica de fibra sintética Soonchun Vinalon en la provincia de Pyongan Meridional. Había sido acusado de vender material de la fábrica para comprar comida destinada a los trabajadores que pasaban hambre. Posteriormente se lo acusó también de ocultar su pertenencia a Chi-an-dae, una milicia civil de base, de tendencia anticomunista, que actuó durante la Guerra de Corea (1950-1953).

Condiciones de reclusión

Según los informes, la población reclusa, especialmente las personas encarceladas por motivos políticos, vivía en condiciones espantosas en una amplia variedad de centros de detención y prisiones.

Las personas de origen norcoreano devueltas desde China se exponían a ser torturadas o maltratadas y a pasar hasta tres años encarceladas. El castigo que recibían dependía de su edad, género y experiencias. Por lo general, las mujeres y los menores de edad eran condenados a pasar dos semanas en un centro de detención, aunque también era habitual la imposición de condenas más largas, de varios meses, en campos de trabajo. Las personas que confesaban haberse reunido con surcoreanos o misioneros eran castigadas con especial dureza. Continuaban llevándose a cabo ejecuciones sumarias e imponiéndose largas condenas de trabajos forzados. Las autoridades a menudo excarcelaban a las personas que estaban a punto de morir, que fallecían poco después de quedar en libertad.