Jordania - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in Reino Hachemí de Jordania

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Jordan is now live »

Jefe del Estado : rey Abdalá II bin al Husein
Jefe del gobierno : Nader al Dahabi (sustituyó a Maruf Bajit en noviembre)
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 6 millones
Esperanza de vida : 71,9 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 23/21 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 91,1 por ciento

Se siguió sometiendo a juicios injustos ante el Tribunal de Seguridad del Estado a personas detenidas por su presunta participación en actividades terroristas, a las que se impusieron condenas de prisión o de muerte incluso habiendo denunciado que habían sido torturadas. Las mujeres continuaron siendo víctimas de discriminación, violencia en el ámbito familiar y homicidio por motivos de «honor».

Información general

Tras celebrar elecciones en noviembre, sin que se permitiera a ninguna ONG vigilar su desarrollo, se formó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Nader al Dahabi. Entre sus 27 miembros había cuatro ministras, tres más que en el gobierno anterior. Jordania acogía a unos 500.000 iraquíes y a casi 2 millones de palestinos registrados como refugiados en la Agencia para la Ayuda a los Refugiados Palestinos y la mayoría de los cuales tenían la ciudadanía jordana.

Tortura y otros malos tratos

En un informe del 5 de enero sobre una visita que había realizado al país en 2006, el relator especial sobre la cuestión de la tortura formuló diversas recomendaciones, pero en la mayoría de los casos las autoridades no parecieron tomar medidas para aplicarlas. En el informe se llegaba a la conclusión de que en Jordania la tortura era práctica generalizada y, en algunos lugares, habitual, y se instaba a iniciar investigaciones criminales contra al menos ocho funcionarios a los que se había identificado. El 31 de enero, el director del departamento para cuestiones jurídicas del Ministerio de Asuntos Exteriores tachó las conclusiones del informe de «incorrectas e infundadas». Sin embargo, el 1 de diciembre el gobierno reformó el artículo 208 del Código Penal para prohibir la tortura y aprobó una definición de ésta idéntica a la recogida en la Convención de la ONU contra la Tortura. En la reforma no quedó estipulado que las penas impuestas a los torturadores fueran compatibles con la Convención.

  • Según informes, en la prisión de Swaqa, el 21 de agosto, tras una visita de Human Rights Watch, la mayoría de los más de 2.100 internos allí recluidos fueron golpeados y obligados a afeitarse la barba y la cabeza. Uno de ellos, Ala Abu Utair, murió el 22 de agosto, según informes por lesiones sufridas a causa de los golpes. Las autoridades destituyeron al director de la prisión. También abrieron una investigación sobre lo ocurrido, pero al concluir el año no se conocía aún el resultado.

Al menos en ocho causas incoadas ante el Tribunal de Seguridad del Estado, los acusados se retractaron de las «confesiones» que habían hecho durante su prisión preventiva, alegando que las habían realizado bajo tortura. No se tuvo noticia de que el Tribunal investigara estas denuncias adecuadamente.

«Guerra contra el terror»

Al menos 20 personas sospechosas de terrorismo afirmaron haber sido torturadas en prisión preventiva y obligadas a firmar «confesiones», de las que posteriormente se retractaron ante los tribunales.

El 31 de enero, el director del departamento para cuestiones jurídicas del Ministerio de Asuntos Exteriores negó que Estados Unidos tuviera centros secretos de detención en Jordania.

El 4 de noviembre, las autoridades estadounidenses trasladaron a Jordania a tres ciudadanos jordanos recluidos en Guantánamo, Cuba: Osama Abu Kabir, Ahmad Hasan Sulayman e Ibrahim Zaydan. Los tres fueron detenidos a su llegada y estuvieron una semana privados de libertad. Durante este tiempo se les negaron las visitas de familiares y abogados, aunque, según afirmaron, recibieron un buen trato.

Detención prolongada sin juicio

  • Isam al Utaibi, conocido también como sheij Abu Muhammad al Maqdisi, que se hallaba detenido desde el 6 de julio de 2005, continuó sometido a prisión preventiva en régimen de aislamiento en el Departamento General de Inteligencia. El director de éste manifestó que estaba acusado de «conspiración para cometer actos terroristas». No se le permitió contar con un abogado hasta el 19 de abril, y al final de año sólo se lo había autorizado a reunirse con él una vez.
  • Samer Helmi al Barq, que había sido trasladado a Jordania el 26 de octubre de 2003, continuó, al parecer, recluido sin cargos. Había sido detenido el 15 de julio de 2003 en Pakistán, donde estuvo recluido durante dos semanas, hasta que fue entregado a las autoridades estadounidenses y recluido durante tres meses en una prisión secreta fuera de Pakistán, antes de ser trasladado a Jordania.

Violencia contra las mujeres

Según informes, 17 mujeres fueron víctimas de homicidio por motivos de «honor». A los autores de este tipo de delitos se les seguían imponiendo condenas reducidas.

  • En junio, el Tribunal Penal impuso a un hombre que había matado a una hermana suya soltera una condena reducida de seis meses por considerar que había admitido haberla matado «en un arrebato de furia» tras decirle ella que estaba embarazada.

El 10 de agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomendó que las autoridades jordanas promulgaran una ley exhaustiva sobre la igualdad de género y reformaran o anularan las disposiciones discriminatorias de la legislación relativa a la condición personal, el Código Penal y la legislación sobre la nacionalidad. El Comité recomendó también reformar el Código Penal para garantizar que los autores de delitos por motivos de «honor» y delitos premeditados por motivos de «honor» no se beneficiaban de penas reducidas, que el artículo 99 (que reducía la condena a la mitad si la familia de la víctima disculpaba al autor del delito) no era aplicable a los delitos por motivos de «honor» ni a los casos en que la víctima estaba emparentada con el perpetrador y que los violadores no eludían la condena casándose con la víctima.

El 25 de noviembre, el Fondo de Desarrollo de la ONU para la Mujer informó de que, en alrededor de dos de cada tres casos, la familia de la víctima retiraba los cargos contra el autor del delito, con lo que aumentaba la probabilidad de que se le impusiera una pena menos severa.

Pena de muerte

Al menos cinco personas fueron condenadas a muerte en juicios ante el Tribunal de Seguridad del Estado pese a haber denunciado ante éste que habían sido torturadas. No se sabía si el Tribunal había tomado medidas adecuadas para investigar las denuncias. Otras 12 personas fueron condenadas a muerte en juicios ante tribunales penales.

En mayo, el Tribunal de Casación ordenó al Tribunal de Seguridad del Estado que volviera a examinar las condenas de muerte que había impuesto a nueve personas declaradas culpables de planear un ataque químico en Ammán. El caso seguía pendiente al final del año.

El 29 de julio, el rey Abdalá conmutó la condena de muerte a siete personas acusadas de participación en unos sucesos violentos ocurridos en Ammán en 2002. Se les redujo la pena a 15 años de prisión. Algunas de estas personas afirmaron que las habían torturado para conseguir sus «confesiones».

Libertad de expresión

El 21 de marzo, el Parlamento jordano aprobó una nueva Ley de Prensa y Publicaciones, aunque rechazando una disposición que permitía encarcelar a los periodistas por ciertas infracciones de las normas de publicación. No obstante, todavía se les podía encarcelar en aplicación de otras leyes, incluido el Código Penal, por insultar al rey y provocar conflictos sectarios y sedición.

  • El 9 de octubre, el Tribunal de Seguridad del Estado condenó al ex miembro del Parlamento Ahmad al Abbadi a dos años de prisión por «menoscabar el prestigio y la reputación del Estado» y «pertenecer a un movimiento ilegal», el Movimiento Nacional Jordano, con sede en Estados Unidos. Al parecer, Ahmad al Abbadi había escrito una carta a un senador estadounidense en la que hablaba de la existencia de corrupción y abusos contra los derechos humanos en Jordania.

Libertad de reunión y asociación

Las autoridades negaron el permiso para la celebración de diversos actos pacíficos y propusieron una ley que restringía aún más las actividades de las ONG.

  • Según informes, el 26 de octubre, el gobernador de Ammán denegó por cuarta vez en dos meses a la ONG Nueva Jordania el permiso para organizar un taller sobre la vigilancia de las elecciones por la sociedad civil.
  • El gobierno presentó el 9 de octubre un proyecto de ley de ONG que prohibía a éstas participar en actividades «políticas, religiosas o sectarias» y establecer secciones y que aumentaba el ámbito de influencia oficial en la gestión y financiación de las ONG. La ley no se había promulgado aún al final del año.

Personas refugiadas

Jordania contaba entre su población con 1,9 millones de refugiados palestinos, la mayoría de los cuales tenían la ciudadanía jordana. Asimismo, el país había acogido a unos 500.000 refugiados iraquíes en los últimos años. En 2007 se negó la entrada a un número cada vez mayor de iraquíes que pretendían entrar al país. Dentro de Jordania se detuvo a varios solicitantes de asilo y refugiados iraquíes, que fueron devueltos a Irak. Las autoridades jordanas continuaron negando la entrada a unos 193 refugiados kurdos iraníes que soportaban ya terribles condiciones en Irak, donde vivían en tiendas de campaña cerca de la frontera con Jordania. La negación de la entrada a estas personas iba en contra del derecho internacional de refugiados.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

  • Las autoridades no prestaban protección contra los abusos a millares de migrantes. A estas personas se les confiscaba el pasaporte y se les denegaba el permiso de residencia, con lo que estaban expuestas a ser detenidas y expulsadas. Las obligaban a hacer largas jornadas de trabajo y dejaban de pagarles sus salarios. En algunos casos, sus condiciones de vida eran muy deficientes, y se les negaba el acceso a la debida atención médica. Se denunciaron abusos físicos y sexuales a empleados.

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