Guatemala - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Guatemala

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Guatemala is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Óscar Berger Perdomo
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 13,2 millones
Esperanza de vida : 69,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 48/36 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 69,1 por ciento

La situación de la seguridad pública seguía siendo grave para la mayor parte de la población: no se constataron avances visibles en la mejora de la calidad de las investigaciones y los enjuiciamientos de delitos, y la rendición de cuentas por parte de la policía fue prácticamente insignificante. Las mujeres siguieron padeciendo elevados índices de violencia. El gobierno realizó escasos esfuerzos para procesar a ex oficiales del ejército acusados de violaciones de los derechos humanos, entre ellas genocidio, cometidas durante los años del conflicto armado interno (1960-1996). Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron haciendo frente a un alto grado de amenazas e intimidación. Pese a las reiteradas peticiones nacionales e internacionales para que actuase, el gobierno no protegió a quienes defendían los derechos humanos ni investigó las denuncias de acoso.

Información general

En septiembre y noviembre se celebraron sendas rondas electorales a la presidencia del país. La Procuraduría de los Derechos Humanos informó de que se habían producido aproximadamente 26 homicidios de activistas políticos en el contexto de las elecciones, en las que resultó vencedor álvaro Colom Caballeros, quien asumiría la presidencia en enero de 2008.

En febrero, según los informes, cuatro agentes de la policía guatemalteca mataron a tres miembros salvadoreños del Parlamento Centroamericano (que tiene su sede en Guatemala) y a su chófer. Seis días después de los hechos, los cuatro policías fueron asesinados mientras estaban bajo custodia. Las muertes provocaron en marzo la dimisión del director de la Policía Nacional Civil y el ministro de Gobernación.

En agosto, el Congreso de la República aprobó la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que, bajo los auspicios de la ONU, tenía el objetivo de ayudar a las instituciones del gobierno a investigar y procesar a los responsables de delitos penales derivados de la actividad de los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.

Seguridad pública

Según informes policiales, durante el año murieron de forma violenta 5.781 personas. El vicepresidente informó de que aproximadamente el 1 por ciento de todos los homicidios terminaban en condena. El relator especial de la ONUsobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias hizo público un informe en el que criticaba a Guatemala por promover la impunidad de los homicidios y constataba la implicación de la policía y de otros ciudadanos en el homicidio de personas consideradas indeseables sociales. El nuevo director dela Policía Nacional Civil dimitió en septiembre tras denunciarse que agentes de policía, entre los que estaban sus guardaespaldas, habían supuestamente ejecutado extrajudicialmente a cinco jóvenes, el menor de los cuales no contaba más de 17 años.

Violencia contra las mujeres

Según informes policiales, en 2007 murieron de forma violenta 590 mujeres. En diciembre inició su actividad el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala (INACIF), de carácter independiente y creado en 2006 para mejorar la calidad de las investigaciones forenses.

Conflictos sobre tierras: desalojos forzosos

El Ministerio de Gobernación informó de 49 desalojos forzosos en áreas rurales. El gobierno no implementó medidas para garantizar la imparcialidad del sistema de justicia al tratar conflictos sobre tierras o para proporcionar cobijo adecuado a las comunidades desalojadas. A consecuencia de esta situación, continuó el desplazamiento de comunidades rurales e indígenas, que siguieron viendo negado su acceso a la justicia.

Hubo muchas protestas de comunidades rurales e indígenas sobre el impacto medioambiental de las actividades mineras. Se celebraron varios referendos populares mediante los cuales se trató de formalizar la oposición a esas actividades, utilizando como marco el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo), que establece el deber de consulta previa al inicio de operaciones de minería.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Según los informes, se produjeron 195 ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos. Quienes defendían derechos económicos, sociales y culturales o emprendían actividades de campaña en relación con cuestiones medioambientales seguían haciendo frente a crecientes riesgos. Quienes trabajaban en la investigación y documentación de violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno fueron también objeto de amenazas y de intimidación.

  • En enero, tres hombres no identificados tirotearon a los activistas medioambientales Carlos Albacete Rosales y Piedad Espinosa Albacete cuando viajaban en un taxi hacia la Ciudad de Guatemala. Los dos activistas escaparon con heridas de menor importancia. Ambos trabajaban para la organización Trópico Verde, que hace campaña para proteger las reservas naturales mayas, y habían participado activamente en la denuncia de los intentos de ganaderos y presuntos narcotraficantes de apropiarse de tierras en el interior de las reservas. Al finalizar el año nadie había sido puesto a disposición de la justicia por este ataque.

Impunidad

En diciembre, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala declaró la improcedencia de las órdenes internacionales de detención y la petición de extradición emitidas por un juez español en 2006 contra ex oficiales de alta graduación del ejército por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. En una sentencia que fue objeto de críticas generalizadas, la Corte no reconoció el principio de jurisdicción universal para crímenes de carácter internacional y pareció sugerir que los delitos referidos eran de naturaleza política. En septiembre, el general Ríos Montt, ex presidente de la República y uno de los integrantes del grupo de ex oficiales de alta graduación del ejército a los que se acusaba de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, resultó elegido miembro del Congreso de la República de Guatemala, con lo que logró inmunidad parlamentaria.

Tampoco experimentó avances durante el año la causa promovida en el año 2000 contra ese grupo de oficiales ante el sistema judicial guatemalteco. Además, el gobierno no permitió que se hicieran públicos documentos del ejército de 25 años de antigüedad que, se suponía, contenían pruebas de que las violaciones generalizadas de derechos humanos habían sido parte de una estrategia militar intencionada durante el conflicto. El Grupo de Trabajo de la ONUsobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias criticó al gobierno por no realizar ningún progreso significativo en la determinación de la suerte de las aproximadamente 45.000 personas que seguían «desaparecidas».

Pena de muerte

En 2007 no se dictaron sentencias de muerte ni se ejecutó a nadie. Se conmutaron las sentencias de muerte de tres personas y, al finalizar el año, había 19 condenadas a muerte.

Informes de Amnistía Internacional