República Dominicana - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Dominicana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Dominican Republic is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Leonel Fernández Reyna
Pena de muerte : abolicionista para todos los delitos
PoblaciÓn : 9,1 millones
Esperanza de vida : 71,5 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 48/39 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 87 por ciento

Continuaba la discriminación contra la población haitiana y dominicana de origen haitiano. Se recibieron informes sobre homicidios cometidos por la policía en circunstancias controvertidas. La violencia contra las mujeres era generalizada. El tráfico ilícito de personas seguía siendo un motivo grave de preocupación. Los desalojos forzosos dejaron sin techo a centenares de familias.

Información general

Fueron recurrentes a lo largo del año las protestas de diversos sectores de población en favor de medidas gubernamentales más enérgicas para atajar la pobreza y hacer realidad los derechos sociales y económicos. Pese al fuerte crecimiento económico, más de una cuarta parte de la población vivía en la pobreza y de nuevo volvió a incrementarse el número de menores desnutridos.

Se debatieron en la Cámara de Diputados varias reformas al Código Penal, entre ellas la despenalización del aborto, que no llegaron a materializarse en la ley.

Las autoridades dominicanas reforzaron el control militar de su frontera con Haití mediante el despliegue del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza (CESFRONT). Las expulsiones de migrantes en situación irregular se llevaron frecuentemente a cabo de forma arbitraria y sin derecho a recurrir contra ellas.

Violencia contra las mujeres

La violencia contra las mujeres era generalizada y afectaba a todos los sectores sociales. Según datos estadísticos oficiales, murieron al menos 165 mujeres en disputas domésticas a manos de sus parejas o ex parejas. En los seis primeros meses del año se recibieron en las oficinas del Ministerio Público más de 6.000 denuncias de violencia de género procedentes de todo el país. Existía inquietud por la posibilidad de que se estuvieran denunciando menos casos de los que realmente se producían, y por la inadecuada respuesta de las autoridades en los casos en que las mujeres sí denunciaban.

Discriminación contra la población haitiana y dominicana de origen haitiano

Preocupaba la nueva medida en virtud de la cual a los niños y las niñas nacidos de migrantes indocumentados se los inscribía en un Libro de extranjería. Esta medida se consideró discriminatoria, dado que podría dificultar a los menores de ascendencia haitiana el ejercicio del derecho a tener la nacionalidad dominicana. En octubre visitaron el país la experta independiente de la ONU sobre cuestiones de las minorías y el relator especial sobre formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. En sus observaciones manifestaron que era generalizada la discriminación contra trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos y dominicanos de origen haitiano. Durante todo el año hubo denuncias sobre agresiones de motivación racial contra el colectivo de trabajadores migrantes haitianos.

Trata de personas

Se produjeron numerosas muertes en el mar de personas que trataban de llegar a Puerto Rico desde República Dominicana en el contexto de operaciones de tráfico ilícito de personas. Pese al incremento de la vigilancia de las autoridades fronterizas, seguía introduciéndose de forma ilícita a trabajadores y trabajadoras migrantes haitianos en el país.

  • En noviembre se procedió a la sustitución de una unidad militar del CESFRONT con base en Dajabón. Organizaciones no gubernamentales locales sacaron a la luz la implicación de esa unidad en prácticas de malos tratos a ciudadanos haitianos y en la aceptación de sobornos para permitir la entrada al país de inmigrantes en situación irregular.
  • En enero, dos civiles y dos militares fueron condenados a 20 y 10 años de prisión, respectivamente, por su pertenencia a una red de tráfico ilícito de personas cuyas operaciones habían supuesto la muerte por asfixia de 25 trabajadores migrantes haitianos en enero de 2006.

Libertad de prensa

Aumentaron en 2007 la intimidación y el hostigamiento, por parte de autoridades y particulares, contra periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación. Se agredió a periodistas que denunciaban prácticas de corrupción.

  • En enero, Manuel Vega fue amenazado con ser quemado vivo. Había informado sobre actividades de narcotráfico en la provincia de Hato Mayor.
  • En mayo, la Fiscalía del Distrito Nacional reabrió el caso de Narciso González, periodista y profesor universitario desaparecido en mayo de 1994 tras ser presuntamente detenido en unas instalaciones militares situadas en las afueras de la ciudad de Santo Domingo.

Derecho a la vivienda: desalojos forzosos

Centenares de familias fueron desalojadas forzosamente de sus hogares sin el debido proceso ni consulta. En la mayoría de los casos, los policías y militares o los particulares que llevaban a cabo los desalojos hicieron uso excesivo de la fuerza, causando muertes, lesiones y destrucción de bienes.

  • En junio, policías y militares utilizaron perdigones y gases lacrimógenos para desalojar a 75 familias de unos terrenos públicos en Villa Venecia de Pantojas, Santo Domingo Este. Según los informes, César Ureña, uno de los dirigentes de la comunidad, fue ejecutado extrajudicialmente por militares durante el desalojo. En diciembre, otras 45 familias fueron desalojadas a la fuerza de la misma comunidad mediante una orden de desalojo falsificada. Sus viviendas fueron destruidas y sus pertenencias robadas con la presunta complicidad de los policías y militares que supervisaban el desalojo.

Homicidios ilegítimos cometidos por fuerzas policiales y de seguridad

Siguieron recibiéndose informes sobre brutalidad policial. Según la Procuraduría General de la República, sólo entre enero y mayo la policía mató al menos a 126 personas. La impunidad por abusos policiales y la completa falta de rendición de cuentas en los sistemas de seguridad y justicia continuaban siendo la norma.

  • En julio, unos agentes de policía mataron a tiros a Rafael de Jesús Torres Tavárez en Navarrete la víspera de la huelga general organizada por el Foro Social Alternativo.

Informes y visita de Amnistía Internacional