República Democrática del Congo - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Democrática del Congo

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Democratic Republic Of Congo is now live »

Jefe del Estado y del gobierno : Joseph Kabila
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 61,2 millones
Esperanza de vida : 45,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 208/186 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 67,2 por ciento

Las tensiones políticas y militares de República Democrática del Congo desembocaron en importantes brotes de violencia en Kinshasa, la capital, y en la provincia de Bas-Congo. Los homicidios ilegítimos, las detenciones y reclusiones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes a manos de las fuerzas de seguridad y de combatientes de grupos armados eran habituales en todo el país y, en muchos casos, se utilizaron contra presuntos opositores políticos. La violación de mujeres por miembros de las fuerzas de seguridad y de grupos armados siguió siendo un fenómeno de elevada incidencia. Si bien la seguridad mejoró en algunas provincias, la crisis humanitaria y de derechos humanos se agravó en las dos provincias de Kivu, situadas en el este del país.

Más de 1,4 millones de personas desplazadas por el conflicto siguieron padeciendo graves necesidades humanitarias en todo el país. La prestación de servicios sociales básicos, como los de salud y educación, se vio obstaculizada por la mala gestión, el deterioro de las infraestructuras y la escasez de inversiones.

Información general

En febrero quedó constituido el nuevo gobierno, con lo que se puso fin al gobierno provisional de coalición, al frente del país desde 2003. Las tensiones existentes entre el ejecutivo y Jean-Pierre Bemba, principal candidato presidencial de la oposición en 2006, estallaron a finales de marzo. Tras la negativa de Jean-Pierre Bemba a obedecer la orden de desarmarse, dictada por el gobierno, se produjeron enfrentamientos en Kinshasa entre la guardia armada de Bemba y las fuerzas del gobierno. En ellos murieron hasta 600 personas. Posteriormente, Jean-Pierre Bemba abandonó el país, y comenzó un difícil periodo de coexistencia entre el gobierno y la oposición política.

Continuó la tarea de restaurar la autoridad del Estado en las zonas previamente inseguras del país. Aunque se había avanzado en la consolidación de las instituciones del Estado, éstas seguían siendo débiles. Se desarmó y desmovilizó con éxito a varios grupos armados, en particular en el distrito de Ituri y en la provincia de Katanga. No obstante, se incumplió la promesa de ayudar a los combatientes desmovilizados a reintegrarse en la vida civil, por lo que éstos se convirtieron en una fuente de inseguridad local. 

Continuó el conflicto en las provincias de Kivu, en el este del país. En agosto, en Kivu Septentrional, el ejército se enfrentó a las fuerzas leales a Laurent Nkunda, jefe militar de etnia tutsi. Dicho enfrentamiento, en el que también participaron el grupo armado Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (Forces Démocratiques de Libération du Rwanda, FDLR) y las milicias mayi-mayi, se caracterizó por las violaciones graves del derecho internacional humanitario en él cometidas; además, provocó un aumento de las tensiones entre República Democrática del Congo y Ruanda. En noviembre, ambos gobiernos llegaron a un «planteamiento común» para poner fin a la amenaza que representaban los grupos armados, tanto nacionales como extranjeros, en República Democrática del Congo. La ofensiva militar lanzada por el gobierno en diciembre contra las fuerzas de Laurent Nkunda con apoyo de las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU (MONUC) no dio los resultados esperados. A finales de año se anunció que se estaba organizando una conferencia nacional a gran escala para pacificar las provincias de Kivu.

Personas desplazadas internamente

Entre agosto y diciembre, debido a los enfrentamientos de Kivu Septentrional, más de 170.000 personas se vieron obligadas a desplazarse a otros lugares, y se sumaron así a las cerca de 200.000 personas que, desde finales de 2006, se habían convertido en desplazadas internas a causa de la inseguridad. En total había más de 1,4 millones de desplazados internos en República Democrática del Congo, mientras que 322.000 personas se habían refugiado en países vecinos.

Policía y fuerzas de seguridad

En sus operaciones, el ejército nacional, la policía y los servicios militar y civil de información mostraban habitualmente poco o nulo respeto por la legislación congoleña y el derecho internacional. Además, estos cuerpos fueron responsables de la mayoría de las violaciones de derechos humanos de las que se tuvo noticia. Aumentó el número de abusos atribuidos a la policía. La falta de disciplina y de una cadena de mando clara en estas fuerzas, junto con la impunidad generalizada de la que gozaban, seguían siendo grandes obstáculos a la hora de mejorar el disfrute de los derechos humanos. El programa de Reforma del Sector de la Seguridad, que tenía por objeto integrar antiguas fuerzas y grupos armados en las fuerzas de seguridad unificadas del Estado, se había cumplido sólo en parte. La inobservancia, por parte del gobierno y de Laurent Nkunda, del marco jurídico nacional para la integración en el ejército contribuyó a la violencia en Kivu Septentrional.

La protección de la población civil en el este del país seguía dependiendo, casi por completo, de las fuerzas de la MONUC, que estaban al límite de sus posibilidades. En noviembre, el secretario general de la ONU propuso el establecimiento de varios objetivos mínimos que se debían alcanzar antes de contemplar cualquier reducción de fuerzas de la MONUC. Entre ellos figuraban el desarme y la desmovilización o repatriación de los grupos armados operativos en el este, así como una mejora sustancial de las fuerzas de seguridad de República Democrática del Congo para que cumplieran con su función de garantizar la seguridad, proteger a la población civil y respetar los derechos humanos.

Homicidios ilegítimos

Tanto las fuerzas de seguridad del Estado como los grupos armados –congoleños y extranjeros– cometieron cientos de homicidios ilegítimos. Durante las operaciones militares, todas las fuerzas atacaron de forma deliberada a la población civil o no tomaron medidas adecuadas para protegerla. Durante los enfrentamientos de marzo en Kinshasa, tanto las fuerzas del gobierno como la guardia armada de Jean-Pierre Bemba utilizaron armamento pesado en zonas residenciales densamente pobladas, lo que causó cientos de muertes de civiles. 

  • Entre el 31 de enero y el 1 de febrero, 95 civiles murieron a manos del ejército y la policía, que hicieron uso de fuerza desproporcionada y, en algunos casos, llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales para sofocar las protestas violentas de la provincia de Bas-Congo. En los disturbios murieron 10 miembros de las fuerzas de seguridad.
  • Al parecer, a finales de marzo, las fuerzas del gobierno ejecutaron extrajudicialmente en Kinshasa a un mínimo de 27 personas sospechosas de apoyar a Jean-Pierre Bemba.
  • En septiembre se descubrieron 21 cadáveres en fosas comunes ubicadas en posiciones abandonadas por las fuerzas de Laurent Nkunda en el territorio de Rutshuru, en Kivu Septentrional. Algunos de ellos tenían las manos y los pies atados.

Tortura y otros malos tratos

Los servicios de seguridad del gobierno y los grupos armados recurrían de forma habitual a la tortura y otros malos tratos, como palizas prolongadas, apuñalamientos y violaciones bajo custodia. Los detenidos eran recluidos en régimen de incomunicación, en ocasiones en lugares secretos. En Kinshasa, la Guardia Republicana (guardia presidencial) y la división de Servicios Especiales de la policía detuvieron arbitrariamente, torturaron y sometieron a malos tratos a numerosas personas consideradas opositoras al gobierno. Muchas de las víctimas fueron seleccionadas por pertenecer a la misma etnia que Jean-Pierre Bemba o por proceder, como él, de la provincia de Ecuador. Las condiciones de la mayoría de las prisiones y centros de detención seguían siendo crueles, inhumanas o degradantes, y con frecuencia se recibían informes de muertes de presos por malnutrición o por enfermedades que se podrían haber tratado.

  • Papy Tembe Moroni, periodista de Kinshasa, procedente de la provincia de Ecuador, que trabajaba para una cadena de televisión de la oposición, pasó 132 días detenido de forma arbitraria antes de quedar en libertad en abril. Posteriormente, al referirse a su reclusión bajo custodia policial, declaró a Amnistía Internacional: «Me pegaban con maderos y porras, como si estuvieran matando una serpiente».

Violencia sexual

Se siguieron registrando en todo el país, y en especial en el este, altos índices de violación y de otras formas de violencia sexual. Los soldados y la policía se encontraban entre los principales perpetradores de estos actos, así como los miembros de grupos armados tanto congoleños como extranjeros, aunque se recibieron informes de un número cada vez mayor de violaciones cometidas por civiles. Muchas violaciones, y en particular las cometidas por grupos armados, iban acompañadas de mutilaciones genitales o de otros actos de brutalidad extrema. El grupo armado FDLR y un grupo escindido de éste, conocido como Rasta, secuestraban a mujeres y niñas y las empleaban como esclavas sexuales. Pocos perpetradores de violencia sexual comparecieron ante la justicia. No se aplicó de forma generalizada la ley de 2006 que endurecía los procedimientos judiciales y las penas por delitos de violencia sexual. Las sobrevivientes de violación seguían estando estigmatizadas, y eran objeto de exclusión social y económica. Pocas tenían acceso a cuidados médicos adecuados. La persistente oleada de violaciones era parte de una constante más amplia de violencia y discriminación endémica contra las mujeres en República Democrática del Congo.

  • Entre el 21 de julio y el 3 de agosto, unas 120 mujeres y niñas fueron violadas en grupo, al parecer por combatientes mayi-mayi, en Lieke Lesole, territorio de Opala, en la provincia Oriental. Al concluir el año, seguía en curso una investigación judicial.
  • Según informes, entre el 26 y el 27 de mayo, combatientes del FDLR o del grupo Rasta mataron a 17 personas, entre ellas mujeres y menores, y secuestraron y agredieron sexualmente a siete mujeres en Kanyola, provincia de Kivu Meridional. Posteriormente, el ejército rescató a estas últimas.

Niños y niñas soldados

Varios cientos de menores continuaban sirviendo en grupos armados congoleños y extranjeros, y en algunas unidades del ejército. Al concluir el año, seguía sin aplicarse apenas el programa del gobierno para identificar a los menores y separarlos de las fuerzas armadas. En muchas zonas del país seguían sin consolidarse los programas para reintegrar a ex niños y niñas soldados a la vida civil. Al concluir 2007, unos 5.000 ex niños y niñas soldados seguían esperando ayudas para su reintegración.

En Kivu Septentrional, el grupo armado de Laurent Nkunda y las milicias mayi-mayi de oposición reclutaron a numerosos menores, muchos de ellos por la fuerza. Al parecer, las fuerzas de Nkunda realizaron incursiones en escuelas para llevar a cabo reclutamientos forzados. La inseguridad en Kivu Septentrional socavó los programas de ONG destinados a unificar familias y reinsertar a ex niños y niñas soldados en la comunidad. Los grupos armados volvieron a capturar a ex niños y niñas soldados que se habían reunido con sus familias.

  • En octubre se dio refugio en un estadio de la localidad de Rutshuru, en Kivu Septentrional, a más de 160 menores de ambos sexos y de edades comprendidas entre los 7 y los 18 años que huían de los intentos de reclutamiento forzoso de las fuerzas de Laurent Nkunda. Se temía que otros menores hubieran sido atrapados por combatientes de grupos armados o se hubieran perdido en la selva.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron soportando ataques y amenazas de muerte que, según se creía, procedían en general de agentes del gobierno. Los profesionales del periodismo y del derecho eran habitualmente objeto de ataques, detención arbitraria o intimidación a causa de sus actividades profesionales.

  • En mayo, un agente de seguridad violó a una defensora de los derechos humanos durante una visita de trabajo a un centro de detención. En septiembre, las hijas de otra activista sufrieron una violenta agresión sexual, en su domicilio, a manos de soldados.
  • En junio, Serge Maheshe, periodista de la emisora Radio Okapi, patrocinada por la ONU, fue asesinado en Bukavu, en circunstancias que no se investigaron de forma satisfactoria. En agosto, en un juicio militar sin las debidas garantías procesales, se condenó a muerte a cuatro personas, entre ellas dos amigos de la víctima, cuya condena se basó en el testimonio no corroborado, y posteriormente retirado, de dos de los hombres, que se declararon culpables. Seguía pendiente el recurso de apelación.

Sistema de justicia

En muchas zonas, el sistema de justicia civil era inexistente o su funcionamiento era mínimo, y adolecía de falta de independencia, recursos y personal. Continuó juzgándose a civiles en tribunales militares, a pesar de ser inconstitucional. Muchos juicios eran injustos, en especial los celebrados en tribunales militares. Siguieron dictándose condenas a muerte, la gran mayoría en tribunales militares, aunque no se recibieron informes de ninguna ejecución. Las comparecencias ante tribunales siguieron sufriendo prolongados retrasos, aunque los juicios en sí eran a menudo sumarios. Con frecuencia se observaron interferencias del poder político y militar en la administración de justicia.

  • Théophile Kazadi Mutombo Fofana llevaba desde septiembre de 2004 recluido en detención preventiva, de forma ilegal, en el Centro Penitenciario y de Reeducación de Kinshasa (Centre Pénitentiaire et de Rééducation de Kinshasa, CPRK). En julio de 2004 había sido extraditado, también ilegalmente, desde República del Congo como sospechoso de haber participado en un presunto intento de golpe de Estado en Kinshasa. Fue recluido por los servicios de seguridad, y durante ese tiempo fue torturado. Al concluir el año, seguía sin comparecer ante un tribunal y sin haber podido impugnar la legalidad de su detención.

Impunidad: justicia internacional

Persistía la impunidad en la gran mayoría de los casos. No obstante, se observó un aumento de las investigaciones y juicios nacionales, sobre todo militares, por abusos contra los derechos humanos, incluidos algunos por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Sin embargo, las frecuentes fugas de prisiones y centros de detención menoscababan la eficacia de los procesos judiciales.

  • En octubre, el gobierno entregó a Germain Katanga, ex jefe de un grupo armado de Ituri, a la Corte Penal Internacional (CPI), donde se dictó acta de acusación formal en su contra por cargos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra cometidos, al parecer, en el distrito de Ituri en 2003. Germain Katanga fue el segundo líder de un grupo armado de Ituri en ser transferido a la CPI, después de Thomas Lubanga Dyilo, entregado en marzo de 2006. Otros hombres, detenidos por las autoridades congoleñas a principios de 2005 por cargos de crímenes contra la humanidad perpetrados en Ituri, seguían en detención preventiva en el CPRK de Kinshasa. Las autoridades judiciales militares prorrogaron su detención varias veces, lo que violaba el procedimiento legal congoleño, pero no tomaron medidas para enjuiciarlo.
  • En febrero, el tribunal militar de Bunia (Ituri) declaró culpables a 13 soldados de crímenes de guerra por el homicidio de más de 30 civiles perpetrado en la localidad de Bavi a finales de 2006. Ese mismo tribunal condenó a seis miembros de grupos armados por el crimen de guerra de haber matado a dos observadores militares de la MONUC en mayo de 2003. En ambos juicios, el tribunal aplicó las disposiciones del Estatuto de Roma de la CPI.
  • En junio, un tribunal militar absolvió a todos los acusados, incluidos oficiales del ejército y tres empleados extranjeros de la empresa multinacional Anvil Mining, de los crímenes de guerra que se les imputaban en relación con la masacre de Kilwa, provincia de Katanga, que tuvo lugar en 2004. De las 12 personas acusadas, se condenó a 4 por otros delitos que no guardaban relación con la masacre. Al parecer, hubo interferencias políticas en el juicio. Las absoluciones fueron objeto de críticas generalizadas, y se consideraron un revés para la lucha contra la impunidad en República Democrática del Congo.

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