Bielorrusia - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República de Bielorrusia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Belarus is now live »

Jefe del Estado : Alexander Lukashenko
Jefe del gobierno : Sergei Sidorsky
Pena de muerte : retencionista
PoblaciÓn : 9,6 millones
Esperanza de vida : 68,7 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 20/14 por cada 1.000
PoblaciÓn adulta alfabetizada : 99,6 por ciento

Continuaron las medidas represivas del gobierno contra la sociedad civil. Toda forma de actividad pública no sancionada por el Estado podía ser motivo de enjuiciamiento, incluidos los cultos religiosos, y no se respetaron los derechos a la libertad de expresión, de asociación y de reunión. Se impusieron largas penas de cárcel a activistas de la oposición por la expresión pacífica de sus opiniones, o se hostigó y procesó a activistas por delitos menores en aplicación del Código de Infracciones Administrativas, en virtud del cual les impusieron multas o breves periodos de reclusión. Organizaciones de derechos humanos y de oposición política tuvieron enormes dificultades para registrarse, y se procesó a activistas por actuar en nombre de organizaciones no registradas. Bielorrusia siguió siendo el único país de Europa que continuaba ejecutando a personas condenadas.

Escrutinio internacional

La Asamblea General de la ONU adoptó en diciembre una resolución de condena de las violaciones de derechos humanos cometidas en Bielorrusia en la que solicitaba, entre otras cosas, la liberación de todas las personas detenidas por motivos políticos, el fin de todo procesamiento, acoso e intimidación de opositores políticos y defensores de los derechos humanos, el respeto de los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, y el respeto del derecho a la libertad de religión o credo.

Libertad de expresión

Personas críticas con el gobierno fueron condenadas a largas penas de prisión o seguían cumpliendo condenas de larga duración por expresar su oposición. Alyaksandr Kozulin, candidato presidencial en las elecciones de marzo de 2006, seguía cumpliendo la pena de cinco años y medio de cárcel que se le había impuesto ese año por «vandalismo» y por «organizar actividades colectivas que alteran el orden público». Alyaksandr Kozulin había protestado por el desarrollo de las elecciones, que en opinión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) no habían sido imparciales.

  • El 25 de marzo, entre 50 y 60 personas fueron detenidas en todo el país durante las manifestaciones pacíficas en conmemoración del Día dela Libertad, aniversario de la proclamación de la República PopularBielorrusaen 1918, celebrado por la oposición pero no reconocido oficialmente. La mayoría de las personas detenidas fueron posteriormente condenadas a un máximo de 15 días de detención administrativa. Según informes, la policía empleó los puños y porras contra los manifestantes para impedir que se congregaran en la plaza de Octubre, en el centro de la capital, Minsk. Vintsuk Vyachorka y Vyacheslav Siuchyk, dos de los organizadores, fueron detenidos el 13 de marzo. A Vintsuk Vyachorka lo acusaron de emplear lenguaje obsceno, mientras que a Vyacheslav Siuchyk lo detuvieron inicialmente por su parecido con un conocido delincuente y después lo acusaron de orinar en la calle. Ambos políticos negaron tales acusaciones. En juicios separados, celebrados el 4 de abril, los dos fueron declarados culpables de vandalismo leve, aunque el juez no impuso multa ni pena de reclusión a ninguno de los dos porque los delitos eran «insignificantes».

Libertad de asociación

Grupos de derechos humanos y organizaciones de oposición se encontraron con importantes obstáculos al intentar registrarse oficialmente, y sufrieron controles excesivamente rigurosos sobre sus actividades. Hubo numerosas sentencias condenatorias en aplicación del artículo 1931 del Código Penal. Este artículo se había añadido al Código en diciembre de 2005 y prohibía toda actividad en nombre de una organización que hubiera sido clausurada o no estuviera registrada, con independencia de la naturaleza de la actividad. En 2007 se utilizó casi exclusivamente contra miembros del Frente Maladi (Frente Juvenil), movimiento juvenil de oposición. Este grupo había solicitado su registro en cuatro ocasiones pero en todas ellas se había rechazado su solicitud.

  • El 29 de mayo, cinco miembros del Frente Maladi –Nasta Palazhanka, Boris Garetskii, Oleg Korban, Zmitser Fedoruk y Aleksei Yanushevskii– fueron declarados culpables de «organizar o participar en la actividad de una organización no registrada». Se impusieron multas a cuatro de los acusados y al quinto se le hizo una advertencia oficial. El 4 de septiembre, otros dos miembros de la organización, Ivan Shilo y Nasta Azarka, fueron declarados culpables del mismo delito en sendos juicios. Nasta Azarka fue multada, pero en el caso de Ivan Shilo el juez no impuso ninguna sanción. Zmitser Dashkevich, uno de los dirigentes del Frente Maladi que había sido condenado a 18 meses de prisión en 2006 en aplicación del artículo 1931, fue juzgado mientras cumplía la pena; el 9 de noviembre fue declarado culpable por negarse a aportar pruebas como testigo y se le impuso una multa. La acusación estaba relacionada con las investigaciones policiales sobre Ivan Shilo.
  • El 24 de julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONU resolvió que la disolución de la organización de derechos humanos Viasna (Primavera) en 2003 había supuesto una violación del derecho a la libertad de asociación, y que la organización tenía derecho a una reparación adecuada que incluyese su reincorporación al registro y una indemnización. Los miembros de Viasna solicitaron el 23 de julio que la organización volviera a figurar en el registro, pero el 28 de agosto su solicitud fue rechazada por varios motivos, entre ellos el hecho de que 20 de los 69 miembros fundadores de la organización habían sido condenados por delitos administrativos. El recurso interpuesto por Viasna contra esta decisión fue rechazado el 26 de octubre.

Pena de muerte

Bielorrusia mantuvo la pena de muerte para el «asesinato premeditado con circunstancias agravantes» y otros 12 delitos. No se disponía de estadísticas oficiales sobre el número de ejecuciones realizadas en el periodo que abarca este Informe. El método de ejecución era el disparo en la nuca, y no se comunicaba oficialmente a los familiares la fecha de ejecución ni el lugar de enterramiento del cadáver. Según informaciones publicadas en la prensa, el 22 de mayo el Tribunal Supremo condenó a muerte a Alyaksandr Syarheychyk por seis asesinatos y otros delitos. Según los informes, fue ejecutado en noviembre, aunque se desconocían la fecha y el lugar exacto donde había sido enterrado. El 9 de octubre, Syarhey Marozaw e Ihar Danchanka fueron condenados a muerte por una serie de asesinatos perpetrados en la región de Gomel. Era la segunda vez que se les imponía esa pena, puesto que ya habían sido condenados a muerte en diciembre de 2006 junto con Valerii Gorbatii. El 16 de noviembre, en relación con la resolución de la ONU para la suspensión mundial de las ejecuciones que se había aprobado la víspera, el ministro del Interior dijo a los periodistas que era demasiado pronto para declarar una suspensión de las ejecuciones en Bielorrusia.

Discriminación

Continuaron las restricciones impuestas a las comunidades religiosas. En aplicación de la restrictiva Ley sobre Religiones de 2002, sólo las asociaciones religiosas de implantación nacional tenían derecho a establecer monasterios, misiones e instituciones educativas, así como a invitar a personas de nacionalidad extranjera a predicar o realizar otras actividades religiosas en Bielorrusia. Era obligatorio el permiso del Estado para celebrar oficios religiosos en edificios no religiosos, y las entidades que no disponían de inmuebles propios, como las iglesias protestantes, cada vez tenían más dificultades para alquilarlos. 

  • El ciudadano polaco Jaroslaw Lukasik, pastor protestante y miembro de la Unión de Cristianos de la Fe Evangélica, fue detenido el 27 de mayo cuando la policía irrumpió en una ceremonia religiosa que se celebraba en el domicilio del pastor Antoni Bokun, de la Iglesia Pentecostal de Juan el Bautista, para realizar un registro. Quedó en libertad ese mismo día tras visitar la comisaría el cónsul de Polonia. El 30 de mayo fue condenado en aplicación del Código de Infracciones Administrativas por celebrar una reunión no autorizada y participar en una «actividad religiosa ilegal». Se dictó en su contra una orden de expulsión y fue condenado a pagar el salario de un mes en concepto de multa. Jaroslaw Lukasik residía en Bielorrusia desde 1999, y su esposa y sus tres hijos tenían la nacionalidad bielorrusa. Jaroslaw Lukasik fue expulsado el 8 de junio.

Violencia contra las mujeres

Mujeres de Bielorrusia fueron objeto de trata con destino a Europa Occidental, Oriente Medio y Rusia con fines de explotación sexual y de otro tipo. Según el informe anual sobre la trata de personas publicado en junio por el Departamento de Estado estadounidense (Trafficking in Persons Report), el gobierno bielorruso hizo serios esfuerzos para perseguir judicialmente a los tratantes de mujeres pero no ofreció protección y asistencia adecuadas a las víctimas, confiando esa labor de apoyo casi exclusivamente a las ONG. No hubo avances en la aprobación de una ley contra la violencia en el ámbito familiar.

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