Argentina - Informe 2008 Amnistia Internacional

Human Rights in República Argentina

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Argentina is now live »

Jefa del Estado y del gobierno : Cristina Fernández (sustituyó a Néstor Kirchner en diciembre)
Pena de muerte : abolicionista para los delitos comunes
Población : 39,5 millones
Esperanza de vida : 74,8 años
Mortalidad infantil (<5 años) (h/m) : 17/14 por cada 1.000
Población adulta alfabetizada : 97,2 por ciento

Una persona murió de forma violenta y varias resultaron heridas durante las manifestaciones llevadas a cabo por los trabajadores del sector público en demanda de salarios más altos y mejores condiciones laborales. Se recibieron informes de malos tratos a campesinos y miembros de los pueblos originarios (comunidades indígenas) a manos de la policía. 

Información general

En octubre fue elegida presidenta Cristina Fernández, candidata del Frente para la Victoria, coalición que incluía al gobernante Partido Justicialista.

En enero entró en vigor una ley para la aplicación del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que incorporó a la legislación nacional el delito de genocidio, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad.

Al finalizar el año estaba pendiente de aprobación en el Senado un proyecto de ley que incorporaba el delito de desaparición forzada en el Código Penal.

Impunidad: justicia por violaciones cometidas en el pasado

A lo largo del año se condenó a varias personas acusadas de haber cometido violaciones de derechos humanos durante el periodo del gobierno militar (1976-1983).

  • Christian von Wernich, ex capellán de la policía de Buenos Aires, fue condenado en octubre a cadena perpetua por su participación en 42 secuestros, 7 asesinatos y 31 casos de tortura. 
  • En julio, la Corte Suprema declaró inconstitucional el indulto presidencial concedido por el ex presidente Carlos Menem al ex general Santiago Riveros por violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado. En su resolución, la Corte afirmaba que el derecho internacional impide consagrar la impunidad de los crímenes de lesa humanidad. 

Policía y fuerzas de seguridad

En mayo y agosto, empleados municipales de la provincia de Santa Cruz organizaron huelgas y manifestaciones en apoyo de sus demandas salariales. Algunas manifestaciones terminaron en violentos enfrentamientos con la policía. Doce manifestantes resultaron heridos por el impacto de balas de goma disparadas por la policía provincial. Resultaron heridos también cinco agentes.

En abril, un manifestante murió al ser alcanzado por un bote de gas lacrimógeno durante una manifestación llevada a cabo por profesionales de la enseñanza en demanda de mejores condiciones laborales en Neuquén, provincia de Neuquén. Se inició una investigación sobre el incidente. 

Conflictos sobre tierras

Se recibieron informes sobre la irrupción violenta de agentes de policía y guardias armados en comunidades campesinas e indígenas en el contexto de los conflictos sobre tierras, en concreto en la provincia de Santiago del Estero. Las organizaciones de defensa de los derechos de los campesinos sufrieron hostigamiento.

Discriminación: derechos de los pueblos indígenas

En septiembre, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó a la Corte Suprema una medida cautelar en favor de las comunidades indígenas de la provincia del Chaco, en especial de la etnia toba. En la solicitud se ponía de relieve el elevado grado de pobreza y la falta de comida y acceso a agua potable, alojamiento y asistencia médica en estas comunidades. En octubre, la Corte Suprema resolvió que las autoridades federales y provinciales debían asignar recursos especiales y proporcionar alimento, agua potable y servicios de salud y educación para abordar la situación de emergencia de estas comunidades. 

Condiciones penitenciarias

En noviembre murieron más de 30 reclusos como consecuencia de un incendio en la prisión de Santiago del Estero. Según los informes, el fuego lo habían provocado algunos presos que protestaban por los malos tratos, los abusos de autoridad, los registros corporales vejatorios y el hecho de que no se investigaran sus denuncias. La Relatoría sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación por el incidente e instó a las autoridades a que adoptaran medidas para proteger a las personas encarceladas e investigar las denuncias. 

Informe de Amnistía Internacional