Sri Lanka - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Socialista Democrática de Sri Lanka

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Sri Lanka is now live »

Jefe del Estado: Mahinda Rajapakse
Jefe del gobierno: Ratnasiri Wickremanayake
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

La situación de los derechos humanos en Sri Lanka empeoró
drásticamente. Aumentaron los homicidios ilegítimos, los secuestros,
las desapariciones forzadas, el reclutamiento de niños y niñas soldados
y otros tipos de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra.
La población civil fue objeto de ataques perpetrados por ambas partes,
al intensificarse los enfrentamientos entre el gobierno y los Tigres de
Liberación de Eelam Tamil. Al finalizar 2006, miles de civiles habían
sido víctimas de homicidio o habían resultado heridos, y más de 215.000
personas habían quedado desplazadas. Se destruyeron casas, escuelas y
lugares de culto. Aunque ambas partes sostenían que estaban respetando
el acuerdo de cese de las hostilidades, en la práctica a mediados de
2006 ya había quedado en suspenso. Continuó en vigor la normativa de
excepción introducida en agosto de 2005. Volvió a producirse una
constante de desapariciones forzadas en el norte y el este. Se
recibieron informes de tortura bajo custodia policial, y los
responsables continuaron gozando de impunidad.

Información general

El gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil se reunieron en febrero para debatir la aplicación del acuerdo de cese de las hostilidades, pero ya no se celebró la reunión que estaba prevista para abril. Las conversaciones que tuvieron lugar en octubre finalizaron con discrepancias respecto al cierre de la principal carretera de la península de Jaffna por parte del gobierno.

En marzo, en un informe sobre la visita que había realizado a Sri Lanka en 2005, el relator especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias afirmó que las libertades de expresión, circulación, asociación y participación estaban amenazadas, especialmente para la población civil tamil y musulmana.

En mayo, el presidente Mahinda Rajapakse nombró unilateralmente a los nuevos miembros de la Comisión de Derechos Humanos, tras finalizar el mandato de sus predecesores. Al parecer, la Comisión ya no cumplía plenamente las normas constitucionales e internacionales para instituciones nacionales de derechos humanos.

En mayo, Sri Lanka fue elegida para formar parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU durante un periodo de dos años. Para apoyar su candidatura, el gobierno se comprometió a crear un nuevo Ministerio de Derechos Humanos y a elaborar una Carta de los Derechos Humanos.

En mayo, la Unión Europea (UE) incluyó a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en la lista de organizaciones terroristas, congeló sus activos y prohibió a sus representantes entrar en la UE o viajar por su territorio. En respuesta, los dirigentes de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil manifestaron que todos los observadores de la Misión de Vigilancia de Sri Lanka debían abandonar el país antes de septiembre.

En septiembre, el Tribunal Supremo falló que no existía fundamento jurídico para que el Comité de Derechos Humanos de la ONU examinase casos de Sri Lanka. El Tribunal afirmó que la adhesión de Sri Lanka al Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos era inconstitucional e ilegal, ya que otorgaba al Comité competencias judiciales sin autorización del Parlamento.

En septiembre y noviembre, organismos internacionales de derechos humanos expresaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su preocupación por la escalada de abusos contra los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario en Sri Lanka.

Aumento del número de muertes entre la población civil

El secretario general de la ONU y el coordinador del Socorro de Emergencia de la ONU expresaron inquietud ante el aumento del número de víctimas civiles del conflicto. La ONU calculaba que unos 3.000 civiles habían muerto en circunstancias violentas relacionadas con el conflicto desde el recrudecimiento de las hostilidades en 2006. Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil atacaron a personal del ejército y a civiles mediante atentados suicidas con explosivos, minas Claymore y granadas.

En abril, tras un intento de ataque suicida con explosivos contra el jefe del Estado Mayor, teniente general Sarath Fonseka, en el que murieron 10 personas, se lanzó una importante ofensiva aérea y con artillería contra posiciones de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en el distrito de Trincomalee que causó la muerte de no menos de 12 civiles. Tras la explosión de una bomba en la ciudad de Trincomalee, que causó la muerte de cinco civiles, entre los que había un menor, más de 20 civiles tamiles y musulmanes murieron y miles fueron víctimas de desplazamiento forzado en ataques lanzados por miembros de la comunidad cingalesa en aparente represalia.

Los Tigres de Liberación de Eelam Tamil rechazaron las acusaciones que los hacían responsables del ataque con minas Claymore cometido en junio contra un autobús, en el que murieron 67 civiles en Kebitigollawe, al norte de Sri Lanka.

La Misión de Vigilancia de Sri Lanka consideró a las fuerzas de seguridad responsables del homicidio, en agosto, de 17 trabajadores humanitarios de la organización Acción contra el Hambre en Mutur, distrito de Trincomalee. Al finalizar 2006 no había terminado la instrucción del caso. En agosto se calcula que también murieron 51 jóvenes y 100 resultaron heridos cuando las fuerzas aéreas bombardearon un antiguo orfanato en Mullaitivu, al norte de Sri Lanka, afirmando que se trataba de un centro de adiestramiento de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Tres muchachas que resultaron gravemente heridas fueron detenidas en virtud de la normativa de excepción; una de ellas permanecía bajo custodia del Departamento de Investigación Terrorista en Colombo.

En octubre, a 170 kilómetros al noreste de Colombo, se produjo un ataque suicida con explosivos contra un convoy de la armada, en el que murieron en torno a un centenar de miembros de ese cuerpo del ejército, el mayor número de muertes en un atentado suicida con explosivos en los últimos años.

El ejército admitió haber bombardeado Kathiraveli, en el distrito de Batticaloa, en noviembre, pero acusó a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil de utilizar a civiles como escudos humanos. Hasta 40 personas murieron y más de 100 resultaron heridas cuando fue alcanzada una escuela en la que se refugiaban personas desplazadas.

Personas desplazadas internamente

A consecuencia de los nuevos enfrentamientos, más de 215.000 personas quedaron desplazadas en el norte y el este y al menos 10.000 huyeron a India. Decenas de miles de personas quedaron desplazadas por una importante ofensiva que las fuerzas armadas lanzaron en julio con el fin de tomar el control de la vía fluvial de Mavil Aru, en el este del distrito de Trincomalee.

Aproximadamente medio millón de personas habían quedado desplazadas en etapas anteriores del conflicto y a causa del tsunami de 2004. Muchas de ellas continuaban siendo vulnerables al hostigamiento y la violencia de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil, otros grupos armados y miembros de las fuerzas de seguridad de Sri Lanka.

Las personas desplazadas tenían pocas posibilidades de encontrar empleo, sufrían las consecuencias de la violencia doméstica generalizada y del abuso de bebidas alcohólicas, y los servicios médicos y educativos que se les ofrecían eran limitados. La mayor parte de los campos de ayuda humanitaria para las víctimas del tsunami contaban con financiación adecuada y eran de una calidad razonable, pero los que acogían a personas desplazadas por el conflicto a menudo carecían de electricidad, transporte y condiciones higiénicas adecuadas. Esta disparidad en el trato continuó siendo motivo de preocupación.

Falta de acceso de la ayuda humanitaria

Los organismos de ayuda humanitaria no consiguieron llegar a muchas de las personas que estaban en peligro en el norte y el este. A partir de agosto, el suministro de ayuda al norte se vio obstaculizado por el cierre de la carretera de la península de Jaffna y el bloqueo marítimo impuesto por los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Los trabajadores humanitarios y médicos fueron amenazados, sufrieron hostigamiento y fueron objeto de secuestros y ataques; además, su trabajo también se vio dificultado por nuevos requisitos para registrarse.

La ONU pidió a ambas partes en el conflicto que permitieran a los organismos humanitarios gozar de acceso libre y sin trabas a la población afectada y proporcionasen mayor seguridad a los trabajadores humanitarios.

Homicidios ilegítimos e impunidad

Aumentó drásticamente el número de homicidios ilegítimos. Se recibieron informes de varios cientos de ejecuciones extrajudiciales, que fueron perpetradas por fuerzas del gobierno, el grupo de Karuna (escisión de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil que, según los informes, colaboraba con las fuerzas gubernamentales), los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y otros grupos armados de oposición.

En enero, cinco estudiantes murieron en la ciudad de Trincomalee a causa de los disparos a quemarropa que, al parecer, efectuaron agentes de la Fuerza Especial de Operaciones del gobierno. El único testigo dispuesto a declarar -el padre de uno de los jóvenes- recibió amenazas de muerte.

En abril, hombres armados no identificados, sospechosos de estar vinculados a las fuerzas armadas, mataron a tiros en Trincomalee a Vanniasingham Vigneswaran, político de la Alianza Nacional Tamil. En noviembre, Nadarajah Raviraj, miembro del mismo partido, murió tiroteado en Colombo.

En abril, presuntos miembros de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil mataron a machetazos a ocho agricultores cingaleses en Kalyanapura.

La armada negó toda responsabilidad en una serie de hechos que se produjeron en mayo. La información no estaba clara, pero los incidentes, ocurridos en la isla de Kayts, frente a la península de Jaffna, se saldaron con la muerte de 13 civiles tamiles -entre los que se encontraba un bebé de cuatro meses y un niño de cuatro años- y varios heridos. La zona estaba controlada por la armada.

En agosto, hombres armados no identificados mataron a Kethesh Loganathan, subdirector del Secretariado de Paz de Sri Lanka y detractor de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil desde hacía muchos años. Se sospechaba que estos últimos eran responsables del homicidio.

Niños y niñas soldados

En el norte y el este se reclutaba a no menos de 50 menores como soldados mensualmente. Según UNICEF, el organismo de la ONU para la infancia, a mediados de 2006 aún había 1.545 combatientes menores de edad en las fuerzas de los Tigres de Liberación de Eelam Tamil.

Según los informes, el grupo de Karuna reclutó a más de un centenar de menores en junio, en zonas del este controladas por el gobierno. En noviembre, un asesor especial del representante especial de la ONU para la infancia y los conflictos armados informó de que fuerzas del gobierno habían participado de forma activa en el reclutamiento forzoso de menores para el grupo.

Desapariciones forzadas

En julio se promulgaron de nuevo directivas presidenciales que obligaban a las fuerzas de seguridad a expedir recibos por las detenciones e informar a la Comisión de Derechos Humanos en un plazo de 48 horas. La Comisión informó de 419 desapariciones forzadas en Jaffna en el primer semestre de 2006. Por su parte, una ONG local registró 277 secuestros entre abril y septiembre. Las desapariciones y los secuestros se atribuyeron a diversas fuerzas, incluidas las fuerzas de seguridad, los Tigres de Liberación de Eelam Tamil y el grupo de Karuna.

En enero, siete trabajadores humanitarios empleados de la Organización de Rehabilitación Tamil fueron secuestrados por hombres armados no identificados.

Se temía que ocho hombres jóvenes tamiles que en mayo habían desaparecido de un templo hindú en Manthuvil East, distrito de Jaffna, hubieran sido llevados en vehículos del ejército que se habían visto en las proximidades.

Thiruchchelvan Nihal Jim Brown, sacerdote católico de Allaipiddy, y Wenceslaus Vinces Vimalathas desaparecieron en agosto tras cruzar un control de seguridad de la armada en la isla de Kayts. Se temía que hubieran quedado bajo custodia de miembros de la armada.

El 4 de septiembre, el presidente Rajapakse manifestó que una comisión internacional de investigación se encargaría de investigar los secuestros, las desapariciones y las ejecuciones extrajudiciales. El 6 de noviembre, sin embargo, el gobierno anunció la creación de una comisión nacional que contaría con un grupo internacional de observadores.

Tortura

Se recibieron numerosos informes de tortura infligida a personas que estaban bajo custodia policial. Según la ONG Comisión Asiática de Derechos Humanos, los informes indicaban que, en 2006, dos personas habían muerto bajo custodia en Sri Lanka.

Pena de muerte

Varios casos de asesinato que alcanzaron gran notoriedad avivaron las peticiones para que finalizase la suspensión de las ejecuciones. Según el director general del Sistema Penitenciario, se impusieron al menos 12 condenas de muerte. Unas 167 personas continuaban en espera de ejecución, pero no se recibieron informes de que se hubiera llevado a cabo ninguna.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Sri Lanka: Clima de temor en el este del país (Índice AI: ASA 37/001/2006)

• Sri Lanka: Waiting to go home - the plight of the internally displaced (Índice AI: ASA 37/004/2006)

• Sri Lanka: Observations on a proposed commission of inquiry and international independent group of eminent persons (Índice AI: ASA 37/030/2006)

• Sri Lanka: Establishing a Commission of inquiry into serious violations of human rights law and international humanitarian law in Sri Lanka. Amnesty International's recommendations (Índice AI: ASA 37/031/2006)

• UN Human Rights Council, Third regular session: Compilation of statements by Amnesty International (including joint statements) (Índice AI: IOR 41/034/2006)

Visita

• En septiembre, una delegación de Amnistía Internacional se reunió con altos cargos del gobierno en Sri Lanka.