Arabia Saudí - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Reino de Arabia Saudí

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Saudi Arabia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: rey Abdulá Bin ?Abdul ?Aziz Al-Saud
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

El gobierno continuó con las iniciativas de reforma, pero su efecto apenas se tradujo en una mejora de la situación de los derechos humanos. Se produjeron nuevas violaciones de derechos humanos en relación con la «guerra contra el terror», así como nuevos enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y miembros de grupos armados. Según los informes, se detuvo a decenas de personas sospechosas de pertenecer a esos grupos armados o apoyarlos, pero las autoridades no dieron a conocer su identidad ni otra información sobre ellas, y no estaba claro si alguna había sido acusada o procesada. Las personas que criticaban al gobierno de forma pacífica fueron sometidas a largos periodos de reclusión sin cargos ni juicio. Se denunció el uso de la tortura, y los tribunales continuaron imponiendo penas de flagelación. La violencia contra las mujeres fue generalizada, y los trabajadores y las trabajadoras migrantes sufrieron discriminación y abusos. Al menos 39 personas fueron ejecutadas.

Información general

En mayo, Arabia Saudí fue elegida miembro del nuevo Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En julio y agosto se celebraron en varias ciudades manifestaciones en las que unas 2.000 personas protestaron contra el bombardeo de Líbano por parte de Israel. Varias personas fueron detenidas, pero se creía que todas habían quedado en libertad sin cargos.

En septiembre, alrededor de 300 miembros de la comunidad chií ismaelita permanecieron detenidos durante un breve periodo tras ser aprehendidos cuando celebraban una protesta en Nijran contra la reclusión de otros ismaelitas que seguían detenidos en relación con las manifestaciones y los enfrentamientos producidos en abril de 2000. Después de estos hechos, algunos de los ismaelitas que quedaban en prisión quedaron en libertad, pero se creía que otros aún permanecían recluidos al finalizar 2006.

Abusos en el contexto de la «guerra contra el terror»

El gobierno continuó con su política declarada de lucha contra el terrorismo, a menudo pasando por alto el derecho internacional.

Continuaron los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y grupos armados en diversas partes del país, como Abqiq, Riad y Yidda. En febrero, al menos cinco hombres resultaron muertos en el asalto lanzado por las fuerzas de seguridad contra una casa de reposo en el distrito de Al Yarmuk, en Riad; los hombres figuraban en la lista de presuntos activistas de Al Qaeda elaborada por el gobierno.

El ministro del Interior anunció en abril la creación de un Tribunal de Seguridad del Estado para investigar y juzgar a los presuntos terroristas y a los presuntos partidarios del terrorismo, pero al finalizar 2006 no estaba claro si ya se había creado. En junio, el rey manifestó que quienes se entregasen a las autoridades serían amnistiados y obtendrían el indulto por sus acciones.

Se detuvo a decenas de personas sospechosas de estar vinculadas a Al Qaeda. Según los informes, sólo en marzo, junio y agosto fueron detenidas no menos de 100 personas, entre las que había ciudadanos extranjeros, en La Meca, Medina y Riad.

Las autoridades no dieron a conocer los nombres, la situación jurídica ni otra información de las personas detenidas en 2006 y años anteriores, y no se sabía si alguna de ellas había sido acusada o procesada.

Al parecer, Fouad Hakim, que, según los informes, había sido detenido en diciembre de 2004 por su presunta relación con una «organización extremista», había permanecido recluido sin cargos ni juicio y sin acceso a un abogado hasta que en noviembre fue excarcelado de la prisión de Al Ruwais, en Yidda.

Muhiddin Mugne Haji Mascat, ciudadano somalí, permanecía recluido en la prisión de Al Ha'ir, en Riad. Médico de profesión, había sido detenido en noviembre de 2005, acusado de proporcionar tratamiento médico a un presunto autor de delitos relacionados con la seguridad. Quedó en libertad sin cargos en abril.

Los dos hombres detenidos en noviembre de 2005 -Abdel Hakim Mohammed Jellaini, ciudadano británico aprehendido cuando se encontraba en viaje de negocios hacia La Meca y acusado de proporcionar ayuda económica a una «organización extremista», y Abdullah Hassan, ciudadano libio- quedaron en libertad sin cargos en julio, pero les retiraron el pasaporte y no les permitieron salir de Arabia Saudí. Según los informes, durante parte del tiempo que Abdel Hakim Mohammed Jellaini estuvo detenido lo golpearon y no le proporcionaron alimentos.

Según los informes, el ministro del Interior anunció en abril que miles de personas detenidas habían quedado en libertad, incluidos 700 hombres vinculados a Al Qaeda a quienes las autoridades habían «incluido en un programa destinado a corregir sus opiniones extremistas». El ministro no dio información sobre cuándo o en qué periodo se habían producido esas excarcelaciones.

Detenidos de Guantánamo

En mayo y junio fueron repatriados a Arabia Saudí al menos una veintena de ciudadanos saudíes y un hombre de etnia uigur a quienes las fuerzas estadounidenses habían recluido en Guantánamo, Cuba. A su llegada fueron detenidos y recluidos en la prisión de Al Ha'ir. Se temía que Siddeq Ahmad Siddeq Nour Turkistani, el detenido de etnia uigur, corriera peligro de sufrir tortura o ser ejecutado en caso de ser trasladado a China; al finalizar 2006 se creía que aún permanecía en Arabia Saudí. Las autoridades saudíes manifestaron que la Comisión de Investigación y Fiscalía revisaría los casos de los detenidos que habían regresado, y al menos 12 de ellos quedaron en libertad en mayo y agosto. Al parecer, algunos quedaron en libertad por falta de pruebas de que hubieran cometido algún delito; otros fueron condenados a un año de prisión por falsificación de documentos.

Personas detenidas por motivos políticos y posibles presos de conciencia

Las personas que criticaban al gobierno fueron recluidas sin cargos ni juicio, a menudo durante periodos prolongados, antes de ser juzgadas o puestas en libertad.

El doctor Shaim al-Hamazani, Jamal al-Qosseibi, Hamad al-Salihi y ?Abdullah al-Magidi fueron juzgados en septiembre; según los informes, llevaban casi dos años recluidos en la prisión de Al Ha'ir sin cargos ni acceso a un abogado. Habían sido detenidos en 2004 tras pedir reformas políticas y judiciales y la excarcelación de las personas recluidas por motivos políticos. Fueron condenados a penas de entre un año y medio y tres años y medio de prisión. El doctor Shaim al-Hamazani fue excarcelado en octubre, tras haber pasado el periodo exigido en prisión, pero se le continuó prohibiendo viajar al extranjero.

Hind Sa'id Bin Zuair fue detenida en agosto, junto con su bebé de 10 meses, y permaneció recluida durante una semana antes de quedar en libertad sin cargos; al parecer, su detención se debió a que su padre, el doctor Sa'id Bin Zu'air, había criticado la política seguida por el gobierno en relación con la «guerra contra el terror».

Según los informes, 250 personas fueron detenidas por asistir a una reunión social privada en la zona de Al ?Ashamia, en Jizan, en agosto; al parecer, 20 hombres que se encontraban entre ellas eran presos de conciencia detenidos únicamente por su orientación sexual, real o aparente. Al finalizar el año continuaban recluidos sin cargos ni juicio; otras personas detenidas al mismo tiempo quedaron en libertad sin cargos.

En septiembre, Kamil ?Abbas al-Ahmad, posible preso de conciencia, fue liberado de la Oficina General de Inteligencia (al-Mabahith al-?Amma) de Al Dammam. Llevaba recluido desde agosto de 2003 por razones que no se dieron a conocer y que, al parecer, estaban relacionadas con sus creencias religiosas chiíes.

Libertad de expresión

A pesar de que en los últimos años había existido una mayor libertad de prensa, a los escritores y periodistas que pedían reformas se les detenía durante breves periodos, se les prohibía viajar o se les censuraba. Algunos de ellos también sufrían hostigamiento por parte de personas alineadas con los sectores más conservadores de la sociedad.

En febrero, el diario Shams fue obligado a suspender sus actividades durante seis semanas tras reproducir las viñetas del profeta Mahoma como parte de la campaña que había emprendido para instar a que se tomasen medidas contra ellas.

Según los informes, Mohsen al-Awaji fue detenido en marzo tras publicar artículos en Internet en los que criticaba a las autoridades y pedía el fin de la censura que sufrían los sitios web. Quedó en libertad sin cargos ocho días después.

En mayo, el Ministerio de Información impuso una multa a Hamza al-Muzaini, profesor universitario que al parecer había criticado a un clérigo en un artículo. En septiembre, un grupo de jóvenes agredió físicamente al profesor y lo calificó de «infiel» cuando pronunciaba un discurso sobre la reforma del plan de estudios escolar.

En octubre, un tribunal desestimó el caso contra Raja al-Sanei', autora de un libro sobre la vida de varias jóvenes saudíes. Había sido acusada de difamar a la sociedad saudí y de malinterpretar versículos del Corán. El Ministerio de Cultura e Información no permitió que ni su libro ni unos 20 más figurasen en la Feria Internacional del Libro de Riad, porque se consideraban difamatorios para Arabia Saudí y el islam.

A decenas de personas, entre las que había personalidades partidarias de la reforma, se les prohibió viajar tras ser excarceladas. Según los informes, el doctor Matrouk al-Falih y Muhammad Sa'eed Tayyeb, detenidos en 2004 por pedir que se realizasen reformas, continuaban sufriendo las restricciones a la libertad de expresión y de circulación que les habían impuesto cuando quedaron en libertad, en agosto de 2005 y marzo de 2004 respectivamente. Según los informes recibidos, a Muhammad Sa'eed Tayyeb, al ponerlo en libertad, le exigieron que firmase una declaración manifestando que no volvería a pedir reformas políticas.

Según los informes, a Sa'ad Bin Sa'id Bin Zu'air, su hermano Mubarak Bin Sa'id Bin Zu'air, y su padre, el doctor Sa'id Bin Zu'air, los sometieron a censura y les prohibieron viajar. Tras haber sido entrevistado por la cadena de televisión vía satélite Al Yazira, Sa'ad Bin Sa'id Bin Zu'air fue además detenido y permaneció recluido sin cargos ni juicio en la prisión de ?Ulaisha, en Riad, desde junio hasta agosto; estuvo en régimen de incomunicación durante toda su reclusión.

Derechos de las mujeres

Las mujeres continuaban sufriendo discriminación en todos los ámbitos y, en especial, tenían su libertad de circulación gravemente restringida. La violencia contra ellas en el ámbito familiar continuaba siendo generalizada; la Sociedad Saudí de Derechos Humanos comunicó que había recibido informes de cientos de casos de violencia en el hogar. En mayo se informó de que el rey Abdulá había ordenado la creación de un nuevo tribunal que se especializaría en juzgar casos de violencia doméstica, pero al finalizar el año no estaba claro hasta qué punto había progresado esta iniciativa.

Las activistas continuaron ejerciendo presión para luchar por sus derechos. Tras quedar en libertad, Wajeha Al-Huwaider, que en agosto de 2005 estuvo detenida durante un breve periodo por llevar una pancarta en la que instaba al rey Abdulá a conceder más derechos a las mujeres, juró que seguiría con sus actividades.

En febrero, la Shura (Consejo Consultivo) rechazó el proyecto de ley presentado por uno de sus miembros para que se levantase la prohibición de conducir vehículos a motor impuesta a las mujeres. En junio, las autoridades nombraron a seis mujeres como asesoras de la Shura para que ofreciesen orientación sobre cuestiones que afectaban a las mujeres.

Los planes del Ministerio de Trabajo de aumentar el número de mujeres saudíes con empleo remunerado sufrieron un revés: el Ministerio tuvo que aplazar la puesta en práctica de una decisión que obligaba a que en las tiendas de lencería femenina sólo trabajasen mujeres, ya que a los propietarios de los establecimientos les resultó imposible cumplirla.

Traslado forzoso

El 26 de septiembre, Abulgasim Ahmed Abulgasim, opositor político al gobierno sudanés y miembro de un grupo político armado de Darfur, fue detenido por las fuerzas de seguridad saudíes en su casa de Yidda, en donde vivía desde hacía más de 20 años. Al parecer su detención fue debida a un discurso que pronunció en la embajada de Sudán y en el que criticó al gobierno sudanés. El 28 de septiembre fue expulsado a Sudán, donde fue detenido de inmediato y recluido en régimen de incomunicación.

Trabajadores y trabajadoras migrantes

Los trabajadores y las trabajadoras migrantes fueron objeto de abusos cometidos por autoridades estatales y empleadores privados. Entre los abusos cometidos por las autoridades estatales figuraba la detención sin cargos ni juicio, y entre los cometidos por los empleadores, los malos tratos físicos y psicológicos y el impago de salarios.

Según los informes, Isma'il ?Abdul Sattar, ciudadano paquistaní, continuaba recluido sin cargos ni juicio en la prisión de Al Ruwais, en Yidda; había sido detenido 10 años atrás durante una redada policial en la empresa donde trabajaba.

La condena de Nour Miyati, empleada del servicio doméstico indonesia, quedó anulada tras resolverse el recurso de apelación que había presentado. Nour Miyati había resultado gravemente herida a manos de su empleador y posteriormente había sido condenada a recibir 79 latigazos por acusarlo de agresión.

Tortura y malos tratos

Se recibieron informes de torturas a personas que estaban bajo custodia. Los tribunales continuaron imponiendo con regularidad la pena de flagelación, una forma de castigo cruel, inhumano y degradante que puede equivaler a tortura. Entre las personas condenadas a flagelación había hombres jóvenes y menores a los que el Comité para la Difusión de la Virtud y la Prevención del Vicio había acusado de hostigar a mujeres. En mayo se informó de que el gobierno había ordenado al Comité que remitiera a la fiscalía los casos de hostigamiento de mujeres.

Ma'idh Al-Saleem quedó en libertad en noviembre tras recibir el indulto del rey. Según los informes, había sido detenido en 2001, cuando tenía 16 años, y había sido torturado durante varios días hasta que «confesó» haber hecho «comentarios verbales contrarios a la ley islámica». Fue condenado a muerte, pero, tras presentar un recurso, la condena se redujo a 14 años de cárcel y 4.000 latigazos, que le fueron infligidos en sesiones sucesivas de 50 latigazos cada una.

Según los informes, Nabil Al-Randan huyó de Arabia Saudí tras confirmar en abril el tribunal de Casación la condena de 90 latigazos que se le había impuesto por «conducta inmoral» tras contratar a dos mujeres para trabajar en un restaurante de su propiedad.

Puthen Veetil Abdul Latheef Noushad, ciudadano indio condenado a la extracción de un ojo en diciembre de 2005, quedó en libertad el 5 de abril tras ser perdonado por el hombre al que se decía que había dejado parcialmente ciego en una discusión.

Pena de muerte

Al menos 39 personas fueron ejecutadas. Las autoridades no dieron a conocer el número de personas condenadas a muerte. Muchas personas acusadas denunciaron que no habían contado con asistencia letrada y que no se les había informado del progreso de su juicio.

El nigeriano Suliamon Olyfemi permanecía condenado a muerte. Había sido declarado culpable de asesinato en 2004, en un juicio que se llevó a cabo en árabe, idioma que no entendía, y sin la colaboración de un intérprete. Según los informes, fue objeto de torturas o malos tratos mientras estuvo en detención preventiva, y no se le permitió acceder ni a asistencia letrada ni a ayuda consular adecuada.

Majda Mostafa Mahir, ciudadana marroquí, quedó en libertad el 12 de noviembre y regresó a Marruecos. Había sido condenada a muerte en 1997 tras un juicio injusto, y su condena fue anulada al solicitar la familia de la víctima su revocación. Según los informes, el secretario del príncipe heredero la había visitado en abril en la prisión de Briman, en Yidda.

La condena a muerte impuesta en 2001 a Hadi Sa'eed Al-Muteef por hacer «comentarios verbales contrarios a la ley islámica» fue conmutada por una pena de prisión. Según los informes, se le negó el acceso a un abogado y no se le informó de las actuaciones seguidas contra él ni de los procesos de apelación de su causa.

En enero, Arabia Saudí aseguró al Comité de los Derechos del Niño, de la ONU, que no había llevado a cabo ejecuciones de menores desde 1996, fecha en que la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño entró en vigor en Arabia Saudí. Sin embargo, continuaba habiendo menores a los que se condenaba a muerte.

Según los informes, un tribunal de primera instancia de Medina condenó a muerte a cinco adolescentes en agosto en relación con el asesinato de un niño de 10 años cometido en 2004.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Declaración

  Arabia Saudí: Amnistía Internacional pide que se ponga fin a las detenciones y expulsiones de trabajadores migrantes extranjeros por razones discriminatorias (Índice AI: MDE 23/001/2006)