Rusia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Federación Rusa

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Russian Federation is now live »

Jefe del Estado: Vladimir Putin
Jefe del gobierno: Mikhail Fradkov
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Aumentó la presión sobre las personas que defendían los derechos humanos y los miembros de la sociedad civil independiente. Las autoridades restringieron el ejercicio pacífico de los derechos a la libertad de expresión y reunión. Profesionales del periodismo sufrieron intimidación y ataques y una periodista, Anna Politkovskaya, fue víctima de homicidio. Las autoridades no abordaron adecuadamente el racismo y la discriminación por motivos de identidad étnica u orientación sexual. Continuaron produciéndose ataques de motivación racista u homofóbica, algunos con consecuencias mortales. La violencia contra las mujeres en el ámbito familiar era generalizada y el Estado no proporcionó protección adecuada a las mujeres en situación de riesgo. La policía eludió con frecuencia las salvaguardias destinadas a proteger de la tortura a las personas detenidas. En la región del Cáucaso Septentrional, especialmente en Chechenia, continuaron registrándose ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros, torturas en centros de detención oficiales y no oficiales y detenciones arbitrarias. En Chechenia, la impunidad seguía siendo la norma para los perpetradores de abusos contra los derechos humanos, y las personas que demandaban justicia sufrían intimidación y eran amenazadas de muerte. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que Rusia había violado los derechos a la vida, la libertad y la seguridad, al respeto de la vida privada y familiar y a un recurso efectivo, así como la prohibición de la tortura. El gobierno no cooperó plenamente con los mecanismos internacionales de derechos humanos encargados de combatir la tortura.

Información general

Los partidos de oposición protestaron contra las enmiendas a las leyes electorales que eliminaban el requisito de un número de votantes mínimo para considerar válidos los resultados de las elecciones. La nueva Ley Federal contra el Terrorismo aprobada en marzo no establecía salvaguardias explícitas para las personas detenidas en operaciones antiterroristas, y permitía a las fuerzas armadas llevar a cabo esas operaciones fuera del territorio de la Federación Rusa. El creciente sentimiento nacionalista hacía temer que en el periodo previo a las elecciones de 2007 se intensificara la xenofobia. Una nueva política de inmigración aplicaba restricciones a los comerciantes extranjeros para trabajar en los mercados callejeros a partir de enero de 2007.

En mayo, el presidente Vladimir Putin anunció una ofensiva contra la corrupción generalizada entre los funcionarios del Estado. Según anunció en noviembre la Oficina del Fiscal General, el coste anual de la corrupción ascendía a 240.000 millones de dólares estadounidenses, cifra equivalente al presupuesto federal. Las autoridades ejercieron un control férreo sobre los medios de comunicación, en especial la televisión. Se produjeron varios homicidios, aparentemente perpetrados por sicarios, de gente de negocios, funcionarios y figuras políticas. La presidencia de Rusia del G-8 -el grupo de los ocho países más industrializados del mundo- y del Comité de Ministros del Consejo de Europa, esta última a partir de mayo, hizo que se intensificara el escrutinio internacional del historial de derechos humanos del gobierno.

La violencia y la inestabilidad en el Cáucaso Septentrional continuaron. En junio, el líder separatista checheno Abdul-Khalim Sadulaev murió en Argun, Chechenia, en un enfrentamiento con la policía y las fuerzas de seguridad. En julio, una explosión mató a Shamil Basaev, líder de oposición checheno que se había declarado responsable de la toma de rehenes en la escuela de Beslán, en Osetia del Norte, en septiembre de 2004, y de otros crímenes de guerra cometidos en el conflicto checheno.

Restricciones a la disidencia

La libertad de expresión y reunión quedó limitada en abril, al entrar en vigor varias enmiendas a tres leyes federales, sobre entidades administrativo-territoriales cerradas, sobre organizaciones públicas y sobre organizaciones con fines no comerciales, así como una serie de disposiciones que especificaban los requisitos exigidos a las organizaciones de la sociedad civil para la presentación de informes. Destinados en teoría a mejorar la regulación de las ONG, en la práctica los nuevos poderes para inspeccionar la financiación y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil rusas y extranjeras eran legalmente imprecisos, permitían una aplicación arbitraria, imponían penas desproporcionadas y desviaban recursos de algunos programas de gran importancia.

Las enmiendas introducidas en julio a la ley sobre «actividad extremista» de 2002 ampliaban la definición de «extremismo», penalizaban la justificación pública del terrorismo y la difamación de autoridades y amenazaban con restringir y castigar las actividades de las organizaciones de la sociedad civil y de otros grupos críticos con el gobierno.

Ataques a periodistas

Se intimidó a periodistas, se entablaron procesos judiciales sin fundamento contra ellos y se los hizo objeto de ataques. Las personas que defendían los derechos humanos sufrieron hostigamiento administrativo y algunas recibieron amenazas de muerte anónimas.

La periodista y defensora de los derechos humanos rusa Anna Politkovskaya resultó muerta por disparos el 7 de octubre, en el edificio de apartamentos donde vivía en Moscú. Con toda probabilidad, el homicidio fue motivado por su trabajo como periodista. Sus valientes crónicas sobre el conflicto y la situación de los derechos humanos en Chechenia desde 1999 para el periódico Novaia Gazeta le habían valido numerosos premios. También había escrito ampliamente sobre la violencia en el seno de las fuerzas armadas, la corrupción del Estado y la brutalidad policial. Debido a sus críticas abiertas había sufrido intimidación y hostigamiento por parte de las autoridades rusas y chechenas. El 16 de octubre, una vigilia que se celebraba en su recuerdo en Nazran, Ingushetia, fue interrumpida violentamente. La policía detuvo al menos a cinco activistas de derechos humanos y los acusó de delitos administrativos. Cuatro de ellos fueron absueltos, y la persona que había convocado a la vigilia recibió una multa.

El 3 de febrero, Stanislav Dmitrievskii recibió una condena de dos años de prisión con una suspensión de cuatro años por incitar al «odio racial» después de publicar artículos firmados por líderes separatistas chechenos en los que no se hacía apología alguna del racismo ni de la violencia. En noviembre, un tribunal ordenó el cierre de la ONG que dirigía, la Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena. La decisión estaba motivada en parte por la sentencia condenatoria de Stanislav Dmitrievskii, ya que el tribunal aplicó una nueva ley sobre ONG que prohibía que las personas declaradas culpables de un delito de «extremismo» dirigieran una de estas organizaciones.

Manifestaciones

Muchas de las prohibiciones de manifestaciones no parecían restricciones legítimas o proporcionadas de la libertad de reunión. Se detuvo a manifestantes pacíficos a pesar de que habían informado a las autoridades de su intención de reunirse, como exigía la ley.

En julio, en vísperas de la cumbre del G-8, se detuvo a manifestantes antiglobalización en viaje a San Petersburgo. Al parecer, algunas de estas detenciones obedecieron a razones espurias.

En abril, según informes, un grupo de agentes de una unidad especial de la policía conocida como OMON utilizaron fuerza excesiva para dispersar a unas 500 personas entre hombres, mujeres y menores que protestaban por la presunta corrupción de las autoridades locales en Daguestán. Murad Nagmetov resultó muerto y al menos otros dos manifestantes sufrieron heridas graves cuando, de acuerdo con los informes, la policía lanzó cápsulas de gas lacrimógeno directamente contra la multitud, sin previo aviso. La fiscalía local abrió investigaciones.

El conflicto del Cáucaso Septentrional

Según informes, en la operación antiterrorista que llevaba a cabo el gobierno en el Cáucaso Septentrional, especialmente en Chechenia e Ingushetia, se registraron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y secuestros, y detenciones arbitrarias y torturas en lugares de detención oficiales y no oficiales. Personas que acudieron a los tribunales rusos o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en busca de justicia sufrieron intimidación por parte de las autoridades. También se hostigaba a los abogados defensores.

En Chechenia, el conflicto, en ocasiones caracterizado como sublevación, continuaba a pesar de los esfuerzos por restaurar la normalidad, que incluían proyectos de reconstrucción a gran escala. Tanto las fuerzas federales como las fuerzas de seguridad y de policía chechenas combatieron a los grupos armados de oposición de Chechenia, y las primeras bombardearon las regiones montañosas del sur. A su vez, los grupos armados chechenos atacaron a agentes de policía y convoyes de las fuerzas federales, y colocaron bombas en vehículos. La presencia de numerosas fuerzas paramilitares, sus acciones arbitrarias y el hecho de que no rindieran cuentas dificultaban la tarea de determinar la identidad de los responsables de graves violaciones de derechos humanos.

Las agencias internacionales estimaban que aún había más de 180.000 personas desplazadas internamente en Chechenia a causa del conflicto. De éstas, aproximadamente 37.000 estaban registradas en centros de alojamiento temporal en los que las condiciones, según informes, eran muy deficientes. En abril, Ramzan Kadyrov, primer ministro de Chechenia, afirmó que los centros eran «un nido de criminalidad, drogadicción y prostitución» y pidió su clausura. Según los informes, se cerraron cinco centros que albergaban a 4.500 personas y se eliminó a personas de la lista de residentes en otros centros pese a que no se disponía de alojamiento alternativo.

Se creía que Bulat Chilaev y Aslan Israilov habían sido víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas federales rusas o de las fuerzas chechenas. El 9 de abril, en Chechenia, unos 10 testigos vieron cómo varios hombres armados, enmascarados y vestidos de uniforme los introducían a empujones en un vehículo. Posteriormente, cerca del lugar se encontró un distintivo de identificación militar. Se desconocía el paradero de los dos hombres. Bulat Chilaev trabajaba como conductor para la ONG Grazhdanskoe Sodeistvie (Asistencia Cívica), cuya labor incluía facilitar asistencia médica a las personas desplazadas internamente o afectadas de otra forma por el conflicto armado.

En Ingushetia, según informes, los grupos armados asesinaron a autoridades del Estado y al hacerlo mataron a sus familiares -entre ellos menores-, transeúntes y escoltas. Se denunciaron detenciones arbitrarias, una ejecución extrajudicial y torturas bajo custodia policial. En Osetia del Norte y Daguestán también se denunciaron violaciones graves de derechos humanos, incluidos actos de tortura. Al finalizar 2006 había casi 25.000 personas desplazadas internamente por el conflicto checheno en Ingushetia y Daguestán.

Escrutinio internacional

En mayo, al promover la candidatura de Rusia al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el gobierno se comprometió a cooperar activamente con los órganos de derechos humanos de la ONU y destacó la visita del relator especial sobre la cuestión de la tortura prevista para 2006. Sin embargo, en octubre el relator especial aplazó su visita, cuyo centro de atención iba a ser el Cáucaso Septentrional, porque las autoridades rusas habían declarado que las condiciones normales de tales visitas -en especial, presentarse sin previo aviso en lugares de detención y entrevistarse con los detenidos en privado- contravenían la legislación rusa. El relator especial había solicitado visitar Chechenia repetidas veces desde el año 2000.

Consejo de Europa

En enero, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución redactada en términos muy enérgicos sobre Chechenia. La resolución condenaba las investigaciones ineficaces y la consiguiente impunidad para las violaciones de derechos humanos, las represalias contra las personas que habían presentado denuncias ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el completo fracaso de las estrictas medidas de seguridad a la hora de restablecer el orden público, y la desesperación, violencia e inestabilidad resultantes. La resolución instaba a los miembros del Comité de Ministros del Consejo de Europa a que «asumieran sus responsabilidades en una de las cuestiones más graves relacionadas con los derechos humanos en cualquiera de los Estados miembros del Consejo de Europa».

En mayo, varias ONG instaron a Rusia a cumplir los compromisos que había contraído al entrar a formar parte del Consejo de Europa 10 años antes, entre ellos el de abordar la impunidad en Chechenia.

En mayo se negó el acceso inmediato al pueblo de Tsenteroi a una delegación del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura que se encontraba de visita en Chechenia. Según los informes, en este pueblo había centros de detención no oficiales.

Rusia no ratificó el Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo de Derechos Humanos, relativo a la abolición de la pena de muerte en tiempo de paz, a pesar de su compromiso de hacerlo antes de febrero de 1999. En noviembre, la Duma (Parlamento) aplazó hasta el año 2010 la introducción de juicios con jurado en Chechenia, la única región que carecía de ese sistema. Ello tuvo el efecto de prorrogar la actual suspensión de la pena de muerte, introducida en 1999 cuando se prohibió dictar condenas de muerte hasta que se hubiera establecido en todas partes el sistema de juicios con jurado.

Comité de la ONU contra la Tortura

Entre los motivos de preocupación expresados por el Comité de la ONU contra la Tortura en noviembre se encontraban: la ausencia de una definición de tortura en el Código Penal que reflejase la definición de la Convención de la ONU contra la Tortura; las leyes y prácticas que obstruían el acceso de los detenidos a familiares y abogados; las numerosas y coherentes denuncias de tortura y otros malos tratos o castigos a manos del personal encargado de hacer cumplir la ley, incluidos casos ocurridos bajo custodia policial; los defectos en las investigaciones de las denuncias de tortura y malos tratos; las «novatadas» violentas infligidas a los reclutas en las fuerzas armadas y las represalias contra quienes las denunciaban; la trata de mujeres y menores; y la ausencia de salvaguardias contra la devolución. En relación con Chechenia, el Comité expresó su preocupación por los informes dignos de crédito sobre lugares de detención no oficiales, desapariciones forzadas, secuestros y tortura.

Tortura

En todo el país se practicaban torturas bajo custodia policial. Los funcionarios de policía, en su afán de obtener «confesiones», eludían las salvaguardias contra la tortura, como la obligación de notificar la detención a los familiares o los derechos a recibir asistencia jurídica y a un reconocimiento médico realizado por un profesional de la elección del detenido. La fiscalía no garantizaba la investigación eficaz de las denuncias de tortura ni la reparación de los actos de tortura. No existía un mecanismo eficaz, independiente y de aplicación en todo el ámbito nacional que pudiera realizar visitas sin previo aviso a los lugares de detención. Según los informes, en varias colonias penitenciarias situadas en las regiones de Perm y Sverdlovsk se daban palizas a los presos condenados.

En enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvió que las autoridades rusas habían sometido a Aleksei Mikheev a tortura bajo custodia policial en septiembre de 1998 y le habían negado el acceso a recursos jurídicos. El Tribunal resolvió que el gobierno había violado la prohibición de tortura y el derecho a un recurso efectivo.

En abril, el abogado de Aslan Umakhanov no fue informado del traslado de su cliente desde el centro de detención preventiva de Ekaterimburgo a la custodia policial, para interrogarlo en relación con una investigación penal. Según informes, varios investigadores de la policía golpearon brutalmente a Aslan Umakhanov y le aplicaron descargas eléctricas para obligarlo a «confesar». Las autoridades no abrieron una investigación penal sobre su presunta tortura, a pesar del certificado médico que confirmaba la existencia de lesiones.

Ex presos de Guantánamo

En Kabardino-Balkaria, Rasul Kudaev seguía detenido a pesar de su preocupante estado de salud. Ex detenido en Guantánamo, en 2004 Estados Unidos lo había transferido a la custodia de las autoridades rusas, que lo habían mantenido recluido alrededor de cuatro meses antes de ponerlo en libertad. Fue detenido de nuevo en Kabardino-Balkaria después del atentado de octubre de 2005 en la capital, Nalchik, y acusado de delitos relacionados con el terrorismo. Su abogada de oficio, a quien retiraron del caso en noviembre de 2005 después de denunciar oficialmente que su defendido había sido sometido a torturas bajo custodia policial, no fue restituida a pesar de que recurrió ante los tribunales.

Devolución (refoulement)

En algunos casos, los tribunales rusos revocaron las órdenes de extraditar a personas a Uzbekistán, donde corrían peligro de que las sometieran a torturas, o la ejecución de tales órdenes quedó en suspenso de acuerdo con las obligaciones de Rusia en virtud del derecho internacional de los derechos humanos y de los refugiados. Sin embargo, las autoridades rusas devolvieron al menos a una persona a Uzbekistán, incumpliendo sus obligaciones internacionales.

En octubre, las autoridades rusas abrieron una investigación criminal sobre la expulsión de Rustam Muminov a Uzbekistán. Rustan Muminov había sido expulsado ese mismo mes pese a que el Tribunal Municipal de Moscú todavía no se había pronunciado sobre su orden de expulsión, y a que el propio Muminov había informado a las autoridades rusas de que deseaba solicitar asilo. Justo antes de su expulsión, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había pedido que ésta se suspendiera.

Derechos de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero

Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero fueron objeto de ataques violentos cuando se encontraban en clubes para personas de su orientación sexual en Moscú. La policía recibió críticas por no facilitar protección suficiente.

En mayo se prohibió una marcha del Orgullo Gay en Moscú. El alcalde Yuri Luzhkov y líderes religiosos musulmanes y de la iglesia ortodoxa rusa criticaron públicamente la marcha prevista y realizaron declaraciones homofóbicas. Un tribunal de Moscú confirmó la prohibición. Los manifestantes dejaron flores en la tumba del soldado desconocido junto al Kremlin y se unieron a una manifestación autorizada en las cercanías del ayuntamiento de Moscú. En ambos lugares, personas contrarias al desfile gritaron insultos homofóbicos y atacaron a algunos miembros del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero. Según se informó, la policía no facilitó protección ni distinguió entre protestantes pacíficos y violentos, practicando detenciones de personas de ambos grupos. Varios activistas y periodistas resultaron heridos.

Racismo, xenofobia e intolerancia

Las autoridades no facilitaron protección ni investigaron con eficacia numerosos ataques de motivación racial, incluidos asesinatos. Un pequeño incremento en el número de procesos judiciales por delitos de odio racial e iniciativas locales tales como el aumento de la vigilancia policial resultaron insuficientes para abordar la magnitud del problema, y no existía ningún programa global para combatir las ideologías racistas y xenofóbicas.

Liana Sisoko, una niña de nueve años de origen ruso y malí, resultó gravemente herida el 25 de marzo cuando dos jóvenes la apuñalaron junto al ascensor del edificio de apartamentos donde vivía en San Petersburgo. Según los informes, los agresores pintaron una cruz gamada y escribieron las palabras «cabezas rapadas [?] lo hicimos nosotros» cerca del lugar del ataque.

El 13 de abril, un hombre de etnia romaní y una mujer de etnia rusa resultaron muertos en un ataque aparentemente racista a manos de 20 jóvenes armados con barras de metal y palas que atacaron a una familia romaní y a la mujer, que se encontraba de visita, en la región de Volgogrado. Otras personas resultaron gravemente heridas.

En marzo fueron declarados culpables de vandalismo siete acusados por su participación en un ataque mortal contra la niña de nueve años Khursheda Sultonova, de etnia tayika, en febrero de 2004. Se los condenó a penas de entre 18 meses y 5 años y medio de prisión. El único reo acusado de asesinato de motivación racial fue absuelto de ese cargo.

Actuación policial discriminatoria

Las ONG Jurix e Iniciativa Pro Justicia de la Sociedad Abierta publicaron investigaciones que demostraban que la policía moscovita daba el alto y registraba a las personas no eslavas de manera desproporcionada. Después de que las relaciones entre Rusia y Georgia se deterioraron en septiembre y octubre, cientos de nacionales georgianos fueron expulsados por atribuírseles violar las normas de inmigración o participar en algún delito. Según los informes, durante el procedimiento de expulsión las personas permanecieron detenidas en condiciones insalubres y privadas de agua y alimentos. Dos nacionales georgianos murieron cuando esperaban su expulsión, presuntamente debido a las deficientes condiciones y a la falta de atención médica adecuada.

Violencia contra las mujeres

La legislación rusa no incluía ninguna medida específicamente destinada a combatir la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, y el apoyo estatal a los centros de crisis y las líneas directas de asistencia telefónica era totalmente inadecuado. En noviembre, el Comité de la ONU contra la Tortura expresó su preocupación por los informes de violencia doméstica generalizada y por la escasez de casas refugio para mujeres. El Comité recomendó que las autoridades rusas garantizaran la protección de las mujeres adoptando medidas legislativas y de otro tipo para abordar la violencia doméstica, proporcionando a las víctimas protección, acceso a servicios médicos, sociales y jurídicos y alojamiento temporal, y llevando a los responsables de la violencia ante la justicia.

Se cerró una de las pocas casas refugio para mujeres financiadas por el Estado en la Federación Rusa, en Petrozavodsk, República de Karelia.

Preocupaciones en torno a la imparcialidad procesal

Había presos que cumplían condenas tras juicios que habían violado las normas internacionales de justicia procesal y en los que, según sus abogados, el procesamiento había obedecido a motivaciones políticas.

Al director de la empresa petrolera YUKOS, Mikhail Khodorkovskii, y a su socio Platon Lebedev, que cumplían sendas penas de nueve años de prisión tras ser declarados culpables de fraude y evasión de impuestos en 2005, se les negó el derecho a cumplir sus condenas en sus regiones de origen o en las proximidades. En enero, Mikhail Khodorkovskii fue recluido ilegalmente en una celda de castigo durante dos semanas por tener en su poder una copia de decretos gubernamentales relativos a la conducta de los presos, cuyo texto era del dominio público. También estuvo recluido en una celda de castigo durante una semana en marzo por beber té en un lugar no autorizado.

A Mikhail Trepashkin, abogado y ex funcionario de los servicios de seguridad, se le negó tratamiento médico adecuado para el asma bronquial crónica que padecía. Cumplía una condena de cuatro años de prisión en una colonia penitenciaria, impuesta por un tribunal militar en 2005, tras ser declarado culpable de divulgar secretos de Estado, entre otros delitos. Según los informes, la dirección de la prisión lo encerró en una celda de castigo, sin ventilación ni calefacción, en un intento de conseguir que retirase las denuncias relativas a la injusticia de su proceso y al trato recibido.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

• Federación Rusa: Rasul Kudaev (Índice AI: EUR 46/003/2006)

• Russian Federation: Amnesty International's concerns and recommendations in the case of Mikhail Trepashkin (Índice AI: EUR 46/012/2006)

• Russian Federation: Preliminary briefing to the UN Committee against Torture (Índice AI: EUR 46/014/2006)

• Russian Federation: Violent racism out of control (Índice AI: EUR 46/022/2006)

• Russian Federation: Supplementary briefing to the UN Committee against Torture (Índice AI: EUR 46/039/2006)

• Federación Rusa: La Sociedad para la Amistad Ruso-Chechena clausurada en aplicación de la nueva ley de ONG (Índice AI: EUR 46/048/2006)

• Federación Rusa: Tortura y «confesiones» forzadas bajo custodia policial y en detención preventiva (Índice AI: EUR 46/056/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron la Federación Rusa en abril, junio, julio y diciembre. En julio, la secretaria general de la organización, Irene Khan, se reunió con el presidente Putin junto a otros dirigentes de organizaciones mundiales de la sociedad civil.