Mozambique - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Mozambique

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Mozambique is now live »

Jefe del Estado: Armando Guebuza
Jefa del gobierno: Luisa Diogo
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

Se recibieron informes de ejecuciones extrajudiciales de personas
presas y presuntos delincuentes por parte de la policía. Diez agentes
de policía fueron condenados a penas de entre tres y diez años de
cárcel por llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales. Enfrentamientos
entre el partido gobernante y el principal partido de la oposición se
saldaron con ocho heridos y la detención al menos de cinco miembros de
la Resistencia Nacional Mozambiqueña (Resistência Nacional Moçambicana,
RENAMO). Persistieron las restricciones a la libertad de prensa y tres
periodistas permanecieron detenidos durante una semana de forma ilegal.

Información general

Mozambique ratificó la Convención de la Unión Africana sobre Prevención y Lucha contra la Corrupción, así como la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus tres protocolos: el Protocolo contra la Fabricación y el Tráfico Ilícitos de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes y Municiones; el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños; y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.

La muerte de agentes de policía por enfermedades relacionadas con el sida continuó entorpeciendo los esfuerzos para combatir la delincuencia. En marzo, según los informes, las autoridades policiales empezaron a exigir pruebas de VIH a los aspirantes a entrar en la policía, infringiendo así la Constitución del país. Con el fin de aliviar la escasez de nuevos agentes y las dificultades para reclutarlos, las autoridades decidieron empezar a reclutar nuevos agentes en los centros de formación de las fuerzas armadas.

El gobierno y siete organismos financieros crearon un fondo para contribuir a combatir el VIH/sida y proporcionar medicamentos antirretrovirales a 50.000 personas. Según las estadísticas, la tasa de infección por VIH alcanzaba el 16,1 por ciento entre las personas con edades comprendidas entre los 15 y los 49 años.

Aumentaron los actos de violencia doméstica, y entre mayo y octubre se comunicaron 3.000 casos.

Homicidios ilegítimos

Se recibieron varios informes de homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos por parte de agentes de policía y un miembro de la guardia presidencial. Sin embargo, la mayoría de estos casos no se investigaron y sólo algunos agentes fueron detenidos o degradados. Al finalizar el año no se había juzgado a ninguno de ellos. Algunos agentes de policía fueron procesados por violaciones de derechos humanos cometidas en años anteriores.

En mayo, agentes de policía mataron a tiros a varios presos cuando intentaban fugarse de la Prisión Central de Maputo escalando los muros de la cárcel. Testigos presenciales señalaron que los agentes aporrearon y dispararon a los presos que huían y mataron a algunos después de haberlos capturado. Tras el intento de fuga, la Prisión Central de Maputo prohibió de forma temporal las visitas de familiares y de organizaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Liga Mozambiqueña de Derechos Humanos (Liga Moçambicana dos Direitos Humanos) recibió finalmente autorización para acceder a la cárcel y afirmó que, durante la fuga, tres presos habían resultado muertos y al menos diez gravemente heridos. Según los informes, los presos capturados tras el intento de evasión fueron recluidos en celdas de castigo y torturados. Al parecer, en octubre la situación en la cárcel ya se había normalizado y se permitía a los presos recibir visitas.

En enero, un agente de policía mató a tiros a Julêncio Gove, de 21 años, cuando éste acudió a socorrer a una mujer que estaba siendo golpeada por otro agente en una calle de Matola, en la provincia de Maputo. Según los informes, después de dispararle, el agente propinó varias patadas al cadáver. El agente fue detenido posteriormente, tras varias manifestaciones organizadas por residentes locales. Sin embargo, al finalizar el año no se tenía noticia de que hubiera sido juzgado.

En junio, un miembro de la guardia presidencial mató a tiros a Abdul Monteiro después de que éste causara daños de forma involuntaria a un vehículo de la oficina del presidente. Tres miembros de la guardia presidencial persiguieron a Abdul Monteiro y consiguieron detener su vehículo disparando a los neumáticos. Cuando ya se había entregado, según los informes, los agentes le dispararon en una pierna, lo golpearon y luego lo mataron a tiros. Se inició una investigación y uno de los agentes fue detenido. Al finalizar el año no había sido puesto todavía a disposición judicial.

En octubre, 10 agentes de policía acusados en 2005 de extorsión y robo y de agredir y ejecutar extrajudicialmente a presuntos delincuentes fueron condenados a penas de entre tres y diez años de cárcel en la provincia de Manica. Dos de los agentes fueron condenados in absentia, pues habían huido, mientras que otros tres fueron absueltos y uno murió antes de finalizar el juicio.

Violencia política

En mayo, ocho personas resultaron gravemente heridas en los enfrentamientos entre simpatizantes del partido gobernante, Frente de Liberación de Mozambique (Frente da Libertação de Moçambique, FRELIMO), y de la RENAMO en Inhangoma, provincia de Tete, durante la visita a la zona del secretario general de este segundo partido. Cinco miembros de la RENAMO fueron detenidos posteriormente y, según los informes, declarados culpables de empleo excesivo de la fuerza en defensa propia. Sin embargo, según la información recibida, los reos ni siquiera estaban presentes cuando ocurrió el incidente. Fueron condenados a penas de entre 8 y 20 meses de cárcel.

Los 20 miembros de la RENAMO detenidos en septiembre de 2005 tras los actos de violencia registrados como consecuencia de un presunto fraude electoral en la localidad de Mocímboa da Praia, en la provincia de Cabo Delgado, quedaron en libertad en espera de ser juzgados en octubre de 2006. El juicio no se había celebrado todavía al finalizar el año.