Malawi - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Malawi

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Malawi is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Bingu wa Mutharika
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Cerca de un millón de personas necesitaron ayuda alimentaria en 2006.
La libertad de expresión siguió amenazada, y algunos profesionales de
los medios de comunicación fueron acusados de difamación. Se recibieron
informes de tortura y malos tratos policiales y de condiciones de
reclusión que ponían en peligro la vida de la población reclusa.

Información general

En enero finalizaron oficialmente las iniciativas destinadas a someter al presidente a un juicio político. En abril, Cassim Chilumpa, vicepresidente del gobierno y miembro del anterior partido del presidente, el Frente Democrático Unido, fue detenido por traición y al concluir 2006 continuaba bajo arresto domiciliario.

En julio, el ex presidente Bakili Muluzi fue acusado de corrupción y detenido durante un breve periodo. El mismo día, el presidente suspendió de su cargo al director de la Oficina Anticorrupción porque éste, al parecer, no había seguido los procedimientos adecuados cuando ordenó la detención del ex presidente Muluzi. Los cargos contra Bakili Muluzi fueron retirados.

Pobreza

Aunque la recuperación de Malawi tras la devastadora sequía de 2005 ofreció un cierto alivio a los sectores rurales más desfavorecidos, más de 900.000 personas continuaban dependiendo de la ayuda alimentaria. Esta cifra, sin embargo, suponía una mejoría con respecto a los 4,8 millones de personas que necesitaban alimentos en 2005. La producción en las granjas pequeñas también se vio afectada por la elevada incidencia del VIH/sida. Aproximadamente el 14 por ciento de la población había contraído el virus.

Libertad de prensa

La libertad de expresión siguió amenazada, especialmente durante la primera mitad del año, al presentar el gobierno cargos de difamación contra algunos profesionales de los medios de comunicación.

En mayo, Robert Jamieson, redactor jefe del periódico Chronicle, Dickson Kashoti, redactor, y Arnold Mlelemba, reportero, fueron detenidos tras ser acusados de difamación por afirmar que el ex fiscal general de Malawi estaba implicado en la venta de un ordenador portátil robado. Los tres quedaron en libertad provisional.

Jika Nkolokosa, director general de Blantyre Newspapers Limited, y Maxwell Ng'ambi, periodista, fueron acusados de difamación por informar de que el ministro de Salud estaba implicado en un caso de contabilidad irregular. Los cargos contra Jika Nkolokosa fueron retirados, pero Maxwell Ng'ambi fue declarado culpable y se le impuso una multa.

Actuación policial

La tortura y los malos tratos a sospechosos bajo custodia continuaron siendo un importante motivo de preocupación. En junio, la Comisión de Derechos Humanos de Malawi planteó su preocupación con respecto a los abusos y las torturas cometidos en las comisarías de policía de Lilongwe, Kawale, Lingadzi y Kanengo.

En abril, unos agentes de policía seccionaron de un machetazo la pierna de Miyonda Mundiwa, sospechoso de robo de automóviles, durante el interrogatorio al que lo sometieron en la comisaría de Lilongwe.

Prisiones

Muchos miembros de la población reclusa murieron bajo custodia. Se registraron más de 280 muertes, lo que constituye una media de 23 presos al mes por cada 10.000 reclusos. Esto supuso un importante aumento con respecto a las 14 muertes mensuales registradas en 2005. La mayor parte de las muertes estuvieron relacionadas con una alimentación inadecuada.