Italia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Italiana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Italy is now live »

Jefe del Estado: Giorgio Napolitano (sustituyó a Carlo Azeglio Ciampi en mayo)
Jefe del gobierno: Romano Prodi (sustituyó a Silvio Berlusconi en mayo)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Italia carecía de una ley integral sobre asilo. El gobierno no cursó a Estados Unidos las solicitudes de extradición contra 26 ciudadanos estadounidenses en el caso de la entrega extraordinaria de Abu Omar. Varias personas migrantes recibieron orden de expulsión y algunas fueron devueltas a sus países de origen en virtud de la legislación antiterrorista en vigor desde 2005. La legislación italiana no incluía el delito específico de tortura.

Migración

Italia seguía careciendo de una ley específica e integral sobre asilo y continuaba aplicando la ley Bossi-Fini sobre migración, que incluía disposiciones contrarias al derecho y las normas internacionales de derechos humanos.

Detención y expulsión de menores migrantes

Se seguía deteniendo de forma habitual a los migrantes menores de edad a su llegada a la frontera marítima italiana, lo que contravenía el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho de refugiados. En muchos casos no se respetó el derecho de los menores a ser recluidos separados de adultos que no fuesen miembros de su familia. Era frecuente que los menores no recibiesen asistencia legal ni fuesen informados acerca de sus derechos, y en ocasiones corrían el riesgo de ser devueltos a sus países de origen debido a que se estimaba de manera inexacta su edad. En algunos casos los menores no acompañados también fueron sometidos a registros corporales, inspecciones y confiscación de sus pertenencias. A algunos no se les facilitó el acceso inmediato a los procedimientos de asilo, mientras que a otros se los consideró solicitantes de asilo sin su conocimiento y recibieron permisos de residencia que no entendían.

En enero, tres hermanos de origen somalí y menores de edad fueron devueltos a Ghana, de donde habían llegado el día anterior, según los informes con pasaportes falsos. Al parecer, durante el tiempo que permanecieron retenidos en el aeropuerto de Malpensa, en Milán, no se les preguntó su edad o nacionalidad, no se les informó de la posibilidad de solicitar asilo y tampoco se les permitió ponerse en contacto con sus familiares en Europa. Finalmente los tres huyeron a Costa de Marfil.

Corrupción y abusos en centros de detención

Las condiciones en muchos centros de detención seguían siendo problemáticas. Hubo informes de guardias que aceptaban sobornos a cambio de suministrar a los migrantes productos a precios excesivamente elevados y se recibieron denuncias sobre la calidad de la asistencia legal, médica y psicológica disponible.

En octubre se informó de que grupos de migrantes habían escapado del centro de detención de Caltanissetta, en Sicilia, después de sobornar a los guardias. El Ministerio del Interior y la Fiscalía de Caltanissetta iniciaron investigaciones sobre abusos y delitos cometidos en ese mismo centro.

Acceso a centros de detención para migrantes

Después de que el ministro del Interior declarase que debía permitirse el acceso de Amnistía Internacional a los centros de detención de migrantes, se iniciaron los procedimientos para autorizar dicho acceso. Anteriormente se había negado a Amnistía Internacional y otras ONG la autorización para visitar estos centros.

Cooperación con Libia

Se iniciaron conversaciones de alto nivel con las autoridades libias sobre la posibilidad de organizar acciones conjuntas destinadas a contener la migración a Italia. Entre otras cosas, las autoridades italianas prometieron ayuda económica a Libia para construir centros de detención para migrantes y para que Libia patrullase su frontera sur. Se llegó a este compromiso a pesar de que Libia no había ratificado la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados ni tampoco su Protocolo, y no había establecido procedimientos nacionales de asilo.

Medidas antiterroristas

Secuestro y «entrega» de Abu Omar

Concluyeron las investigaciones judiciales preliminares en el caso de Abu Omar, ciudadano egipcio con un permiso de residencia italiano, que había sido secuestrado en una calle de Milán en 2003 como parte del programa estadounidense de detenciones secretas y entregas extraordinarias, es decir, el traslado ilegal de personas entre Estados al margen de cualquier proceso judicial. Abu Omar fue trasladado en avión por agentes estadounidenses a Egipto, donde, según los informes, fue torturado bajo custodia. Al parecer el secuestro había sido llevado a cabo por agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense y miembros del Servicio para la Información y la Seguridad Militar (SISMI) italiano. Aunque el ministro de Justicia autorizó que magistrados italianos entrevistasen a sospechosos en Estados Unidos, al finalizar 2006 el Ministerio no había cursado las solicitudes de extradición a las autoridades estadounidenses. Al finalizar el año se habían dictado un total de 26 órdenes de detención contra presuntos agentes estadounidenses, incluido el director de la oficina de la CIA en Italia en el momento del secuestro. También se emitieron órdenes de detención contra dos agentes del SISMI.

En diciembre, la fiscalía solicitó a un juez que dictase acta de acusación formal contra los 26 agentes estadounidenses y 9 ciudadanos italianos, entre ellos el director del SISMI en el momento del secuestro.

Expulsiones sumarias

Varios migrantes recibieron órdenes de expulsión y algunos fueron enviados a sus países de origen en aplicación de la legislación antiterrorista en vigor desde 2005 (Ley 155/05, conocida como Ley Pisanu). No se efectuó ningún control judicial para verificar si los expulsados estaban implicados en actividades delictivas, si la expulsión era legal o si las personas contra las que se habían dictado las órdenes de expulsión corrían peligro de sufrir violaciones de derechos humanos en sus países de origen. Entre las personas expulsadas a lo largo del año había ciudadanos de Egipto, Marruecos, Siria y Túnez.

Se expulsó sumariamente a un hombre a Siria a pesar de que tenía un permiso de residencia para permanecer legalmente en Italia. Según los informes, las autoridades sirias lo detuvieron durante varios días antes de ponerlo en libertad.

La Ley Pisanu permitía dictar y ejecutar órdenes de expulsión contra migrantes tanto regulares como irregulares cuando hubiera «razones fundadas para creer que su estancia en el territorio podría favorecer de alguna manera a organizaciones y actividades terroristas». La ley no exigía que la persona expulsada hubiera sido declarada culpable o acusada de un delito relacionado con el terrorismo y tampoco exigía la confirmación o autorización judicial de la decisión y de su aplicación. Sí preveía la posibilidad de recurrir judicialmente contra la decisión, pero no la suspensión efectiva de la expulsión mientras estuviera pendiente la apelación. El procedimiento carecía de protección efectiva contra la devolución (refoulement) de personas que pudieran correr riesgo de sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos en el país de origen. En noviembre, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos suspendió la expulsión inminente de tres personas en aplicación de la Ley Pisanu. El Tribunal basó su decisión en los riesgos que correrían estas personas en sus países de origen en caso de ser expulsadas, incluido el riesgo de tortura y malos tratos.

El Tribunal Constitucional italiano estaba investigando si algunas disposiciones de la Ley Pisanu violaban el derecho a recurso judicial, a la defensa y a un juicio justo.

Durante la segunda mitad del año salieron a la luz indicios sobre la existencia de una lista confeccionada por el gobierno de migrantes que debían ser expulsados por sospecharse su relación con el terrorismo. Al menos una de las personas expulsadas en 2006 en aplicación de la legislación antiterrorista formaba parte de la lista.

Motivos de preocupación en relación con la policía

Italia seguía sin tipificar específicamente como delito en su Código Penal la tortura tal como se define en la Convención de la ONU contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Tampoco existía un organismo independiente de rendición de cuentas y presentación de quejas contra la policía. Las operaciones policiales no se ajustaban al Código Europeo de Ética de la Policía; por ejemplo, no se exigía a los agentes que portasen en lugar visible alguna forma de identificación, tal como el número de placa, para poder exigirles responsabilidades.

Continuaba la investigación sobre una operación policial realizada en Val di Susa en diciembre de 2005, en el curso de la cual varios cientos de agentes encargados de hacer cumplir la ley intentaron dispersar a un centenar de personas que se manifestaban contra una línea de tren de alta velocidad. Según los informes, los manifestantes fueron agredidos y golpeados, muchos de ellos mientras dormían.

Actualizaciones: actuación policial durante las manifestaciones de 2001

Continuaban los juicios contra agentes de policía en relación con las operaciones policiales llevadas a cabo con motivo de las manifestaciones multitudinarias celebradas en Nápoles en marzo de 2001 y durante la Cumbre del G-8, en Génova, en julio de 2001.

En noviembre, un tribunal de Génova declaró que no reabriría las investigaciones sobre la muerte de Carlo Giuliani, un joven que murió por disparos de un agente encargado de hacer cumplir la ley durante las manifestaciones de 2001 en la ciudad. El descubrimiento de posibles nuevas pruebas había motivado las peticiones para que se reabriesen las investigaciones.

Escrutinio internacional

En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONU aprobó sus observaciones finales sobre Italia después de examinar el informe periódico de este país. El Comité recomendó, entre otras cosas, que Italia estableciese un organismo nacional independiente de derechos humanos, de conformidad con los Principios de París. También recomendó que se intensificasen los esfuerzos para garantizar la investigación inmediata e imparcial de las denuncias de malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

El Comité recomendó asimismo que se redujera a menos de los cinco días actuales el plazo máximo durante el cual una persona podía permanecer bajo custodia tras ser detenida por un delito común, incluso en circunstancias excepcionales, y que la persona detenida tuviese derecho a ponerse en contacto con un abogado independiente tan pronto como fuese detenida. También recomendó a Italia que garantizase que el poder judicial conservaba su independencia frente al poder ejecutivo, y que velase por que la reforma judicial en curso no pusiera en peligro esta independencia.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Italia: Niños invisibles. Los derechos humanos de menores migrantes y solicitantes de asilo detenidos a su llegada a las fronteras marítimas italianas (Índice AI: EUR 30/001/2006)

  Italia: Cinco años después de las operaciones policiales de la cumbre del G-8 de Génova, las autoridades italianas deben tomar medidas concretas para prevenir y castigar la brutalidad policial en todas las circunstancias (Índice AI: EUR 30/005/2006)

  Italia: Abu Omar. Las autoridades italianas deben cooperar plenamente en todas las investigaciones (Índice AI: EUR 30/006/2006)