Guatemala - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Guatemala

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Guatemala is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Óscar Berger Perdomo
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: no ratificado

Se intensificaron las amenazas, los ataques y la intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular contra quienes centraban su labor en los derechos económicos, sociales y culturales. Continuaron los asesinatos de un gran número de mujeres, y pocos procesamientos de los autores culminaron con éxito. Hubo algunos avances en lo relativo a llevar ante la justicia a algunos responsables de violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno.

Información general

Continuaron los altos niveles de criminalidad, que afectaron a todos los sectores de la sociedad.

Diversos grupos protestaron contra diferentes políticas económicas gubernamentales. En febrero tuvieron lugar protestas contra el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la región centroamericana. En junio, profesionales médicos protestaron contra la escasez de inversiones en servicios e infraestructuras de salud. Algunas comunidades indígenas rurales siguieron oponiéndose a las actividades mineras en sus zonas.

En febrero, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Guatemala publicó su primer informe. Entre otras medidas, el documento recomendaba un aumento de las inversiones para prevenir las violaciones de derechos humanos y proteger estos derechos.

Las garantías constitucionales se suspendieron en dos ocasiones durante el año en ciertas zonas rurales, coincidiendo con la búsqueda, por parte de fuerzas combinadas del ejército y la policía, de supuestos alijos de armas y cultivos de plantas productoras de drogas ilegales. Grupos de la sociedad civil protestaron contra la manera de hacer los registros y denunciaron que obedecían a motivos políticos, ya que las comunidades de las zonas donde se desarrollaron las operaciones habían protestado contra políticas del gobierno.

En octubre, un tribunal mexicano autorizó la extradición del ex presidente Alfonso Portillo, que dejó la presidencia en enero de 2004, para que hiciera frente a cargos de corrupción. Se presentó un recurso.

En diciembre, el gobierno firmó un acuerdo con la ONU para el establecimiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. La Comisión apoyaría al Ministerio Público en su tarea de perseguir judicialmente las actividades de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos de seguridad clandestinos. Al concluir el año no se había presentado el acuerdo al Congreso para su ratificación.

Violencia contra las mujeres

Según datos de la policía, al menos 580 mujeres fueron asesinadas. Según la Fiscalía General, durante el año 2006, seis personas fueron condenadas por estos asesinatos, que en muchos casos implicaron violencia sexual.

En junio, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por la desaparición, violación, tortura y asesinato de mujeres y por la arraigada cultura de impunidad para tales delitos. En septiembre, el Congreso aprobó la creación del nuevo Instituto Nacional de Ciencias Forenses con el fin de unificar los servicios forenses de diferentes organismos gubernamentales. Continuó vigente una ley que tipificaba como delito las relaciones sexuales con una menor sólo si ésta era «honesta».

En febrero se encontró el cadáver de Silvia Patricia Madrid, trabajadora sexual de 25 años de edad, semidesnudo en una carretera a las afueras de la Ciudad de Guatemala. La habían estrangulado y su cuerpo presentaba señales de violencia sexual. Las autoridades no recogieron pruebas en la escena del presunto asesinato.

Derechos económicos, sociales y culturales

Según la ONU, más del 30 por ciento de la población vivía con menos de dos dólares estadounideneses. La desigualdad persistía en el país. Un número desproporcionadamente elevado de las personas que tenían bajos ingresos y acceso limitado a los servicios de atención de la salud y educación eran mujeres, indígenas y habitantes de zonas rurales.

Continuaron los desalojos en las zonas rurales; se recibieron informes de 29 desalojos. En julio, el Comité contra la Tortura de la ONU instó al gobierno a que impidiera el uso de fuerza excesiva, impartiera capacitación específica a los agentes de policía y garantizase la investigación exhaustiva de las denuncias relacionadas con los desalojos forzosos.

En abril, unas 400 personas de la finca San José La Mocá, departamento de Alta Verapaz, fueron desalojadas por la fuerza. La comunidad mantenía una disputa con el propietario de la finca en relación con salarios presuntamente no abonados. Obligaron a estas personas a dirigirse junto a una carretera cercana, donde no tenían acceso a agua potable, alimentos ni cobijo. En julio, un miembro de la comunidad resultó muerto y 38 heridos en nuevos actos de violencia relacionados con el desalojo.

Amenazas, intimidación e impunidad

Durante una visita a Guatemala en mayo, la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos afirmó que no se habían observado avances significativos en la lucha contra la impunidad ni en la eliminación de grupos clandestinos. Más de la mitad de los 278 ataques de los que se tuvo noticia contra activistas y organizaciones de derechos humanos se dirigieron contra personas que centraban sus actividades en los derechos económicos, sociales y culturales, incluidos los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas y el derecho a la vivienda.

En junio, un juez y un fiscal de España que investigaban un caso de presunto genocidio visitaron el país para entrevistarse con testigos y sospechosos. Se impidió la actuación de estos funcionarios en relación con el caso, pero en julio el juez dictó órdenes internacionales de detención contra los cinco acusados, entre ellos el general Efraín Ríos Montt, ex presidente de Guatemala.

Erwin Orrego, miembro del Frente de Emergencia de Vendedores de Mercados de Guatemala, fue secuestrado y amenazado de ejecución en julio, presuntamente por agentes de policía. Lo liberaron después de que organizaciones de derechos humanos alertaran a los medios de comunicación y a las autoridades.

Pena de muerte

Se rechazó una propuesta para abolir la pena de muerte después de que la comisión competente del Congreso emitió un dictamen desfavorable. Sí avanzaron en el Congreso dos nuevas propuestas para establecer un sistema que permitiera la tramitación de los indultos de las personas condenadas a muerte. En 2005, la Corte Interamericana de Derechos Humanos había fallado que, al no existir la posibilidad de indulto, no se podían ejecutar las condenas a muerte.

Se conmutaron las penas de muerte de nueve condenados por penas de 50 años de prisión después de varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionadas con la definición de los delitos para los que podía aplicarse la pena capital. Veintiún presos seguían condenados a muerte. Durante el año no se impusieron penas de muerte ni tuvieron lugar ejecuciones.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Guatemala: ¿Tierra de injusticia? (Índice AI: AMR 34/003/2006)

  Guatemala: A Summary of Amnesty International's Concerns with regard to the Guatemalan Government's implementation of the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (Índice AI: AMR 34/013/2006)

  Guatemala: Defensores y defensoras de los derechos humanos en peligro (Índice AI: AMR 34/016/2006)

  Guatemala: Ni protección ni justicia. Homicidios de mujeres (actualización) (Índice AI: AMR 34/019/2006)

Visita

  Una delegación de Amnistía Internacional visitó Guatemala en marzo para llevar a cabo labores de investigación.