Georgia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Georgia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Georgia is now live »

Jefe del Estado: Mikheil Saakashvili
Jefe del gobierno: Zurab Noghaideli
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Según los informes, presos preventivos y convictos sufrieron malos tratos en varias ocasiones, y el uso de fuerza excesiva para sofocar disturbios en prisiones ocasionó la muerte de ocho detenidos y numerosos heridos, entre ellos agentes de las fuerzas especiales. Los agentes de policía continuaron disfrutando de impunidad en decenas de casos en los que se habían denunciado torturas, malos tratos y uso de fuerza excesiva. Las autoridades no protegieron a las mujeres de la violencia en el ámbito familiar ni llevaron a los perpetradores ante la justicia. La promulgación de una nueva ley sobre violencia doméstica representó un paso positivo, aunque aplazaba la creación de refugios temporales para mujeres y menores, que se necesitaban con urgencia. Las regiones escindidas de Osetia del Sur y Abjasia, no reconocidas por la comunidad internacional, mantenían la pena de muerte. Activistas de la sociedad civil de Osetia del Sur corrían riesgo de hostigamiento debido a sus contactos con activistas de Georgia.

Tortura, malos tratos y uso de fuerza excesiva

El Plan de Acción contra la Tortura, plan bienal del gobierno que expiró en diciembre de 2005, no fue ampliado a pesar de que muchas de las recomendaciones realizadas por varios organismos internacionales de derechos humanos seguían sin aplicarse. Entre ellas se encontraban recomendaciones del relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; del Comité contra la Tortura de la ONU; y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.

En abril, el Parlamento adoptó una medida positiva al eliminar la existencia de un plazo máximo para presentar cargos por los delitos de tortura, amenaza de tortura y trato inhumano y degradante.

Se iniciaron investigaciones sobre las denuncias de tortura o malos tratos policiales en decenas de casos. Se condenó a cinco agentes a penas de entre tres y siete años de prisión. Al parecer, las investigaciones no fueron exhaustivas o imparciales, al menos en algunos casos.

En enero, agentes del Ministerio del Interior golpearon brutalmente e infligieron otros malos tratos a Sandro Girgvliani y a su amigo Levan Bukhaidze a las afueras de Tiflis. Levan Bukhaidze fue abandonado y logró regresar a la ciudad. Sandro Girgvliani murió a consecuencia de las heridas que le habían infligido y fue hallado muerto al día siguiente cerca de un cementerio local. En julio, cuatro agentes fueron condenados a penas de prisión por causarle la muerte. Sin embargo, según informes, no se llevó a cabo ninguna investigación imparcial sobre las denuncias de que quienes mataron a Sandro Girgvliani habían actuado por órdenes de altos cargos del Ministerio del Interior.

En mayo, el Comité contra la Tortura de la ONU instó a las autoridades a establecer un organismo de observación independiente, encargado de vigilar regularmente las violaciones de derechos humanos perpetradas por la policía y el personal de prisiones; a reforzar la capacidad de investigación para garantizar que las denuncias de tortura y otros malos tratos fuesen investigadas con prontitud y de forma exhaustiva; y a informar sin demora a todas las personas detenidas de sus derechos a recibir asistencia letrada y a ser examinadas por un médico de su elección. El Comité también recomendó la promulgación de legislación para que las víctimas de los abusos obtuvieran reparación y, mientras tanto, la aplicación de medidas prácticas para proporcionar resarcimiento, indemnización justa y adecuada y rehabilitación.

Prisiones y centros de investigación y aislamiento

Al parecer, en varios casos se infligieron malos tratos a personas detenidas en prisiones y centros de investigación y aislamiento y se hizo un uso excesivo de la fuerza contra ellas. Sin embargo, sólo en el caso de los disturbios ocurridos en Tiflis en marzo hubo una investigación oficial, que no comenzó hasta junio y cuyos resultados no se habían publicado al término de 2006.

El 27 de marzo, fuerzas especiales penitenciarias y de la policía entraron en la Prisión de Investigación y Aislamiento Núm. 5 de Tiflis para reprimir una revuelta armada y un intento de fuga, que, según se afirmó, fueron planeados. La operación se saldó con al menos siete internos muertos y numerosos heridos, entre ellos varios agentes de las fuerzas especiales. El mismo día, el presidente Mikheil Saakashvili y altos funcionarios negaron las denuncias de que se había utilizado fuerza excesiva. Informes extraoficiales sugerían que las fuerzas especiales fueron enviadas para suprimir una protesta espontánea por los abusos sufridos por internos en el hospital penitenciario a manos de un alto funcionario de la prisión y de agentes de las fuerzas especiales durante la noche del 26 al 27 de marzo. Al parecer, las fuerzas especiales no intentaron emplear medios pacíficos para controlar la situación, sino que comenzaron inmediatamente a disparar con armas automáticas y balas de goma y a golpear a los presos con porras. Según los informes, muchos de los heridos no recibieron tratamiento médico adecuado. En algunos casos, los médicos sólo fueron autorizados a acceder a los detenidos tras la intervención del Defensor del Pueblo.

Violencia contra las mujeres en el ámbito familiar

La violencia contra las mujeres a manos de sus parejas y ex parejas adoptó diferentes formas: insultos y malos tratos psicológicos, violencia física y sexual y homicidios. Lo más frecuente era que las mujeres recibieran palizas, golpes y patadas pero también hubo casos en que las quemaron con cigarrillos, les golpearon la cabeza contra las paredes y las violaron.

Las autoridades no recabaron datos estadísticos exhaustivos sobre violencia doméstica. Según un estudio realizado por la ONG Red de Investigaciones y Asesoramiento de las Mujeres del Cáucaso, el 5,2 por ciento de las mujeres eran víctima de malos tratos físicos frecuentes a manos de su pareja, un dato que había que añadir a los resultados de los estudios realizados por el Fondo de Población de la ONU en Georgia en 1999 y 2005, según los cuales el 5 por ciento de las mujeres afirmaba haber sido víctima de malos tratos físicos.

Entre los obstáculos para erradicar la violencia doméstica se encontraban la impunidad generalizada de la que disfrutaban los perpetradores y la insuficiencia de las medidas y de los servicios de protección a las víctimas, tales como refugios temporales y una vivienda segura y adecuada. Las autoridades tampoco garantizaron el funcionamiento de un sistema efectivo de remisión de casos de violencia en el ámbito familiar entre centros de salud, centros de crisis, centros de asistencia letrada gratuita y autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, ni facilitaron programas gubernamentales de formación obligatorios para la policía, los fiscales, los jueces y el personal médico.

En mayo, la aprobación por el Parlamento de una nueva ley de violencia en el ámbito familiar supuso un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones del gobierno para impedir los malos tratos y proteger a las supervivientes. La ley introdujo una definición de violencia doméstica en la legislación del país, y una base legal para la emisión de órdenes de protección y de alejamiento. Sin embargo, la aplicación de la disposición que prevé la creación de refugios temporales para víctimas de violencia doméstica fue aplazada hasta el año 2008. Además, al término de 2006 no se había aprobado ningún plan que delinease las medidas y actividades necesarias para poner en práctica la ley, pese a que debería haberse aprobado en los cuatro meses posteriores a la publicación de dicha disposición.

En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresó su preocupación por el aplazamiento de la puesta en práctica de la disposición incluida en la nueva ley sobre violencia en el ámbito familiar que preveía la creación de refugios para mujeres y niños, así como por la falta de datos oficiales sobre violencia doméstica y por el hecho de que la violencia doméstica pudiera seguir considerándose un asunto privado. El Comité instó a que se finalizara y pusiera en práctica un plan de acción nacional para luchar contra la violencia en el ámbito familiar, y recomendó la creación de un mecanismo con recursos suficientes y dotado de los poderes necesarios para promover la igualdad de género y supervisar su realización práctica. También recomendó medidas como el reforzamiento de la protección a las víctimas; la recopilación de datos; la investigación y evaluación de las medidas adoptadas; formación; y aumento de la sensibilización de la opinión pública.

Abjasia y Osetia del Sur

Libertad de expresión amenazada

En junio, la madre del activista de la sociedad civil Alan Dzhusoity fue despedida de su puesto de directora de un colegio de Tskhinval/Tskhinvali, Osetia del Sur, en lo que al parecer fue un intento por parte de las autoridades de Osetia del Sur de presionar a su hijo para que cesara sus contactos con organizaciones de la sociedad civil de Georgia. Varios días más tarde, Alan Dzhusoity y otros activistas -Alan Parastaev y Timur Tskhovrebov-, en un debate de televisión en Tiflis, pidieron una Osetia del Sur independiente, paz y diálogo entre los ciudadanos de Osetia del Sur y de Georgia y el reconocimiento por parte de Georgia de que la población de Osetia del Sur tenía derecho a la libre determinación. Eduard Kokoity, el presidente de facto de Osetia del Sur, convocó posteriormente a los activistas de la sociedad civil y los avisó de que no debían mantener contactos con ciudadanos de Georgia.

Pena de muerte

Osetia del Sur mantenía la suspensión de las condenas de muerte y las ejecuciones. En Abjasia, donde la suspensión sólo afectaba a las ejecuciones, había dos presos en espera de ejecución. Según los informes, desde comienzos de la década de los noventa, al menos 16 personas habían sido condenadas a muerte en Abjasia.

En junio, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en sus recomendaciones sobre la pena de muerte en los Estados miembros y en los Estados con categoría de observadores, declaró que la pena de muerte debía ser abolida en Abjasia y Osetia del Sur, y que todas las penas de muerte en Abjasia debían conmutarse de inmediato para poner fin a la incertidumbre que padecían los presos que llevaban años en espera de ejecución.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

  Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

  Commonwealth of Independent States: Positive trend on the abolition of the death penalty but more needs to be done (Índice AI: EUR 04/003/2006)

  Georgia: Briefing to the Committee against Torture (Índice AI: EUR 56/005/2006)

  Georgia: Thousands suffering in silence - Violence against women in the family (Índice AI: EUR 56/009/2006)

Visitas

  En enero, una delegación de Amnistía Internacional se entrevistó con altos funcionarios gubernamentales y responsables políticos clave de Georgia para hablar sobre tortura y otros malos tratos. En abril, una delegada de la organización realizó una visita de investigación.