República Checa - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Checa

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Czech Republic is now live »

Jefe del Estado: Václav Klaus
Jefe del gobierno: Mirek Topolánek (sustituyó a Jiřrí Paroubek en agosto)
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: firmado

La minoría romaní sufrió grave discriminación en lo relativo a la vivienda, la educación, la atención de la salud y el empleo. Las personas de etnia romaní y otros grupos vulnerables fueron objeto, según los informes, de malos tratos por parte de la policía y de ataques racistas a manos de particulares. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que el uso de testigos anónimos vulneraba el derecho a un juicio con garantías.

Información general

El Partido Cívico Democrático obtuvo una victoria no concluyente en las elecciones a la Cámara de Diputados celebradas en junio. Mirek Topolánek fue nombrado jefe de un gobierno en minoría y, en octubre, ofreció renunciar a su cargo tras una moción de censura en la Cámara, pero el presidente Klaus rechazó el ofrecimiento.

El 26 de enero, el Senado devolvió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley contra la discriminación. La cámara alta se oponía a la introducción de disposiciones positivas para ayudar a los grupos desfavorecidos y consideraba el proyecto de ley demasiado impreciso. La ley propuesta tenía como propósito cumplir las obligaciones derivadas del ingreso de República Checa en la Unión Europea en 2004. La aprobación del proyecto de ley estaba pendiente.

El 10 de julio, República Checa ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Discriminación contra romaníes

Las personas de etnia romaní sufrían discriminación en el acceso a la vivienda, la educación y el empleo, según el informe final del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa sobre la situación de los derechos humanos de las comunidades romaní y sinti y de comunidades de itinerantes en Europa, publicado en febrero. El informe reveló que a los niños y las niñas romaníes se les asignaban de forma injustificada escuelas especiales para menores con discapacidad mental, y recomendó la introducción de mecanismos para permitir que las mujeres que habían sido esterilizadas sin su consentimiento informado recibieran una indemnización.

El número de romaníes que residían en viviendas de mala calidad aumentó en los últimos 10 años, según un informe del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales publicado en agosto. El estudio reveló que no existían programas gubernamentales integrales para combatir la privación social.

En octubre, el director general de la policía pidió disculpas por el uso indebido de las facultades policiales en la ciudad de Bohumin entre los días 4 y 6 de octubre de 2005. Guardias de seguridad privados contratados por las autoridades municipales habían impedido la entrada de observadores independientes en un albergue donde varios cientos de residentes, muchos de ellos de etnia romaní, iban a ser expulsados por el municipio.

En mayo, un informe del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia sobre las comunidades romaníes y de itinerantes en la educación pública planteó la preocupación de que los niños y las niñas romaníes recibían enseñanza en clases segregadas en las escuelas primarias y estaban representados en proporción excesiva en las escuelas especiales. Aunque reconocía que se habían introducido mejoras, como la decisión del gobierno en enero de recoger datos anónimos sobre la comunidad romaní, el informe señalaba la necesidad de políticas estatales más activas.

El 7 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una denuncia de discriminación en la educación presentada por 18 personas de etnia romaní de Ostrava que habían sido asignadas a escuelas elementales especiales para menores con dificultades de aprendizaje. El Tribunal llegó a la conclusión de que República Checa no había infringido la prohibición relativa a la discriminación y el derecho a la educación establecida en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en su Protocolo. El Tribunal afirmó que sólo podía evaluar denuncias individuales, no su contexto social. Un recurso contra esta resolución estaba pendiente ante la Gran Sala del Tribunal.

Esterilización forzada de mujeres

En mayo, el gobierno criticó una recomendación del último informe del Defensor del Pueblo -de 2005- sobre la introducción de una ley para conceder una indemnización a las mujeres que habían sido esterilizadas sin su consentimiento. La recomendación no se puso en práctica.

En agosto, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, de la ONU, instó al gobierno a aplicar las recomendaciones del Defensor del Pueblo. El Comité pidió que se estableciera una definición legal del consentimiento informado, libre y cualificado, que se impartiera a los profesionales de la medicina y los trabajadores sociales capacitación preceptiva sobre los derechos de los pacientes, y que se tomaran medidas para permitir que las víctimas de esterilización involuntaria o coactiva recibieran una indemnización. Además, elogió tanto la adopción de un plan nacional de acción con objeto de promover la igualdad de género como la promulgación de nuevas disposiciones legales en materia de empleo que prohibían la discriminación y el acoso sexual, pero instó a redoblar los esfuerzos para superar los estereotipos persistentes y discriminatorios sobre las mujeres.

En un informe publicado en agosto, el Centro Europeo de Derechos de los Romaníes y dos grupos locales de defensa de los derechos humanos -la Liga de Derechos Humanos y Convivir- llegaron a la conclusión de que la protección legal contra la discriminación era insuficiente y que las mujeres seguían siendo vulnerables a abusos graves contra los derechos humanos.

Seguía pendiente de resolución un recurso presentado en diciembre de 2005 en el caso de Helena Ferenčiková, esterilizada en 2001. En noviembre de 2005, un tribunal falló que el hospital de Vitkovice había violado los derechos personales de Helena Ferenčiková, pero se negó a conceder una indemnización económica por entender que había expirado el plazo de prescripción de tres años.

Malos tratos a manos de la policía

Siguieron recibiéndose informes de malos tratos policiales a grupos vulnerables, en particular personas de etnia romaní. Seguía sin existir un organismo independiente encargado de investigar las denuncias de abusos policiales.

Un agente de policía golpeó brutalmente a Kateřina Jacques, candidata electoral del Partido Verde y alta funcionaria de derechos humanos del gobierno, en una manifestación celebrada el 1 de mayo en Praga contra el Movimiento de Resistencia Nacional, de extrema derecha. El agente presuntamente arrojó a Kateřina Jacques al suelo, le propinó patadas, la golpeó con una porra y siguió agrediéndola en la comisaría de policía donde la llevaron esposada para interrogarla. Después de una investigación interna, el director general de la policía reconoció que la actuación policial contra Kateřina Jacques había sido inadecuada. El primer ministro afirmó que la intervención del agente había sido «inexcusable» y que éste debía abandonar la policía. Según los informes, el agente fue destituido. En noviembre se retiraron los cargos presentados en su contra por considerarse que la detención se había atenido a la normativa policial. Kateřina Jacques presentó un recurso contra la retirada de los cargos.

El 30 de junio, dos policías municipales presuntamente detuvieron a un joven romaní en Brno, lo llevaron a las afueras de la ciudad, lo golpearon, le pusieron una pistola descargada en la boca y apretaron el gatillo. Según los informes, lo consideraron sospechoso de haber atacado y robado al hijo de uno de los agentes y a otros escolares. En noviembre, a los agentes se los declaró culpables de golpear y torturar al detenido, se les impusieron sendas condenas condicionales de dos años de prisión y se los inhabilitó para ejercer como agentes de policía durante cinco años. Los dos presentaron recursos.

Ataques contra romaníes por motivos raciales

Personas de etnia romaní fueron con frecuencia objeto de ataques por motivos raciales, y los tribunales impusieron penas que no reflejaban la gravedad de los delitos o las motivaciones racistas de los agresores.

El 17 de mayo, tres jóvenes miembros del Movimiento de Resistencia Nacional irrumpieron en un bloque de apartamentos de Neratovice, golpeando las puertas de los residentes romaníes y amenazando con matarlos. La policía los detuvo en el acto.

El 31 de agosto, el tribunal regional de apelaciones de Olomouc aumentó las condenas impuestas a tres jóvenes por atacar a una pareja romaní en Jeseník. A dos de ellos les impuso penas de tres años y tres meses y tres años de cárcel, respectivamente, y al tercero, una condena condicional de tres años. Las condenas condicionales que el tribunal de distrito de Jeseník había impuesto a los tres acusados en primera instancia en enero de 2004 habían provocado protestas generalizadas.

Cinco organizaciones romaníes protestaron contra la condena condicional de dos años impuesta por el Tribunal Regional de Pilsen en septiembre a un soldado declarado culpable de golpear a un hombre romaní.

Denegación del derecho a un juicio con garantías

El 28 de febrero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló que el gobierno checo había violado el derecho a un juicio con las debidas garantías al permitir que los testigos permanecieran en el anonimato, ya que ello vulneraba las exigencias relativas al contrainterrogatorio que contempla el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En respuesta a un recurso presentado en favor de Hasan Krasniki el 2 de septiembre de 1999, el Tribunal falló que, aunque el uso de testigos anónimos podía ser compatible con el Convenio, en este caso no lo era. Debía someterse a prueba la fiabilidad de los testigos anónimos, y la declaración de culpabilidad no debía basarse de manera exclusiva o decisiva en declaraciones anónimas. La legislación checa fue enmendada con posterioridad.

Uniones de personas del mismo sexo

En marzo se aprobó una ley que permitía a las parejas del mismo sexo inscribir su unión tras anular la Cámara de Diputados el veto del presidente Klaus. La ley concedía a estas parejas algunos de los derechos y obligaciones reconocidos a las parejas casadas, como el derecho a educar a los hijos, a heredar bienes y a recibir información sobre la salud de la pareja, así como la obligación mutua de pagar pensiones alimenticias. No se contemplaba el derecho a adoptar niños.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

•  Europe and Central Asia: Summary of Amnesty International's concerns in the region, January-June 2006 (Índice AI: EUR 01/017/2006)

Visitas

•  Representantes de Amnistía Internacional visitaron República Checa en marzo y septiembre.