Colombia - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República de Colombia

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Colombia is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Álvaro Uribe Vélez
Pena de muerte: abolicionista para todos los delitos
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Los graves abusos contra los derechos humanos se mantuvieron en niveles
elevados, sobre todo en zonas rurales, pese a la constante reducción de
ciertos tipos de violencia asociada al prolongado conflicto armado
interno de Colombia, en particular los secuestros y los homicidios.
Todas las partes implicadas en el conflicto -las fuerzas de seguridad y
los paramilitares respaldados por el ejército así como los grupos
guerrilleros, sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), más
pequeño- continuaron cometiendo abusos contra los derechos humanos y
vulnerando el derecho internacional humanitario. Fueron responsables de
crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad. Si bien descendió
el número de personas que se vieron desplazadas por el conflicto, la
cifra global de personas desplazadas seguía siendo elevada y
preocupante. Hubo nuevos ataques contra sindicalistas y defensores y
defensoras de los derechos humanos, principalmente cometidos por grupos
paramilitares. Continuaron los informes de ejecuciones extrajudiciales
perpetradas por miembros de las fuerzas de seguridad, así como de
homicidios selectivos de civiles y secuestros por parte de fuerzas
guerrilleras.

Información general

El presidente Álvaro Uribe Vélez inició un segundo mandato tras ganar las elecciones celebradas en mayo. En marzo tuvieron lugar elecciones al Congreso, en las que los aliados del presidente Uribe obtuvieron la mayoría de escaños en las dos cámaras.

Las especulaciones sobre la proximidad de un acuerdo entre el gobierno y las FARC para el intercambio de presos pertenecientes a las FARC por rehenes retenidos por el grupo guerrillero se vieron truncadas al culpar el presidente Uribe a las FARC de hacer estallar un artefacto explosivo el 19 de octubre en el interior de la Universidad Militar Nueva Granada, en Bogotá. Al menos 20 personas resultaron heridas como consecuencia de la explosión. En octubre, el ELN y representantes del gobierno celebraron una cuarta ronda de conversaciones de paz exploratorias en Cuba.

Al final del año, las autoridades informaron de que más de 30.000 paramilitares habían depuesto las armas en el marco de un controvertido proceso de desmovilización auspiciado por el gobierno. En julio, la Corte Constitucional falló que algunas partes fundamentales de la Ley de Justicia y Paz -concebida para regular el proceso de desmovilización y criticada por las organizaciones de derechos humanos- eran inconstitucionales. En septiembre, el gobierno promulgó un decreto sobre la aplicación de la Ley de Justicia y Paz. Aunque había sido enmendada teniendo en cuenta algunas críticas señaladas por la Corte, seguía preocupando que la Ley agravara la impunidad y negara a las víctimas su derecho a la verdad, la justicia y la reparación. A pesar de la supuesta desmovilización, hubo pruebas concluyentes de que grupos paramilitares seguían actuando y cometiendo violaciones de derechos humanos con la aquiescencia o la connivencia de las fuerzas de seguridad. En noviembre, tres legisladores fueron detenidos por sus presuntos vínculos con paramilitares. Al terminar el año, según informes, la Corte Suprema de Justicia también investigaba a otros legisladores y personalidades políticas.

Abusos constantes de grupos paramilitares a pesar de la supuesta desmovilización

En agosto, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos publicó un informe que señalaba que algunos paramilitares desmovilizados se habían reagrupado en bandas delictivas, que otros no se habían desmovilizado y que habían aparecido nuevos grupos paramilitares. Los paramilitares siguieron cometiendo violaciones de derechos humanos en zonas en las que supuestamente se habían desmovilizado. Desde que los paramilitares anunciaron un «cese de hostilidades» en 2002, se atribuyeron más de 3.000 homicidios y desapariciones forzadas de civiles a estos grupos.

El 11 de febrero, paramilitares desmovilizados pertenecientes al Bloque Noroccidente mataron presuntamente a seis campesinos en el municipio de Sabanalarga, departamento de Antioquia.

Aplicación de la Ley de Justicia y Paz

En septiembre, el gobierno promulgó el Decreto 3391, que retomó algunos de los elementos más controvertidos de la Ley de Justicia y Paz.

Especialmente preocupante fue la inclusión de programas de «reinserción rural» en virtud de los cuales el gobierno financiaría proyectos agroindustriales que reunirían a campesinos, desplazados y paramilitares desmovilizados. En consecuencia, las comunidades de campesinos y desplazados podrían verse obligadas a trabajar junto con las mismas personas que las obligaron a abandonar sus tierras y cometieron violaciones de derechos humanos contra ellas, y podría legalizarse la propiedad de las tierras tomadas por la fuerza por los paramilitares. El Decreto 3391 tampoco adoptaba medidas para identificar y poner a disposición de la justicia a terceras partes, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y políticos, que hubieran apoyado a grupos paramilitares, tanto en el plano logístico como en el económico.

La Ley de Justicia y Paz, que seguía sin cumplir las normas internacionales relativas a la verdad, la justicia y la reparación, se aplicaría a sólo unos 2.600 de los más de 30.000 paramilitares que según informes se habían desmovilizado. La inmensa mayoría de los paramilitares se habían beneficiado de amnistías de facto en virtud del Decreto 128 de 2003. El 6 de diciembre, los paramilitares anunciaron que se retiraban del «proceso de paz». Esta declaración tuvo lugar tras decidir el gobierno el 1 de diciembre trasladar a 59 dirigentes paramilitares supuestamente desmovilizados desde una instalación de reclusión de baja seguridad habilitada en un antiguo centro vacacional de La Ceja, departamento de Antioquia, hasta la prisión de alta seguridad de Itagüí, en el mismo departamento. El gobierno afirmó que los paramilitares habían ordenado varios homicidios desde La Ceja. El 19 de diciembre, Salvatore Mancuso se convirtió en el primer líder de alto rango de los paramilitares que testificó ante la Unidad Nacional de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación. Esta Unidad se creó en virtud de la Ley de Justicia y Paz con el objeto de que investigase los abusos contra los derechos humanos cometidos por quienes deseaban acogerse a las ventajas procedimentales previstas por la Ley.

Connivencia entre paramilitares y funcionarios del Estado

Los escándalos relativos a vínculos entre paramilitares y miembros de alto rango de las instituciones del Estado amenazaron con socavar aún más la confianza en el Estado de derecho.

En noviembre, la Procuraduría General de la Nación acusó al ex director del Departamento de Administración de Seguridad (DAS) de tener vínculos con grupos paramilitares. Las denuncias se basaron en las declaraciones realizadas en abril a los medios de comunicación por otro funcionario del DAS, según las cuales este organismo había facilitado al grupo paramilitar Bloque Norte una lista de 24 dirigentes sindicales. Varias personas cuyo nombre aparecía en la lista fueron asesinadas, otras recibieron amenazas, y algunas, según informes, fueron objeto de actuaciones judiciales arbitrarias.

El 9 de noviembre, la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención de tres congresistas del departamento de Sucre -Álvaro García Romero, Jairo Merlano y Erik Morris Taboada- por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares y, en el caso de Álvaro García Romero, por ordenar presuntamente la matanza por paramilitares de unos 15 campesinos en Macayepo, departamento de Bolívar en 2000. En el mismo mes, la Corte Suprema ordenó que otros seis congresistas respondieran de cargos relacionados con sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.

Según informaciones publicadas en la prensa en noviembre, la Fiscalía General de la Nación estaba revisando más de un centenar de casos de presunta connivencia entre paramilitares y funcionarios del Estado, entre los que había personalidades políticas y miembros de las administraciones pública y judicial y de las fuerzas de seguridad. También en noviembre, la Procuraduría General de la Nación anunció la creación de una unidad especial para investigar los presuntos vínculos entre empleados públicos y paramilitares.

Los grupos paramilitares siguieron cometiendo violaciones de los derechos humanos en connivencia con miembros de las fuerzas de seguridad o con su aquiescencia.

El 4 de febrero, el dirigente comunitario Alirio Sepúlveda Jaimes fue asesinado en las proximidades de una comisaría de policía en el municipio de Saravena, departamento de Arauca. Según informes, el hombre que le disparó, que al parecer era un paramilitar, estaba vinculado con el batallón del ejército de la localidad. Alirio Sepúlveda fue uno de los aproximadamente 40 activistas sociales y de derechos humanos detenidos por las autoridades en Saravena en 2002.

Exhumaciones de fosas comunes

Se hallaron más de 80 fosas comunes que contenían los restos de unas 200 personas asesinadas por grupos paramilitares en el curso del conflicto. La Unidad Nacional de Justicia y Paz afirmó que seguían sin localizarse los restos de unas 3.000 víctimas de desaparición forzada, aunque se creía que esa cifra era muy inferior a la verdadera. Preocupó que algunas exhumaciones pudieran haberse realizado de manera que pusiera en peligro pruebas forenses, y que los restos bajo custodia oficial estuvieran almacenados en condiciones precarias. También fue motivo de preocupación la ausencia de identificación concluyente de los restos, así como de análisis forenses y periciales apropiados de las pruebas. Según informes, los paramilitares sacaron restos de algunas fosas comunes.

Impunidad

La impunidad siguió siendo un grave problema, y el sistema de justicia militar continuó ocupándose de casos relacionados con violaciones de derechos humanos en los que estaba implicado personal militar, a pesar de que la Corte Constitucional falló en 1997 que tales casos debían ser investigados por el sistema de justicia civil. Sin embargo, algunos casos fueron transferidos al sistema de justicia civil, como el homicidio por soldados de 10 miembros de la policía judicial (DIJIN), junto con un informante de la policía y un civil, en Jamundí, departamento de Valle del Cauca, el 22 de mayo. La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra 15 miembros del ejército por su presunto papel en los homicidios, que según informes se llevaron a cabo a instancias de narcotraficantes que tenían vínculos con grupos paramilitares. Según los informes, investigadores judiciales que intervenían en el caso recibieron amenazas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en casos emblemáticos de impunidad relacionados con matanzas llevadas a cabo por grupos paramilitares al parecer con la connivencia o aquiescencia de las fuerzas de seguridad. Entre estos casos se contaban la masacre de Pueblo Bello en 1990, en la que 43 civiles murieron o fueron víctimas de desaparición forzada, y las masacres de La Granja y El Aro en 1996 y 1997, respectivamente, en las que murieron 19 personas. En ambos casos, la Corte resolvió que el Estado colombiano era parcialmente responsable y ordenó que concediera indemnizaciones a las víctimas y sus familias.

Las fuerzas de seguridad

Continuaron las denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad.

El 19 de septiembre, según informes, soldados del ejército mataron al activista comunitario y laboral Alejandro Uribe Chacón en el municipio de Morales, departamento de Bolívar.

El 14 de abril, según informes, el campesino Adrián Cárdenas Marín fue detenido por tropas del ejército en el municipio de Argelia, departamento de Antioquia. El 15 de abril, el ejército informó de que Adrián Cárdenas había muerto en combate a escasa distancia de la localidad de Argelia.

Algunos casos relacionados con violaciones de derechos humanos que afectaban al ejército recibieron la atención de los medios de comunicación nacionales.

El 25 de enero, según los informes, 21 soldados fueron torturados, incluso sexualmente, por sus superiores en una ceremonia de iniciación que tuvo lugar en un centro de instrucción militar de Piedras, departamento de Tolima. Al terminar el año, el caso estaba siendo investigado por el sistema de justicia civil.

La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación sobre la presunta participación de personal del ejército en varias conspiraciones para atentar con bombas en Bogotá en julio y agosto, entre ellas el atentado con un vehículo bomba que mató a un civil e hirió a 19 soldados el 31 de julio y que las autoridades atribuyeron a las FARC.

Se denunció el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad, incluido el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), durante las manifestaciones masivas de campesinos y de afrodescendientes e indígenas que tuvieron lugar los días 15 y 16 de mayo en los departamentos de Cauca y Nariño. Al menos un manifestante murió y 50 personas resultaron heridas, entre ellas varios miembros de las fuerzas de seguridad y un niño de 12 años.

El 8 de marzo, según informes, agentes del ESMAD causaron lesiones a varios estudiantes en la Universidad Nacional de Bogotá cuando disolvieron una manifestación estudiantil. Durante la manifestación, los estudiantes arrojaron piedras contra la policía. Un estudiante, Óscar Leonardo Salas, murió según los informes el 9 de marzo después de sufrir heridas en la cabeza causadas por un proyectil presuntamente disparado por el ESMAD.

Grupos guerrilleros

Las FARC y el ELN continuaron cometiendo infracciones graves y reiteradas del derecho internacional humanitario, como la toma de rehenes y el homicidio de civiles.

El 9 de octubre se hallaron los cuerpos sin vida de cuatro campesinos que habían sido secuestrados por el ELN en el municipio de Fortul, departamento de Arauca. Entre marzo y agosto, las FARC y el ELN presuntamente mataron a más de 20 civiles en el departamento de Arauca.

El 27 de febrero, guerrilleros de las FARC presuntamente mataron a ocho concejales en el municipio de Rivera, departamento de Huila, mientras celebraban una reunión del consejo municipal.

El 25 de febrero, las FARC presuntamente atacaron un autobús en el departamento de Caquetá. En el incidente murieron al menos nueve civiles, entre ellos dos menores.

Las FARC también llevaron a cabo presuntamente ataques desproporcionados e indiscriminados que ocasionaron la muerte de numerosos civiles.

El 6 de marzo, un ataque en el que se utilizaron artefactos explosivos causó la muerte de tres civiles, entre ellos una mujer de 76 años y un niño de 8, en el municipio de San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá. El gobierno atribuyó el ataque a las FARC.

Las FARC y el ELN continuaron reclutando por la fuerza a menores, y las minas terrestres colocadas por grupos guerrilleros siguieron matando y mutilando a civiles.

El 2 de agosto, minas terrestres presuntamente colocadas por las FARC causaron la muerte de seis civiles que trabajaban en un programa gubernamental de erradicación del cultivo de coca y de cinco agentes de policía, en el municipio de La Macarena, departamento del Meta.

Sindicalistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y otros activistas

Activistas sociales, comunitarios y de derechos humanos siguieron siendo objeto de ataques, sobre todo por parte de los grupos paramilitares y las fuerzas de seguridad, pero también de los grupos guerrilleros. Más de 70 miembros de sindicatos murieron en 2006.

En septiembre, las FARC presuntamente torturaron y mataron a Fabián Trellez Moreno, dirigente comunitario y representante legal del Consejo Comunitario Local de Boca de Bebará, en el municipio de Medio Atrato, departamento del Chocó.

En mayo, en el periodo previo a las elecciones presidenciales, sindicalistas, activistas de partidos de izquierdas, ONG de paz y de derechos humanos y estudiantes y personal universitario recibieron amenazas de muerte por correo electrónico, según informes remitidos por grupos que afirmaban ser nuevas estructuras paramilitares.

El 2 de enero se descubrió el cuerpo sin vida del sindicalista Carlos Arciniegas Niño en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. Estaba en paradero desconocido desde el 30 de diciembre de 2005. Según los informes, el cadáver mostraba señales de tortura. El homicidio se atribuyó al grupo paramilitar Bloque Central Bolívar (BCB). El 31 de agosto, el BCB envió presuntamente una amenaza de muerte por escrito a la confederación sindical Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Bucaramanga, departamento de Santander, a pesar de que este grupo paramilitar había quedado desmovilizado supuestamente el 1 de marzo.

Comunidades civiles en peligro

Las comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas, así como la población civil que vivía en zonas donde el conflicto militar era intenso, continuaron corriendo especial peligro de ser atacadas por todas las partes implicadas en el conflicto. Durante la primera mitad del año, más de 770 civiles murieron o fueron víctimas de desaparición forzada. Más de 219.000 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado en 2006, en comparación con las 310.000 de 2005. Más de 45 miembros de comunidades indígenas murieron de forma violenta en la primera mitad de 2006.

El 9 de agosto, unos hombres armados desconocidos mataron a cinco miembros de la comunidad indígena a'wa en el municipio de Barbacoas, departamento de Nariño.

Entre el día 5 y el 6 de marzo, las FARC presuntamente mataron a Juan Ramírez Villamizar, ex gobernador indígena del resguardo de Makaguán de Caño Claro, departamento de Arauca, y a su esposa, Luz Miriam Farías, maestra de la escuela del resguardo.

Los miembros de las «comunidades de paz», las «zonas humanitarias» y otras comunidades que seguían reivindicando públicamente su derecho a no verse involucradas en el conflicto recibieron amenazas y fueron asesinados.

El 16 de agosto, según informes, unos paramilitares se dirigieron a habitantes de la zona de la cuenca del río Curvaradó, en el departamento del Chocó, y les informaron de que los paramilitares planeaban matar a Enrique Petro, miembro de la Zona Humanitaria afrodescendiente de Curvaradó. En marzo, miembros de las fuerzas armadas habían acusado, según informes, a Enrique Petro de tener vínculos con la guerrilla. Los paramilitares afirmaron también que se estaban preparando para matar a otros miembros de la Zona Humanitaria de Curvaradó.

El 15 de marzo, un familiar de Nelly Johana Durango, miembro de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia, identificó su cuerpo sin vida en Tierra Alta, departamento de Córdoba. Según testigos, el ejército se la había llevado de su casa el 4 de marzo. El ejército afirmó que era una guerrillera muerta en combate. Más de 160 miembros de la comunidad de paz han sido asesinados desde 1997, la mayoría a manos de grupos paramilitares y de las fuerzas de seguridad, pero también de grupos guerrilleros.

Secuestros

Siguió disminuyendo el número de secuestros, que pasó de 800 en 2005 a 687 en 2006. Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC, fueron responsables de la mayoría de los secuestros relacionados con el conflicto, de 200 de los cuales, aproximadamente, reivindicaron la autoría. Diez se atribuyeron a grupos paramilitares y 267 a delincuentes comunes. No fue posible atribuir la autoría de unos 200 secuestros.

El 26 de junio, las FARC presuntamente secuestraron a Camilo Mejía Restrepo, a su esposa Rosario Restrepo, al hijo de ambos y a un sobrino en el departamento de Antioquia. Al intentar huir de las autoridades, los secuestradores al parecer mataron a Camilo Mejía e hirieron al sobrino.

El 7 de junio, el ELN secuestró presuntamente a Javier Francisco Castro en el municipio de Yondó, departamento de Antioquia. Según informes, lo acusaba de tener vínculos con las fuerzas de seguridad. Al finalizar el año no se había recibido información alguna sobre si lo habían liberado.

El 27 de abril, unos hombres armados mataron a Liliana Gaviria Trujillo, hermana del ex presidente César Gaviria Trujillo, y a su guardaespaldas, Fernando Vélez Rengifo, en Dosquebradas, departamento de Risaralda, en lo que pareció un intento fallido de secuestro. Las autoridades afirmaron que el secuestro había sido ordenado por las FARC.

Violencia contra las mujeres

Los combatientes continuaron matando, sometiendo a abusos sexuales, secuestrando y amenazando a mujeres y niñas.

El 22 de octubre, 10 soldados del ejército entraron presuntamente en el domicilio de una mujer en el municipio de Puerto Lleras, departamento del Meta. Más tarde, según informes, cuatro de ellos la violaron en presencia de su hijo de tres años. Según los informes, la mujer recibió amenazas tras denunciar la violación a las autoridades.

El 9 de abril, un miembro de la guerrilla violó presuntamente a una mujer en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.

El 21 de marzo, según informes, unos paramilitares violaron y mataron a Yamile Agudelo Peñaloza, de la Organización Femenina Popular, en Barrancabermeja, departamento de Santander. Se encontró su cadáver al día siguiente.

Ayuda militar estadounidense

La ayuda de Estados Unidos a Colombia ascendió en 2006 a unos 728 millones de dólares, de los que aproximadamente el 80 por ciento eran en concepto de asistencia militar y policial. En junio, el Congreso de Estados Unidos retuvo 29 millones de dólares, preocupado por que la administración estadounidense no le había consultado adecuadamente en lo referente al proceso de certificación, en virtud del cual el 25 por ciento de la ayuda dependía de los avances del gobierno colombiano y de las autoridades estatales en determinados indicadores de derechos humanos. Pese a la decisión del Congreso, el Departamento de Estado libró los fondos. Sin embargo, el Departamento de Estado accedió más tarde a reunirse con el Congreso y con representantes de la comunidad de derechos humanos estadounidense para tratar los motivos de preocupación relativos al proceso de consulta sobre la certificación y elaborar recomendaciones para mejorarlo. Se destinaron unos 17 millones de dólares a apoyar el proceso de desmovilización, de los cuales unos 5 millones se asignaron a la Unidad Nacional de Justicia y Paz. Se mantuvieron las condiciones relativas a los derechos humanos para librar dichos fondos.

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos

A pesar de los informes sobre los intentos del gobierno colombiano de debilitar el mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH), sobre todo en relación con su función de monitoreo, el gobierno y la ACNUDH anunciaron en septiembre que el mandato en su integridad se prorrogaría por un nuevo periodo de 12 meses. El último informe sobre Colombia de la ACNUDH, publicado en enero, alentaba al gobierno a implementar las recomendaciones sobre derechos humanos de la ONU, a adoptar el Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos prometido hacía tiempo y a aumentar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos. También instaba a las partes implicadas en el conflicto a respetar el derecho a la vida y abstenerse de cometer ataques indiscriminados, secuestros, reclutamiento de niños y niñas soldados y actos de violencia sexual. El informe recomendaba asimismo que la legislación relativa a la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales se ajustase a los principios de derechos humanos, incluido el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación. La alta comisionada presentó el informe al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 28 de septiembre, durante el segundo periodo ordinario de sesiones de este nuevo órgano.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

• Colombia: Informar, hacer campaña y servir a la ciudadanía sin temor. Los derechos de periodistas, candidatos electorales y funcionarios electos (Índice AI: AMR 23/001/2006)

• Colombia: Carta abierta a los candidatos presidenciales (Índice AI: AMR 23/013/2006)

• Colombia: Temor e intimidación. Los peligros del trabajo por los derechos humanos (Índice AI: AMR 23/033/2006)

Visitas

• Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron el país en febrero, marzo y octubre.