República Centroafricana - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Centroafricana

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Central African Republic is now live »

Jefe del Estado: François Bozizé
Jefe del gobierno: Elie Dote
Pena de muerte: abolicionista en la práctica
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Según informes, las fuerzas del gobierno mataron a decenas de civiles desarmados en respuesta a los disturbios del norte del país, lo que provocó el desplazamiento de decenas de miles de personas. Las autoridades no actuaron contra miembros de las fuerzas de seguridad sospechosos de haber participado en homicidios ilegítimos y otras violaciones de derechos humanos. Se detuvo y recluyó, de forma ilegítima y en duras condiciones, a decenas de personas sospechosas de oponerse políticamente al gobierno. Unas 25 fueron enjuiciadas y, en su mayoría, absueltas. Catorce de ellas no quedaron en libertad inmediatamente después de haber sido absueltas, sino que permanecieron recluidas dos semanas más.

Información general

Se intensificaron la violencia y la inseguridad en el norte del país. El 29 de enero, un grupo armado atacó a las fuerzas de seguridad en la localidad de Paoua, provincia de Ouham-Pende. Al menos 80 civiles, muchos de ellos desarmados, murieron a manos de las fuerzas del gobierno en un contraataque. Unas 7.000 personas huyeron al vecino Chad, mientras que otras 50.000 aproximadamente quedaron desplazadas dentro del país, con poco o nulo acceso a ayuda humanitaria.

Continuaron durante todo el año los ataques de grupos armados. En junio, fuentes de la ONU informaron de la muerte de 33 personas en un ataque de rebeldes contra un campamento del ejército en el norte.

Las fuerzas del gobierno siguieron respaldadas por tropas francesas y chadianas, y por miembros de una fuerza de mantenimiento de la paz apoyada por la Comunidad Económica y Monetaria del África Central (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEMAC). Las fuerzas de la CEMAC recibían ayuda material de la Unión Europea.

En agosto se juzgó in absentia al ex presidente Ange-Félix Patassé y a otros tres ex políticos por cargos de fraude y malversación de fondos públicos. Se los halló culpables de fraude y se les impusieron penas de hasta 20 años de prisión. Simon Kouloumba, ex asesor económico de Ange-Félix Patassé, fue absuelto y quedó en libertad. Estaba en espera de juicio desde 2003.

Impunidad

Las autoridades no actuaron contra miembros de las fuerzas de seguridad que, según informes, mataron e hirieron a decenas de civiles desarmados en las provincias de Ouham-Pende y Ouham a finales de enero y en febrero. Según informes, las fuerzas del gobierno, en particular miembros de la Guardia Republicana, atacaron a civiles desarmados, incluidos niños de tan sólo 10 años, y ejecutaron extrajudicialmente por lo menos a 17 estudiantes del colegio de enseñanza secundaria de Paoua.

Según informes, al menos 80 personas murieron a manos de las fuerzas regulares del gobierno en Paoua en enero y febrero. Entre las víctimas se encontraban Florent Djembert, Vincent Bozoukon y William Béré. Según los informes recibidos, se quemaron cuatro cuerpos no identificados en el recinto de la gendarmería local. No se recibieron informes de investigaciones sobre estas muertes.

Un ex miembro de la Guardia Republicana que al parecer había matado a varias personas, pero que había quedado en libertad sin cargos tras su detención en 2005, continuó amenazando a defensores y defensoras de los derechos humanos, hasta que murió a manos de insurgentes en mayo. Según informes, en enero había amenazado a Maka Gbossokoto, director del diario Le Citoyen, a Nganatouwa Goungaye Wanfiyo, abogado, y a Adolphe Ngouyombo, activista de derechos humanos.

El gobierno no tomó medidas para enjuiciar a los responsables de abusos graves contra los derechos humanos perpetrados durante el conflicto de finales de 2002 y principios de 2003, entre ellos cientos de violaciones. La Corte Penal Internacional (CPI), a quien el gobierno había remitido la situación en 2005, continuó con el análisis preliminar de los crímenes cometidos durante ese periodo. Al concluir el año, la CPI no había comunicado aún si abriría una investigación completa.

Detenciones, reclusiones y juicios por motivos políticos

Varias decenas de personas fueron detenidas entre febrero y abril de 2006 y acusadas de apoyar a grupos armados que trataban de derrocar al gobierno del presidente François Bozizé. Muchas de ellas pertenecían al Movimiento por la Liberación del Pueblo Centroafricano (Mouvement de libération du peuple centrafricain, MPLC) del ex presidente Ange-Félix Patassé o procedían del mismo grupo étnico, los kaba.

A estas personas se las mantuvo recluidas durante semanas o meses, sin cargos y sin acceso a sus familias, a asistencia letrada o a profesionales médicos. En mayo y junio se acusó a unas 25 de ellas de poner en peligro la seguridad del Estado y de delitos conexos.

Lydie Florence Ndouba, funcionaria del Ministerio de Asuntos Exteriores, fue detenida el 28 de febrero, al parecer, por ser hermana de dos destacados políticos críticos con el gobierno. Se la recluyó sin cargos hasta el 11 de mayo, fecha en la que se la acusó de poner en peligro la seguridad del Estado. En el juicio, que tuvo lugar en agosto, informó al Tribunal Penal de que había sufrido malos tratos bajo custodia. Fue absuelta.

Pascal Ngakoutou Beninga, profesor de la Universidad de Bangui, informó de que, el 25 de marzo, miembros de la Guardia Republicana lo habían llevado a un bosque y amenazado de muerte. Se lo acusó de haber dado alojamiento a hombres armados y de posesión de armas. Miembros de las fuerzas de seguridad registraron su domicilio pero, según informes, no encontraron nada que lo incriminara.

En agosto y septiembre, el Tribunal Penal de Bangui procesó a unas 25 personas detenidas. Aproximadamente 20 de ellas fueron absueltas.

De 16 personas juzgadas por poner en peligro la seguridad interna del Estado y por cargos conexos, 15 fueron absueltas y una condenada por un delito de menor gravedad el 12 de septiembre. Sin embargo, 14 de ellas no quedaron en libertad, sino que el 13 de septiembre fueron trasladadas por miembros de la Guardia Republicana de la prisión de Ngaragba a la de Bossembélé, en la provincia de Ombella-Mpoko. Miembros del Colegio de Abogados de República Centroafricana se declararon en huelga en señal de protesta, y el gobierno fue objeto de críticas generalizadas. El 25 de septiembre se trasladó de nuevo a los detenidos a Bangui y se los dejó en libertad.

Al concluir 2006, al menos 20 detenidos seguían recluidos, acusados de tener vínculos con grupos armados. No estaba claro si se habían presentado cargos formales contra todos ellos.

Condiciones de reclusión

Una delegación de AI visitó varios centros de detención en Bangui, entre ellos, la prisión de Ngaragba, la prisión de Bimbo y la Dirección de Información e Investigación (Section de recherche et d'investigation, SRI) de la Gendarmería Nacional. Lo que encontraron fueron condiciones tan duras que constituían una amenaza para la vida.

En la mayoría de las prisiones y los centros de detención, los detenidos no recibían más alimentos que los que les llevaban sus amistades o familiares. Muchos se quejaban de no tener suficiente comida o de sufrir malnutrición. Las celdas estaban masificadas y eran insalubres.

Se negaba el acceso a atención médica a los detenidos con problemas de salud. Se recluía juntos a menores y adultos, a presos preventivos y convictos. Según informes, en los centros de detención situados fuera de Bangui se recluía por lo general a hombres y mujeres juntos, y las condiciones eran incluso peores.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

•  Central African Republic: Government tramples on the basic rights of detainees (Índice AI: AFR 19/007/2006)

Visita

•  Una delegación de Amnistía Internacional visitó República Centroafricana en mayo.