Brasil - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in República Federativa del Brasil

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Brazil is now live »

Jefe del Estado y del gobierno: Luiz Inácio Lula da Silva
Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunes
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

Los problemas en los sistemas de seguridad pública, penitenciario y
judicial, incluidas las violaciones sistemáticas de derechos humanos,
contribuyeron a la persistencia de los altos índices de violencia
delictiva. Las comunidades más pobres fueron las más afectadas por las
decenas de miles de muertes relacionadas con armas. Bastantes más de
1.000 personas murieron en enfrentamientos con la policía en incidentes
clasificados como «resistencia seguida de muerte», muchas de ellas en
situaciones que parecían indicar uso excesivo de la fuerza o
ejecuciones extrajudiciales. La tortura siguió siendo generalizada y
sistemática. El acceso a la tierra siguió siendo un foco de violaciones
de derechos humanos, incluidos desalojos forzados y ataques violentos
contra activistas agrarios, activistas contra la construcción de
presas, movimientos de ocupación de viviendas urbanas y pueblos
indígenas. Muchas personas siguieron trabajando en condiciones
equivalentes a esclavitud o servidumbre. Los defensores y las
defensoras de los derechos humanos siguieron siendo objeto de amenazas
y ataques.

Información general

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido para un segundo (y último) mandato. Su primer mandato se caracterizó por las abundantes denuncias de corrupción política procedentes de todo el espectro político.

Las investigaciones sobre la corrupción pusieron de relieve vínculos directos e indirectos con el deterioro de la protección de los derechos humanos. Trascendieron numerosos informes sobre malversación de fondos públicos en todos los niveles de los poderes ejecutivo y legislativo, práctica que menoscabó la capacidad de las autoridades para garantizar derechos humanos fundamentales mediante los servicios sociales y agudizó la pérdida de confianza de la población en las instituciones del Estado. En particular, se dieron algunos casos de gran resonancia de presunta corrupción en el Congreso. La implicación de funcionarios del Estado en actividades delictivas derivó en violaciones de derechos humanos y en un aparente aumento de la delincuencia organizada en todo el país. Según los informes, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley estuvieron implicados en tráfico de drogas, venta de armas y suministro ilegal de armas, teléfonos móviles y drogas a miembros de bandas delictivas encarcelados.

El primer mandato del presidente Lula también se caracterizó por una inversión social selectiva unida a una política fiscal estricta. Uno de los elementos fundamentales de la política social del gobierno fue el sistema de subsidios familiares (bolsa familia), que permitió que unos 11 millones de familias pobres recibieran una subvención al enviar a sus hijos e hijas a la escuela primaria. Esta política combinada tuvo una acogida favorable en algunos sectores por traer aparejada alguna estabilidad económica al tiempo que, según los informes, conseguía atenuar en cierta medida las desigualdades sociales. Sin embargo, otros sectores, entre ellos los movimientos sociales, expresaron preocupación por las restricciones presupuestarias que, con el fin de mantener los pagos de la deuda y el superávit presupuestario, se habían aplicado a la inversión social en otras áreas, como la seguridad pública, la reforma agraria y los derechos de los pueblos indígenas.

Aunque se acogieron con satisfacción tanto la introducción de disposiciones legales que penalizaban la violencia en el ámbito familiar como el desarrollo adicional de programas para combatir la tortura y proteger a los defensores y defensoras de los derechos humanos, se observó una clara renuencia a abordar algunas cuestiones. Una de las áreas que más preocupación suscitó fue la seguridad pública, donde persistía la falta de atención política efectiva. Ningún candidato presidencial y pocos candidatos a gobernador de estado propusieron verdaderas soluciones a largo plazo para hacer frente a las decenas de miles de homicidios que se cometían en todo el país cada año. Ante el incesante aumento de los índices de violencia, los dirigentes estatales y federales seguían ofreciendo soluciones reactivas y a corto plazo buscando su provecho político.

El Congreo aprobó la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, aunque las reformas encaminadas a adecuar la legislación de Brasil al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional sufrieron constantes obstrucciones.

Sistema de justicia penal

Continuó el deterioro del sistema de justicia penal ante la prolongada negligencia del gobierno federal y los gobiernos estatales. Las reformas prometidas no se pusieron en práctica, por lo que los sistemas policial, judicial y penitenciario, carentes de capacitación y recursos económicos suficientes, se vieron obligados a tratar de forma inadecuada unos índices extremos de violencia delictiva. Esto contribuyó a que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cometieran violaciones sistemáticas de derechos humanos, tales como uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, tortura y malos tratos, y dieran muestras de una corrupción generalizada.

Los intentos de ciertas autoridades estatales de definir los problemas de seguridad pública como una guerra se concretaron en la adopción cada vez más frecuente de tácticas militares por parte de las fuerzas policiales de los estados. Las comunidades más pobres, que eran las que menos protección estatal recibían, fueron víctimas por partida doble ya que sufrieron a la vez los índices más altos de delincuencia violenta y los métodos represivos y discriminatorios a los que recurría la policía para combatirla.

Violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y el ejército

Bastantes más de 1.000 personas murieron a manos de la policía. Rara vez se investigaron de forma completa estos homicidios, pues quedaron registrados como «resistencia seguida de muerte», lo que a menudo evitó una investigación exhaustiva. Según cifras oficiales, en los primeros nueve meses de 2006 la policía de Río de Janeiro mató a 807 personas, cifra que supuso un ligero aumento respecto al año anterior, mientras que en São Paulo la policía mató a 528 personas, número superior al total del año 2005. La policía y los guardias penitenciarios también estuvieron expuestos a ataques, y muchos funcionarios perdieron la vida.

En mayo, la violencia delictiva y policial conmocionó el estado de São Paulo. Entre el 12 y el 20 de ese mes, miembros del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC), una banda delictiva nacida en el sistema penitenciario del estado, salieron a la calle en una exhibición masiva de violencia organizada. Como protesta, al parecer, contra las condiciones penitenciarias y el traslado de sus jefes a una prisión de máxima seguridad, mataron a más de 40 funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, quemaron más de 80 autobuses, atacaron comisarías de policía, bancos y una estación de metro, y coordinaron levantamientos y tomas de rehenes en aproximadamente la mitad de las prisiones del estado. Como respuesta, la policía informó de que había matado a más de un centenar de «sospechosos».

En varios incidentes ocurridos en comunidades pobres del estado de São Paulo, hombres enmascarados mataron a personas en situaciones que parecían indicar que se trataba de ejecuciones extrajudiciales y homicidios por venganza a la manera de los «escuadrones de la muerte». Las autoridades estatales sólo ofrecieron datos sobre las víctimas de los homicidios cometidos por la policía cuando el Ministerio Público amenazó con presentar una demanda. En el momento culminante de la violencia, 117 personas murieron en un solo día en episodios relacionados con armas de fuego. El Primer Comando de la Capital lanzó nuevos ataques, y en julio mató a varios guardias penitenciarios. La respuesta del gobierno federal y estatal a la violencia fue objeto de numerosas críticas de los medios de comunicación, expertos en seguridad pública, agentes de policía y activistas de los derechos humanos, que acusaron a ambos gobiernos de tratar de obtener beneficio político en vísperas de las elecciones en vez de buscar la resolución de la violencia.

Las autoridades del estado de Río de Janeiro adoptaron tácticas cada vez más militarizadas para combatir a las bandas de narcotraficantes que ejercían su dominio sobre la mayoría de los barrios marginales (favelas) de la ciudad. Se utilizó un vehículo blindado de transporte, llamado coloquialmente caveirão, para patrullar las zonas más pobres de la ciudad. Se recibieron informes de que algunos transeúntes habían muerto como consecuencia de los disparos efectuados de forma indiscriminada por agentes de la policía militar desde caveirões. En marzo, el ejército desplegó tropas y tanques en las calles de las favelas de Río de Janeiro, en un intento de localizar armas robadas. Aunque los fiscales federales cuestionaron la legalidad de la operación, ni el gobierno estatal ni el federal pusieron en entredicho la decisión del ejército de salir a la calle. Sin embargo, los residentes se quejaron de trato arbitrario, violento y discriminatorio por parte de unos soldados que carecían de capacitación y de atribuciones para llevar a cabo misiones de esa índole.

En diciembre, las autoridades estatales y municipales de Río de Janeiro anunciaron que estaban investigando informes según los cuales hasta 92 favelas habían quedado bajo el control de milicias de corte paramilitar. Según los informes, las milicias ofrecían «seguridad» a esas comunidades y estaban integradas por agentes de policía en activo o retirados que trabajaban con el apoyo de políticos y dirigentes comunitarios locales. Sin embargo, algunos residentes denunciaron el uso generalizado de la violencia y la extorsión a cambio de protección. Algunas comunidades afirmaron haber sufrido represalias violentas de facciones relacionadas con el narcotráfico cuando las milicias se retiraron de sus comunidades.

Se recibieron informes de homicidios a la manera de los «escuadrones de la muerte» en los estados de Bahía, Pernambuco y Sergipe, en el nordeste del país. En el estado de Sergipe nombraron secretario de Seguridad Pública y jefe de la Policía Militar a dos hombres a los que con anterioridad se había acusado de estar vinculados en la década de los noventa con el «escuadrón de la muerte» conocido por el nombre de «La Misión». Miembros de la comisión estatal de derechos humanos expresaron preocupación por el retorno del «escuadrón de la muerte» tras recibirse informes sobre varios homicidios y desapariciones forzadas. En un incidente que tuvo lugar en abril, del que fueron testigos más de 50 personas, miembros de la unidad de élite de la policía militar prendieron a tres adolescentes de la comunidad de Mosqueiro. Uno de los chicos fue presuntamente torturado hasta que se desmayó; más tarde recobró el conocimiento en un bosque. Según los informes, los otros dos desaparecieron y al terminar el año no se había hallado rastro alguno de ellos.

En abril, según informes, miembros de la policía militar de Recife, estado de Pernambuco, detuvieron a un grupo de 14 adolescentes que celebraban el carnaval. Según los informes, los agentes los torturaron, los llevaron a un puente sobre el río Capibaribe y los obligaron a saltar. Dos días después se encontraron los cuerpos sin vida de dos de los detenidos, de 15 y 17 años de edad. Se abrió una investigación y cinco agentes de policía fueron acusados formalmente de homicidio y tortura, pero en junio uno de los chicos que iba a testificar contra la policía murió como consecuencia de disparos.

Sistema penitenciario

El sistema penitenciario sufría la presión de una población reclusa en constante aumento y una inversión económica y política insuficiente. Se recibieron frecuentes informes sobre el uso de la tortura y los malos tratos para controlar y castigar a los reclusos por parte de agentes de policía, guardias de prisiones y otros presos, así como informes sobre casos de corrupción. Los centros de reclusión sufrían un hacinamiento extremo y deficientes condiciones de salubridad, y el personal penitenciario carecía de apoyo y capacitación. Hubo numerosos motines e innumerables casos de violencia entre presos, ya que muchas cárceles estaban bajo el control de bandas delictivas. En los intentos tardíos de disolver las bandas se intensificó el uso de las prisiones de máxima seguridad, en aplicación del Régimen Disciplinario Diferenciado (Regime Disciplinar Diferenciado, RDD), que había sido criticado con anterioridad por el Consejo Nacional de Política Penal y Penitenciaria, del Ministerio de Justicia, y por el Colegio Nacional de Abogados por vulnerar salvaguardias de derechos humanos establecidas en la Constitución y en el derecho internacional.

Las condiciones reinantes en la penitenciaría de Araraquara tras los disturbios de mayo fueron un ejemplo de la quiebra del sistema penitenciario en el estado de São Paulo. Durante varios meses, 1.600 presos, entre los que había enfermos y heridos, permanecieron en un patio con espacio para 160 personas mientras se procedía a reconstruir la cárcel.

Se recibieron informes persistentes de abusos contra mujeres privadas de libertad. Amnistía Internacional comprobó directamente las condiciones de la Colonia Penal Femenina, una cárcel de mujeres en Recife, que eran extremadamente deficientes: las mujeres dormían en el suelo y en las duchas, los servicios de atención de la salud eran limitados y se recibieron informes de trato violento por parte del personal penitenciario. Los recién nacidos permanecían en las celdas con las mujeres, algunas de las cuales estaban, según los informes, enfermas y tenían un acceso limitado a asistencia médica y seguridad.

Impunidad

La lentitud y la ineficacia extremas del sistema judicial reforzaron la impunidad por las violaciones de derechos humanos. En febrero, el Tribunal Supremo del estado de São Paulo absolvió al coronel Ubiratan Guimarães por su intervención en la matanza que tuvo lugar en 1992 en el complejo penitenciario de Carandiru, donde perdieron la vida 111 reclusos. Al término de 2006, ningún otro agente de policía había sido enjuiciado por su participación en la masacre.

Una victoria importante contra la corriente general de impunidad fue la condena dictada en marzo contra uno de los cinco agentes de la policía militar acusados de matar en 2005 a 29 residentes del distrito de Baixada Fluminense, Río de Janeiro.

Tierras y vivienda

El acceso a la tierra y la vivienda dio origen a abundantes violaciones de derechos humanos. Según la Comisión Pastoral de la Tierra (Comissão Pastoral da Terra), 25 activistas agrarios fueron asesinados entre enero y octubre, 16 de ellos en el estado de Pará. Millones de personas sufrían privaciones sociales y económicas extremas como consecuencia de haber sido privadas del acceso a la tierra y a la vivienda, tanto en zonas urbanas como rurales.

Las personas que luchaban por el derecho a la tierra, incluidos pueblos indígenas, activistas de la tierra y grupos de ocupantes de viviendas urbanas, sufrieron desalojos forzados, amenazas y ataques violentos. Algunos perdieron la vida. A quienes trataban de lograr el acceso a la tierra se les negó a menudo el acceso a la justicia. En algunos casos, según los informes, las sentencias judiciales fueron discriminatorias, y en otros hubo personas que tuvieron que hacer frente a cargos penales formulados presuntamente por motivos políticos.

En agosto, el tribunal del estado de Pará, de ámbito regional, emitió órdenes que amenazaban a un total de 4.000 familias con desalojos forzosos, sin disposiciones alternativas. Algunos de los asentamientos que se enfrentaban al desalojo estaban situados en tierras que podían expropiarse en virtud de la legislación relativa a la reforma agraria, ya que las granjas en las que se hallaban habían sido consideradas «improductivas», estaban ubicadas ilegalmente o utilizaban mano de obra en condiciones de esclavitud o servidumbre. En septiembre, abogados de la Comisión Pastoral de la Tierra lograron la suspensión de algunos desalojos, pero muchas familias seguían amenazadas.

Hubo informes constantes sobre intentos de menoscabar el trabajo de los activistas sociales en el estado de Pernambuco y de hostigar judicialmente a sus dirigentes. En mayo, una asociación que representaba a agentes de la policía militar puso anuncios en vallas publicitarias de todo Recife en los que acusaba a miembros del movimiento de trabajadores sin tierra de no tener ley ni control. Diez miembros del citado movimiento fueron detenidos por cargos que, según los informes, obedecían a motivos políticos.

Se dictaron dos órdenes de detención diferentes contra Jaime Amorim, dirigente del movimiento de trabajadores sin tierra. La primera fue por dirigir presuntamente la ocupación de una tierra que un organismo del gobierno federal había resuelto que debía ser expropiada. La segunda se emitió tras los disturbios que tuvieron lugar ante el consulado de Estados Unidos durante la visita del presidente Bush a Brasil en noviembre de 2005. Varios días después de los hechos, Jaime Amorim fue acusado formalmente de desobediencia, incitación a un delito y desacato a la autoridad. Lo detuvieron cuando asistía a los funerales de dos activistas del movimiento de los sin tierra asesinados en agosto. Las dos órdenes de detención fueron anuladas y Jaime Amorim quedó en libertad provisional.

En el estado de Espírito Santo, las poblaciones indígenas tupiniquim y guaraní sufrieron amenazas y ataques como consecuencia de su prolongada campaña para reclamar sus tierras hereditarias. Las tierras en litigio eran reclamadas a su vez por la empresa Aracruz Celulose S. A., importante productora de pulpa de eucalipto. Aunque la Fundación Nacional del Indio (FUNAI), del gobierno federal, había reconocido que la tierra era susceptible de demarcación, la decisión de avanzar en el proceso se estancó.

En enero, miembros de la policía federal desalojaron de forma violenta a indígenas tupiniquim y guaraní de asentamientos construidos en tierras en litigio. Trece personas indígenas resultaron heridas y dos poblados quedaron reducidos a cenizas después de ataques con helicópteros, perros, balas de goma y gas lacrimógeno. Según los informes, Aracruz Celulose S. A. prestó apoyo logístico a la policía federal durante el desalojo.

En septiembre, fiscales federales emprendieron con éxito una demanda civil contra Aracruz Celulose S. A. por promover una campaña de discriminación contra las poblaciones tupiniquim y guaraní.

Trabajo en condiciones de esclavitud

Se observaron avances en la lucha contra el trabajo en condiciones de esclavitud. Según la Organización Internacional del Trabajo, desde 1995 la unidad móvil del gobierno federal había liberado a 18.000 personas de la servidumbre por deudas. Sin embargo, el problema distaba mucho de haberse erradicado. Según la Comisión Pastoral de la Tierra, unas 8.000 personas al año se veían obligadas a soportar condiciones equivalentes a esclavitud o servidumbre. Las prometidas reformas de la Constitución para permitir la confiscación de las tierras en que se recurriera al trabajo en condiciones de esclavitud continuaban en espera de ser aprobadas por el Congreso.

Defensores y defensoras de los derechos humanos

Los defensores y defensoras de los derechos humanos siguieron sufriendo discriminación, amenazas y ataques. Muchos grupos de defensa de los derechos humanos sufrieron una ofensiva tras los ataques violentos del Primer Comando de la Capital en São Paulo.

Las medidas del gobierno para implantar su programa nacional de defensores de los derechos humanos permitieron la celebración de sesiones de capacitación iniciales para agentes de la policía estatal en el estado de Pará y la preparación para impartir una formación semejante en los estados de Pernambuco y Espírito Santo. Sin embargo, se recibieron informes de que el proyecto adolecía de graves deficiencias. Miembros de la sociedad civil que participaban en el proyecto expresaron varios motivos de preocupación, especialmente la inexistencia de un organismo nacional dotado de recursos suficientes para supervisar el programa y la constante renuencia de la policía federal a ofrecer protección.

La persistente inacción de las autoridades a la hora de poner a disposición de la justicia a los responsables de homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos seguía poniendo en peligro a estas personas.

Vicente Cañas Costa, jesuita español que trabajaba en defensa de los pueblos indígenas, fue asesinado en 1987 en el estado de Mato Grosso. Diecinueve años después se sometió a juicio a dos de los presuntos autores de su asesinato. Aunque los grupos de derechos humanos acogieron con satisfacción el reconocimiento por parte del tribunal de que Vicente Cañas Costa había sido efectivamente asesinado, los fallos en la investigación inicial contribuyeron, según los informes, a la absolución de los dos acusados.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informe

Brazil: «We have come to take your souls»: the caveirão and policing in Rio de Janeiro (Índice AI: AMR 19/007/2006)

Visita

Una delegación de Amnistía Internacional visitó Brasil en mayo y junio.