Afganistán - Informe 2007 Amnistía Internacional

Human Rights in Afganistán

Amnesty International  Report 2013


The 2013 Annual Report on
Afghanistan is now live »

Jefe del Estado y del gobierno:Hamid Karzai
Pena de muerte: retencionista
Estatuto de la Corte Penal Internacional: ratificado

El gobierno y sus socios internacionales fueron incapaces de garantizar
la seguridad, y el clima de incertidumbre política crecía a lo largo
del año. El conflicto armado, caracterizado por los bombardeos aéreos y
los ataques suicidas con bomba, se agudizó en las zonas meridionales
del país. Al menos 1.000 civiles resultaron muertos. La debilidad del
gobierno, el poder de los jefes regionales y el impacto de los
narcóticos socavaron el Estado de derecho y los derechos humanos. Los
cuerpos de seguridad del Estado cometieron violaciones de derechos
humanos con impunidad. Se registraron pocos avances en la reforma de
los organismos judiciales, de aplicación de la ley y de seguridad. Las
mujeres siguieron sufriendo actos de violencia, y se persiguió y se dio
muerte a defensores y defensoras de los derechos humanos. Cada vez
resultaba más peligroso denunciar los abusos contra los derechos
humanos y pedir justicia.  

Información general

En febrero se adoptó el Pacto para Afganistán, que establecía reformas y prioridades para los siguientes cinco años. Mediante este Pacto, el gobierno afgano y sus socios internacionales acordaron nuevas ayudas económicas e institucionales, así como mecanismos de supervisión. Las áreas clave del Pacto para Afganistán eran la seguridad, la gobernanza, el Estado de derecho y los derechos humanos, así como el desarrollo económico y social.

La ausencia de una buena gobernabilidad y de un Estado de derecho contribuyeron al clima de impunidad. Ni las autoridades gubernamentales ni quienes ocupaban el poder en el ámbito local rindieron cuentas de sus actos, y apenas había acceso a la justicia.

La intensificación del conflicto produjo una tensión social generalizada. Todos los bandos del conflicto, incluidas las fuerzas de seguridad afganas e internacionales y los talibanes, perpetraron con impunidad violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.

Al tratar de proteger los derechos humanos, las personas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, muchas de ellas mujeres, fueron objeto de acoso e intimidación, y al menos una de ellas murió asesinada. Se volvió más peligroso expresarse en público. Personas que se oponían al gobierno y a la educación de las niñas incendiaron escuelas y agredieron y mataron a miembros del profesorado.

El conflicto, la sequía y las inundaciones en diferentes zonas del país provocaron desplazamientos forzados durante todo el año, mientras los Estados vecinos de Irán y Pakistán trataban de reducir el número de solicitantes de asilo procedentes de Afganistán. Disminuyó el número de afganos que regresaron de estos dos países.

Conflicto

El conflicto se intensificó en el sur y el este y tuvo consecuencias perjudiciales para la gobernabilidad de otras zonas del país. El conflicto y la sequía obligaron a miles de personas a huir de sus hogares.

La Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad (ISAF), dirigida por la OTAN, amplió su zona de operaciones al sur de Afganistán, donde se centró en la estabilización y la seguridad. Las fuerzas de la Operación Libertad Duradera, encabezada por Estados Unidos, siguieron llevando a cabo operaciones supuestamente antiterroristas.

Organismos de derechos humanos y la ONU expresaron su honda preocupación por la conducta de las fuerzas internacionales y afganas. En Afganistán, la ONU condenó de forma sistemática los homicidios de civiles perpetrados por los talibanes y pidió en repetidas ocasiones a las autoridades afganas y estadounidenses que, al combatir a los insurgentes, garantizaran la seguridad de los civiles.

Las fuerzas estadounidenses siguieron negando a las personas detenidas en Bagram algunos de sus derechos fundamentales. Aunque parecieron recibirse menos denuncias de abusos graves, seguían resultando preocupantes la falta de información sobre los detenidos y la negación del acceso a las familias. La ISAF entregó detenidos a la custodia de la autoridades afganas, y no existió una supervisión suficiente del trato que recibían a partir de entonces. Los bombardeos aéreos efectuados durante las operaciones de la Operación Libertad Duradera y de la ISAF fueron en ocasiones desproporcionados.

En julio, el representante especial del secretario general de la ONU para Afganistán expresó su preocupación por el deterioro de la seguridad en el sur del país y pidió que se intensificaran las labores de desarrollo y la intervención militar y diplomática para atajar la creciente violencia.

Durante una operación militar conjunta efectuada el 21 y 22 de mayo en Panjwayi, provincia de Kandahar, por fuerzas del gobierno y de la Operación Libertad Duradera, 16 civiles, incluidos ancianos y menores, murieron, según los informes, en la localidad de Azizi.

Las tensiones por la presencia de tropas internacionales se pusieron de manifiesto en las violentas manifestaciones que tuvieron lugar después de un accidente mortal de tráfico ocurrido el 29 de mayo en Kabul, en el que se vio envuelto un vehículo militar estadounidense. En los disturbios que se produjeron posteriormente murieron al menos ocho personas y un centenar resultaron heridas. Se saquearon tiendas y resultaron dañados vehículos de la policía, edificios oficiales de la capital y oficinas de ONG internacionales.

En julio, las fuerzas de la coalición encabezada por Estados Unidos bombardearon zonas próximas a Tarin Kowt, en la provincia de Uruzgán, y causaron, según los informes, la muerte de al menos 60 civiles. Según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán en Kandahar, al menos 22 civiles murieron en dos casas distintas de Ghachi Zari. El presidente Karzai ordenó que se llevara a cabo una investigación de este bombardeo.

El 24 de octubre, el pueblo de Zangawat, en el distrito de Panjwayi, fue bombardeado en una operación de la ISAF en la que, según los informes, resultaron muertos al menos 70 civiles, entre ellos menores.

A finales de mayo, más de 3.000 habitantes de Panjwayi y 200 de Zhari Dasht, en la provincia de Kandahar, se vieron desplazados tras los combates entre talibanes y fuerzas estadounidenses y afganas. Según los informes, huyeron a Kandahar.

Se calculaba que, entre julio y octubre, unas 15.000 personas se habían visto desplazadas por la fuerza a causa del conflicto, entre ellas varios centenares desplazadas como consecuencia de los bombardeos aéreos efectuados en las provincias de Kandahar, Uruzgán y Helmand.

Resurgimiento de los talibanes

Aprovechándose del clima de desgobierno, sobre todo en el sur, los talibanes experimentaron un resurgimiento notable. Sus fuerzas fueron responsables de violaciones del derecho internacional humanitario al llevar a cabo actos de violencia indiscriminados y desproporcionados, matar a personas que no intervenían en los combates y maltratar y torturar a personas sobre las que tenían un control efectivo. Por ejemplo, en el contexto de procesos casi judiciales resultaron muertas al menos 11 personas; la cifra real podía ser mucho más elevada.

El 28 de agosto, un atentado suicida con bomba atribuido a los talibanes causó la muerte de 17 personas, muchas de ellas civiles, en un mercado de Lashkar Gah, en la provincia de Helmand.

El 26 de septiembre, al menos 19 personas, 13 de ellas civiles, resultaron muertas y otras 20 heridas en un atentado perpetrado por un atacante suicida contra un puesto de seguridad situado cerca de una mezquita de Lashkar Gah. Los civiles se habían reunido ante la mezquita con el fin de apuntarse para el haj, la peregrinación a La Meca.

Debilidad del gobierno

La autoridad del gobierno central era limitada. Prevalecían sistemas de gobierno y de resolución de disputas paralelos.

La inseguridad socavó el Estado de derecho y generó un clima de impunidad. Los gobernadores de algunas provincias actuaban independientemente del gobierno central y cometían violaciones de derechos humanos con impunidad. A pesar del nombramiento de magistrados para el Tribunal Supremo y de otros funcionarios de alto rango, la reforma y la reconstrucción del sistema judicial siguieron prácticamente estancados. Se acusó a las fuerzas de seguridad afganas, en especial a la policía y a representantes de la Dirección de Seguridad Nacional, de detenciones ilegales, torturas y malos tratos.

La condición jurídica de las fuerzas internacionales parecía situarlas fuera del alcance de la ley afgana, y el hecho de que estas fuerzas no proporcionaran una reparación efectiva por los abusos cometidos debilitó el Estado de derecho.

La corrupción y la implicación en el narcotráfico socavaron aún más la administración de justicia por el gobierno. La dirección de las cárceles privadas seguía en manos de jefes regionales. En noviembre, el fiscal general declaró una yihad (guerra santa) contra la corrupción.

A principios de marzo, autoridades del gobierno respaldadas por fuerzas internacionales pusieron fin al motín registrado en una cárcel, en el que resultaron muertas al menos cinco personas. Personas detenidas en la cárcel de Pol-e Charkhi, vinculadas con los talibanes, habían protestado contra un nuevo régimen indumentario y se habían hecho con el control de una parte de la prisión.

En julio el gobierno anunció, según los informes, sus planes para restablecer el Departamento para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio, organismo gubernamental que cometió numerosas violaciones de derechos humanos, sobre todo contra las mujeres, durante el gobierno de los talibanes. Se dieron garantías de que no iba a desempeñar las mismas funciones.

Personas bajo custodia de las fuerzas internacionales

Las fuerzas de Estados Unidos continuaban manteniendo bajo custodia a unas 500 personas en la base área de Bagram. Estas personas estaban acusadas de tener vínculos con los talibanes y Al Qaeda.

En enero, un tribunal militar de Bagram declaró a un oficial estadounidense culpable de malos tratos a detenidos y lo condenó a cuatro meses de arresto. Lo declararon culpable de haberles propinado puñetazos en el pecho, los brazos y los hombros en una base situada en la provincia de Uruzgán, en julio de 2005.

Unos 35 afganos fueron liberados de la base estadounidense de Guantánamo y devueltos a Afganistán. Continuó el acondicionamiento de la prisión de alta seguridad de Pol-e Charkhi en previsión del esperado traslado en 2007 de los detenidos afganos que quedaban en la base de Guantánamo.

Defensores y defensoras de los derechos humanos y los derechos de las mujeres

Empeoró la situación de las personas que defendían los derechos humanos. Se amenazó a miembros de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán y a representantes de organizaciones nacionales de derechos humanos.

No se aplicaron las reformas jurídicas encaminadas a defender a las mujeres, y siguió deteniéndose a mujeres por infringir constumbres y convenciones sociales. Se registró un aumento de los homicidios en nombre del «honor», así como de la práctica de la autoinmolación por parte de mujeres.

El 25 de septiembre, Safiye Amajan, directora regional del Departamento de Asuntos de la Mujer en Kandahar, murió como consecuencia de los disparos efectuados por unos hombres armados que iban en una motocicleta. Se detuvo en relación con su muerte a personas vinculadas con el grupo Hezb-e Eslami. Las directoras del Departamento de Asuntos de la Mujer en otras provincias fueron objeto también de amenazas e intimidación.

Justicia transicional

El gobierno tomó algunas medidas para apoyar el Plan de Acción sobre la Justicia Transicional, adoptado a finales de 2005. Se puso en marcha un mecanismo para investigar los nombramientos políticos, y en diciembre el presidente lanzó oficialmente un plan de acción a este respecto. Sin embargo, estos esfuerzos no sirvieron para llevar ante la justicia a los acusados de violaciones de derechos humanos.

Asadullah Sarwari, ex ministro y ex director del servicio de información, fue condenado a muerte el 23 de febrero por crímenes de guerra perpetrados entre 1978 y 1992, durante el régimen comunista. El juicio fue en gran medida injusto. Durante la mayoría de los 13 años que había estado bajo custodia, Asadullah Sarwari no tuvo acceso a un abogado.

Libertad de expresión

Se respetó el derecho a la libertad de expresión en un grado razonable, aunque hubo intentos de limitarlo.

La Dirección de Seguridad Nacional trató de prohibir los debates sobre la situación de la seguridad, y el presidente del Parlamento propuso limitar la libertad de los parlamentarios para hablar con la prensa.

En febrero, Abdul Rahman fue detenido y amenazado con la pena de muerte por haberse convertido del islamismo al cristianismo más de 15 años antes, cuando trabajaba en la ciudad paquistaní de Peshawar. En marzo, en medio de presiones muy fuertes de gobiernos extranjeros, el tribunal devolvió el caso a los fiscales, alegando «lagunas en la investigación», y Abdul Rahman quedó en libertad. Huyó a Italia, donde le concedieron asilo.

Informes y visitas de Amnistía Internacional

Informes

Afganistán: La misión del Consejo de Seguridad de la ONU debe garantizar un compromiso internacional a largo plazo con los derechos humanos (Índice AI: ASA 11/018/2006)

Afghanistan: Open letter to His Excellency Sibghatullah Mojaddedi on the occasion of the 15 November 2006 visit to the Meshrano Jirga by military and civil leaders of the International Security Assistance Force (ISAF) (Índice AI: ASA 11/019/2006)

Afganistán: La OTAN debe garantizar que las víctimas civiles de tortura y homicidio obtienen justicia (Índice AI: ASA 11/021/2006)