26 August 2008
Bielorrusia debe respetar la libertad de reunión, asociación y expresión

The origami cranes' journey to Belarus

© Amnesty International

Durante 2007, la membresía, los grupos de jóvenes y los simpatizantes de Amnistía Internacional enviaron más de 11.000 grullas de papel a las autoridades bielorrusas.

Además, se envió al Ministerio del Interior bielorruso una grulla gigante creada por jóvenes de Amnistía Internacional México.

Estas grullas formaban parte de una campaña internacional en favor de la liberación de un joven activista, Zmitser Dashkevich, condenado a un año y medio de prisión por “organizar o participar en las actividades de una organización no inscrita”.

Zmitser Dashkevich, líder del movimiento de oposición Frente Juvenil, fue condenado en noviembre de 2006 en virtud del artículo 193.1 del Código Penal bielorruso. Amnistía Internacional lo consideró preso de conciencia.

Tras la campaña de las grullas de papel (véase el vídeo), Zmitser Dashkevich (en la foto) quedó en libertad anticipadamente, el 23 de enero de 2008.

Desde su entrada en vigor en diciembre de 2005 por decreto presidencial, el artículo 193.1 ha permitido sancionar a organizaciones de la sociedad civil y a otros grupos no inscritos por sus actividades. La organización de actividades de ONG no inscritas, o la participación en ellas, se han convertido en delitos punibles con penas de hasta dos años de prisión.

En virtud del artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han detenido, recluido y condenado a activistas y miembros de ONG, en su mayoría jóvenes, por haber ejercido sus derechos a la libertad de reunión, asociación y expresión. Desde entonces se ha amonestado, multado y encarcelado a numerosos activistas.

Las personas condenadas pasan a tener antecedentes penales, que se cancelan una vez transcurridos dos años. Esta circunstancia puede ser fuente de nuevos problemas, como la expulsión de instituciones académicas, la discriminación en el ámbito laboral o la prohibición de salir del país.

En Bielorrusia es extremadamente dificultoso registrar una ONG. Por ejemplo, los activistas del Frente Juvenil han intentado en repetidas ocasiones legalizar su organización, nacida hace más de diez años, pero el Ministerio de Justicia ha rechazado todas sus solicitudes.

En esas circunstancias, las ONG se ven obligadas a llevar a cabo sus labores legítimas en condiciones adversas, bajo la amenaza constante del hostigamiento de las autoridades. El artículo 193.1 ha venido a reforzar la capacidad de las autoridades de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos.

Sin embargo, desde que Amnistía Internacional empezó a organizar actividades de campaña contra el artículo 193.1, las autoridades bielorrusas han dejado de imponer penas de prisión.

Durante su campaña por la liberación de Zmitser Dashkevich, la organización ha observado que, si bien las autoridades siguen deteniendo a personas y presentando cargos en su contra en virtud del artículo 193.1, los procesos judiciales desembocan en multas o amonestaciones, y no en penas de prisión.

Esto indica un cambio por parte de las autoridades bielorrusas, posiblemente debido a la presión internacional. Para aprovechar esa presión, Amnistía Internacional está instando al gobierno bielorruso a dar un paso más y abolir inmediatamente el artículo 193.1.

Asimismo, la organización pide al gobierno bielorruso que revise otras leyes, normativas y prácticas relacionadas con el registro y las actividades de las ONG, que deje de entorpecer, hostigar e intimidar a los activistas de la sociedad civil que ejercen pacíficamente sus derechos humanos en Bielorrusia, y que cese en la práctica de expulsar a estudiantes, de forma temporal o permanente, de las instituciones académicas exclusivamente por haber ejercido pacíficamente sus derechos humanos.

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